Puno, 8 de julio 2026.- La creciente escasez de lluvias en las provincias altoandinas de Puno ha encendido las alarmas entre productores, gremios agrarios y especialistas, quienes advierten que la ganadería alpaquera enfrenta una de sus mayores amenazas en los últimos años. La disminución de las precipitaciones ha reducido la disponibilidad de bofedales, manantiales y pastizales naturales, afectando directamente la alimentación y supervivencia de miles de alpacas, actividad que constituye el principal sustento económico de numerosas comunidades campesinas.

Representantes de organizaciones de productores alpaqueros señalaron que la crisis climática está alterando el ciclo hídrico de las zonas ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar, donde la falta de agua ya provoca pérdidas en la producción de fibra, menor peso del ganado y una mayor mortalidad de crías. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Perú concentra alrededor del 87 % de la población mundial de alpacas, de las cuales más del 40 % se encuentran en la región Puno, considerada el principal centro de producción del país.

Frente a este panorama, gremios agrarios, técnicos y especialistas en recursos hídricos han propuesto la ejecución de un megaproyecto regional de siembra y cosecha de agua, que contemple la construcción de qochas, reservorios, zanjas de infiltración, recuperación de bofedales y reforestación con especies nativas. La iniciativa busca almacenar agua durante la temporada de lluvias para garantizar su disponibilidad en los meses de estiaje, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades frente a los efectos del cambio climático.

Los impulsores de la propuesta sostienen que la inversión en infraestructura natural resulta más rentable que atender de manera permanente las emergencias provocadas por sequías y heladas. Asimismo, solicitaron al Gobierno Central, al Gobierno Regional de Puno y a las municipalidades priorizar recursos para la implementación de un plan integral que involucre a las comunidades campesinas, universidades, organismos técnicos y programas de desarrollo rural, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la actividad alpaquera.

La preocupación también alcanza al sector exportador, debido a que la fibra de alpaca peruana representa uno de los productos textiles de mayor valor en los mercados internacionales. Los productores advirtieron que, de no ejecutarse medidas estructurales para garantizar la disponibilidad de agua en las zonas altoandinas, la producción podría verse seriamente afectada en los próximos años, comprometiendo la economía regional y la seguridad alimentaria de miles de familias que dependen directamente de la ganadería alpaquera.

Las tensiones sociales y las emergencias que afectan al turismo han colocado nuevamente a Cusco en el centro de la agenda nacional. Diversas organizaciones sociales, gremios y colectivos de la región vienen impulsando un paro macro regional para mediados de julio en rechazo a las adendas del proceso de masificación del gas vinculadas a la empresa Cálidda, medida que coincide con una serie de hechos que han encendido las alertas sobre la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros.

Los dirigentes sostienen que las modificaciones al proyecto de masificación del gas no responden a las necesidades del sur del país y demandan que el Gobierno priorice el reinicio del Gasoducto Sur Peruano, obra considerada estratégica para garantizar el acceso al gas natural en Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Puno, Tacna y Madre de Dios. Las organizaciones advierten que, de no obtener una respuesta concreta, las protestas podrían incluir bloqueos de carreteras y movilizaciones masivas.

El anuncio del paro ha generado preocupación entre empresarios, operadores turísticos y ciudadanos, debido a que una paralización de gran magnitud podría afectar el transporte, el comercio y la llegada de miles de visitantes durante una temporada considerada clave para la economía regional. Las autoridades vienen exhortando a mantener el diálogo para evitar un nuevo escenario de conflictividad social que perjudique a la población.

A esta coyuntura se suma la investigación por el fallecimiento de un turista estadounidense, cuyo cuerpo fue encontrado luego de permanecer desaparecido durante varios días en la ruta hacia la Montaña de Siete Colores. La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras continúan las recomendaciones para que los visitantes realicen estas caminatas con operadores autorizados y bajo condiciones climáticas favorables.

Otro hecho que ha causado conmoción es la muerte de un turista francés en la llaqta de Machu Picchu, caso que también viene siendo investigado por las autoridades competentes para determinar las causas del deceso. Ambos sucesos han reabierto el debate sobre los protocolos de prevención, la capacidad de respuesta ante emergencias y la necesidad de reforzar la asistencia médica y la seguridad en los principales destinos turísticos de la región.

