Lima, 20 de abril de 2025 – Según la última encuesta de Datum, publicada por Perú21, un 52% de peruanos no votaría “definitivamente” por Antauro Humala, líder etnocacerista inhabilitado para postular a la presidencia, y un 44% rechaza de manera contundente a Pedro Castillo, exmandatario asociado al intento de golpe de Estado de 2022. Sin embargo, el sondeo ha desatado una fuerte controversia en redes sociales y entre analistas, quienes denuncian un sesgo derechista que invisibiliza al movimiento popular, manipula el antivoto de estas figuras y subestima el respaldo a fuerzas progresistas y de izquierda que se preparan para las elecciones de 2026.

Realizada el 12 de abril de 2025 a nivel nacional, la encuesta posiciona a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) al frente con un 11% de intención de voto presidencial, seguida por Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez con un 6% cada uno, y un empate al 3% entre Hernando de Soto, César Acuña y Verónika Mendoza. Otros nombres, como Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, Alfonso López Chau, Susel Paredes, Rafael Belaunde, Alfredo Barnechea, Phillip Butters y Fernando Olivera, alcanzan apenas un 2% cada uno. Un significativo 32% optaría por “ninguno”, un 10% votaría por otros líderes y otro 10% no halló a su candidato en las opciones presentadas, reflejando un electorado desencantado y fragmentado.

En cuanto a partidos políticos, Fuerza Popular lidera con un 9%, seguido por Acción Popular (6%) y Perú Libre (4%). Agrupaciones como Avanza País, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Renovación Popular y FREPAP obtienen un 2% cada una. Sin embargo, un 34% no votaría por los partidos listados, un 22% no encontró su preferencia y un 15% apoyaría a otras organizaciones, evidenciando un escenario electoral volátil y adverso para quienes aparecen en dicha encuesta.

Antivoto de Humala y Castillo: ¿Estrategia política?

El elevado antivoto hacia Antauro Humala (52%), ligado a su condena por el Andahuaylazo y la inhabilitación de su partido, A.N.T.A.U.R.O., en octubre de 2024, ha generado cuestionamientos. Dado que Humala no puede postular, su inclusión en el sondeo, según críticos, busca polarizar el debate y desviar la atención de otras figuras antisistema. De manera similar, el 44% de rechazo a Pedro Castillo, sin mencionar su respaldo en sectores rurales y populares, es visto como un intento de estigmatizar al movimiento popular. “Datum resalta el antivoto de Humala y Castillo para alarmar, pero oculta el apoyo que aún tienen. Esto no es neutral”, denunció un usuario en X.

En plataformas como Facebook y X, los internautas han acusado a Datum de diseñar una encuesta que fortalece a candidatos de derecha, como Fujimori, López Aliaga, Álvarez Loayza y Phillip Butters, mientras silencia a líderes del movimiento popular con potencial electoral. “Esto es una operación de la derecha para imponer a sus candidatos y atemorizar con Humala y Castillo. ¿Dónde están los líderes populares y de izquierda?”, cuestionó otro usuario, reflejando el sentir generalizado.

Omisión de figuras del movimiento popular y de izquierda

La encuesta omite a líderes clave del movimiento popular y de izquierda, como Pedro Castillo, Antauro Humala, Margot Palacios, Fernando Salas, Duberlí Rodríguez, Ciro Gálvez y otros, cuyas organizaciones —Juntos por el Perú, Unidad Popular, Todo con el Pueblo, ANTAURO, RUNA, Perú te Quiero y otros— mantienen presencia a nivel nacional. Incluso Martín Vizcarra, líder de Primero Perú, quien realiza una gira con mítines masivos, ha sido completamente ignorado. “Es absurdo que Vizcarra, con eventos masivos, no aparezca. Esto es una operación política, no una encuesta”, afirmó un usuario en X.

Líderes de la izquierda tradicional “devaluados” por el régimen

El sondeo también ha sido cuestionado por minimizar el impacto de figuras como Verónika Mendoza, Guillermo Bermejo, Isabel Cortez, Susel Paredes y Roberto Sánchez, percibidos por algunos como “devaluados” debido a su tibia oposición al gobierno de Dina Boluarte —cuya desaprobación alcanza el 86%, según IEP (marzo 2024)— o por su apoyo a la mesa directiva del Congreso, dominada por Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Alianza para el Progreso. “El movimiento popular está fragmentado y sus líderes no conectan porque han sido complacientes con el régimen o no han capitalizado el descontento”, explicó una analista.

