La plancha presidencial de Juntos por el Perú, liderada por el candidato Roberto Sánchez Palomino, se presentó el 12 de febrero de 2026 en un multitudinario mitin en la Plaza de Armas de Chota, Cajamarca, que reunió a miles de militantes y simpatizantes pese a la lluvia persistente. El evento, parte de la «Ruta Castillista», evidenció una masiva participación popular: ronderos, agricultores, familias y bases castillistas llenaron la plaza con consignas de «Castillo libertad» “Roberto presidente” y banderas partidarias, demostrando un fuerte respaldo orgánico desde las regiones del interior y convirtiendo el acto en un símbolo de movilización y unidad.

Roberto Sánchez, como orador principal, resaltó la libertad inmediata de Pedro Castillo como prioridad absoluta, presentándolo como preso político y «presidente del pueblo». Propuso un nuevo pacto democrático que conduzca a una Constitución plurinacional, paritaria y descentralizada, para superar el centralismo y garantizar soberanía nacional. En lo económico, abogó por un desarrollo productivo territorial con economía mixta, empresas públicas estratégicas, protección de recursos naturales y mayor tributación a la minería, priorizando la economía popular y el empleo digno.

En el ámbito social, Sánchez enfatizó la salud y educación como derechos universales innegociables, eliminando su mercantilización y destinando recursos sustanciales para cerrar brechas regionales. Criticó duramente al «poder corrupto» y prometió una lucha frontal contra la corrupción, fortaleciendo un Estado al servicio de las mayorías postergadas y recuperando el legado del gobierno interrumpido en 2022.

José Mercedes Castillo Terrones, hermano mayor de Pedro Castillo y cabeza de lista al Senado, reforzó el compromiso familiar y castillista, defendiendo la liberación de su hermano y la preservación del «gobierno del pueblo» mediante la unidad de ronderos, agricultores y movimientos sociales para reconquistar el poder popular desde las bases.

Margot Palacios, candidata al Senado Nacional y congresista que votó en contra de la vacancia de Pedro Castillo manteniéndose en la línea principista contra el régimen golpista de Dina Boluarte y su sucesor, intervino con fuerza en el mitin. En su discurso, manifestó textualmente: «Un saludo fraterno y combativo con cada uno de ustedes. Aquí estamos los hijos del pueblo que en el Congreso votamos en contra de la vacancia de Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022. Estamos aquí principalmente para luchar por la libertad del presidente Castillo. Asimismo, para escribir una nueva Constitución Política del Estado peruano, con aroma y sabor a nosotros, al pueblo, a las grandes mayorías. Estoy segura que este 12 de abril recuperaremos el gobierno para el pueblo«. Su intervención resaltó la construcción de un proyecto político radicalmente diferente desde el Perú profundo, resistiendo y promoviendo cambios profundos a favor de las grandes mayorías del país.

Jaime Quito, también congresista que se opuso a la vacancia y fiel a la línea principista, insistió en la necesidad de una nueva Constitución que devuelva los recursos naturales al pueblo y garantice la libertad de Castillo, convocando a un frente amplio contra el modelo neoliberal y enfatizando la esperanza en un Perú justo construido colectivamente.

Jennifer Paredes Navarro, hija de Pedro Castillo y candidata a diputada por Cajamarca, cerró filas con la plancha al expresar su compromiso personal: «Lucharé por ustedes como lo hizo mi padre». Su presencia simbolizó la continuidad familiar del proyecto castillista, enfocada en defender a los sectores rurales y populares de Cajamarca, cuna de las rondas campesinas, y en impulsar cambios directos para las familias del interior. El mitin, con su masiva concurrencia, consolidó a Juntos por el Perú como una fuerza en ascenso rumbo a las elecciones del 12 de abril de 2026.

La requisa efectuada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal de Barbadillo los días 8 y 9 de febrero de 2026, que expuso la existencia de electrodomésticos y equipos electrónicos de uso personal en las celdas de ex presidentes Pedro Castillo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Alejandro Toledo, ha sido difundida de forma inmediata y con amplio despliegue mediático. Si bien el INPE presentó el operativo como una acción rutinaria para hacer cumplir el reglamento penitenciario —que restringe estrictamente el ingreso de bienes individuales no autorizados—, su coincidencia temporal con los escándalos que afectan al presidente interino José Jerí genera interrogantes sobre la neutralidad de la institución y el posible uso político de la información.

Desde el punto de vista constitucional, el Ejecutivo administra el sistema penitenciario a través del Ministerio de Justicia, pero debe actuar con estricta sujeción a la ley y sin incurrir en interferencias que vulneren la separación de poderes (artículo 43 de la Constitución). La exposición selectiva de imágenes y detalles de las celdas —incluyendo refrigeradoras, microondas, televisores y bicicletas estáticas— podría contravenir el derecho a la intimidad de los internos (artículo 2, inciso 7) y el principio de reserva en ciertas actuaciones administrativas, al tiempo que genera un juicio público sin proceso formal. Esta práctica, si responde a instrucciones con motivación política, compromete la imparcialidad que debe regir toda función pública.

