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Wilfredo Oscorima enfrenta revocatoria del cargo: Voces en contra de su gestión se alzan con fuerza

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Ayacucho, 26 de mayo de 2024 – El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se encuentra en el ojo de la tormenta tras la formación de un comité pro revocatoria que busca su destitución del cargo. Las voces en contra de su gestión se alzan con fuerza, denunciando presuntos actos de corrupción, complicidad en las matanzas de parte del régimen de Dina Boluarte, ineficacia e incumplimiento de promesas.

Los mayoría de los ayacuchanos estarían de acuerdo con la salida de Wilfredo Oscorima del cargo de gobernador regional de Ayacucho

John Lapa Oré, presidente del Frente de Defensa del Pueblo Ayacucho, señala que Oscorima ha admitido ser «cómplice de la masacre» en la región y que se encuentra involucrado en «una cantidad tremenda de actos de corrupción». Acusa al gobernador de incumplir promesas de campaña, inaugurar obras sin presupuesto y sumir a Ayacucho en la pobreza. Por lo mismo, habrían decidido conformar el comité pro revocatoria, que tendría algunas observaciones por estar liderado por un conocido político que estuvo afiliado en diversos partidos y movimientos políticos y tener relaciones cercanas con algunos funcionarios importantes designados por Oscorima.

Flora Janampa Gonzalés, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Ayacucho (Sutgray) , lamenta las constantes ausencias de Oscorima en el departamento, debilitando la institución y la gestión. Afirma que el Gobierno Regional «viene trabajando en automático» y que los funcionarios no tienen capacidad de decisión, generando retrasos hasta cuando ellos van en representación de la institución a eventos públicos donde serían objeto de críticas y burla por los temas de corrupción y el caso Rolex de Oscorima. Critica la falta de atención a las demandas laborales del sindicato, que habría solicitado sostener una reunión sin ser atendidos.

La entrega de relojes Rolex y otras dádivas a Dina Boluarte por parte de Oscorima, presumiblemente, a cambios de presupuesto para obras es el tema que más rechazo genera

Richard Ortega, coordinador regional del comité pro revocatoria , enumera los motivos para impulsar la destitución de Oscorima: incumplimiento de obras, incapacidad moral, escándalos por su vínculo con Dina Boluarte y presuntos actos de corrupción. Busca recaudar fondos para comprar kits electorales y conseguir las 120 mil firmas necesarias.

Wilfredo Oscorima, por su parte, se defiende de las acusaciones , alegando que es víctima de una campaña de difamación. Afirma que no le preocupa la cobertura mediática y que está comprometido a traer más de mil millones de soles de presupuesto para Ayacucho en 2025 de los 100 millones que ya habría sido retraído por el Ejecutivo a raíz del escándalo de corrupción del caso Rolex que está en proceso de investigación, pero, a su estilo, Oscorima piensa hacer uso de sus recursos propios para callar las protestas y la revocatoria.

Los ayacuchanos también creen que Wilfredo Oscorima tuvo algo que ver con la matanza del 15 de diciembre de 2022

Las investigaciones por el caso Rolex continúan, con la Fiscalía de la Nación sosteniendo la hipótesis de un presunto favorecimiento económico al Gobierno Regional de Ayacucho a cambio de la compra de joyas a la presidenta Dina Boluarte. Oscorima también enfrenta una investigación por el caso Obrainsa y deberá cumplir con control biométrico en Ayacucho y en caso de incumplimiento podrían ordenar su prisión preventiva nuevamente.

En suma, la situación en Ayacucho es tensa, con la población dividida entre los cada vez m[as pocos ayacuchanos que apoyan a Oscorima y quienes exigen su revocatoria. El futuro del gobernador dependerá del avance de las investigaciones en el ministerio público y las medidas que podría establecer el Poder Judicial, y de la capacidad del comité pro revocatoria para recolectar las firmas necesarias para dejarlo fuera del cargo.

Fuente: Webs y redes de noticias

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Escándalos y pugnas internas sacuden el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña

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Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, enfrenta una de sus mayores crisis tras la revelación de una presunta red de prostitución en el Congreso. Según investigaciones, dicha red operaba con la complicidad de asesores y congresistas, intercambiando favores sexuales por votos en el Legislativo. El escándalo ha salpicado a varios parlamentarios de la agrupación, sumiendo al partido en un descrédito aún mayor.

La situación se agravó con el asesinato de Andrea Vidal Gómez, exasesora parlamentaria vinculada a la organización de estos encuentros ilícitos. Su muerte desató una ola de renuncias en APP, entre ellas la del alcalde de Magdalena, Francis Allison, y del candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, David Morales Cárdenas. La falta de una postura clara del partido ha incrementado las tensiones internas y debilitado su imagen pública.

Luego del escándalo de la red de prostitución renunció a APP el alcalde de Magdalena, Francis Allison

No es la primera vez que APP está en el ojo de la tormenta. En 2016, César Acuña fue excluido de la contienda presidencial por haber entregado dinero a ciudadanos en plena campaña, en un claro intento de compra de votos. Además, su universidad, la César Vallejo, ha estado envuelta en denuncias de plagio, incluido el de su propia tesis doctoral.

El Congreso también ha sido escenario de otros escándalos ligados a APP. En 2022, la congresista Heidy Juárez fue expulsada tras la filtración de audios donde César Acuña instruía a su bancada a apoyar proyectos de ley con fines electoralistas. Asimismo, el alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza, fue detenido por presunta compra irregular de vehículos para el municipio.