Por ejemplo, Susel Paredes ha sido criticada por sectores progresistas por respaldar iniciativas conservadoras en el Parlamento, mientras que Juntos por el Perú y Nuevo Perú enfrentan reproches por no consolidar una oposición clara. Sin embargo, los detractores de Datum argumentan que esta “devaluación” es amplificada para deslegitimar al progresismo, mientras se promueve a candidatos como Cerrón, Bermejo, López Chau, Mendoza, Paredes, Álvarez, Butters, Olivera o Barnechea, porque constituyen figuras inofensivas para el establishment.

Sesgo derechista en el foco

La encuesta refuerza las acusaciones de sesgo al destacar que un 53% de los peruanos siente “preocupación por el aumento de la violencia y la inseguridad” y un 46% apoyaría a un “líder fuerte, de mano dura”. Estos sentimientos, amplificados por medios conservadores, se asocian con los discursos de Fujimori, López Aliaga, Álvarez y Butters, sugiriendo una narrativa diseñada para favorecer a la derecha. En contraste, partidos con posturas benevolentes al régimen de Dina Boluarte como Perú Libre (4%) y Nuevo Perú (2%) son relegados, mientras movimientos como los de Vizcarra, Salas y Rodríguez son ignorados.

“La derecha quiere un escenario donde sus candidatos sean los únicos viables, mientras el movimiento popular y de izquierda parece inexistente. Por eso inflan el antivoto de Humala y Castillo”, denunció un usuario en X. Con un 77% de peruanos poco informados sobre política y un 80% que apoya un adelanto de elecciones (IEP, marzo 2024), el sondeo de Datum no solo refleja el desencanto, sino que, según sus críticos, busca manipular la opinión pública en favor del statu quo.

Un llamado a la vigilancia ciudadana

A más de 350 días de las elecciones, la controversia en torno a Datum expone la polarización del país y la desconfianza en las encuestas. Mientras el movimiento popular lucha por unificarse y recuperar terreno, los ciudadanos exigen transparencia en los sondeos y una cobertura equitativa de todas las fuerzas políticas. “Esta encuesta refleja la crisis, pero también un intento de manipular el debate. El pueblo debe organizarse, y los peruanos, informarse”, advirtió un analista político.

Lima – Una reciente encuesta nacional de Datum ha encendido las alarmas sobre la percepción de inseguridad en el Perú, revelando que el 62 % de los ciudadanos considera que las leyes aprobadas por el Congreso, dominado por Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Avanza País, benefician a los delincuentes. Este dato refleja un profundo cuestionamiento a la efectividad de la legislación actual en la lucha contra el crimen.

La desconfianza hacia las instituciones alcanza niveles críticos: un 89 % de los encuestados no confía en jueces ni fiscales, señalando liberaciones de detenidos, retrasos procesales y la falta de sentencias firmes como principales problemas. Esta crisis institucional se agrava con la percepción de que el sistema judicial es ineficiente o indulgente frente a la delincuencia.

Dina Boluarte, en el ojo de la tormenta

La presidenta Dina Boluarte es señalada por la mayoría como la principal responsable de la escalada de inseguridad, debido a la falta de medidas efectivas para frenar el aumento de los índices delictivos. La encuesta también muestra que el 86 % de los peruanos se siente inseguro en su ciudad, lo que ha generado temor a salir de noche, restricciones en actividades diarias y una menor participación en espacios públicos.

Inseguridad impulsa deseos de emigrar

El impacto de la delincuencia trasciende lo cotidiano: un 36 % de los ciudadanos ha considerado emigrar del país por motivos de seguridad. Esta cifra evidencia cómo la inseguridad no solo afecta emocionalmente, sino que también está influyendo en decisiones de vida trascendentales.

Un desafío urgente para las autoridades

Los resultados de Datum pintan un panorama alarmante, con una ciudadanía que percibe un sistema judicial colapsado y leyes que no protegen. Esta crisis estructural demanda acciones inmediatas y contundentes por parte del gobierno y el Congreso para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la seguridad. La implementación de políticas efectivas y una reforma judicial profunda se presentan como prioridades ineludibles para enfrentar esta problemática.

Lima – El Perú enfrenta una crisis política y judicial sin precedentes, marcada por un trato asimétrico de la justicia hacia sus líderes. Mientras los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo cumplen condena o prisión preventiva en el penal de Barbadillo por delitos como lavado de activos, y Nadine Heredia, esposa de Humala, ha obtenido asilo político en Brasil tras ser condenada, Keiko Fujimori, hija del fallecido Alberto Fujimori, permanece libre y habilitada para postular a la presidencia en 2026, pese a enfrentar acusaciones similares. El suicidio de Alan García en 2019, para evitar su detención por sobornos, completa un panorama que ha desatado críticas por la aparente impunidad de algunos y el rigor hacia otros.

