Lima, 15 de agosto de 2026.- La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), descartó riesgo de tsunami para el litoral peruano tras el fuerte sismo de magnitud 7,7 registrado frente a la isla de Flores, en Indonesia. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis mantiene el monitoreo permanente del evento.

El terremoto ocurrió durante las primeras horas del sábado 15 de agosto y tuvo su epicentro a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una profundidad cercana a los 15 kilómetros.

El movimiento sísmico generó inicialmente una alerta de tsunami en sectores de Indonesia. Sin embargo, esta fue levantada aproximadamente tres horas después, luego de registrarse olas inferiores a un metro en algunas zonas del país asiático.

El terremoto sí provocó daños en Indonesia. Reportes posteriores informaron de personas fallecidas y heridas, además de derrumbes, deslizamientos, cortes de electricidad y evacuaciones preventivas. Unos 2.000 habitantes de Nagekeo fueron evacuados de sus viviendas ante el riesgo generado por las réplicas y las condiciones de las edificaciones.

Para el Perú, sin embargo, el escenario es distinto. Tras evaluar los parámetros del terremoto, la Dirección de Hidrografía y Navegación determinó que el evento no genera tsunami en el litoral peruano, por lo que no existe una alerta para las costas nacionales.

La vigilancia está a cargo del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, que tiene la misión de analizar y monitorear los grandes eventos sísmicos que puedan representar una amenaza para el litoral peruano. El sistema permanece operativo para evaluar cualquier variación que pudiera modificar el escenario inicialmente establecido.

La diferencia entre la magnitud de un terremoto y la posibilidad de que genere un tsunami es importante. No todo sismo fuerte produce este fenómeno: también influyen su ubicación, profundidad, mecanismo y el desplazamiento del fondo marino. Por ello, la evaluación técnica de los organismos especializados resulta determinante antes de emitir una alerta.

El terremoto ocurrido en Indonesia vuelve a recordar la importancia de mantener activos los sistemas de vigilancia y alerta temprana en un país como el Perú, ubicado en una zona de elevada actividad sísmica. La población debe atender únicamente los comunicados de las autoridades competentes y evitar difundir información no confirmada que pueda generar alarma innecesaria.

Hasta el momento, el sismo de magnitud 7,7 registrado en Indonesia no representa riesgo de tsunami para el litoral peruano. La Marina de Guerra mantiene el monitoreo a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación y comunicará cualquier modificación en la evaluación oficial.

Lima, 13 de agosto de 2026. El Gobierno de Keiko Fujimori acaba de crear, mediante la Resolución Suprema N.° 256-2026-PCM, la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, con vigencia durante 2026 y 2027. La norma la define como órgano de decisión política y coordinación estratégica para las intervenciones ante el peligro inminente y las etapas de preparación y respuesta. La comisión será presidida por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego e integrada por Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, INDECI y la Autoridad Nacional del Agua.

El problema es que el Perú no carece de instituciones ni de comisiones para enfrentar El Niño. Desde 1977 funciona el ENFEN, organismo científico y técnico permanente encargado de estudiar, monitorear y alertar sobre el fenómeno; además, el país cuenta con el SINAGERD, creado como un sistema interinstitucional, descentralizado, transversal y participativo, cuya conducción corresponde a la PCM. La propia Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 establece que la prevención y reducción del riesgo deben articular a los distintos sectores y niveles de gobierno.

La experiencia más reciente debería encender todas las alarmas. Después del Niño Costero de 2017, el Estado creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), acompañada de un enorme programa de inversiones. Sin embargo, seis años después, la Contraloría concluyó que el proceso había fracasado en aspectos fundamentales: de unos S/25 mil millones asignados, se habían gastado S/21 mil millones, pero seguían prácticamente pendientes soluciones integrales para las cuencas, defensas ribereñas, represas y reforestación. Más grave aún, de casi 6.000 servicios de control realizados, en 62 % de los casos las entidades no habían tomado acciones correctivas frente a riesgos advertidos.

Y el problema no fue solamente incapacidad de gestión. La Contraloría identificó 845 funcionarios de los tres niveles de gobierno con 1.982 responsabilidades, de las cuales 715 eran de carácter penal, 206 civiles y 1.061 administrativas. Investigaciones periodísticas también documentaron presuntas irregularidades en obras de prevención financiadas por la ARCC; en Piura, por ejemplo, se identificaron 131 funcionarios con presuntas responsabilidades penales, civiles o administrativas y un perjuicio económico estimado en más de S/25,8 millones. Es decir, la reconstrucción dejó una lección incómoda: crear estructuras extraordinarias y movilizar miles de millones no garantiza prevención, calidad ni transparencia.

