El excongresista reafirmó su alejamiento de la política y aseguró que no respaldará a ningún candidato en el balotaje presidencial.

Lima, 6 de junio de 2026.– A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el excongresista Kenji Fujimori descartó públicamente cualquier respaldo a la candidatura de su hermana Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, poniendo fin a las especulaciones sobre un eventual acercamiento político familiar durante la etapa final de la campaña electoral. A través de un video difundido el 5 de junio en sus redes sociales, señaló que se mantiene completamente alejado de la actividad política.

“No estoy en política ni apoyando a ningún candidato, porque después de todo lo que viví, decidí no volver a ser usado por ninguna coyuntura. Quiero lo mejor para el Perú, pero hoy hago patria chambeando duro y parejo”, manifestó el exparlamentario, quien además reiteró que su decisión es mantenerse al margen del actual escenario electoral.

La distancia política entre los hermanos Fujimori se arrastra desde hace varios años y tuvo su punto de quiebre durante la crisis política de 2017 y 2018. Las diferencias respecto a la estrategia para lograr la liberación del expresidente Alberto Fujimori, sumadas a los denominados “Kenjivideos” y a las disputas internas dentro de Fuerza Popular, terminaron provocando la expulsión de Kenji del partido y una ruptura pública entre ambos.

Incluso durante las elecciones presidenciales de 2016, Kenji Fujimori sostuvo que no respaldó a su hermana en segunda vuelta, argumentando desacuerdos con la narrativa política impulsada por el fujimorismo. Posteriormente, también formuló críticas hacia la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, a la que acusó de prácticas autoritarias y de ejercer una “dictadura parlamentaria”.

En agosto de 2025, el exlegislador ya había adelantado su retiro definitivo de la política partidaria, indicando que no participaría en las elecciones generales de 2026 ni integraría organización política alguna. Aunque Keiko Fujimori ha señalado en distintas oportunidades que logró recomponer la relación familiar con su hermano fuera del ámbito político, el reciente pronunciamiento de Kenji cierra cualquier posibilidad de un eventual respaldo o reagrupamiento electoral en la recta final de las elecciones.

La jornada nacional «Keiko No Va», convocada por una amplia coalición de colectivos ciudadanos, sindicatos y organizaciones sociales, movilizó a miles de personas en Lima y diversas regiones del país en vísperas del debate presidencial del 31 de mayo.

Lima, 30 de mayo de 2026.- A ocho días de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), miles de ciudadanos salieron este sábado a las calles de distintas ciudades del país para expresar su rechazo a la candidatura fujimorista. Bajo la consigna «Keiko No Va», la movilización reunió a organizaciones de derechos humanos, colectivos juveniles, gremios sindicales, federaciones estudiantiles, agrupaciones feministas y asociaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori. En Lima, la concentración principal partió desde la Plaza San Martín y recorrió el centro histórico hasta el Palacio de Justicia.

Las protestas también se replicaron en diversas regiones con una amplia participación ciudadana. En Trujillo, colectivos culturales, artistas y organizaciones sociales se reunieron en la Plazoleta El Recreo bajo los lemas «Keiko No Va» y «No al Kaos», mientras que en Arequipa la convocatoria tuvo como punto central la Plaza España. En Cusco, cientos de personas se congregaron en la Plaza Limacpampa; en Chiclayo, en la Plazoleta Elías Aguirre; y en Huancayo también se registraron movilizaciones de considerable asistencia. En algunos puntos del recorrido, particularmente en Trujillo, se reportaron momentos de tensión con la Policía Nacional durante el control de la marcha.

La convocatoria tomó fuerza durante los últimos días en plataformas digitales, donde afiches, videos y mensajes de organizaciones juveniles y colectivos ciudadanos circularon masivamente. Etiquetas y consignas vinculadas a «Keiko No Va», «No al Kaos» y mensajes relacionados con memoria histórica y defensa de la democracia fueron compartidos en redes sociales, impulsando la participación de sectores estudiantiles, culturales y ciudadanos independientes en distintas ciudades del país.

Entre los actores políticos que respaldaron la jornada figuraron el excandidato presidencial Alfonso López Chau, de Ahora Nación. También participó Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, quien durante una conferencia previa a la movilización sostuvo que la presencia de su organización buscaba reafirmar un compromiso con la defensa de la democracia. Como parte de esa articulación política y social, representantes de diversos colectivos suscribieron un denominado «Compromiso por el Perú» antes del inicio de las marchas.

El componente sindical y universitario también tuvo una participación destacada. Julio César Bazán, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuestionó las políticas laborales impulsadas durante el fujimorismo y advirtió sobre una eventual continuidad de dichas medidas. Desde el movimiento estudiantil, dirigentes universitarios invocaron a la memoria de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los años noventa para convocar a una mayor participación juvenil.

Las voces de las víctimas directas del régimen de Alberto Fujimori ocuparon un espacio central durante la jornada. María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMFEP), denunció nuevamente los abusos sufridos por miles de mujeres durante aquella etapa, mientras que Gisela Ortiz, representante de familiares de víctimas de crímenes de Estado, sostuvo que las razones para rechazar el retorno del fujimorismo al poder «se levantan cada cinco años con memoria y justicia».

Los organizadores dirigieron además un mensaje al electorado aún indeciso y cuestionaron las campañas que promueven el voto blanco o nulo, al considerar que podrían terminar favoreciendo indirectamente a la candidatura de Fuerza Popular. La movilización se produjo apenas un día antes del debate presidencial del 31 de mayo, considerado uno de los eventos decisivos de la campaña electoral antes de que los peruanos acudan a las urnas el próximo 7 de junio.

