Lima, 11 de diciembre de 2025.- El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), defendió hoy un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el uso de armas contra manifestantes que atenten contra “activos críticos”, como aeropuertos o carreteras. Sostuvo que las investigaciones abiertas contra los agentes constituyen una “persecución política”.

Presentado el 31 de octubre como el Proyecto de Ley N.º 13048/2025-CR, la iniciativa propone modificar el artículo 20 del Código Penal para incorporar una exención explícita por acciones “reglamentarias” que causen lesiones o muerte en defensa de bienes estatales o privados. Además, incluye una disposición transitoria con efectos retroactivos para los hechos ocurridos durante las protestas posteriores al autogolpe de Pedro Castillo, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Durante un homenaje a las FF.AA. y a la PNP, Rospigliosi insistió en desactivar el Equipo Especial de Fiscales contra la Violencia en las Protestas Sociales (EFICAVIP), integrado por 74 fiscales que investigan a más de 1.300 efectivos. Alegó que dicho grupo vulnera “los derechos humanos de los agentes del orden”, mientras —según dijo— los “provocadores de disturbios” permanecen impunes. La propuesta, actualmente en debate en las comisiones de Justicia y de Defensa, aguarda los informes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
La iniciativa pasa por alto los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, que registró al menos 50 civiles fallecidos por el uso directo de la fuerza durante las protestas de 2022-2023 —incluidas masacres como la de Ayacucho (diciembre de 2022, 10 muertos) y la de Juliaca (enero de 2023, 18 muertos)—. A ellos se suman 11 civiles muertos por accidentes relacionados con bloqueos, lo que da un total de 62 víctimas. Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 1.301 heridos civiles al 17 de febrero de 2023 —908 durante 2023 y 393 en diciembre de 2022—, mientras que la PNP contabilizó 580 agentes heridos al 20 de enero.

Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentaron que 15 de las 18 muertes en Juliaca fueron causadas por disparos de armas letales y tres por perdigones, desmintiendo las versiones oficiales sobre “autodefensa”. Ambas entidades alertaron, además, sobre posibles ejecuciones extrajudiciales en un contexto donde la mayoría de las 477 protestas registradas fueron pacíficas. La norma propuesta no diferencia entre uso proporcional de la fuerza y abusos, lo que podría derivar en el archivamiento de procesos por homicidio calificado y lesiones graves en regiones como Puno, Apurímac, Ayacucho y Arequipa, que concentraron el 80% de las víctimas civiles.

Organizaciones de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), calificaron el proyecto como una “amnistía encubierta” que perpetúa la impunidad. Recordaron que guarda similitud con la ley de amnistía promulgada en agosto de 2025 —también impulsada por Rospigliosi—, rechazada por la CIDH y la Corte Interamericana por contravenir los estándares internacionales que prohíben el perdón en casos de violaciones graves, como las esterilizaciones forzadas o las ejecuciones en Accomarca y Barrios Altos.

Familiares de víctimas en Ayacucho y Juliaca denunciaron que la ley “borra la responsabilidad del Estado” por las 49 muertes de manifestantes y transeúntes documentadas por la Defensoría, obstruye el acceso a la justicia y envía un mensaje fallido respecto a la garantía de no repetición. Expertos de la ONU y de Amnistía Internacional advirtieron que medidas aplicadas de forma retroactiva contravienen la Convención Americana y podrían agravar la crisis política, profundizando la desconfianza en un Congreso ya cuestionado por su legitimidad tras la caída del gobierno de Pedro Castillo Terrones.

El debate en el Pleno, previsto para las próximas semanas, podría profundizar aún más la tensión en el país, mientras la rendición de cuentas por estas violaciones continúa pendiente ante instancias internacionales.

