Cusco, 6 de junio de 2025 – Más de 6,000 comunidades campesinas del Perú, representando a unos 2 millones de campesinos, han iniciado una movilización nacional para exigir la derogatoria de la Ley 32293, promulgada el 8 de abril de 2025, que permite la formalización de posesiones informales sobre tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015. Organizaciones como la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru II del Cusco (FARTAC) denuncian que esta norma vulnera los derechos territoriales de las comunidades, facilitando el despojo de sus tierras en favor de traficantes de terrenos y grandes empresas.

La Ley 32293, que modifica la Ley 24657, ha generado indignación por contradecir el artículo 89 de la Constitución, que protege la imprescriptibilidad de las tierras comunales, y por omitir la consulta previa exigida por el Convenio 169 de la OIT. Según AIDESEP y expertos de CEPES e IDL, la norma legaliza ocupaciones informales, exponiendo a las comunidades a la pérdida de sus territorios ancestrales y a nuevos conflictos sociales. “Esta ley es un ataque directo a nuestra identidad y sustento”, afirmó un líder de la FARTAC.

En respuesta, las comunidades campesinas, lideradas por organizaciones como la FARTAC, han tomado la iniciativa de impulsar la derogatoria de la Ley 32293. La congresista Margot Palacios apoya esta lucha con el Proyecto de Ley 11394, presentado para anular la norma y restaurar la soberanía de las comunidades sobre sus tierras. “Las comunidades son las protagonistas de esta lucha; nuestro proyecto es una herramienta para respaldar su justa demanda”, declaró Palacios.

Las organizaciones campesinas han anunciado marchas, asambleas y acciones legales a nivel nacional para presionar al Congreso por la aprobación del Proyecto de Ley 11394. El 5 de junio, un conversatorio virtual en Cusco, titulado “Derogatoria de todas las leyes Boluarte que perjudican al pueblo”, reunió a líderes campesinos para denunciar la inconstitucionalidad de la Ley 32293 y planificar estrategias de resistencia. “No permitiremos que nos arrebaten nuestras tierras”, enfatizó un representante de la FARTAC.

El impacto de la Ley 32293 va más allá de lo territorial, amenazando la identidad cultural y los medios de vida de las comunidades. La norma podría facilitar proyectos extractivos y especulación inmobiliaria, mientras criminaliza a líderes comunales que defienden sus territorios. AIDESEP ha propuesto demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, señalando la falta de consulta previa como una violación de los derechos fundamentales.

El Proyecto de Ley 11394, disponible en www.congreso.gob.pe y en https://goo.su/cZEYozJ, espera ser debatido en comisiones como la Agraria y la de Pueblos Andinos. Su aprobación depende del apoyo político y de la presión de las comunidades, que están decididas a proteger su patrimonio. Las organizaciones campesinas llaman a la ciudadanía a unirse a su causa, difundiendo información y participando en las movilizaciones.

La lucha por la derogatoria de la Ley 32293 es un clamor por justicia y dignidad. Con las comunidades campesinas al frente y el respaldo de aliados como la congresista Palacios, esta movilización busca revertir siglos de despojo y garantizar que las tierras comunales sigan siendo el corazón de la vida campesina en el Perú.

A menos de dos semanas para el cierre de la actual legislatura, el Congreso de la República evalúa aprobar el dictamen de la polémica «Ley Chlimper 2.0», una propuesta que busca reducir sustancialmente la carga tributaria de las grandes empresas agroexportadoras. La iniciativa ha sido duramente criticada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y diversos especialistas, quienes advierten que la norma no solo desfinanciaría al Estado, sino que también representa una amenaza directa a la soberanía alimentaria del país.

Beneficios para unos pocos, costo para todos

Impulsada por Fuerza Popular y respaldada por bancadas afines al modelo agroexportador, la ley propone mantener hasta 2035 una tasa reducida del Impuesto a la Renta del 15% para las empresas del sector, congelar los aportes patronales a EsSalud en 6% y extender beneficios como la devolución anticipada del IGV, la depreciación acelerada y la exoneración del ITAN. Además, introduce un crédito tributario por reinversión del 20%, aplicable hasta el 70% de las utilidades anuales.

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la aprobación del proyecto representaría un costo fiscal de S/1.850 millones anuales y hasta S/20.000 millones en una década. Estos recursos dejarían de invertirse en sectores clave como salud, educación o infraestructura rural.

Soberanía alimentaria en riesgo

Para gremios agrarios como Conveagro, la medida profundiza el desequilibrio entre el agro exportador y la agricultura familiar, que produce más del 80% de los alimentos que consume el país. “La ley es un golpe mortal a la soberanía alimentaria. Se privilegia a grandes corporaciones que exportan espárragos, arándanos o paltas, pero se deja en el abandono a los pequeños productores que abastecen los mercados locales”, señalaron.

