Piura, 13 de enero 2026.- Talara se erigió este 13 de enero como el punto de partida de una ola de protestas contra el Decreto de Urgencia N° 010-2025, promulgado el 31 de diciembre por el gobierno interino de José Jerí. La norma permite la reorganización patrimonial de Petroperú, dividiendo sus activos en bloques independientes y facilitando su transferencia a operadores privados mediante ProInversión, con la Nueva Refinería de Talara —una de las infraestructuras más modernas de América Latina y con vida útil proyectada de 70 años— como activo estrella en la mira.

La congresista Margot Palacios Huamán (Juntos por el Perú, candidata al Senado con el número 8) encabeza la convocatoria nacional, calificando la medida como una «privatización encubierta» y una amenaza a la soberanía energética. Su experiencia al frente de la comisión que investigó el derrame de Repsol en 2022 -donde se determinó responsabilidad de la transnacional y se impulsaron normas pendientes de resarcimiento y descontaminación- refuerza su argumento: entregar activos estratégicos a privados podría replicar vulnerabilidades ambientales y sociales vistas en el litoral del mar peruano.

El decreto responde a supuesta crisis financiera de Petroperú, que el Ejecutivo presenta como indispensable para evitar el colapso y asegurar el abastecimiento en zonas remotas. No obstante, sindicatos como la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú y el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros lo tildan de «descuartizamiento» de la empresa, anunciando plantones desde el 14 de enero en Lima y regiones, más un paro nacional de 72 horas a partir del 19, acciones que se desencadenan luego del anuncio de movilización de la parlamentaria Palacios en año nuevo.

En el Congreso ya circulan al menos cuatro proyectos de ley para derogar el decreto, impulsados por bancadas progresistas y de izquierda, incluido uno presentado por Palacios. A meses de las elecciones generales de abril 2026, la resistencia en Talara refleja un conflicto más amplio sobre el rol del Estado en sectores estratégicos, el control de precios de combustibles y la soberanía nacional, cuyo desenlace dependerá de la intensidad de la presión social y la respuesta política en las próximas semanas.

La revelación de una reunión no oficial, fuera de agenda y realizada bajo condiciones de evidente secretismo ha vuelto a colocar en el centro del debate público el comportamiento de un funcionario de primer nivel del Estado. José Jerí Oré, en ejercicio del más alto cargo de manera interina, sostuvo un encuentro privado que no fue informado por canales institucionales y que solo salió a la luz gracias a una investigación periodística, no por un acto de transparencia gubernamental.

El encuentro se produjo de noche, fuera de Palacio de Gobierno, con un empresario chino, y sin registro en la agenda oficial. Las imágenes difundidas muestran a Jerí ingresando encapuchado, sin comitiva visible y utilizando un vehículo oficial, pese a que posteriormente se calificó la cita como “no oficial”. La forma en que se desarrolló la reunión -lugar privado, ausencia de registros y medidas para evitar ser reconocido- refuerza la percepción de un proceder deliberadamente opaco.

Tras la difusión del caso, la versión oficial señaló que la reunión estuvo vinculada a coordinaciones por el Día de la Amistad Perú-China. Sin embargo, la explicación deja más preguntas que respuestas. Si se trataba de una actividad institucional, ¿por qué no se canalizó a través de la Cancillería?, ¿por qué no se realizó en un espacio oficial?, ¿por qué no quedó constancia documental?, ¿y por qué el interlocutor fue un empresario y no un representante diplomático formal?

El problema central no es solo con quién se reunió el funcionario, sino cómo ejerció el poder. En democracia, la transparencia no es opcional ni depende del carácter interino del cargo. La ausencia de registros y la informalidad en el manejo de una reunión de este nivel configuran un patrón de secretismo incompatible con la función pública, más aún cuando se emplean recursos del Estado.

Este episodio también expone una evidente asimetría política. Prácticas similares durante el gobierno de Pedro Castillo desencadenaron pedidos de vacancia, investigaciones y una condena política casi inmediata. Hoy, hechos comparables parecen relativizarse. La institucionalidad, sin embargo, no admite excepciones: el poder debe explicarse siempre, y cuando no lo hace, es legítimo que el periodismo y la ciudadanía exijan respuestas.

Lima, 11 de enero de 2026 – En medio de la creciente presión mediática y política, el candidato presidencial por Ahora Nación, Alfonso López Chau, confirmó públicamente que en juventud militó en el Partido Aprista Peruano (APRA) y que fue privado de libertad durante el gobierno nacionalista de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) por oponerse al régimen revolucionario.

El destape se produjo tras las declaraciones del excongresista Edgar Villanueva, quien fue apartado de la lista senatorial del partido y reveló en RPP que López Chau cumplió prisión por varios meses en penales como Lurigancho. Villanueva cuestionó la omisión de este antecedente en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que desató un intenso debate sobre transparencia en la campaña rumbo a las Elecciones Generales 2026.

A través de un comunicado oficial del equipo de prensa de Ahora Nación y en declaraciones a medios como El Comercio, Gestión y La República, López Chau precisó que su detención -ocurrida cuando tenía alrededor de 20 años- fue de naturaleza política. Como militante de la JAP del APRA y seguidor de Víctor Raúl Haya de la Torre, se opuso al gobierno velasquista, que incluía la reforma agraria, enfrentamiento con partidos políticos feudalistas y control estatal sobre la sociedad y la economía. El candidato fue beneficiado con la amnistía general otorgada por el propio régimen mediante el decreto ley 18692 de diciembre de 1970, aplicada a varios presos.

El Poder Judicial confirmó en documentos emitidos en 2025 que no registra sentencias condenatorias ni antecedentes penales contra López Chau, por lo que expertos electorales -como José Tello y Enzo Elguera- coincidieron en que no existía obligación legal de consignar el episodio en su postulación. No obstante, analistas y columnistas han señalado que, por criterios de transparencia ética, el aspirante debió incluir voluntariamente esta información en su ficha pública, especialmente al aspirar a la Presidencia de la República.

El caso ha reabierto la discusión sobre el pasado político de los candidatos y las tensiones históricas entre el APRA y el velasquismo. Mientras algunos destacan la detención como un acto de resistencia democrática contra una dictadura, otros critican el supuesto silencio inicial. López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería y exdirector del Banco Central de Reserva durante el gobierno aprista del extinto Alan García Pérez, mantiene su candidatura vigente por Ahora Nación entre los 32 postulantes habilitados hasta la fecha.