La jornada nacional «Keiko No Va», convocada por una amplia coalición de colectivos ciudadanos, sindicatos y organizaciones sociales, movilizó a miles de personas en Lima y diversas regiones del país en vísperas del debate presidencial del 31 de mayo.

Lima, 30 de mayo de 2026.- A ocho días de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), miles de ciudadanos salieron este sábado a las calles de distintas ciudades del país para expresar su rechazo a la candidatura fujimorista. Bajo la consigna «Keiko No Va», la movilización reunió a organizaciones de derechos humanos, colectivos juveniles, gremios sindicales, federaciones estudiantiles, agrupaciones feministas y asociaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori. En Lima, la concentración principal partió desde la Plaza San Martín y recorrió el centro histórico hasta el Palacio de Justicia.

Las protestas también se replicaron en diversas regiones con una amplia participación ciudadana. En Trujillo, colectivos culturales, artistas y organizaciones sociales se reunieron en la Plazoleta El Recreo bajo los lemas «Keiko No Va» y «No al Kaos», mientras que en Arequipa la convocatoria tuvo como punto central la Plaza España. En Cusco, cientos de personas se congregaron en la Plaza Limacpampa; en Chiclayo, en la Plazoleta Elías Aguirre; y en Huancayo también se registraron movilizaciones de considerable asistencia. En algunos puntos del recorrido, particularmente en Trujillo, se reportaron momentos de tensión con la Policía Nacional durante el control de la marcha.

La convocatoria tomó fuerza durante los últimos días en plataformas digitales, donde afiches, videos y mensajes de organizaciones juveniles y colectivos ciudadanos circularon masivamente. Etiquetas y consignas vinculadas a «Keiko No Va», «No al Kaos» y mensajes relacionados con memoria histórica y defensa de la democracia fueron compartidos en redes sociales, impulsando la participación de sectores estudiantiles, culturales y ciudadanos independientes en distintas ciudades del país.

Entre los actores políticos que respaldaron la jornada figuraron el excandidato presidencial Alfonso López Chau, de Ahora Nación. También participó Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, quien durante una conferencia previa a la movilización sostuvo que la presencia de su organización buscaba reafirmar un compromiso con la defensa de la democracia. Como parte de esa articulación política y social, representantes de diversos colectivos suscribieron un denominado «Compromiso por el Perú» antes del inicio de las marchas.

El componente sindical y universitario también tuvo una participación destacada. Julio César Bazán, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuestionó las políticas laborales impulsadas durante el fujimorismo y advirtió sobre una eventual continuidad de dichas medidas. Desde el movimiento estudiantil, dirigentes universitarios invocaron a la memoria de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los años noventa para convocar a una mayor participación juvenil.

Las voces de las víctimas directas del régimen de Alberto Fujimori ocuparon un espacio central durante la jornada. María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMFEP), denunció nuevamente los abusos sufridos por miles de mujeres durante aquella etapa, mientras que Gisela Ortiz, representante de familiares de víctimas de crímenes de Estado, sostuvo que las razones para rechazar el retorno del fujimorismo al poder «se levantan cada cinco años con memoria y justicia».

Los organizadores dirigieron además un mensaje al electorado aún indeciso y cuestionaron las campañas que promueven el voto blanco o nulo, al considerar que podrían terminar favoreciendo indirectamente a la candidatura de Fuerza Popular. La movilización se produjo apenas un día antes del debate presidencial del 31 de mayo, considerado uno de los eventos decisivos de la campaña electoral antes de que los peruanos acudan a las urnas el próximo 7 de junio.

Huancayo, 26 de mayo de 2026.- La visita de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a la región Junín estuvo marcada por movilizaciones de rechazo, enfrentamientos y una represión policial que dejó heridos y detenidos, evidenciando la profunda división política que persiste en esta región de cara a la segunda vuelta electoral.

Fujimori llegó el lunes 25 con una agenda reservada: una reunión en un restaurante de Concepción —donde celebró su cumpleaños número 51— y un evento en el estadio de El Tambo sin acceso para la prensa ni el público. Desde el primer día, ciudadanos se congregaron en la plaza de la Constitución para expresar su rechazo con consignas como «Fujimori nunca más» y «la sangre derramada jamás será olvidada».

La jornada del martes concentró los incidentes de mayor gravedad. Horas antes del mitin, colectivos ciudadanos bloquearon el paso del bus de la orquesta Hermanos Yaipén, contratada por Fuerza Popular para animar el evento, obligándola a retirarse ante la presión de los manifestantes.

Durante el acto, una ciudadana que increpó a la congresista Rosángela Barbarán denunció haber sido agredida por presuntas militantes fujimoristas, quienes le habrían jalado el cabello y arañado. La mujer se encontraba acompañada de su madre adulta mayor. El incidente fue registrado en videos que se viralizaron en redes sociales. Fuerza Popular no emitió pronunciamiento oficial al respecto.

Pasadas las 7 de la noche, efectivos de la Policía Nacional dispersaron con gases lacrimógenas a los manifestantes en los exteriores del mitin. Se reportaron golpes a algunos ciudadanos y al menos un detenido, lo que motivó que un grupo rodeara la comisaría del distrito de El Tambo exigiendo su liberación.

El rechazo en Junín no es nuevo. En la campaña de 2021, Fujimori enfrentó protestas similares en Jauja y Huancayo. En la campaña actual, un mitin en Pichanaki debió suspenderse semanas atrás ante el lanzamiento de piedras, y un estrado cedió durante su visita a la comunidad asháninka de Pampa Michi. La región concentra sectores que asocian al fujimorismo con la violencia política de los noventa y con la represión de las protestas sociales de 2022 y 2023.

La segunda vuelta enfrenta a Fujimori con Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con los comicios previstos para el domingo siguiente. Junín es considerada una región históricamente adversa al fujimorismo, lo que convierte cada actividad proselitista en un termómetro de las tensiones que atraviesa el proceso electoral en el centro del país.

En una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), ocho trabajadores mineros secuestrados por una organización criminal fueron rescatados en una bocamina del sector Los Alisos, en el centro poblado de Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, región La Libertad. La intervención, denominada “Impacto”, se ejecutó tras varios días de labores de inteligencia que permitieron ubicar el lugar donde permanecían retenidos.

Durante el operativo se produjo un intenso enfrentamiento armado, luego de que los delincuentes abrieran fuego contra las fuerzas del orden para impedir el rescate. Como resultado, cuatro militares resultaron heridos de bala y fueron evacuados de emergencia al Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, en Lima, donde permanecen estables, según el último reporte médico.

Este nuevo episodio refleja la grave crisis de seguridad que enfrenta Pataz, una de las provincias más afectadas por la minería ilegal y el crimen organizado. Las bandas que operan en la zona utilizan armamento de largo alcance y recurren al secuestro y la extorsión para consolidar su control sobre las bocaminas con alta producción de oro.

Pese al rescate, pobladores y representantes del sector minero han expresado su preocupación por la persistencia de la violencia, a pesar de los sucesivos estados de emergencia decretados en la provincia. El sector Los Alisos es considerado uno de los puntos más críticos por la disputa territorial entre organizaciones criminales.

El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior informaron que las operaciones en Pataz continuarán de manera sostenida hasta desarticular a las bandas delictivas que mantienen en zozobra a la región. En tanto, los ocho trabajadores rescatados reciben atención médica y apoyo psicológico antes de reencontrarse con sus familiares.