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Nueva Ley de Pensiones: Un Golpe a los Trabajadores y un Regalo para las Aseguradoras y Bancos

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La promulgación de la Ley N° 32123 de Modernización del Sistema Previsional por el gobierno de Dina Boluarte ha encendido un debate nacional. Esta controvertida norma, presentada y respaldada por el fujimorismo y otras bancadas afines, establece cambios profundos en el sistema de pensiones del Perú. A partir de ahora, todos los ciudadanos mayores de 18 años estarán obligados a afiliarse a una AFP, sin importar si tienen un empleo formal o no. Aunque el gobierno defiende la reforma como un intento de modernizar el sistema y asegurar una pensión mínima para todos, las críticas apuntan a que la verdadera beneficiada es la banca privada y las aseguradoras.

Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la obligatoriedad de la afiliación a partir de los 18 años, incluso para aquellos sin vínculo laboral formal. Esto ha generado rechazo entre diversos sectores, ya que gran parte de los jóvenes de esa edad no forman parte de la población económicamente activa, debido a factores como el desempleo juvenil y la precariedad del mercado laboral. En un país donde el 70% de la economía es informal, forzar esta afiliación resulta un despropósito.

El presidente del Congreso y el ministro del MEF del régimen de Dina Boluarte habrían coordinado previamente

Además, se ha impuesto un mecanismo inédito de ahorro forzado a través del consumo. Según la ley, el 1% de lo que una persona gaste en compras con boleta será destinado a su fondo de pensiones. Si bien puede parecer una solución creativa para incentivar el ahorro, los expertos advierten que este sistema beneficiará a aquellos con mayores ingresos, quienes suelen realizar compras formales, mientras que la clase media y baja, que realiza la mayor parte de sus compras en el mercado informal, quedará excluida de este supuesto «beneficio». Como explica el economista Enrique Caballeros, «la gente pobre solo gasta en alimentos y muchos de ellos sin factura, por lo que este mecanismo solo agravará la desigualdad».

Otro aspecto que ha generado indignación es la prohibición de retirar los fondos acumulados en las AFPs. Anteriormente, los afiliados podían acceder al 95.5% de sus ahorros al momento de jubilarse, pero con la nueva ley esta opción desaparece. Los aportantes estarán obligados a recibir pensiones mínimas que, en muchos casos, apenas alcanzan los S/600, siempre que se cumplan estrictas condiciones. Para quienes no lleguen a acumular lo suficiente, será el Estado quien deba cubrir la diferencia, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la sostenibilidad de esta reforma en el largo plazo.

La norma también introduce un mecanismo que permite el traslado de fondos de las AFPs a la ONP, pero sin posibilidad de retirar esos fondos en su totalidad, limitando aún más la autonomía financiera de los trabajadores sobre su propio dinero. Esto ha sido visto como una medida draconiana que asegura el flujo de dinero hacia las administradoras de fondos y los bancos, sin dar margen a los ciudadanos para decidir sobre sus ahorros.

El trasfondo político de la ley también ha despertado suspicacias. Dionisio Romero, uno de los principales financistas de la campaña de Keiko Fujimori, fue señalado en su momento por haber entregado millones de dólares a su candidatura, supuestamente en defensa de la democracia. La promulgación de esta ley ha sido interpretada por muchos como una devolución de favores al gran empresariado. “Ahora, Keiko le devuelve el favor en perjuicio de todos los peruanos”, denunciaron diversas voces en redes sociales.

Los peruanos sospechan que Fuerza Popular le devuelve favores a las aportaciones a su campaña como en el caso de Dionisio Romero

Por su parte, la congresista Margot Palacios calificó la ley como un ejemplo del «poder inhumano del capital sometiendo al trabajo». Afirmó que esta reforma, lejos de mejorar el sistema previsional, asegura «pensiones de hambre» y profundiza el control de las AFPs sobre los ahorros de los trabajadores. En la misma línea, el economista Daniel López criticó duramente la obligatoriedad de la afiliación desde los 18 años, subrayando que esta medida es contraproducente en un país con alto desempleo juvenil e informalidad.

La nueva reforma previsional ha sido recibida con rechazo por gran parte de la población. La obligación de afiliarse a una AFP desde los 18 años, las pensiones mínimas insuficientes y la imposibilidad de retirar los fondos acumulados son solo algunos de los elementos que auguran un futuro incierto para millones de peruanos. Mientras tanto, las aseguradoras y los bancos celebran en silencio, sabiendo que la ley ha blindado sus intereses a costa de los trabajadores. ¿Será esta otra oportunidad perdida para reformar un sistema previsional que, lejos de ser moderno, sigue siendo desigual y excluyente? Solo el tiempo lo dirá, pero los primeros indicios no son alentadores.

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Trump despliega portaaviones en el Caribe y hunde lanchas venezolanas: Latinoamérica clama por soberanía

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Lima, 26 de octubre de 2025 | La ofensiva unilateral de EE.UU. contra embarcaciones cerca de Venezuela escala la tensión regional y revive fantasmas de intervención. Gobiernos y sociedad civil exigen respeto al derecho internacional.

