Miles de comuneros, reunidos en asambleas y reuniones provinciales y regionales a lo largo del Perú, han decidido pasar a la ofensiva contra la Ley 32293, aprobada por el Congreso en abril pasado de este año. Sostienen que la norma vulnera sus derechos históricos sobre la tierra comunal y pone en riesgo a más de 6 600 comunidades legalmente reconocidas.

Atendiendo el pedido de sus dirigentes, la congresista Margot Palacios —de origen campesino y representante del departamento sureño de Ayacucho— presentó el 6 de junio el Proyecto de Ley 11394, que plantea la derogatoria total de la controvertida disposición.

El reclamo no surgió de forma espontánea, sino que fue construido desde las bases. En Cusco, Puno, Piura, Junín, Áncash, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y otros departamentos, las comunidades convocaron asambleas para analizar el impacto de la ley. Según se supo, en el encuentro campesinos de Sicuani (Cusco), los líderes Wilberth Mescco Masa, Walter Torres y Antonio Maquera fueron comisionados para entregar un pronunciamiento al Congreso. El documento es contundente: “Esta ley es una amenaza directa a nuestra forma de vida comunal; exigimos su derogatoria inmediata”.

La Ley 32293 amplía hasta 2015 el plazo para formalizar ocupaciones individuales dentro de predios comunales, eliminando el límite que había vencido en 2003. Según las comunidades, esta ampliación abre la puerta al fraccionamiento de la propiedad colectiva, fomenta el tráfico de terrenos y contradice el principio de imprescriptibilidad establecido en el artículo 89 de la Constitución.

“La tierra comunal no se vende ni se formaliza; se defiende colectivamente”, advirtió José Carlos Gutiérrez, dirigente aimara de Puno. En Junín, el alcalde de Huay Huay, Ángel Aylas Jara, alertó que la ley “incentiva conflictos sociales y beneficia a invasores con fines comerciales”. En varias provincias se preparan encuentros comunales para coordinar un paro agrario si el Congreso no deroga la norma antes del Día del Campesino, el 24 de junio.
El Proyecto de Ley 11394 no nació en el Congreso, sino en las propias bases comunales. Elaborado con el apoyo de asesores legales de las comunidades, propone anular la Ley 32293, suspender cualquier proceso de formalización individual sobre tierras comunales y garantizar que toda decisión futura sobre esos territorios sea aprobada en asamblea y sometida a consulta obligatoria.

Universidades, centros de investigación y entidades como las ONGs CEPES, Red Muqui y Aidesep han brindado respaldo técnico a la posición de las comunidades. Sin embargo, la vocería legítima recae en los propios comuneros y sus federaciones agrarias, entre ellas la FARTAC, Consejo de Autoridades Originarias de la Región de Puno, y la Federación Departamental de Campesinos de Cusco, Apurímac, Puno y Huancavelic, que ya coordinan acciones de protesta en el mes de la Pachamama.

“El Congreso no puede legislar contra el pueblo que vive y trabaja la tierra desde hace generaciones. Esta ley no puede seguir vigente”, sentenció Walter Torres en representación de las comunidades del sur. Si el Parlamento no da trámite urgente a la derogatoria, las organizaciones anuncian un ciclo de movilizaciones que partirá desde cada territorio rural.

Cusco, 6 de junio de 2025 – Más de 6,000 comunidades campesinas del Perú, representando a unos 2 millones de campesinos, han iniciado una movilización nacional para exigir la derogatoria de la Ley 32293, promulgada el 8 de abril de 2025, que permite la formalización de posesiones informales sobre tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015. Organizaciones como la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru II del Cusco (FARTAC) denuncian que esta norma vulnera los derechos territoriales de las comunidades, facilitando el despojo de sus tierras en favor de traficantes de terrenos y grandes empresas.

La Ley 32293, que modifica la Ley 24657, ha generado indignación por contradecir el artículo 89 de la Constitución, que protege la imprescriptibilidad de las tierras comunales, y por omitir la consulta previa exigida por el Convenio 169 de la OIT. Según AIDESEP y expertos de CEPES e IDL, la norma legaliza ocupaciones informales, exponiendo a las comunidades a la pérdida de sus territorios ancestrales y a nuevos conflictos sociales. “Esta ley es un ataque directo a nuestra identidad y sustento”, afirmó un líder de la FARTAC.

En respuesta, las comunidades campesinas, lideradas por organizaciones como la FARTAC, han tomado la iniciativa de impulsar la derogatoria de la Ley 32293. La congresista Margot Palacios apoya esta lucha con el Proyecto de Ley 11394, presentado para anular la norma y restaurar la soberanía de las comunidades sobre sus tierras. “Las comunidades son las protagonistas de esta lucha; nuestro proyecto es una herramienta para respaldar su justa demanda”, declaró Palacios.

