Chao, Virú (La Libertad), febrero 2026.- Trabajadores de Hass Perú S.A., empresa agroexportadora de palta Hass y arándanos en el valle de Chao, denuncian prácticas antisindicales sistemáticas tras la constitución legal de su sindicato. El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Hass Perú S.A. (SINTRAHASSP) fue inscrito oficialmente en diciembre de 2025 mediante la Resolución Subgerencial N° 000204-2025 del Gobierno Regional de La Libertad, cumpliendo todos los requisitos legales y gozando de protección constitucional.

A pesar de ello, los afiliados acusan a la empresa de intentos de desestabilización sindical, incluyendo no respeto a la libre afiliación, falta de reconocimiento pleno al sindicato y represalias directas. La Federación de Trabajadores del Sector Agroindustrial de La Libertad (FETSA RLL) señala despidos selectivos de dirigentes y afiliados, considerados nulos por discriminación antisindical según la normativa vigente y convenios de la OIT.

Entre las irregularidades laborales más graves denunciadas destacan condiciones precarias: jornadas intensas en lodo y bajo sol sin equipo de protección personal adecuado (guantes, botas o herramientas), lo que ha provocado accidentes, incluyendo pérdida de dedos en un caso reportado. Además, se reportan abandonos nocturnos en zonas rurales tras la jornada (esperas de más de una hora en oscuridad), presiones excesivas por productividad y exigencias de horas extras fuera de lo legal, con «premios» que buscan normalizar la explotación.

Los sueldos base permanecen estancados pese al crecimiento exportador de la empresa (aumento del 68% entre 2019 y 2024), sin reconocimiento proporcional de labores adicionales ni beneficios acordes. En enero de 2026, los trabajadores realizaron una huelga y paralización de labores para exigir diálogo y mejoras, lo que llevó a la Intendencia Regional de La Libertad de SUNAFIL a emitir una orden de inspección inmediata para verificar los hechos.

El conflicto pone en evidencia la asimetría en el sector agroexportador de La Libertad: boom de divisas versus precariedad laboral persistente. FETSA RLL y SINTRAHASSP llaman a fortalecer la sindicalización y exigen al Estado mayor diligencia en fiscalización. La empresa no ha emitido pronunciamiento público respondiendo a las acusaciones hasta el momento, en claro desafío a las demandas laborales, donde el Estado aparentemente también no puede hacer nada.

El pleno del Parlamento Europeo votó el 21 de enero de 2026 remitir el pacto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para evaluar su compatibilidad con los tratados europeos, especialmente en estándares ambientales, sanitarios y de protección agraria. La votación fue ajustadísima: 334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

Firmado apenas días antes (el 17 de enero en Paraguay tras más de 25 años de negociaciones), el acuerdo abre la puerta a mayores importaciones de carne, azúcar, soja y pollo de Mercosur, producidos con normas más laxas que las europeas, lo que genera temores de competencia desleal y perjuicio al campo local.
Miles de agricultores protestaron masivamente frente al Parlamento en Estrasburgo el día previo, con tractores bloqueando accesos y concentraciones de más de 5.000 personas. Al conocerse el resultado, estallaron celebraciones: bocinazos, abrazos, banderas ondeando y gritos de «¡La lucha no fue en vano!» en vídeos virales que recorren las redes.
Organizaciones como Copa-Cogeca, FNSEA y COAG calificaron el voto como una «victoria histórica» lograda por la movilización sostenida. Aunque la Comisión Europea lamentó la decisión y podría intentar una aplicación provisional, el Parlamento y varios países se oponen. La revisión del TJUE podría durar 18-24 meses, dando un respiro clave al sector. ¡El campo europeo festeja hoy una conquista ganada con esfuerzo!

La Libertad, 12 de enero 2026.- Trabajadores de Hass Perú, empresa agroexportadora dedicada al cultivo de palta y arándanos en el departamento de La Libertad, han hecho pública una denuncia grave contra la compañía por presuntas prácticas antisindicales. El Sindicato de Trabajadores de Hass Perú (SINTRAHASSP), oficialmente registrado en diciembre de 2025 mediante la Resolución Subgerencial N° 000204-2025 del Gobierno Regional de La Libertad, acusa a la empresa de responder a su constitución con despidos de dirigentes y afiliados, hostigamiento laboral y deficiencias en medidas de seguridad que habrían provocado accidentes graves, incluyendo uno donde un trabajador perdió tres dedos de la mano.

Entre las exigencias del sindicato destacan la reposición inmediata de los despedidos —considerados nulos por constituir discriminación antisindical según la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y convenios de la OIT ratificados por Perú—, mejoras en el transporte al finalizar la jornada (con demoras excesivas en la movilidad), cese de presiones excesivas por parte de supervisores en la cosecha de arándano (con tolerancias mínimas de defectos que derivan en suspensiones), incremento de bonos en poda y cosecha, reducción de tareas excesivas y respeto pleno a la normativa de negociación colectiva.

La denuncia, que circula en redes sociales desde inicios de enero de 2026 y ha sido respaldada por economistas laborales como Fernando Cuadros Luque y Eduardo Zegarra, vincula estos hechos a un contexto más amplio de precarización en el sector agroexportador. Críticos señalan que la reciente Ley N° 32434 (conocida como Ley Chlimper 2.0, promulgada en 2025) reduce impuestos y aportes a EsSalud para las grandes empresas, lo que debilitaría la fiscalización laboral y facilitaría prácticas de este tipo en un rubro que concentra altos niveles de contratos temporales.

Ante las acusaciones, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó el 13 de enero de 2026 que su Intendencia Regional de La Libertad emitió una orden de inspección en la empresa, ubicada en Chao (Virú), para verificar las demandas laborales y presuntas irregularidades, incluyendo paralizaciones de actividades reportadas. La entidad ha enfatizado su rol en sancionar infracciones muy graves como actos contra la libertad sindical.

Este caso refleja tensiones persistentes en el sector agroindustrial peruano, donde el reconocimiento de sindicatos choca frecuentemente con estrategias empresariales de contención de costos. Mientras los trabajadores exigen respeto a derechos constitucionales y laborales, las autoridades competentes deberán determinar si se configuran violaciones que ameriten sanciones, reposiciones o medidas correctivas, en un escenario de creciente visibilidad de denuncias similares en la costa norte.