Arequipa, 21 de octubre de 2025.- El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha dado luz verde a la explotación del controvertido proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Copper Corporation, mediante la Resolución Directoral N.° 0692-2025-MINEM/DGM emitida el 13 de octubre. Esta autorización permite el inicio de actividades extractivas en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, con una inversión estimada en US$ 1.800 millones y una producción anual de 120 mil toneladas de cobre. Sin embargo, la decisión ha encendido las alarmas entre los agricultores del Valle del Tambo, quienes ven en esta aprobación una amenaza inminente para su principal sustento: la agricultura. Tras más de 15 años de protestas y paralizaciones, la noticia ha reavivado el fantasma de conflictos sociales que costaron vidas en 2019, centrados en el temor a la contaminación de los recursos hídricos esenciales para el cultivo de arroz, caña de azúcar y páprika.

El Valle del Tambo, conocido como la «huerta de Arequipa», depende casi en su totalidad del río Tambo y sus acuíferos aluviales, que aportan hasta el 100% del caudal durante la época de estiaje. Los agricultores denuncian que la proximidad del proyecto —a solo 800 metros de la cuenca del río— podría generar una sobreexplotación y contaminación del agua, agravando problemas ya existentes por operaciones mineras cercanas como Quellaveco y Aruntani. Estudios independientes y demandas de amparo presentadas en marzo de 2025 destacan riesgos como el aumento de sólidos suspendidos, cloruros, arsénico y plomo en el agua, lo que limitaría la productividad agrícola y pondría en jaque la seguridad alimentaria de miles de familias. «Nuestra tierra es fértil gracias al agua limpia; si la mina la envenena, perdemos todo», advierte Miguel Meza, vocero de los productores locales, quien cuestiona la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en 2014 y caducado desde 2019.

Ante esta autorización, las comunidades agrícolas han convocado asambleas urgentes para definir una «medida de lucha» indefinida, incluyendo paros que podrían interrumpir la cosecha de papa y otros productos clave. Voceros como Roger Chirapo exigen una consulta previa real y la revocación de la resolución, argumentando que el proyecto carece de licencia social y viola el derecho a un ambiente sano. Mientras el MINEM insiste en que no hay conexión hidrogeológica entre las minas y el acuífero del valle, las organizaciones ambientales llaman a una fiscalización estricta por parte de OEFA y Senace. El Valle del Tambo, con su producción que abastece mercados regionales y nacionales, se prepara para una batalla que podría definir no solo su economía, sino el modelo de desarrollo sostenible en el sur del país.

Lima, 21 de octubre de 2025 – En un breve pero impactante mensaje a la Nación, el presidente José Jerí anunció esta noche la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, efectiva desde la medianoche de hoy. La medida, formalizada mediante el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM y aprobada en una maratónica sesión del Consejo de Ministros, busca confrontar de manera frontal la escalada de violencia e inseguridad que azota a la capital y el principal puerto del país. «Pasamos de la defensiva a la ofensiva contra el crimen, para recuperar la paz y la confianza de millones de peruanos», enfatizó Jerí en su alocución de apenas 46 segundos desde el Palacio de Gobierno.

La emergencia, que regirá por 30 días, asigna a la Policía Nacional del Perú (PNP) el control absoluto del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas. Según el decreto publicado en El Peruano, se priorizarán intervenciones en zonas críticas basadas en inteligencia policial, mapas del delito y estadísticas de criminalidad, limitando temporalmente derechos constitucionales como la libertad de tránsito, reunión, inviolabilidad del domicilio y seguridad personal. Aunque no se detallaron controles específicos como un posible toque de queda –medida que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, no descartó–, el Ejecutivo convocará sesiones permanentes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y comités locales para monitorear el impacto. Esta iniciativa surge en medio de protestas recientes contra el Gobierno y el Congreso, donde el fallecimiento del joven Eduardo Ruiz a manos de un efectivo policial en la Plaza Francia ha avivado el clamor por mayor seguridad.

La ciudadanía limeña recibe con cautela esta nueva ofensiva gubernamental, recordando ediciones previas de estados de emergencia que, bajo gestiones pasadas, generaron críticas por su escaso efecto duradero. Expertos en seguridad consultados por Pulso27 advierten que el éxito dependerá de la implementación efectiva de recursos y la coordinación interinstitucional, más allá de las restricciones. Mientras tanto, el presidente Jerí, quien asumió el cargo interino el pasado 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, busca con esta medida consolidar su agenda de estabilización en un Perú polarizado. Actualizaciones sobre autorizaciones para actividades esenciales y zonas de alto riesgo se esperan en las próximas horas desde el Ministerio del Interior.

Lima, 13 de octubre de 2025.– En un contexto de crisis política y creciente malestar ciudadano hacia el Gobierno, un grupo de gobernadores regionales, varios de ellos investigados por corrupción y ligados a partidos de derecha, emitió un pronunciamiento en apoyo al presidente José Enrique Jeri Oré. En el documento, los firmantes respaldan la convocatoria a un “Pacto por la gobernabilidad democrática y la paz social”, abogando por la unidad entre fuerzas políticas y sociales, pese a las serias críticas que enfrentan por su propia gestión.

El comunicado, publicado este lunes, busca transmitir una imagen de diálogo y estabilidad; sin embargo, diversos analistas lo interpretan como un intento de blindaje político entre las autoridades regionales y el Ejecutivo. Entre los firmantes destacan los gobernadores de Lambayeque, Ayacucho, Callao, Pasco y Amazonas, muchos de los cuales están involucrados en procesos judiciales por delitos como corrupción, colusión y malversación de fondos. Según expertos, este respaldo tendría como objetivo garantizar impunidad frente a posibles investigaciones y preservar cuotas de poder en un escenario de reconfiguración política.

El pronunciamiento apela a la “unidad nacional” y al “fortalecimiento del Estado descentralizado”, pero elude cualquier autocrítica sobre los casos de corrupción y la deficiente gestión presupuestal en las regiones. En un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones, el documento ha generado rechazo entre sectores populares y organizaciones sociales, que lo consideran un pacto entre élites regionales para sostener un gobierno debilitado y proteger sus propios intereses políticos y económicos.