Lima, 8 de diciembre de 2025.- El Poder Judicial ordenó la suspensión provisional del proceso electoral interno del partido Ahora Nación, lo que paralizó las votaciones programadas para este domingo 7 de diciembre destinadas a elegir la plancha presidencial encabezada por Alfonso López Chau, así como a los candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. La medida fue emitida por el Juzgado Civil de La Merced, en Junín, al declarar fundada una demanda de amparo presentada por los militantes Geraldine Estefany Ponce Llanos y Nilton César Meza Franco contra el Tribunal Electoral Nacional del partido. Según la resolución del juez Augusto Balbín Solís, la suspensión abarca los efectos jurídicos y fácticos del acta de sesión del 8 de octubre de 2025, que convocaba la elección de delegados y el cronograma general para las elecciones generales de 2026.

Los demandantes alegaron irregularidades graves en el procedimiento, como la falta de publicación oportuna de la convocatoria y el cronograma electoral, lo que les impidió presentar listas alternativas o formular tachas contra otras postulaciones. Además, denunciaron que el proceso no fue comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), violando el derecho a participar, elegir y ser elegidos de los afiliados. Otro punto controvertido fue el requisito de un pago de hasta S/ 80.000 para inscribir candidaturas, calificado como discriminatorio e irregular. La resolución judicial advierte al Tribunal Electoral Nacional, presidido por Daniel Martín Plácido Matta, que se abstenga de continuar el proceso bajo apercibimiento de denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad, hasta la resolución del fondo del caso.

A pesar de la orden judicial, Ahora Nación procedió con la elección de delegados el 30 de noviembre y las votaciones del 7 de diciembre bajo la supervisión técnica de la ONPE, argumentando que el fallo es inaplicable y que los actos ya ejecutados no pueden ser retrotraídos. El Comité Ejecutivo Nacional del partido expresó preocupación por posibles intentos de bloquear su participación en los comicios de abril de 2026, y anunció que evaluará medidas legales posteriores. Expertos electorales consultados indican que esta suspensión podría derivar en una tacha ante el JNE, invalidando la candidatura de López Chau si se confirman las infracciones a la democracia interna, en un contexto de 37 partidos que completaron sus procesos sin mayores contratiempos.

Lima, 3 de diciembre de 2025 – En una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada, el pleno del Congreso logró, tras una cuestionada reconsideración, inhabilitar por diez años a la fiscal suprema Delia Espinoza, la única barrera que impedía el retorno de Patricia Benavides al cargo de fiscal de la Nación. Fuentes parlamentarias de la oposición aseguran que la maniobra forma parte de una estrategia más amplia de la derecha parlamentaria para neutralizar cualquier obstáculo institucional que pueda fiscalizar o denunciar irregularidades en el proceso electoral del 2026, donde buscan garantizar la reelección de sus aliados y bloquear el regreso de la izquierda.

El mismo bloque que votó unido por la sanción –Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Perú Libre, afines al “acuerdo de gobernabilidad”– ya tiene sobre la mesa proyectos para reformar la Junta Nacional de Justicia, reducir el número de miembros del Jurado Nacional de Elecciones y modificar la ley de organizaciones políticas con el objetivo de excluir candidaturas incómodas. Según documentos a los que tuvo acceso este medio, la próxima meta es colocar en el JNE y el Reniec a personas de absoluta confianza de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, replicando el modelo aplicado en Ecuador y otros países donde el control de los organismos electorales precedió acusaciones de fraude masivo.

Analistas y exmagistrados electorales advierten que, con la Fiscalía de la Nación en manos afines, la JNJ desmantelada y los entes electorales copados, el escenario para el 2026 queda despejado para un eventual fraude técnico-institucional: manipulación de actas, denegación masiva de inscripciones de listas opositoras y blindaje judicial ante cualquier impugnación. “No necesitan urnas quemadas ni muertos como en el 2000; hoy basta con tener los organismos que cuentan y revisan los votos”, resumió un exvocal del JNE que pidió reserva de identidad. Mientras el Congreso celebra la “recuperación de la institucionalidad”, en los pasillos de varias bancadas ya se habla sin tapujos de “asegurar el triunfo antes de la campaña”.