La situación en Moquegua sigue siendo de máxima preocupación. La región, golpeada por los efectos devastadores de la minería en sus cuencas hídricas, ha dado una última tregua al Gobierno central, exigiendo…
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Dirigentes de la cuenca del río Coralaque se reunirán para evaluar la tregua del paro indefinido por promesas incumplidas del Gobierno

La profesora Grethel Callo Paye, dirigente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Omate, se pronunció respecto a la situación que persiste en torno a la contaminación del río Coralaque y los demás puntos de la agenda de huelga. En declaraciones recientes, señaló que, aunque se ha mantenido una tregua en el conflicto, aún queda mucho por resolver
Callo Paye informó que se llevará a cabo una reunión con los dirigentes locales antes del 15 de enero, para luego convocar a las autoridades competentes. Asimismo, el 13 de enero se emitirían un pronunciamiento en el que se decidirá si se convoca o no a una huelga indefinida. La decisión será tomada en conjunto con representantes de las tres provincias afectadas, quienes evaluarán las posibles acciones frente a esta problemática ambiental que sigue impactando gravemente a la población de la zona. La dirigente destacó la importancia de la unidad para lograr soluciones efectivas a este conflicto.
En relación con la reciente reunión de la Mesa de Diálogo sobre la cuenca del río Coralaque, celebrada el 7 de enero en Moquegua, varios actores regionales y locales expresaron su frustración y desconcierto. A pesar de algunos acuerdos, como el compromiso del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de asignar S/ 31 millones para labores de mitigación y la prórroga del estado de emergencia por contaminación hídrica, las críticas al manejo estatal fueron notorias, especialmente hacia la empresa Activos Mineros SAC (AMSAC), encargada del cierre de la unidad minera Florencia Tucari, de la minera Aruntani SAC.

Uno de los puntos más críticos fue la denuncia de la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, sobre la falta de comunicación del Gobierno Nacional con los alcaldes locales. Varios ediles de distritos clave, como Chojata, Matalaque y Quinistaquillas, no asistieron a la reunión por no haber sido notificados a tiempo. Gutiérrez expresó que se debe convocar de manera oportuna a los alcaldes y a la sociedad civil, reflejando la desconexión y falta de coordinación en el proceso de diálogo.
A nivel técnico, las críticas hacia AMSAC fueron igualmente contundentes. Carlos Santos, subgerente de Gestión de Medio Ambiente de Mariscal Nieto, expresó el creciente descontento por la ineficacia de la empresa en las labores de cierre de la mina. «Se ha perdido la confianza en AMSAC debido a las pocas acciones ejecutadas», indicó, un sentimiento respaldado por el alcalde de Torata, Elvis Córdoba, quien sugirió adelantar el cierre de la mina a 2027, en lugar de 2030, si el Gobierno actuara con decisión.
El exalcalde de Sánchez Cerro, Luis Concha, fue aún más crítico, sugiriendo que una empresa privada debería hacerse cargo de la remediación, dada la ineficiencia mostrada por AMSAC. Estas declaraciones reflejan un clima de desconfianza y frustración, alimentado por lo que muchos consideran la inacción del Ejecutivo frente a una grave crisis ambiental.
A pesar de los compromisos alcanzados, como la prórroga de la emergencia y la asignación de recursos, las expectativas para la próxima reunión de cierre de la mesa de diálogo, donde se conformará el Comité de Seguimiento del Plan de Acción Multisectorial Integrado, son bajas. Esta reunión, que se celebrará en Omate, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si el Gobierno cumplirá con sus compromisos y si los recursos se utilizarán de manera efectiva o si, por el contrario, se repetirá la historia de promesas incumplidas.