La promesa de una infraestructura de salud digna para Ayacucho se desmorona bajo el peso de la negligencia, la ineficiencia y sospechas de corrupción. Un informe de la Contraloría expone un panorama alarmante: hospitales públicos en la región —financiados con millones de soles del erario — permanecen inconclusos, plagados de fallas estructurales, retrasos injustificados y una gestión opaca que compromete el derecho a la salud de miles de ciudadanos.

Hospital Daniel Alcides Carrión (Huanta): Entregado a medias y con fallas críticas

El Hospital de Huanta, emblema de las deficiencias regionales, fue recepcionado con fisuras en los muros, filtraciones en techos y equipos médicos almacenados sin instalar. La Contraloría señala la ausencia de personal técnico calificado, un cuaderno de obra irregular y supervisiones tan laxas que permitieron errores estructurales evidentes. Los retrasos en pagos y la falta de presupuesto paralizaron la obra, dejando un hospital que opera a medio gas, incapaz de atender plenamente a la población.

Hospital San Francisco (Ayna): Sobrecostos y diseño deficiente

En Ayna, el Hospital San Francisco arrastra un avance físico estancado y adicionales de obra que superan el 20% del contrato original, violando la normativa. Instalaciones eléctricas incompletas, sistemas de agua mal diseñados y materiales almacenados en condiciones precarias son solo parte del diagnóstico. Las modificaciones al expediente técnico, sin sustento claro, han inflado los costos y retrasado una entrega que sigue sin concretarse, mientras la población espera servicios que no llegan.

Hospital de Cangallo: Operativo, pero incompleto

Aunque oficialmente inaugurado, el Hospital de Cangallo funciona con limitaciones severas. Fallas en el sistema de climatización y gases medicinales, junto a ambientes clínicos sin terminar, evidencian una supervisión técnica deficiente. La entrega apresurada, sin cumplir estándares básicos, refleja una constante en la región: priorizar la fachada sobre la funcionalidad, a costa de la calidad del servicio.

Hospitales San Miguel y Coracora: Opacidad y abandono

En San Miguel, la entrega de obras inconclusas se suma a una gestión carente de transparencia, dificultando el control ciudadano. El Hospital Coracora, pendiente de evaluación en 2025, forma parte de este patrón de abandono institucional. La falta de claridad en contratos, adendas y cronogramas alimenta dudas sobre el destino de los fondos públicos.

Un sistema en ruinas: Negligencia, contratistas y supervisión fallida

Las irregularidades trascienden los casos individuales. Contratistas sin capacidad técnica, demoras en la resolución de consultas y una supervisión plagada de omisiones han convertido estos proyectos en pozos sin fondo. El Gobierno Regional de Ayacucho, responsable de la ejecución, muestra una gestión presupuestal caótica y un incumplimiento reiterado de las normas de contratación estatal. El resultado: infraestructura en riesgo de deterioro, arbitrajes costosos y un impacto directo en la salud pública.

El costo humano: Vidas en juego

Cada hospital a medio construir es más que un fracaso técnico; es una promesa traicionada. Los retrasos y sobrecostos no solo despilfarran recursos, sino que niegan atención digna a una población vulnerable. La burocracia y la desidia han convertido la salud en rehén de un sistema donde los errores se tapan con excusas y los responsables evaden sanciones.

Respuestas tibias, impunidad rampante

Las medidas adoptadas —nulidad de contratos, arbitrajes o investigaciones internas— carecen de fuerza y claridad. La ausencia de sanciones penales o administrativas concretas, junto a la opacidad en la publicación de información, perpetúa un ciclo de impunidad. Sin auditorías independientes ni castigos ejemplares, la historia está condenada a repetirse.

Un llamado urgente

Es hora de romper este círculo vicioso. Ayacucho necesita más que informes archivados: exige controles rigurosos, transparencia absoluta y una reforma que priorice resultados sobre discursos. Cada sol malgastado, cada ladrillo mal puesto, es una afrenta a quienes dependen de estos hospitales para sobrevivir. La salud no puede seguir siendo un lujo postergado por la ineptitud y el cálculo político. El país merece justicia, y Ayacucho, respuestas.