Las organizaciones campesinas han anunciado marchas, asambleas y acciones legales a nivel nacional para presionar al Congreso por la aprobación del Proyecto de Ley 11394. El 5 de junio, un conversatorio virtual en Cusco, titulado “Derogatoria de todas las leyes Boluarte que perjudican al pueblo”, reunió a líderes campesinos para denunciar la inconstitucionalidad de la Ley 32293 y planificar estrategias de resistencia. “No permitiremos que nos arrebaten nuestras tierras”, enfatizó un representante de la FARTAC.

El impacto de la Ley 32293 va más allá de lo territorial, amenazando la identidad cultural y los medios de vida de las comunidades. La norma podría facilitar proyectos extractivos y especulación inmobiliaria, mientras criminaliza a líderes comunales que defienden sus territorios. AIDESEP ha propuesto demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, señalando la falta de consulta previa como una violación de los derechos fundamentales.

El Proyecto de Ley 11394, disponible en www.congreso.gob.pe y en https://goo.su/cZEYozJ, espera ser debatido en comisiones como la Agraria y la de Pueblos Andinos. Su aprobación depende del apoyo político y de la presión de las comunidades, que están decididas a proteger su patrimonio. Las organizaciones campesinas llaman a la ciudadanía a unirse a su causa, difundiendo información y participando en las movilizaciones.

La lucha por la derogatoria de la Ley 32293 es un clamor por justicia y dignidad. Con las comunidades campesinas al frente y el respaldo de aliados como la congresista Palacios, esta movilización busca revertir siglos de despojo y garantizar que las tierras comunales sigan siendo el corazón de la vida campesina en el Perú.

A menos de dos semanas para el cierre de la actual legislatura, el Congreso de la República evalúa aprobar el dictamen de la polémica «Ley Chlimper 2.0», una propuesta que busca reducir sustancialmente la carga tributaria de las grandes empresas agroexportadoras. La iniciativa ha sido duramente criticada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y diversos especialistas, quienes advierten que la norma no solo desfinanciaría al Estado, sino que también representa una amenaza directa a la soberanía alimentaria del país.

Beneficios para unos pocos, costo para todos

Impulsada por Fuerza Popular y respaldada por bancadas afines al modelo agroexportador, la ley propone mantener hasta 2035 una tasa reducida del Impuesto a la Renta del 15% para las empresas del sector, congelar los aportes patronales a EsSalud en 6% y extender beneficios como la devolución anticipada del IGV, la depreciación acelerada y la exoneración del ITAN. Además, introduce un crédito tributario por reinversión del 20%, aplicable hasta el 70% de las utilidades anuales.

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la aprobación del proyecto representaría un costo fiscal de S/1.850 millones anuales y hasta S/20.000 millones en una década. Estos recursos dejarían de invertirse en sectores clave como salud, educación o infraestructura rural.

Soberanía alimentaria en riesgo

Para gremios agrarios como Conveagro, la medida profundiza el desequilibrio entre el agro exportador y la agricultura familiar, que produce más del 80% de los alimentos que consume el país. “La ley es un golpe mortal a la soberanía alimentaria. Se privilegia a grandes corporaciones que exportan espárragos, arándanos o paltas, pero se deja en el abandono a los pequeños productores que abastecen los mercados locales”, señalaron.

Además, advierten que el modelo agroexportador prioriza cultivos intensivos en agua en regiones afectadas por el estrés hídrico, como Ica y La Libertad, y se desarrolla en detrimento de ecosistemas frágiles, afectando a comunidades campesinas y a los recursos naturales.

Desprotección laboral y favorecimiento empresarial

La CGTP denunció que el dictamen busca reinstaurar privilegios tributarios para conglomerados empresariales como Camposol, Danper o Cerro Prieto, que concentran más del 90% de los ingresos del sector. En paralelo, el 94% de los trabajadores agrarios mantienen contratos temporales, lo que impide la continuidad de aportes a salud y pensiones, y debilita la libertad sindical, actualmente en un mínimo histórico del 2%.

“El Congreso pretende beneficiar a quienes más tienen, sin exigirles compromisos laborales, ambientales ni sociales. Se trata de un régimen hecho a la medida del gran capital agroexportador”, indicó el gremio sindical en un pronunciamiento.

¿Reforma agraria o retroceso fiscal?

El dictamen ha sido presentado como parte de una “nueva reforma agraria” por sus impulsores en el Legislativo. Sin embargo, expertos como Eduardo Zegarra y Fernando Cuadros han cuestionado esta narrativa. “No hay reforma agraria cuando se premia al gran agro sin tocar los problemas estructurales de la pequeña agricultura. Esta es, en realidad, una contrarreforma tributaria”, sentenció Cuadros.

Aunque su debate en el Pleno fue postergado, la Comisión Permanente —que retiene facultades legislativas— mantiene la norma en agenda, alimentando las sospechas de una aprobación apresurada antes del receso parlamentario.