La alianza férrea con el régimen de Dina Boluarte que tiene denuncias por delitos de lesa humanidad

A pesar de las constantes controversias, APP ha logrado mantener una presencia significativa en el Congreso y en gobiernos regionales. Sin embargo, la falta de una identidad ideológica clara y la acumulación de denuncias podrían afectar su desempeño en las elecciones de 2026.

El partido de Acuña se encuentra en un punto de inflexión: o se renueva y enfrenta sus problemas de corrupción y transparencia, o corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío destinado a colapsar bajo el peso de sus propios escándalos.

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Sindicato de Trabajadores de Petroperú Rechaza Declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas

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El Sindicato de Trabajadores de Petroperú emitió hoy un comunicado en el que rechaza las declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), quien afirmó que «no se le dará ni un sol más a Petroperú este año». El pronunciamiento, expresa preocupación por las implicaciones de estas declaraciones y defiende la importancia estratégica de la empresa estatal.

En el comunicado, el sindicato destaca seis puntos clave. En primer lugar, recuerda que el Estado Peruano mantiene una deuda aproximada de seis mil millones de soles con Petroperú, lo que convierte el financiamiento en una obligación y no en una opción discrecional. Además, critica la denominación de Petroperú como «un barril sin fondo», calificándola de errónea y descontextualizada, y subraya que la empresa es un pilar fundamental para la seguridad energética del país.

El sindicato también enfatiza que el financiamiento a Petroperú debe ser visto como una inversión estratégica y no como un subsidio gratuito. Reducir este apoyo, argumentan, comprometería la competitividad y sostenibilidad de la empresa. Asimismo, instan al MEF a abordar el déficit fiscal de manera integral, sin sacrificar inversiones clave, y a revisar los gastos de otras entidades que podrían estar afectando al Estado.

Finalmente, el comunicado exige que las decisiones sobre el financiamiento se basen en criterios técnicos y objetivos, y pide al gobierno establecer un plan de pago viable para saldar la deuda con Petroperú. El sindicato reitera su compromiso con una gestión responsable y transparente, orientada al desarrollo sostenible de la industria energética nacional.

Este pronunciamiento surge en un contexto de tensiones entre el gobierno y la empresa estatal, y refleja la preocupación de los trabajadores por el futuro de Petroperú y su papel en la economía peruana.

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Telefónica del Perú busca declararse en quiebra para evitar deuda millonaria con el Estado peruano

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En un giro estratégico que ha generado polémica, Telefónica del Perú S.A.A. anunció su decisión de acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809). La medida busca reestructurar sus pasivos y garantizar la continuidad del servicio a más de 13 millones de usuarios en el país. Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que este movimiento podría estar orientado a eludir deudas con el Estado peruano.

Telefónica del Perú ha arrastrado problemas financieros durante más de dos décadas, en gran parte debido a controversias fiscales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa mantiene litigios por miles de millones de soles en impuestos no pagados, los cuales han sido objeto de apelaciones y prolongados procesos judiciales.

Además de las deudas fiscales, la compañía ha enfrentado un entorno de mercado adverso, con una competencia cada vez más fuerte en el sector de telecomunicaciones. A esto se suman decisiones administrativas cuestionables y un alto costo financiero derivado de préstamos previos, que han puesto en riesgo su liquidez operativa.

Nota colgada en su página web principal el viernes 14 de febrero de 2025

Telefónica del Perú forma parte de la multinacional española Telefónica S.A., una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. En el país, compite con empresas como Claro (América Móvil), Entel y Bitel, que han ganado terreno en el mercado con ofertas más agresivas y estrategias de expansión en sectores clave como internet móvil y fibra óptica.

Medidas adoptadas por Telefónica del Perú

Obtención de crédito mercantil: Se aprobó un préstamo de hasta S/ 1,549 millones otorgado por Telefónica Hispanoamérica S.A., con una tasa de interés del 29.13 %. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir necesidades operativas de caja en los próximos meses.

Convocatoria a Junta de Accionistas: Se programó una reunión de la Junta General de Accionistas y la Junta Especial de Accionistas de Clase B para el 17 de marzo de 2025 en la sede de la empresa en Surquillo. En la agenda figuran la aprobación de la gestión social, la revisión de estados financieros, la designación de auditores y la modificación del estatuto social.

Asesoría especializada: La empresa contrató a Kroll Advisory Ltd., consultora financiera que dirigirá el proceso concursal. Además, un miembro de su equipo asumirá el rol de Chief Restructuring Officer (CRO), supervisando la reestructuración de la compañía.

La aparente reestructuración no solamente afectará a sus clientes sino al propio Estado peruano si deja de pagar las deudas no cobradas hasta el momento

Diversos analistas han señalado que la decisión de Telefónica del Perú de acogerse al proceso concursal podría estar motivada por una estrategia para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Estado peruano. Este tipo de maniobras han sido utilizadas anteriormente por otras empresas monopólicas y transnacionales que, tras declararse en insolvencia, cambian de denominación y reestructuran su modelo de negocio sin asumir sus compromisos financieros con los gobiernos donde operan.

En el caso de Telefónica, existen precedentes en otros países de América Latina donde la empresa ha recurrido a tácticas similares para renegociar o postergar el pago de sus pasivos fiscales. En Perú, el impacto de esta medida podría afectar la recaudación tributaria y generar incertidumbre sobre la continuidad del servicio, pese a las garantías ofrecidas por la empresa.

Telefónica del Perú insiste en que este proceso permitirá una reorganización financiera responsable y sostenible. No obstante, algunos políticos y el propio Estado, a través de las entidades regulatorias, deberán estar atentos a cualquier intento de evasión fiscal o abuso del sistema concursal.

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