Piura atraviesa una nueva crisis sanitaria y social tras la intoxicación de más de 80 escolares que consumieron alimentos del programa estatal Wasi Mikuy, implementado por el gobierno de Dina Boluarte para garantizar la alimentación en escuelas públicas. El hecho ocurrió en el distrito de La Unión, provincia de Piura, donde estudiantes del nivel primario comenzaron a presentar «síntomas de vómitos, diarrea y malestar general» luego de ingerir productos distribuidos por el programa.

Familiares y docentes trasladaron de urgencia a los menores a centros de salud cercanos. Aunque ninguno se encuentra en estado grave, la situación ha generado una profunda indignación en la comunidad. Algunos padres de familia denunciaron que los alimentos entregados estaban vencidos o en mal estado. Uno de los testimonios que más eco ha tenido en redes sociales fue el de una madre, que, entre lágrimas, exclamó: “Que los alimentos vencidos se los traguen los congresistas y Dina Boluarte. Están matando a nuestros niños”.

Frente al escándalo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció una investigación inmediata y suspendió temporalmente la distribución en la zona mientras se realizan los análisis sanitarios correspondientes. Hasta el momento, no hay responsables identificados.

Organizaciones civiles y especialistas en políticas públicas han cuestionado la falta de fiscalización y control de calidad en la cadena de suministro del programa. Asimismo, exigen al Ejecutivo una respuesta firme y transparente, además de una revisión integral del programa Wasi Mikuy, que atiende a miles de niños en situación de vulnerabilidad en todo el país.

El distrito de Tambogrande, en Piura, se alista para un paro macroregional este viernes 28 de marzo, en rechazo al proyecto minero El Algarrobo, cuya concesión fue otorgada recientemente a la empresa Buenaventura por ProInversión. Agricultores, ronderos y pobladores han unido fuerzas para defender la vocación agrícola del distrito, tras la entrega de la zona de Locuto a la minera. La huelga, respaldada por más de 10,000 ronderos, busca enviar un mensaje claro al gobierno: la minería no es bienvenida en esta región históricamente dedicada a la producción de mango, limón y otros cultivos emblemáticos.

Una oposición con raíces profundas

La resistencia al proyecto El Algarrobo no es un fenómeno reciente. En 2002, una consulta vecinal reveló que el 98% de los habitantes de Tambogrande rechazó la actividad minera en el valle de San Lorenzo, priorizando la agricultura como modelo de desarrollo. Alfredo Rengifo, alcalde del distrito, ha reafirmado esta postura, declarando que “el proyecto no va” y que la voluntad popular sigue intacta. Sin embargo, la firma del contrato entre Buenaventura y ProInversión ha reavivado el conflicto, generando acusaciones de imposición por parte del gobierno de Dina Boluarte.

Líderes y demandas al frente de la lucha

El Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Tambogrande, junto a las rondas campesinas y la Comunidad de San Juan Apóstol de Locuto, ha liderado las críticas. Gianfranco Mendoza Saavedra, presidente del Frente, exigió respeto a la decisión tomada hace más de 20 años y acusó al Ejecutivo de actuar dictatorialmente. Entre las demandas de la plataforma de lucha destacan la nulidad de las concesiones mineras en cabeceras de cuencas y el fin de la criminalización de la justicia comunal, temas que resonarán en las calles durante la marcha.

Denuncias de presión y condicionamiento

Enargio Maza, vicepresidente del Frente y representante de Locuto, denunció que el gobierno estaría condicionando obras de desarrollo esenciales para la comunidad a cambio de la aceptación del proyecto, una estrategia que ha encendido aún más los ánimos. Por su parte, Santos Castillo Montalbán, líder de la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas, calificó la suscripción del contrato como una “declaratoria de guerra” y anunció que la oposición se expresará tanto en protestas como en acciones legales.

El Algarrobo: un proyecto controvertido

El proyecto El Algarrobo, promovido por ProInversión, contempla la exploración y explotación polimetálica mediante una mina subterránea en la margen izquierda del río Piura, además de obras hidráulicas. Aunque el gobierno lo presenta como una oportunidad de inversión y progreso, para los pobladores de Tambogrande representa una amenaza a su modo de vida. Con una historia de resistencia y una comunidad movilizada, el futuro del proyecto pende de un hilo en medio de un conflicto que pone en juego el desarrollo sostenible de la región.