El balance tampoco mejora cuando se revisa el desempeño más reciente. En julio de 2026, la Contraloría informó que 32 obras vinculadas a la Reconstrucción con Cambios ejecutadas bajo la modalidad Gobierno a Gobierno habían sufrido variaciones de 140,7 % en sus costos y de 332,6 % en sus plazos respecto de lo previsto inicialmente. El antecedente resulta especialmente relevante ahora que el Ejecutivo vuelve a organizar una instancia excepcional para enfrentar El Niño. La pregunta periodística es inevitable: ¿qué mecanismos nuevos de control, transparencia, seguimiento y rendición de cuentas tendrá esta comisión para impedir que la urgencia vuelva a convertirse en una puerta para sobrecostos, retrasos o responsabilidades que aparecen cuando el desastre ya pasó?

Hay además una alerta institucional que no debería pasar inadvertida. La nueva comisión depende de la Presidencia de la República, pero su conducción efectiva recae en el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, mientras que la PCM —ente rector del SINAGERD— no figura como integrante permanente, aunque el presidente del Consejo de Ministros refrenda la resolución. La comisión puede convocar a otros ministros, gobiernos subnacionales y privados, pero esa posibilidad no equivale a una articulación intergubernamental permanente. Esto resulta crítico porque la propia legislación del SINAGERD exige coordinación entre los tres niveles de gobierno, prevención, reducción del riesgo y participación de actores locales.

La creación de la comisión, por tanto, no es necesariamente una mala decisión; el riesgo está en repetir el modelo de reacción institucional que aparece cuando la amenaza ya está encima. El Gobierno afirma que existen unos 1.900 puntos críticos y que inicialmente priorizará 569, mientras ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y la propia resolución advierte una posible magnitud fuerte y sin descartar un escenario extraordinario hacia finales de 2026. El verdadero examen para Keiko Fujimori no será cuántas comisiones crea, sino si logra convertir información científica en prevención territorial, coordinar efectivamente con regiones y municipios, ejecutar obras técnicamente sólidas, proteger los recursos públicos y evitar que la historia de la Reconstrucción con Cambios vuelva a repetirse. El Perú no necesita otra comisión que llegue después del desastre: necesita un Estado que llegue antes.

Bogota, 11 de agosto de 2026.- Colombia enfrenta una grave emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El organismo confirmó que se trata del sismo de mayor magnitud registrado en el país durante el siglo XXI. El movimiento fue percibido en amplias zonas de Colombia y también en Panamá y Venezuela.

El número de víctimas ha aumentado conforme los equipos de emergencia ingresan a las zonas afectadas. El balance más reciente disponible este martes 11 de agosto eleva a al menos 224 las personas fallecidas, mientras los reportes periodísticos dan cuenta de cientos de heridos. Las cifras continúan sujetas a actualización debido a que las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en diferentes municipios.

La emergencia también dejó una importante destrucción material. El balance difundido durante la jornada reportó 1.575 viviendas afectadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados, además de daños en establecimientos educativos, centros de salud, vías de comunicación y terminales aeroportuarias. Las ciudades de Pereira, Cali y Manizales, junto con municipios de Chocó, aparecen entre los territorios con mayores afectaciones.

El terremoto fue sentido con fuerza en Cali, Pereira, Manizales, Bogotá, Medellín, Armenia, Popayán y Quibdó, entre otras ciudades. En distintas localidades se produjeron evacuaciones y daños en edificaciones. También se reportaron afectaciones en infraestructura aeroportuaria y en instalaciones públicas, mientras organismos de socorro y autoridades locales inspeccionan estructuras para determinar cuáles pueden continuar operativas y cuáles representan riesgo para la población.

La actividad sísmica continuó después del movimiento principal. El SGC informó inicialmente de 18 réplicas, registradas hasta el mediodía del lunes, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, localizadas principalmente en San José del Palmar y Sipí, en Chocó. Posteriormente se contabilizaron muchas más, por lo que el organismo advirtió que las réplicas pueden prolongarse durante días, semanas o incluso meses. El SGC también precisó que actualmente no existe un método científicamente comprobado que permita predecir cuándo ocurrirá un sismo o una réplica.

El Gobierno colombiano activó los mecanismos nacionales de respuesta y desplegó equipos de búsqueda y rescate hacia los sectores afectados. Las autoridades concentran sus esfuerzos en localizar personas atrapadas, atender a los heridos, evaluar edificaciones, garantizar la atención hospitalaria y restablecer servicios e infraestructura afectados. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad encargada de consolidar los reportes oficiales de daños y coordinar la respuesta frente a la emergencia, mientras el SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica.

El SGC explicó que el terremoto se produjo en una región donde la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana, proceso conocido como subducción y responsable de buena parte de la actividad sísmica del occidente colombiano. Aunque el movimiento tuvo una profundidad de 103 kilómetros, su elevada magnitud permitió que fuera percibido en un territorio muy amplio. El organismo pidió a la población mantener la calma, alejarse de edificaciones dañadas y seguir exclusivamente las informaciones de las autoridades competentes.

La emergencia permanece abierta y el balance de víctimas y daños puede seguir modificándose. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros mientras las autoridades avanzan en la evaluación de viviendas, hospitales, colegios, carreteras y demás infraestructura afectada. El terremoto vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de las ciudades y comunidades colombianas frente a eventos sísmicos de gran magnitud y la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención, respuesta y recuperación ante desastres.