Cusco, 6 de junio de 2025 – Más de 6,000 comunidades campesinas del Perú, representando a unos 2 millones de campesinos, han iniciado una movilización nacional para exigir la derogatoria de la…
Agricultura
Comunidades campesinas anuncian movilización y paro nacional para exigir la derogatoria de la Ley 32293 de expropiación de tierras comunales

Miles de comuneros, reunidos en asambleas y reuniones provinciales y regionales a lo largo del Perú, han decidido pasar a la ofensiva contra la Ley 32293, aprobada por el Congreso en abril pasado de este año. Sostienen que la norma vulnera sus derechos históricos sobre la tierra comunal y pone en riesgo a más de 6 600 comunidades legalmente reconocidas.
Atendiendo el pedido de sus dirigentes, la congresista Margot Palacios —de origen campesino y representante del departamento sureño de Ayacucho— presentó el 6 de junio el Proyecto de Ley 11394, que plantea la derogatoria total de la controvertida disposición.
El reclamo no surgió de forma espontánea, sino que fue construido desde las bases. En Cusco, Puno, Piura, Junín, Áncash, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y otros departamentos, las comunidades convocaron asambleas para analizar el impacto de la ley. Según se supo, en el encuentro campesinos de Sicuani (Cusco), los líderes Wilberth Mescco Masa, Walter Torres y Antonio Maquera fueron comisionados para entregar un pronunciamiento al Congreso. El documento es contundente: “Esta ley es una amenaza directa a nuestra forma de vida comunal; exigimos su derogatoria inmediata”.

La Ley 32293 amplía hasta 2015 el plazo para formalizar ocupaciones individuales dentro de predios comunales, eliminando el límite que había vencido en 2003. Según las comunidades, esta ampliación abre la puerta al fraccionamiento de la propiedad colectiva, fomenta el tráfico de terrenos y contradice el principio de imprescriptibilidad establecido en el artículo 89 de la Constitución.
“La tierra comunal no se vende ni se formaliza; se defiende colectivamente”, advirtió José Carlos Gutiérrez, dirigente aimara de Puno. En Junín, el alcalde de Huay Huay, Ángel Aylas Jara, alertó que la ley “incentiva conflictos sociales y beneficia a invasores con fines comerciales”. En varias provincias se preparan encuentros comunales para coordinar un paro agrario si el Congreso no deroga la norma antes del Día del Campesino, el 24 de junio.
El Proyecto de Ley 11394 no nació en el Congreso, sino en las propias bases comunales. Elaborado con el apoyo de asesores legales de las comunidades, propone anular la Ley 32293, suspender cualquier proceso de formalización individual sobre tierras comunales y garantizar que toda decisión futura sobre esos territorios sea aprobada en asamblea y sometida a consulta obligatoria.

Universidades, centros de investigación y entidades como las ONGs CEPES, Red Muqui y Aidesep han brindado respaldo técnico a la posición de las comunidades. Sin embargo, la vocería legítima recae en los propios comuneros y sus federaciones agrarias, entre ellas la FARTAC, Consejo de Autoridades Originarias de la Región de Puno, y la Federación Departamental de Campesinos de Cusco, Apurímac, Puno y Huancavelic, que ya coordinan acciones de protesta en el mes de la Pachamama.
“El Congreso no puede legislar contra el pueblo que vive y trabaja la tierra desde hace generaciones. Esta ley no puede seguir vigente”, sentenció Walter Torres en representación de las comunidades del sur. Si el Parlamento no da trámite urgente a la derogatoria, las organizaciones anuncian un ciclo de movilizaciones que partirá desde cada territorio rural.
Actualidad
Agricultores exigen renuncia del ministro de Agricultura por priorizar la minería sobre la agricultura

Lima, 26 de septiembre de 2025. – La Confederación Nacional Agraria (CNA), gremio histórico de representación de los agricultores, exigió la inmediata renuncia del ministro de Agricultura, Ángel Manero, tras sus polémicas declaraciones en el Foro Perumin, donde afirmó que en momentos de escasez de agua “hay que darle agua a la minería, que más flujo de caja le da al país”, relegando a la agricultura al último plano.
El gremio calificó las palabras del titular de Agricultura como un “agravio directo a millones de campesinos y campesinas”, al sostener que el agua debe priorizarse para garantizar la alimentación de los peruanos y no para favorecer a la actividad minera. “Decir que la agricultura puede esperar es un insulto a la soberanía alimentaria del país”, señala el pronunciamiento.
La CNA demandó a la presidenta de la República y al Consejo de Ministros el cese inmediato de Manero, una rectificación pública del Gobierno que reafirme la prioridad de la seguridad hídrica para la agricultura y el consumo humano, así como la implementación de una política integral de gestión del agua que respete los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, invocaron a la ciudadanía a declarar al ministro como enemigo del pueblo peruano y a defender el derecho al agua y a la soberanía alimentaria.
Agricultura
Trabajadores agroindustriales de Virú protestan por abusos laborales y exigen derogatoria de la Ley Agraria