En una operación calificada por Caracas como “acto de guerra”, la Marina estadounidense hundió dos lanchas rápidas venezolanas en aguas del Caribe y posicionó al portaaviones USS Gerald Ford a menos de 200 millas de la costa. Washington justifica la acción bajo el paraguas antinarcóticos, pero analistas peruanos y regionales la señalan como maniobra política de Donald Trump para fortalecer su discurso interno de “mano dura”.

El gobierno de Nicolás Maduro, pese a sus graves señalamientos por autoritarismo y crisis humanitaria, invocó la Carta de la ONU y anunció ejercicios militares en Caracas. Desde México hasta Argentina, voces progresistas y conservadoras coinciden: ningún Estado latinoamericano —ni siquiera los más cuestionados— puede ser blanco de agresiones unilaterales que ignoren la CELAC y la OEA.

Expertos en seguridad regional advierten que la escalada no solo agrava la migración y el narcotráfico, sino que debilita la arquitectura multilateral del hemisferio.

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Lima se viste de morado en la procesión del Señor de los Milagros

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Lima, 26 de octubre de 2025. Miles de fieles inundaron las calles del Centro Histórico de Lima en la tradicional procesión del Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes de Perú. La imagen del Cristo de Pachacamilla, pintada en el siglo XVII por un esclavo angoleño en una pared del conventillo de Pachacamilla, recorrió su ruta habitual desde el Monasterio de las Nazarenas hasta la iglesia de San Francisco, acompañada por el canto de coros, sahumadoras y el aroma característico del incienso que impregna el aire como un velo de tradición limeña. En este año de renovada fe, el anda pasó por avenidas emblemáticas donde el bullicio devoto se entreteje con el rumor de la ciudad eterna.

La devoción, que se remonta a los terremotos de 1655 y 1746 que no dañaron el mural original, une a limeños de todas las clases sociales en un acto de fe colectiva, donde el morado de las túnicas evoca no solo penitencia, sino el color del cielo al atardecer sobre el Rímac. Portadores vestidos de morado cargaron las andas de más de dos toneladas, mientras mujeres sahumadoras y cuadrillas de cargadores se turnaban en un ritual que simboliza esperanza en medio del ajetreo cotidiano, con vendedores de churros y anticuchos asándose en las esquinas como testigos mudos de esta costumbre que late en el corazón de la capital. Este año, la procesión incorporó medidas de seguridad reforzadas y transmisiones en vivo para los devotos que no pudieron asistir, permitiendo que el eco de las promesas se extienda más allá de las murallas coloniales.

Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2019, la festividad trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo de identidad limeña, fusionando herencia colonial, afroperuana e indígena en una celebración que fortalece los lazos comunitarios y preserva tradiciones centenarias. Hacia 2026, se anticipa una mayor presencia de figuras públicas, como el presidente José Jeri y el cardenal Pedro Barreto, quienes, siguiendo la costumbre de rendir homenaje en la Plaza Mayor, se unirán a la procesión con mensajes de unidad, evocando cómo en Lima la política y la piedad caminan de la mano, entre rezos y el tintineo de las monedas en las colectas para los más humildes.

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Condenan a 15 años a Bermejo: ¿justicia o revancha selectiva?

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El congresista Guillermo Bermejo fue sentenciado este 24 de octubre a 15 años de prisión efectiva por afiliación al terrorismo, en un tercer juicio que revierte dos absoluciones previas anuladas por la Corte Suprema. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria validó testimonios de colaboradores eficaces y fotos de 2008-2009 en el VRAEM, donde Bermejo habría sido “camarada Che”. Sin embargo, la defensa denuncia que no hay pruebas nuevas y que el caso se reactivó tras su precandidatura presidencial con Venceremos, alimentando sospechas de lawfare para sacarlo del tablero electoral.

Progresismo clama persecución; derecha exige vacancia inmediata.

Guido Bellido habló de “juez a la medida”, Sigrid Bazán de “justicia con saña selectiva” y la Bancada Socialista de “terruqueo institucionalizado”. Mientras, Patricia Juárez (Fuerza Popular) celebró el fallo y pidió vacancia sin accesitario, alegando delito grave. La polarización estalla: un 68% de peruanos rechaza congresistas con antecedentes, pero el 62% duda de la imparcialidad judicial en casos políticos, según Datum. El Congreso debate si Zaira Arias asumirá la curul o si Bermejo apelará internacionalmente antes de ingresar al penal.

Un fallo que huele a vendetta y debilita la democracia.

Tres juicios, dos absoluciones anuladas y una condena repentina cuando Bermejo amenazaba al statu quo: el patrón es conocido. La sentencia llega en plena campaña electoral y con el Ejecutivo acorralado por protestas; silenciar a un crítico del progresismo parece prioridad. Si la justicia peruana quiere credibilidad, debe explicar por qué las mismas pruebas valieron absolución dos veces y ahora 15 años.

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