Lima, mayo de 2026.- El Perú llega a la segunda vuelta del próximo 7 de junio en medio de una de las etapas de mayor desgaste institucional y fractura social de las últimas décadas. La oficialización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que confirma a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como finalistas de la contienda presidencial para el periodo 2026-2031, no ha hecho más que formalizar la crisis de representación que atraviesa el país.

La primera vuelta dejó un mapa político fragmentado y un electorado exhausto. En una elección marcada por la dispersión de más de 40 organizaciones políticas, Fujimori avanzó con apenas el 17.19% de los votos válidos, mientras Sánchez obtuvo el 12.04%. Juntos no alcanzan siquiera a representar a un tercio del padrón nacional. El resto se diluyó entre el ausentismo, los votos blancos y los sufragios viciados, en una señal inequívoca del profundo desencanto ciudadano con el sistema político.

Las cifras sociales refuerzan ese clima de deterioro. La pobreza monetaria permanece por encima del 29%, la anemia infantil afecta al 43% de los niños menores de cinco años y la informalidad laboral alcanza al 73% de la población económicamente activa. Sobre esa precariedad estructural se edifican ahora dos proyectos de país profundamente contrapuestos.

Dos visiones para un país en crisis

El debate presidencial del 31 de mayo, programado en el Centro de Convenciones de Lima, confrontará dos diagnósticos distintos sobre el colapso peruano y dos rutas opuestas para intentar revertirlo.

Keiko Fujimori ha centrado su campaña en la idea del “Capitalismo Popular”, una propuesta que busca enfrentar la informalidad mediante incentivos tributarios, simplificación administrativa para las micro y pequeñas empresas y mecanismos de formalización acelerada para sectores como la minería artesanal. Frente al deterioro económico en las periferias urbanas, plantea además programas de compras estatales descentralizadas para abastecer ollas comunes y comedores populares. En materia de seguridad, apuesta por una estrategia de “mano dura” que incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para enfrentar la expansión de la extorsión y el sicariato.

Roberto Sánchez, en cambio, interpreta el deterioro social como evidencia del agotamiento definitivo del modelo económico instaurado en las últimas décadas. Su principal propuesta económica es un incremento inmediato del sueldo mínimo a S/ 1,500, acompañado por la creación del programa “Pensión 60”, orientado a brindar cobertura previsional universal a millones de trabajadores informales excluidos del sistema. Para financiar estas medidas, plantea una reforma tributaria progresiva y la renegociación de contratos extractivos. Asimismo, promete elevar gradualmente el presupuesto educativo hasta el 10% del PBI y garantizar el ingreso libre a las universidades públicas.

Un gobierno bajo asedio

Quien asuma la presidencia el próximo 28 de julio heredará un escenario de extrema fragilidad. El retorno a la bicameralidad ha configurado un Congreso altamente fragmentado, compuesto por bancadas sin cohesión y alianzas inestables, lo que anticipa un Ejecutivo permanentemente expuesto a bloqueos legislativos, crisis ministeriales y nuevos intentos de vacancia.

En ese contexto, los sectores más radicales de ambos extremos ideológicos ya comienzan a perfilar el escenario post-electoral.

En la derecha, grupos ultraconservadores y corrientes alineadas con discursos de seguridad extrema —que quedaron políticamente huérfanos tras la derrota de Rafael López Aliaga en primera vuelta— observan con creciente desconfianza las concesiones moderadas de Fujimori para reducir su antivoto. Si la criminalidad no retrocede rápidamente, estos sectores podrían impulsar una agenda de endurecimiento autoritario basada en restricciones de derechos y militarización del orden interno, inspirada en modelos de control territorial similares al de Nayib Bukele en El Salvador.

En la izquierda radical, dirigentes del corredor minero del sur y organizaciones indígenas amazónicas consideran insuficientes las propuestas reformistas de Roberto Sánchez. Diversos frentes regionales advierten que, si no se impulsa una Asamblea Constituyente ni se revisan los megaproyectos extractivos cuestionados por conflictos socioambientales, desconocerán la legitimidad del futuro gobierno. Para estos sectores, las elecciones no representan el cierre de la crisis, sino el inicio de una nueva etapa de movilización permanente, bloqueos y presión territorial.

La desobediencia silenciosa

Sin embargo, el mayor desafío para la democracia peruana podría no provenir de los extremos visibles, sino del progresivo repliegue ciudadano frente al Estado. Mientras la clase política disputa el poder, millones de peruanos han comenzado a desconectarse de las instituciones formales, convencidos de que ninguna opción garantiza seguridad, empleo ni servicios básicos.

La expansión de las economías ilegales, el avance de mecanismos de justicia comunal ante la ineficacia policial y el creciente rechazo a financiar un aparato estatal percibido como corrupto reflejan una forma de desobediencia silenciosa que erosiona lentamente la legitimidad republicana.

Sea cual sea el resultado del balotaje, el próximo gobierno no recibirá un mandato de transformación sólida, sino la administración de una crisis estructural marcada por la precariedad, el miedo y la desconfianza. En el Perú de 2026, el principal riesgo para la democracia ya no es únicamente la confrontación entre derecha e izquierda, sino la pérdida progresiva de sentido del propio sistema político para la supervivencia cotidiana de sus ciudadanos.