Barbadillo: La cárcel de los expresidentes

El penal de Barbadillo, en Ate, se ha convertido en un símbolo de la crisis política peruana. Alejandro Toledo, extraditado desde Estados Unidos en 2023, cumple 20 años de prisión por recibir US$35 millones de Odebrecht para la Carretera Interoceánica, condenado por colusión y lavado de activos. Ollanta Humala, sentenciado el 15 de abril de 2025 a 15 años por lavado de activos, enfrenta cargos por aceptar US$3 millones de Odebrecht y fondos ilícitos venezolanos para su campaña de 2011. Pedro Castillo, detenido tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022, está en prisión preventiva por rebelión y liderar una presunta red de corrupción en contratos públicos.

Nadine Heredia, ex primera dama y esposa de Humala, fue condenada a 15 años en el mismo caso. Tras 18 meses de prisión preventiva entre 2017 y 2018, Heredia solicitó asilo en Brasil, argumentando persecución política y problemas de salud. El 16 de abril, el gobierno de Lula da Silva le otorgó el estatus de asilada, y Heredia llegó a Brasilia en un vuelo militar. La decisión generó una tormenta de críticas en Perú. La congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) calificó el asilo como “un insulto a la justicia”, mientras Sigrid Bazán (Cambio Democrático) cuestionó al gobierno de Dina Boluarte por otorgar salvoconductos. En X, usuarios denunciaron un “pacto de impunidad” entre gobiernos de izquierda.

Keiko Fujimori: Libre y candidata

En un contraste que indigna a muchos, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, enfrenta un juicio oral iniciado en 2022 por lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia, con un pedido fiscal de 30 años de prisión. La Fiscalía la acusa de recibir US$1.2 millones de Odebrecht y otros fondos ilícitos para sus campañas de 2011 y 2016, respaldada por testimonios de Marcelo Odebrecht y evidencia de una contabilidad ficticia. Sin embargo, Fujimori solo estuvo en prisión preventiva entre 2018 y 2020. Hoy, libre y con derechos políticos intactos, anunció su candidatura presidencial para 2026 durante un evento en Chorrillos el 10 de abril, proyectándose como una figura central en la política peruana.
El caso de Alan García añade otra dimensión al drama. Investigado por sobornos de Odebrecht para el Metro de Lima, García se suicidó el 17 de abril de 2019, cuando la Policía llegó a detenerlo. Su muerte polarizó al país, con seguidores que alegan persecución y detractores que ven en su acto una evasión de la justicia.

Críticas al sistema judicial

El trato dispar ha puesto al sistema judicial bajo escrutinio. “La justicia peruana opera con criterios políticos, no técnicos, perpetuando la impunidad de algunos”, afirmó el economista Juan Pari, exmiembro de la comisión Lava Jato, en entrevista con Público. Pari señaló que el caso Odebrecht, que involucra a todos los expresidentes mencionados, ha sido manejado de forma “compartimentada”, permitiendo que Fujimori evada medidas más severas. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, calificó el asilo de Heredia como “un precedente preocupante”, pero su silencio sobre Fujimori intensificó las críticas de parcialidad.

Una encuesta de Ipsos de marzo de 2025 revela que el 78% de peruanos cree que el Poder Judicial “favorece a los poderosos”, y el 65% percibe un trato preferencial hacia Fujimori. La politóloga María Alejandra Campos explicó: “El fujimorismo ha tejido redes de protección en el sistema judicial y mediático, lo que permite a Keiko mantenerse libre y candidata, mientras otros enfrentan todo el peso de la ley”. En X, mensajes como “Keiko libre por los mismos delitos que tienen a otros presos, ¿quién controla la justicia?” reflejan la frustración popular.

Contexto regional

El caso peruano resuena en América Latina. En Brasil, el asilo de Heredia generó tensiones diplomáticas, con medios peruanos acusando al gobierno de Lula de proteger a corruptos por afinidad ideológica. En México, el caso de Emilio Lozoya, ligado a Odebrecht, muestra procesos judiciales lentos que alimentan percepciones de impunidad. En Guatemala, líderes políticos han evadido la justicia mediante maniobras legales, similar al caso de Fujimori. Estos ejemplos destacan los desafíos regionales para combatir la corrupción de alto nivel.

Impacto político y económico

La crisis judicial agrava la polarización en Perú. Barbadillo simboliza el castigo a algunos líderes, pero la libertad de Fujimori refuerza la narrativa de un sistema que beneficia a ciertos sectores. El asilo de Heredia, visto como una “fuga avalada” por Boluarte, debilita la credibilidad institucional. Manifestaciones en Lima, Cusco y Arequipa han exigido “justicia igual para todos”, con pancartas comparando los casos.