Jurídicamente, el reglamento del INPE prohíbe expresamente el uso individual de aparatos electrónicos salvo autorización expresa del Consejo Técnico Penitenciario, pero la requisa no ha derivado —hasta el momento— en sanciones inmediatas ni en procedimientos disciplinarios transparentes contra quienes permitieron previamente dichos bienes. En su lugar, la difusión masiva de los hallazgos ha creado un escenario de prejuzgamiento que afecta la presunción de inocencia y el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 2, inciso 2). Si se demuestra que el operativo o su amplificación mediática obedecen a fines distintos al control penitenciario, podría configurarse una infracción al artículo 146 de la Constitución, que exige independencia y exclusividad en el ejercicio de funciones públicas.

En un contexto de profunda crisis institucional —marcado por la sucesión presidencial acelerada, la persistencia de la violencia y el sicariato en Lima y otras ciudades, y la baja aprobación del Ejecutivo—, el empleo de temas penitenciarios como elemento de distracción representa un retroceso en el Estado de derecho. La Constitución obliga al Estado a promover el bienestar general fundado en la justicia (artículo 44), no en maniobras que profundicen la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional han sostenido en reiterada jurisprudencia que cualquier intromisión en competencias ajenas altera el equilibrio de poderes; por ello, resulta indispensable una investigación independiente sobre el origen, la ejecución y la difusión de esta requisa.

La situación actual evidencia la fragilidad del orden constitucional en Perú, donde la polarización y la inestabilidad facilitan el uso instrumental de dependencias estatales para fines coyunturales. Restablecer la credibilidad institucional exige que el Ejecutivo se someta rigurosamente a la norma, evite instrumentalizar entidades como el INPE y permita que los órganos de control —Fiscalía, Contraloría y Congreso— actúen sin presiones externas. De persistir estas prácticas, se perpetuará un ciclo de descrédito que socava los fundamentos mismos de la democracia representativa y el Estado de derecho.

Lima, 9 de febrero de 2026.- El comediante y candidato presidencial por el partido País para Todos, Carlos Álvarez, ratificó su permanencia en la contienda electoral rumbo a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, tras resolver una crisis interna generada por denuncias de presunto mal uso de fondos públicos destinados a la franja electoral.

La controversia se originó a inicios de febrero, cuando se cuestionó la asignación de aproximadamente S/642.000 a S/700.000 del presupuesto de propaganda oficial exclusivamente al canal Nativa Televisión. Álvarez se deslindó de las decisiones administrativas, exigió transparencia, sanciones a los responsables y amenazó con renunciar si no se aclaraban los hechos. El partido respondió admitiendo «errores políticos» e «inexperiencia», separó a los funcionarios implicados (incluyendo al personero legal y representantes ante la ONPE) y desistió completamente del uso de la franja electoral, renunciando así al financiamiento público para evitar mayores cuestionamientos.

Tras evaluar el cumplimiento de sus exigencias y confirmar la ausencia de actos de corrupción directa, Álvarez anunció su decisión de continuar el 6 y 7 de febrero mediante pronunciamientos en redes sociales y entrevistas en medios como Latina Noticias y RPP. El candidato enfatizó su rechazo al uso de recursos estatales en campañas y su compromiso con una «política diferente», mientras el partido lo respaldó como figura principal, destacando que no participó en las gestiones controvertidas. La Fiscalía inició investigaciones preliminares sobre el manejo de la franja en varios partidos, incluido País para Todos.

Paralelamente, persisten señalamientos sobre su trayectoria durante el régimen fujimorista. Entre 1999 y 2000, Álvarez laboró en Canal 7 (controlado por el gobierno de Alberto Fujimori) y enfrentó un proceso por presunto peculado vinculado a pagos irregulares del entorno de Vladimiro Montesinos. Aunque fue condenado en primera instancia, la Corte Suprema lo absolvió de todos los cargos el 5 de diciembre de 2007, ordenando la anulación de antecedentes. En enero de 2026, un informe del Jurado Electoral Especial alertó posible omisión de esa sentencia en su hoja de vida ante el JNE, pero Álvarez argumentó que solo deben declararse condenas firmes y vigentes, por lo que su postulación sigue inscrita sin resolución de exclusión.

En el escenario electoral actual, Álvarez se posiciona como un contendiente outsider. Según la encuesta Datum Internacional para El Comercio (trabajo de campo del 30 de enero al 3 de febrero de 2026, margen de error ±2.8%), registra 5.8% de intención de voto, ocupando el tercer lugar detrás de Rafael López Aliaga (11.9%) y Keiko Fujimori (9.2%). El sondeo destaca la alta fragmentación: más del 42% de electores votaría en blanco, viciado, nulo o aún no decide, y 24 de los 36 candidatos no superan el 1%. La reciente visibilidad mediática por la polémica no ha impactado negativamente en sus preferencias hasta el momento, aunque analistas advierten que nuevos desarrollos podrían afectar su percepción de estabilidad en las próximas semanas.