Lima, 3 de julio de 2025 – El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, ha presentado una nueva acusación penal contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, solicitando una condena de 35 años de prisión en el marco del caso Cócteles. Este proceso investiga el presunto financiamiento ilícito de las campañas electorales de Fujimori en 2011 y 2016, acusándola de delitos graves como lavado de activos agravado en organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

La acusación, elevada al Poder Judicial tras la anulación de un juicio oral previo en abril de 2025 por mandato del Tribunal Constitucional, también involucra a exdirigentes de Fuerza Popular y a personas jurídicas como el partido político y MVV Bienes Raíces S.A.C. Además, el fiscal ha solicitado una multa de 730 días y el sobreseimiento de 19 investigados relacionados con el caso.

El caso Cócteles se centra en las supuestas irregularidades en la recaudación de fondos para las campañas presidenciales de Fujimori, incluyendo aportes no declarados y actividades como cócteles y eventos para captar recursos de origen presuntamente ilícito.

Esta nueva acusación marca un capítulo más en un proceso judicial que ha generado gran controversia en el ámbito político peruano. Por su parte, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ha cuestionado la validez de la acusación, argumentando que carece de objetividad y que los hechos imputados no constituían delitos según la normativa vigente en el momento de las campañas.

Asimismo, señaló irregularidades en la notificación de la acusación, lo que podría generar un nuevo debate en la etapa de control de acusación que se avecina. El proceso, que ha captado la atención de la opinión pública, se encuentra ahora en manos del Poder Judicial, que determinará los próximos pasos en este caso que podría tener profundas implicancias políticas y legales para el futuro de Fuerza Popular y su lideresa.

Lima, 3 de julio de 2025 – La fiscal Delia Espinoza Valenzuela ha sido oficialmente reconocida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como Fiscal de la Nación, poniendo fin a la controversia sobre la posible restitución de Patricia Benavides al cargo. Este desenlace, comunicado mediante un oficio firmado por el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, refuerza la legitimidad de Espinoza y descarta los intentos de reincorporar a Benavides, quien fue suspendida por el Poder Judicial por 24 meses.

El conflicto se originó el 12 de junio de 2025, cuando la JNJ emitió la Resolución N.° 231-2025-JNJ, ordenando la reposición de Benavides como fiscal suprema y Fiscal de la Nación, anulando su destitución de diciembre de 2023. La medida generó una fuerte reacción de Espinoza y la Junta de Fiscales Supremos, quienes cuestionaron la legalidad de la resolución, argumentando que la elección de Espinoza en octubre de 2024 por el período 2024-2027 era válida y vigente. La fiscal calificó el intento de Benavides de retomar el cargo como un “golpe a la democracia” y denunció irregularidades en la notificación de la JNJ, incluyendo la falta de transparencia en la votación y la ausencia de actas públicas.

El 16 de junio, Benavides intentó ingresar a la fuerza a la sede del Ministerio Público en Lima, acompañada de sus abogados y resguardo policial, lo que desencadenó una vigilia de Espinoza y otros fiscales en defensa de su liderazgo. La JNJ llegó a amenazar con el uso de la fuerza pública si Espinoza no cumplía con la restitución de Benavides, según un oficio del 23 de junio firmado por Magnolia Martínez Hidalgo, directora de Procesos Disciplinarios. Sin embargo, la resistencia de Espinoza, respaldada por la Junta de Fiscales Supremos, y una resolución del Poder Judicial del 25 de junio, que suspendió a Benavides por 24 meses por presunta interferencia en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, frenaron la ejecución de la orden de la JNJ.

La reciente comunicación de la JNJ, fechada el 2 de julio de 2025, reconoce a Espinoza como Fiscal de la Nación, marcando un giro significativo tras semanas de tensión institucional. Este pronunciamiento responde a las críticas de Espinoza sobre la falta de fundamentación legal en la resolución a favor de Benavides y a la presión de la Junta de Fiscales Supremos, que reafirmó la elección de Espinoza como legítima. Además, el Poder Judicial desestimó en diciembre de 2024 una demanda de amparo de Benavides para revertir su destitución, argumentando que la vía constitucional no era adecuada y que el cargo ya estaba ocupado por Espinoza.

