Lima, 21 de abril de 2026.- Piero Corvetto dejó la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un contexto marcado por cuestionamientos y presión política de sectores de la derecha peruana.

Su salida coincide con el cierre de su periodo institucional, aunque se produce tras reiteradas críticas de partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, entre otros.

Estas agrupaciones cuestionaron la transparencia de los procesos electorales, especialmente desde las elecciones generales de 2021, denunciando presuntas irregularidades en el conteo de votos y la organización electoral.

Sin embargo, organismos electorales y misiones internacionales de observación respaldaron la validez de dichos comicios y descartaron la existencia de fraude.

Durante su gestión, Corvetto defendió la legalidad del sistema electoral peruano, señalando que los procesos se realizaron conforme a estándares técnicos y normativos.

Su salida marca el fin de una etapa caracterizada por la polarización política y la desconfianza hacia las instituciones electorales.

Analistas advierten que el principal reto para la ONPE será recuperar la confianza ciudadana en un escenario político aún marcado por tensiones.

Lima, 28 de enero de 2026.- Familiares de las más de 50 personas fallecidas durante la represión de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte (diciembre 2022 – enero 2023) culminaron hoy la Marcha de Sacrificio Uyariy (“escuchar” en quechua) en el centro de Lima, exigiendo verdad, reparación integral y fin a la impunidad. La movilización, organizada por la Organización Nacional de Familiares Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023 (ONAFAMYVM), reunió delegaciones de regiones como Puno (Juliaca, con 18-20 víctimas el 9 de enero de 2023), Ayacucho (muertes el 15 de diciembre de 2022), Apurímac (Andahuaylas), Cusco, Junín (Pichanaki) y Piura (Huancabamba). Los participantes, incluyendo viudas, huérfanos y heridos, marcharon más de 140 km por la Panamericana Sur desde San Vicente de Cañete hasta ingresar por el Puente Atocongo y avanzar hacia el Congreso de la República y el Palacio de Justicia.

Durante el trayecto, los deudos denunciaron hostigamiento sistemático por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), con seguimiento permanente de patrullas de Carreteras y Tránsito, controles repetitivos de identidad (al menos cinco en un tramo), detenciones temporales (dos en Chilca) y provocaciones que revictimizaron a las familias. Se pudo comprobar in situ en el distrito de Asia (km 129), estas acciones de reglaje y criminalización de la protesta pacífica. La PNP justificó su presencia como “resguardo preventivo”, pero organizaciones de derechos humanos respaldaron las denuncias de vulneración al derecho de manifestación.

Entre los voceros destacados figuraron Milagros Samillán (hermana de víctima de Puno y canalizadora de donaciones), Yobana Mendoza (presidenta de ASFAH Ayacucho) y representantes de colectivos juveniles como Generación Z (Bryan Melgar y Yakov Solano), quienes enfatizaron la memoria colectiva y el rechazo a la impunidad. Las demandas centrales incluyeron la reactivación inmediata del Equipo Especial de Fiscales (EFICAVIP), desactivado recientemente por el Ministerio Público, sanciones a responsables materiales y políticos, y garantías de no repetición.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía de cara a las elecciones generales de 2026, los familiares señalaron textualmente a partidos que, según sus denuncias, protegen o ignoran estos casos mediante blindajes legislativos o silencio ante las violaciones a los derechos humanos durante el régimen Boluarte. En plantones y pancartas, se ha señalado explícitamente a Acción Popular, Avanza País, Perú Libre, Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, acusándolos de ser “cómplices” o promotores de impunidad. Llamaron a no votar por estas organizaciones políticas que buscan perpetuar la impunidad y evaden la responsabilidad histórica. Pero también hicieron un llamado a no votar por los nuevos partidos como Ahora Nación, Libertad Popular, APRA, SiCreo, Fuerza y Libertad, Primero La Gente, entre otros.

La marcha concluyó con concentraciones simbólicas en el centro histórico, reafirmando que “sin justicia no habrá paz” y convocando a la unidad nacional contra la corrupción y el olvido institucional a tres años de los hechos.

La Marcha de Sacrificio por Justicia «Uyariy», impulsada por familiares de las víctimas fallecidas y heridos durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, avanza por la Panamericana Sur rumbo a la capital. Delegaciones provenientes de regiones como Puno (principalmente Juliaca), Ayacucho, Apurímac, Cusco y otros puntos del sur y centro del país partieron entre el 23 y 25 de enero, con convergencia en San Vicente de Cañete como punto clave antes de ingresar a Lima. Organizaciones como la Organización Nacional de Familiares Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023 (ONAFAMYVM) y la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero lideran esta movilización, que busca visibilizar el dolor de más de 50 familias afectadas por hechos documentados por entidades de derechos humanos. Video gracias a «24 Noticias en vivo».

La fecha culminante del 28 de enero de 2026 responde a su significado simbólico: marca el tercer aniversario del fallecimiento de Víctor Santisteban Yactayo, joven de 22 años que perdió la vida por impacto de perdigones policiales en el centro de Lima durante las movilizaciones de 2023. Los principales reclamos incluyen la reactivación inmediata del EFICAVIP (Equipo Especial de Fiscales para casos de víctimas en protestas), desactivado recientemente por resolución del Ministerio Público, así como avances en investigaciones penales, reparaciones integrales a las familias y garantías de no repetición de hechos similares.

Durante el trayecto, se han reportado denuncias de hostigamiento y vigilancia policial en zonas como Chala, Nazca y Cañete, lo que ha motivado llamados a las autoridades para respetar el derecho a la protesta pacífica. La marcha cuenta con el apoyo de colectivos juveniles de la Generación Z, organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y medios aparentemene neutrales vienen difundiendo las exigencias de la marcha. Figuras políticas progresistas han expresado solidaridad, incluyendo denuncias públicas sobre el trato a los marchantes, aunque los organizadores enfatizan que la iniciativa surge directamente del dolor y la autonomía de las familias de las regiones más impactadas, sin adscripción partidaria explícita.

Esta movilización representa un esfuerzo sostenido por memoria, verdad y reparación por parte de las familias afectadas, que insisten en demandas concretas ante el estancamiento judicial. La concentración prevista para el 28 de enero en Lima se perfila como un momento significativo para renovar el llamado a la justicia, en medio de un escenario político polarizado. Las autoridades han sido instadas a garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico de la actividad, mientras la sociedad observa el impacto de estas voces regionales en el debate nacional.