Además, advierten que el modelo agroexportador prioriza cultivos intensivos en agua en regiones afectadas por el estrés hídrico, como Ica y La Libertad, y se desarrolla en detrimento de ecosistemas frágiles, afectando a comunidades campesinas y a los recursos naturales.

Desprotección laboral y favorecimiento empresarial

La CGTP denunció que el dictamen busca reinstaurar privilegios tributarios para conglomerados empresariales como Camposol, Danper o Cerro Prieto, que concentran más del 90% de los ingresos del sector. En paralelo, el 94% de los trabajadores agrarios mantienen contratos temporales, lo que impide la continuidad de aportes a salud y pensiones, y debilita la libertad sindical, actualmente en un mínimo histórico del 2%.

“El Congreso pretende beneficiar a quienes más tienen, sin exigirles compromisos laborales, ambientales ni sociales. Se trata de un régimen hecho a la medida del gran capital agroexportador”, indicó el gremio sindical en un pronunciamiento.

¿Reforma agraria o retroceso fiscal?

El dictamen ha sido presentado como parte de una “nueva reforma agraria” por sus impulsores en el Legislativo. Sin embargo, expertos como Eduardo Zegarra y Fernando Cuadros han cuestionado esta narrativa. “No hay reforma agraria cuando se premia al gran agro sin tocar los problemas estructurales de la pequeña agricultura. Esta es, en realidad, una contrarreforma tributaria”, sentenció Cuadros.

Aunque su debate en el Pleno fue postergado, la Comisión Permanente —que retiene facultades legislativas— mantiene la norma en agenda, alimentando las sospechas de una aprobación apresurada antes del receso parlamentario.

El distrito de Tambogrande, en Piura, se alista para un paro macroregional este viernes 28 de marzo, en rechazo al proyecto minero El Algarrobo, cuya concesión fue otorgada recientemente a la empresa Buenaventura por ProInversión. Agricultores, ronderos y pobladores han unido fuerzas para defender la vocación agrícola del distrito, tras la entrega de la zona de Locuto a la minera. La huelga, respaldada por más de 10,000 ronderos, busca enviar un mensaje claro al gobierno: la minería no es bienvenida en esta región históricamente dedicada a la producción de mango, limón y otros cultivos emblemáticos.

Una oposición con raíces profundas

La resistencia al proyecto El Algarrobo no es un fenómeno reciente. En 2002, una consulta vecinal reveló que el 98% de los habitantes de Tambogrande rechazó la actividad minera en el valle de San Lorenzo, priorizando la agricultura como modelo de desarrollo. Alfredo Rengifo, alcalde del distrito, ha reafirmado esta postura, declarando que “el proyecto no va” y que la voluntad popular sigue intacta. Sin embargo, la firma del contrato entre Buenaventura y ProInversión ha reavivado el conflicto, generando acusaciones de imposición por parte del gobierno de Dina Boluarte.

Líderes y demandas al frente de la lucha

El Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Tambogrande, junto a las rondas campesinas y la Comunidad de San Juan Apóstol de Locuto, ha liderado las críticas. Gianfranco Mendoza Saavedra, presidente del Frente, exigió respeto a la decisión tomada hace más de 20 años y acusó al Ejecutivo de actuar dictatorialmente. Entre las demandas de la plataforma de lucha destacan la nulidad de las concesiones mineras en cabeceras de cuencas y el fin de la criminalización de la justicia comunal, temas que resonarán en las calles durante la marcha.

Denuncias de presión y condicionamiento

Enargio Maza, vicepresidente del Frente y representante de Locuto, denunció que el gobierno estaría condicionando obras de desarrollo esenciales para la comunidad a cambio de la aceptación del proyecto, una estrategia que ha encendido aún más los ánimos. Por su parte, Santos Castillo Montalbán, líder de la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas, calificó la suscripción del contrato como una “declaratoria de guerra” y anunció que la oposición se expresará tanto en protestas como en acciones legales.

El Algarrobo: un proyecto controvertido

El proyecto El Algarrobo, promovido por ProInversión, contempla la exploración y explotación polimetálica mediante una mina subterránea en la margen izquierda del río Piura, además de obras hidráulicas. Aunque el gobierno lo presenta como una oportunidad de inversión y progreso, para los pobladores de Tambogrande representa una amenaza a su modo de vida. Con una historia de resistencia y una comunidad movilizada, el futuro del proyecto pende de un hilo en medio de un conflicto que pone en juego el desarrollo sostenible de la región.