La promulgación de la Ley N° 32123 de Modernización del Sistema Previsional por el gobierno de Dina Boluarte ha encendido un debate nacional. Esta controvertida norma, presentada y respaldada por el fujimorismo y otras bancadas afines, establece cambios profundos en el sistema de pensiones del Perú. A partir de ahora, todos los ciudadanos mayores de 18 años estarán obligados a afiliarse a una AFP, sin importar si tienen un empleo formal o no. Aunque el gobierno defiende la reforma como un intento de modernizar el sistema y asegurar una pensión mínima para todos, las críticas apuntan a que la verdadera beneficiada es la banca privada y las aseguradoras.

Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la obligatoriedad de la afiliación a partir de los 18 años, incluso para aquellos sin vínculo laboral formal. Esto ha generado rechazo entre diversos sectores, ya que gran parte de los jóvenes de esa edad no forman parte de la población económicamente activa, debido a factores como el desempleo juvenil y la precariedad del mercado laboral. En un país donde el 70% de la economía es informal, forzar esta afiliación resulta un despropósito.

Además, se ha impuesto un mecanismo inédito de ahorro forzado a través del consumo. Según la ley, el 1% de lo que una persona gaste en compras con boleta será destinado a su fondo de pensiones. Si bien puede parecer una solución creativa para incentivar el ahorro, los expertos advierten que este sistema beneficiará a aquellos con mayores ingresos, quienes suelen realizar compras formales, mientras que la clase media y baja, que realiza la mayor parte de sus compras en el mercado informal, quedará excluida de este supuesto «beneficio». Como explica el economista Enrique Caballeros, «la gente pobre solo gasta en alimentos y muchos de ellos sin factura, por lo que este mecanismo solo agravará la desigualdad».

Otro aspecto que ha generado indignación es la prohibición de retirar los fondos acumulados en las AFPs. Anteriormente, los afiliados podían acceder al 95.5% de sus ahorros al momento de jubilarse, pero con la nueva ley esta opción desaparece. Los aportantes estarán obligados a recibir pensiones mínimas que, en muchos casos, apenas alcanzan los S/600, siempre que se cumplan estrictas condiciones. Para quienes no lleguen a acumular lo suficiente, será el Estado quien deba cubrir la diferencia, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la sostenibilidad de esta reforma en el largo plazo.

La norma también introduce un mecanismo que permite el traslado de fondos de las AFPs a la ONP, pero sin posibilidad de retirar esos fondos en su totalidad, limitando aún más la autonomía financiera de los trabajadores sobre su propio dinero. Esto ha sido visto como una medida draconiana que asegura el flujo de dinero hacia las administradoras de fondos y los bancos, sin dar margen a los ciudadanos para decidir sobre sus ahorros.

El trasfondo político de la ley también ha despertado suspicacias. Dionisio Romero, uno de los principales financistas de la campaña de Keiko Fujimori, fue señalado en su momento por haber entregado millones de dólares a su candidatura, supuestamente en defensa de la democracia. La promulgación de esta ley ha sido interpretada por muchos como una devolución de favores al gran empresariado. “Ahora, Keiko le devuelve el favor en perjuicio de todos los peruanos”, denunciaron diversas voces en redes sociales.

Por su parte, la congresista Margot Palacios calificó la ley como un ejemplo del «poder inhumano del capital sometiendo al trabajo». Afirmó que esta reforma, lejos de mejorar el sistema previsional, asegura «pensiones de hambre» y profundiza el control de las AFPs sobre los ahorros de los trabajadores. En la misma línea, el economista Daniel López criticó duramente la obligatoriedad de la afiliación desde los 18 años, subrayando que esta medida es contraproducente en un país con alto desempleo juvenil e informalidad.

La nueva reforma previsional ha sido recibida con rechazo por gran parte de la población. La obligación de afiliarse a una AFP desde los 18 años, las pensiones mínimas insuficientes y la imposibilidad de retirar los fondos acumulados son solo algunos de los elementos que auguran un futuro incierto para millones de peruanos. Mientras tanto, las aseguradoras y los bancos celebran en silencio, sabiendo que la ley ha blindado sus intereses a costa de los trabajadores. ¿Será esta otra oportunidad perdida para reformar un sistema previsional que, lejos de ser moderno, sigue siendo desigual y excluyente? Solo el tiempo lo dirá, pero los primeros indicios no son alentadores.