Expertos, como el abogado constitucionalista Samuel Abad, han señalado que la reposición de Benavides como Fiscal de la Nación era inviable mientras el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que designó a Espinoza siguiera vigente. Por su parte, Benavides, quien enfrenta una suspensión de dos años y posibles denuncias por presuntos delitos, ha anunciado su intención de apelar la decisión judicial, aunque su retorno al Ministerio Público parece improbable en el corto plazo.

Lima, 16 de junio de 2025 – La decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de anular la destitución de Patricia Benavides como Fiscal Suprema, reemplazándola con una suspensión de apenas 60 días, ha desatado una ola de críticas y rechazo ciudadano en Perú. Esta resolución, percibida como una maniobra orquestada por la derecha conservadora y neoliberal, liderada por Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y sectores afines al gobierno de Dina Boluarte, busca allanar el camino para el retorno de Benavides al cargo de Fiscal de la Nación, en un claro desafío a los principios democráticos y constitucionales del país.

La exfiscal Benavides, destituida en 2023 por presuntamente encabezar una organización criminal que manipulaba decisiones en el Congreso, como la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ávalos y el intento de remoción de miembros de la JNJ, es vista como una figura clave para los intereses de la coalición política que sostiene a Boluarte en el poder. Esta alianza, que incluye al fujimorismo, el aprismo y bancadas como Perú Libre, ha sido señalada por consolidar un pacto de impunidad que protege a figuras políticas investigadas por corrupción y violaciones a los derechos humanos, como las muertes durante las protestas contra el gobierno.

La resolución de la JNJ, aprobada por mayoría, no solo contradice el espíritu de independencia judicial, sino que también vulnera el orden constitucional al pretender reinstalar a una funcionaria cuestionada por graves irregularidades. Organizaciones civiles, partidos de izquierda y amplios sectores de la ciudadanía han denunciado este hecho como un intento descarado de la derecha neoliberal por controlar el Ministerio Público, debilitar la lucha contra la corrupción y perpetuar un sistema político que favorece a las élites en detrimento de la justicia y la democracia.

En redes sociales, el hashtag #NoALaImpunidad se ha viralizado, reflejando el rechazo mayoritario de los peruanos, quienes ven en esta maniobra un retroceso democrático que consolida el poder de una coalición autoritaria. “Esto es un golpe a la justicia. La JNJ se ha plegado a los intereses de Fuerza Popular y Boluarte, traicionando al pueblo peruano”, señaló Rosa Quispe, activista por los derechos humanos. Por su parte, analistas advierten que el retorno de Benavides podría frenar investigaciones clave contra figuras como Keiko Fujimori y la propia presidenta Boluarte, envuelta en el escándalo del “Rolexgate” y las muertes en protestas.

La Mesa Directiva del Congreso, dominada por Fuerza Popular y sus aliados, ha jugado un rol central en este escenario, promoviendo reformas que debilitan instituciones democráticas como la JNJ y blindando a Boluarte de mociones de vacancia. Este pacto político, que incluye a sectores aparentemente opuestos como Perú Libre, revela un pragmatismo orientado a mantener el control del sistema judicial y garantizar la impunidad de los involucrados en casos de corrupción.

La ciudadanía, hastiada de la crisis política que atraviesa el país, comienza a organizarse para exigir la reversión de esta decisión y la defensa de la institucionalidad democrática. “No permitiremos que el Perú se convierta en rehén de un grupo que solo busca proteger sus privilegios”, afirmó un vocero de la Coordinadora Nacional por la Justicia, que evalúa convocar protestas en los próximos días.

El intento de reinstalar a Patricia Benavides no es solo un ataque a la independencia del Ministerio Público, sino una afrenta a la voluntad popular y al Estado de derecho. Perú enfrenta un momento crítico: la defensa de su democracia depende de la resistencia ciudadana y de la capacidad de las instituciones para resistir las presiones de una derecha conservadora que, bajo el disfraz del neoliberalismo, busca perpetuarse en el poder a costa de la justicia y la verdad.