La Federación de Trabajadores del Sector Agroindustrial (FETSA RLL), afiliada a la CGTP, realizó una jornada de protesta este viernes en el distrito de Chao, provincia de Virú. La concentración se realizó en horas de la tarde en la Plaza de Armas de la localidad, bajo el lema “¡Basta de abusos laborales!”.
El gremio denunció presuntos abusos cometidos por empresas agroexportadoras como Hortifrut Perú, Hass Perú, Camposol, Agua Lima, Damper Avo Perú, Agrícola Virú, Agro Berries y otras. Entre los reclamos figuran la derogatoria de la nueva Ley Agraria, sanciones arbitrarias, jornadas y horarios extenuantes, imposición de horas extras, maltrato a madres gestantes y deficiencias en la atención de ESSALUD.
Este conflicto laboral se suma a otros episodios recientes en el sector. SUNAFIL ha intervenido fundos en Ica y La Libertad tras denuncias de incumplimiento de derechos laborales, mientras sindicatos de empresas como Hortifrut y Camposol advierten de hostigamientos y contratos irregulares. Organizaciones sindicales también alertan que la reducción de aportes empresariales a ESSALUD afecta la cobertura médica de los trabajadores, pese a que las agroexportaciones peruanas continúan registrando cifras récord en los mercados internacionales.
Agricultura
La inseguridad desborda la gestión de César Acuña en Trujillo

La noche del 4 de septiembre de 2025, una explosión en la urbanización Las Quintanas de Trujillo, causada por 30 cartuchos de dinamita, dejó 11 heridos, viviendas destruidas y un vecindario sumido en el terror. Este atentado, el tercero de gran magnitud en la ciudad en lo que va del año, expone la alarmante incapacidad del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y su administración para frenar la escalada de violencia ligada al crimen organizado. Mientras las mafias de la minería ilegal y la extorsión operan con impunidad, los ciudadanos de Trujillo enfrentan un estado de indefensión que pone en entredicho las promesas de seguridad de Acuña y su partido, Alianza para el Progreso (APP).
La gestión de Acuña ha sido señalada por su falta de estrategia integral frente a la inseguridad. A pesar de los estados de emergencia declarados en Pataz y Virú, los atentados con explosivos se han vuelto recurrentes, extendiéndose incluso a zonas residenciales céntricas como Las Quintanas. Los vecinos, hartos de la inacción, protestaron airadamente, denunciando que las autoridades regionales y nacionales, encabezadas por Acuña y el ministro del Interior, Carlos Malaver, han priorizado discursos vacíos sobre medidas concretas. La captura de tres sospechosos tras el reciente atentado, aunque un avance, no compensa la ausencia de políticas preventivas que aborden las raíces del problema: el auge de la minería ilegal y las redes de extorsión que operan sin freno.
El pedido de Acuña de un estado de sitio y cadena perpetua para los responsables suena más a una reacción desesperada que a una solución estructurada. Durante su gestión, los recursos destinados a fortalecer el serenazgo, modernizar la infraestructura policial o implementar sistemas de inteligencia han sido insuficientes. En cambio, su administración ha invertido en proyectos de alto perfil mediático, mientras la población enfrenta explosiones semanales y un clima de zozobra. La promesa de bonos para los afectados de Las Quintanas, aunque necesaria, no sustituye la falta de un plan robusto para desmantelar las organizaciones criminales que, según la PNP, están detrás de estos ataques, como la banda «Los Pulpos».
La indignación ciudadana también apunta a la complicidad implícita de las autoridades locales, que han permitido que actividades sospechosas, como las reportadas en la vivienda atacada en Las Quintanas, pasen desapercibidas. Los vecinos señalan que la casa, propiedad de una empresaria minera, era escenario de fiestas ruidosas y movimientos inusuales, sin que las autoridades intervinieran. Esta omisión refleja la descoordinación entre el gobierno regional y los municipios, ambos bajo fuerte influencia de APP, que ha priorizado lealtades políticas sobre la seguridad ciudadana. La ciudadanía exige respuestas, pero la gestión de Acuña parece más enfocada en controlar el daño político que en proteger a la población.
Trujillo, otrora una ciudad vibrante, se encuentra hoy rehén de la violencia y la ineficacia gubernamental. La retórica de Acuña, quien califica estos actos como «terrorismo urbano», no basta para calmar a una población que clama por acción. Si el gobernador y sus aliados en APP no asumen la responsabilidad de implementar medidas efectivas —como mayor inversión en inteligencia policial, coordinación con las Fuerzas Armadas y un combate frontal contra la minería ilegal—, Trujillo seguirá siendo un polvorín. La pregunta que resuena en las calles es clara: ¿hasta cuándo seguirá La Libertad a merced del crimen, mientras sus líderes se limitan a promesas vacías?
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