Asimismo, un grupo de turistas extranjeros tuvo que ser trasladado a establecimientos de salud luego de presentar malestares en el Centro Histórico del Cusco, presuntamente como consecuencia de una fumigación realizada en la zona. Las autoridades sanitarias evalúan las circunstancias del incidente y determinarán si se cumplieron los protocolos de seguridad antes de ejecutar este tipo de intervenciones en espacios con alta concentración de visitantes.

Frente a este panorama, especialistas consideran indispensable que las autoridades nacionales, regionales y locales actúen con rapidez tanto para atender las demandas sociales vinculadas al desarrollo energético del sur como para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta en los principales atractivos turísticos. La estabilidad social y la seguridad de los visitantes serán determinantes para preservar la imagen del Cusco como uno de los destinos más importantes del Perú y de Sudamérica.

VRAEM, 7 de julio 2026.- El Gobierno decidió prorrogar el Estado de Emergencia en diversos distritos de las regiones Cusco, Junín y Ayacucho como parte de la estrategia de combate contra el narcotráfico y los remanentes de organizaciones terroristas que operan en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Sin embargo, la continuidad de esta medida excepcional vuelve a abrir el debate sobre la efectividad de una política de seguridad que, pese a extenderse durante años, no ha logrado erradicar las amenazas que justificaron su implementación.

Desde el Ejecutivo se sostiene que la presencia permanente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional resulta indispensable para impedir el fortalecimiento de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. No obstante, especialistas en seguridad y diversos sectores políticos advierten que la renovación constante del Estado de Emergencia evidencia también las limitaciones del Estado para consolidar una presencia institucional sostenible en el VRAEM, donde persisten problemas estructurales como la pobreza, la limitada infraestructura, la débil presencia de servicios públicos y las economías ilegales.

La prórroga permite restringir determinados derechos constitucionales y mantener operaciones militares y policiales de gran escala. Sin embargo, analistas consideran que estas acciones deben ir acompañadas de una estrategia integral que incluya desarrollo económico, fortalecimiento de la justicia, inteligencia financiera y lucha contra las redes de corrupción que facilitan la expansión del narcotráfico. De lo contrario, sostienen, las medidas extraordinarias corren el riesgo de convertirse en una respuesta permanente frente a un problema que sigue sin resolverse de manera estructural.

Mientras tanto, Arequipa enfrenta un escenario distinto, pero igualmente preocupante. La reciente escalada de violencia vinculada a facciones de Construcción Civil y los enfrentamientos registrados en la capital regional han encendido las alarmas sobre el crecimiento del crimen organizado en una ciudad que hasta hace pocos años no figuraba entre las principales zonas de conflicto por este tipo de delitos. La situación ha incrementado la presión sobre las autoridades regionales y el Ministerio del Interior para recuperar el control del orden público.

A ello se suma la investigación por la balacera ocurrida en el distrito de Paucarpata, donde una persona murió y varias resultaron heridas. Las primeras hipótesis policiales apuntan a un presunto ajuste de cuentas, un patrón delictivo que evidencia la mayor capacidad operativa de organizaciones criminales para resolver disputas mediante la violencia armada. El caso ha reavivado las críticas por la insuficiente capacidad preventiva de los organismos de seguridad y por la lenta respuesta frente al incremento de estos hechos.

En el plano político, la coincidencia entre la prolongación del Estado de Emergencia en el VRAEM y el aumento de episodios violentos en ciudades como Arequipa vuelve a colocar la seguridad ciudadana entre los principales desafíos del Gobierno. Diversos especialistas consideran que las medidas excepcionales, por sí solas, ya no bastan para contener el avance del crimen organizado y que el país requiere una política nacional que articule inteligencia, persecución patrimonial, fortalecimiento del sistema judicial, control territorial y prevención social del delito.

Con la inseguridad consolidándose como una de las mayores preocupaciones de la población, crecen también las exigencias para que el Ejecutivo presente resultados concretos más allá de las sucesivas prórrogas de emergencia. Para diversos sectores, el reto ya no consiste únicamente en ampliar medidas extraordinarias, sino en demostrar que el Estado puede recuperar el control de los territorios más vulnerables y garantizar la seguridad de la ciudadanía mediante políticas públicas sostenibles y de largo plazo.