La noche del 4 de septiembre de 2025, una explosión en la urbanización Las Quintanas de Trujillo, causada por 30 cartuchos de dinamita, dejó 11 heridos, viviendas destruidas y un vecindario sumido en el terror. Este atentado, el tercero de gran magnitud en la ciudad en lo que va del año, expone la alarmante incapacidad del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y su administración para frenar la escalada de violencia ligada al crimen organizado. Mientras las mafias de la minería ilegal y la extorsión operan con impunidad, los ciudadanos de Trujillo enfrentan un estado de indefensión que pone en entredicho las promesas de seguridad de Acuña y su partido, Alianza para el Progreso (APP).

La gestión de Acuña ha sido señalada por su falta de estrategia integral frente a la inseguridad. A pesar de los estados de emergencia declarados en Pataz y Virú, los atentados con explosivos se han vuelto recurrentes, extendiéndose incluso a zonas residenciales céntricas como Las Quintanas. Los vecinos, hartos de la inacción, protestaron airadamente, denunciando que las autoridades regionales y nacionales, encabezadas por Acuña y el ministro del Interior, Carlos Malaver, han priorizado discursos vacíos sobre medidas concretas. La captura de tres sospechosos tras el reciente atentado, aunque un avance, no compensa la ausencia de políticas preventivas que aborden las raíces del problema: el auge de la minería ilegal y las redes de extorsión que operan sin freno.

El pedido de Acuña de un estado de sitio y cadena perpetua para los responsables suena más a una reacción desesperada que a una solución estructurada. Durante su gestión, los recursos destinados a fortalecer el serenazgo, modernizar la infraestructura policial o implementar sistemas de inteligencia han sido insuficientes. En cambio, su administración ha invertido en proyectos de alto perfil mediático, mientras la población enfrenta explosiones semanales y un clima de zozobra. La promesa de bonos para los afectados de Las Quintanas, aunque necesaria, no sustituye la falta de un plan robusto para desmantelar las organizaciones criminales que, según la PNP, están detrás de estos ataques, como la banda «Los Pulpos».

La indignación ciudadana también apunta a la complicidad implícita de las autoridades locales, que han permitido que actividades sospechosas, como las reportadas en la vivienda atacada en Las Quintanas, pasen desapercibidas. Los vecinos señalan que la casa, propiedad de una empresaria minera, era escenario de fiestas ruidosas y movimientos inusuales, sin que las autoridades intervinieran. Esta omisión refleja la descoordinación entre el gobierno regional y los municipios, ambos bajo fuerte influencia de APP, que ha priorizado lealtades políticas sobre la seguridad ciudadana. La ciudadanía exige respuestas, pero la gestión de Acuña parece más enfocada en controlar el daño político que en proteger a la población.

Trujillo, otrora una ciudad vibrante, se encuentra hoy rehén de la violencia y la ineficacia gubernamental. La retórica de Acuña, quien califica estos actos como «terrorismo urbano», no basta para calmar a una población que clama por acción. Si el gobernador y sus aliados en APP no asumen la responsabilidad de implementar medidas efectivas —como mayor inversión en inteligencia policial, coordinación con las Fuerzas Armadas y un combate frontal contra la minería ilegal—, Trujillo seguirá siendo un polvorín. La pregunta que resuena en las calles es clara: ¿hasta cuándo seguirá La Libertad a merced del crimen, mientras sus líderes se limitan a promesas vacías?

El Congreso de la República del Perú aprobó hoy, 14 de agosto de 2025, en segunda votación, la nueva Ley Agraria, conocida como «Ley Chlimper 2.0», con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones. La norma, que reduce el Impuesto a la Renta de 29.5% a 15% para agroexportadoras con ventas superiores a S/ 8.4 millones hasta 2035, ha desatado críticas por sus potenciales efectos negativos en los trabajadores agrarios y los pequeños y medianos agricultores.

Organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) y Conveagro advierten que la ley profundiza la precariedad laboral y la desigualdad en el sector, favoreciendo principalmente a grandes empresas agroexportadoras nacionales y foráneas.

Los trabajadores agrarios enfrentan un panorama preocupante, ya que la ley perpetúa condiciones laborales precarias, como contratos temporales para el 94% de los empleados del sector, bajos salarios y aportes reducidos a EsSalud (4% frente al 9% estándar), según Fentagro. Además, se critica la debilitación de la fiscalización laboral de SUNAFIL, lo que podría agravar abusos en el sector.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima un costo fiscal de S/ 1,850 millones anuales, lo que limita la inversión en servicios públicos esenciales como salud y educación, afectando directamente a las comunidades rurales donde operan estos trabajadores.

Para los pequeños y medianos agricultores, que representan el 97% de las unidades productivas y proveen el 80% de los alimentos para el mercado interno, la ley supone una amenaza a su competitividad. Conveagro y otros gremios denuncian que la norma desvía programas de apoyo, como Agroideas y Agromercado, hacia grandes agroexportadoras, desplazando a la agricultura familiar. Esto genera una competencia desleal que podría profundizar las brechas económicas y sociales, aumentando el riesgo de conflictos sociales. Los gremios exigen una revisión técnica y participativa para garantizar una política agraria equitativa que priorice la sostenibilidad y la inclusión.

En el corazón del distrito de Santiago de Pischa, en el centro poblado de Ccayarpachi, la congresista Margot Palacios fue recibida con flores, música y un profundo cariño por los comuneros, quienes ven en ella no solo a una autoridad, sino a una hija del pueblo que honra su palabra. Su visita, lejos de ser un acto protocolar, se convirtió en una muestra contundente de su compromiso inquebrantable con las comunidades andinas y las grandes mayorías.

En un contexto donde la política a menudo se desvía hacia intereses de poder, Palacios se distingue por su coherencia y su lucha arraigada en el socialismo andino-popular. Su presencia en las comunidades olvidadas reaviva la esperanza de un Estado más justo y humano, que priorice a las comunidades originarias, las mujeres campesinas, los jóvenes sin oportunidades y los agricultores que sostienen la vida desde la tierra.

“No he venido a prometer, sino a cumplir”, afirmó con convicción ante los pobladores, quienes reconocen en ella una lideresa que no ha cedido ante los poderes fácticos. Sus propuestas legislativas, enfocadas en la defensa de la tierra comunal, el agua como derecho y la autodeterminación de los pueblos, reflejan una vocación política que trasciende el escritorio y se construye en el camino, en las asambleas comunales y en la palabra cumplida.

El afecto del pueblo de Ccayarpachi, ganado con compromiso y consecuencia, es prueba de que Margot Palacios no ha abandonado a quienes representa. Su lucha, histórica y territorial, resuena en los rincones más profundos de la patria, donde las voces que exigen justicia, pan, tierra, educación y soberanía encuentran en ella una aliada incansable. Porque, como reza la sabiduría popular, el cariño del pueblo no se compra, se gana, y Margot Palacios lo ha conquistado con creces.