Lima, 10 de noviembre de 2025.- Brucelee Bermudo Guerra, conocido como «Bruce Lee Bermudo» y señalado por la DEA como un operador clave en el envío de cocaína desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) hacia el Cártel de Sinaloa, fue liberado este domingo por una jueza de Bagua, en Amazonas. La magistrada Lorena Sandoval determinó que no existían elementos suficientes para dictar prisión preventiva, a pesar de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Bermudo, de 40 años y originario del distrito de Sivia en Ayacucho, fue detenido el 27 de octubre en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la agencia antidrogas estadounidense.

El Tribunal del Distrito Este de Texas acusa a Bermudo de coordinar el traslado de hasta dos toneladas mensuales de cocaína desde el VRAEM hacia México, con destinos finales en ciudades como Chicago, Baltimore y Detroit. Según el expediente judicial, la red del imputado involucra rutas terrestres a través de Ecuador y Bolivia, con evidencia basada en interceptaciones telefónicas, testimonios de colaboradores eficaces mexicanos y decomisos recientes, como 1.400 kilos de droga en Puente Piedra (Lima) en noviembre de 2024. Antes de su captura, Bermudo mantenía una vida pública activa en Ayacucho, donde postuló como alcalde de Sivia en las elecciones de 2022 por el Movimiento Regional Wari Llaqta, compartiendo escenarios con el actual gobernador regional, Wilfredo Oscorima, y la vicegobernadora Tania Vila.

La liberación de Bermudo ha generado cuestionamientos sobre la influencia de redes políticas en el VRAEM, zona que produce cerca del 40% de la cocaína peruana. Oscorima, recientemente afiliado a Alianza para el Progreso (APP), y Vila no han emitido declaraciones sobre sus vínculos electorales con el ex candidato, los cuales se limitan a la campaña de 2022. La fiscalía ha anunciado apelaciones al fallo, mientras el proceso de extradición continúa en curso. Autoridades peruanas y estadounidenses reiteran su compromiso contra el narcotráfico transnacional, en un contexto de creciente preocupación por la infiltración de actividades ilícitas en la política regional.

A menos de tres semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras vive un ambiente de creciente optimismo cívico, impulsado por una participación ciudadana que supera expectativas. Miles de hondureños se congregaron recientemente en un masivo evento de apoyo a la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rixi Moncada, demostrando una movilización que anticipa una contienda vibrante y democrática. Aunque no se trataba de un cierre formal de campaña, la energía de la multitud refleja el deseo colectivo de consolidar avances en inclusión social y desarrollo económico, en un país que busca superar desafíos históricos como la corrupción y la desigualdad.

Las encuestas independientes refuerzan esta tendencia positiva, posicionando a Moncada como favorita con un sólido respaldo. Según mediciones de TResearch International, la exministra de Finanzas y Defensa obtiene hasta el 50% de la intención de voto, superando a sus principales contendientes, Salvador Nasralla del Partido Liberal (alrededor del 28-34%) y Nasry Asfura del Partido Nacional (22-36%), dependiendo de la firma encuestadora
Este panorama, confirmado por firmas como CID Gallup y Peoples Dispatch, sugiere una elección abierta, pero con un claro énfasis en la continuidad de políticas progresistas, priorizando empleo, seguridad y acceso a servicios básicos.

Los indecisos, que representan un bloque significativo, parecen inclinarse hacia opciones que prometen estabilidad y equidad. El proceso electoral, que también renovará el Congreso Nacional y alcaldías locales, se perfila como un hito para la democracia hondureña, con más de 6.3 millones de votantes listos para ejercer su derecho. Analistas destacan que esta contienda no solo definirá el futuro inmediato del país, sino que podría fortalecer lazos regionales en temas como migración y cooperación económica. Con un ambiente de diálogo y participación activa, Honduras avanza hacia un 30 de noviembre que inspira esperanza en un cambio inclusivo y sostenible para toda la nación.

La resolución del Junta Nacional de Justicia (JNJ) que suspendía a Delia Espinoza Valenzuela como fiscal de la Nación fue declarada nula de forma provisional por el Noveno Juzgado. La medida cautelar concedida a Espinoza Valenzuela suspende los efectos de la Resolución N.º 231-2025-JNJ y restablece la vigencia de los actos que la designaron, estableciendo un plazo de cinco días para que la JNJ cumpla con el mandato judicial.

En su fallo, el juez fijó dicho plazo dentro del marco del proceso de amparo que cuestiona la actuación de la JNJ al remover a Espinoza Valenzuela y designar en su lugar a otra persona. Según la sentencia, la JNJ incurrió en vicios de forma y fondo —entre ellos la falta de motivación adecuada y de firmas del pleno para validar la decisión— lo que motivó la suspensión provisional de sus efectos. Sin embargo, la JNJ ha señalado que acatará la resolución, pero no la interpreta como una reinstalación definitiva, ya que sostiene que aún continúan vigentes otros procedimientos disciplinarios contra Espinoza Valenzuela.

Este episodio se inscribe en la compleja disputa entre la JNJ y el Ministerio Público por la autonomía institucional y el respeto al debido proceso en la designación de autoridades. Para Espinoza Valenzuela, la decisión judicial abre la puerta a retomar sus funciones inmediatamente, aunque ello esté sujeto al cumplimiento efectivo de la orden de reposición. La demora o incumplimiento por parte de la JNJ podría generar nuevas acciones legales y tensión institucional.