La discusión sobre un eventual cierre del Congreso ha irrumpido en el escenario político peruano apenas semanas después del inicio del Gobierno de Keiko Fujimori. Hasta ahora, no existe evidencia pública que permita afirmar que la presidenta haya decidido o planificado una ruptura del orden constitucional. Sin embargo, declaraciones de altos funcionarios y dirigentes políticos han instalado un escenario que merece ser examinado con especial atención.

El fantasma del 5 de abril vuelve al debate

La comparación con el régimen de Alberto Fujimori resulta inevitable por un antecedente histórico concreto: el 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y asumió un control extraordinario sobre instituciones del Estado. El episodio es reconocido como un autogolpe y produjo una ruptura del orden democrático.

Tres décadas después, cualquier referencia a una eventual disolución del Parlamento adquiere una dimensión particularmente sensible cuando quien ocupa la Presidencia es su hija. Pero una analogía histórica no constituye, por sí misma, evidencia de que el Gobierno actual pretenda repetir aquella experiencia.

Josué Gutiérrez encendió la primera alarma

La controversia tomó fuerza el 27 de agosto, cuando el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, habló públicamente de un hipotético escenario de disolución del Congreso y sostuvo que quien se atreviera a hacerlo podría incrementar significativamente su aprobación. Sus declaraciones provocaron críticas desde distintas bancadas y posteriormente el propio Gutiérrez ofreció disculpas, calificando sus afirmaciones como un análisis hipotético de un escenario que no consideraba deseable para la democracia.

La presidenta Fujimori rechazó entonces categóricamente la posibilidad de cerrar el Parlamento y calificó las declaraciones del defensor como un «pésimo desliz». También afirmó que su Gobierno es institucional y que el país vive en democracia.

La cuestión de confianza entra en escena

El segundo elemento que alimenta el debate es la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo. La discusión se ha complicado debido a que distintas comisiones parlamentarias han cuestionado o rechazado partes del pedido gubernamental.

El 11 de septiembre, Fujimori declaró que, «por ahora», no veía al primer ministro Luis Galarreta presentando una cuestión de confianza para impulsar la aprobación de las facultades. La mandataria insistió en que esperaba un debate técnico y objetivo en la Cámara de Diputados y descartó nuevamente que el Ejecutivo estuviera evaluando una disolución del Congreso.

Pero el debate no desapareció. El 17 de septiembre, el senador de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, afirmó que, si el escenario se transformaba en un «pleito» entre bancadas, el primer ministro podría plantear una cuestión de confianza sobre el paquete legislativo. Al mismo tiempo, Mesía sostuvo que no buscaba un enfrentamiento y defendió que el Parlamento aprobara las medidas que considerara convenientes para el país.

¿Una ruta calculada o una crisis todavía abierta?

Aquí aparece la pregunta central que el debate político debe responder con documentos y hechos, no con especulaciones: ¿las referencias al cierre del Congreso y a la cuestión de confianza constituyen simplemente advertencias y escenarios hipotéticos o forman parte de una estrategia política previamente diseñada?

Hasta el momento, las fuentes públicas consultadas no permiten afirmar que exista un plan secreto para disolver el Parlamento. Lo que sí está documentado es una presión política del Ejecutivo para obtener facultades legislativas y la existencia de un debate dentro del oficialismo sobre la posibilidad de utilizar una cuestión de confianza si la confrontación con el Congreso aumentara.

Fuerzas Armadas y cooperación con Estados Unidos

Otro elemento que merece seguimiento es la política de seguridad del Gobierno. El Ejecutivo ha impulsado medidas de mayor participación de las fuerzas de seguridad frente al crimen organizado y ha declarado estados de emergencia en establecimientos penitenciarios, con participación de la Policía y apoyo de las Fuerzas Armadas.

A ello se suma la incorporación anunciada por Fujimori del Perú al denominado «Escudo de las Américas», iniciativa de cooperación contra la criminalidad transnacional promovida por Estados Unidos. El anuncio fue realizado el 10 de septiembre junto al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien visitó Lima durante una gira regional.

La existencia de cooperación militar, policial o de inteligencia con Washington tampoco demuestra por sí misma un respaldo estadounidense a una eventual ruptura institucional. No hay, en las fuentes revisadas, evidencia que permita sostener que el presidente Donald Trump haya autorizado o respaldado un eventual cierre del Congreso peruano.

La historia obliga a exigir garantías

El antecedente de 1992 hace que cualquier concentración extraordinaria de poder deba ser examinada con especial rigor. Pero también obliga a separar la memoria histórica de las acusaciones que todavía no cuentan con pruebas.

Keiko Fujimori sostiene públicamente que no contempla cerrar el Congreso y que su Gobierno respetará la institucionalidad democrática. Al mismo tiempo, miembros de su entorno político han hablado de mecanismos constitucionales como la cuestión de confianza para enfrentar un eventual conflicto parlamentario.

La pregunta que queda abierta para el país no es si debe darse por consumado un supuesto plan de autogolpe —porque no existe evidencia pública suficiente para afirmarlo—, sino qué controles institucionales funcionarían si el Ejecutivo y el Parlamento entraran en una confrontación de mayor intensidad.

En una democracia, las Fuerzas Armadas, el Congreso, el Poder Ejecutivo, los organismos constitucionales y la ciudadanía tienen límites y responsabilidades definidos por la Constitución. Por ello, cualquier intento de utilizar una crisis política para concentrar poder tendría que ser evaluado sobre la base de actos concretos, normas, decisiones oficiales y evidencia verificable.

Por ahora, el expediente permanece abierto. El cierre del Congreso ha sido negado por la presidenta; la cuestión de confianza ha sido mencionada como posibilidad política; y el pedido de facultades continúa generando tensión entre Ejecutivo y Legislativo. Convertir esas señales en la afirmación de que «todo estaba calculado» requeriría pruebas que, hasta este momento, no aparecen en la información pública revisada.

La comunicadora que denunciaba corrupción y minería ilegal en Áncash murió a balazos en el mercado de Caraz, a 15 días de las elecciones regionales. Hay cuatro detenidos y la Fiscalía ya habla de sicariato.

Caraz, 19 de setiembre de 2026.- La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como «China Polo», fue ejecutada a balazos este sábado 19 de setiembre, alrededor de las 12:40 horas, mientras repartía propaganda de campaña en la avenida Ramón Castilla, en pleno centro de Caraz, provincia de Huaylas. El ataque, registrado en una transmisión en vivo, dejó además cinco personas heridas que fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios.

Días antes de morir, Aponte Polo difundió videos en los que denunciaba amenazas de muerte, hostigamiento e incluso llamadas desde establecimientos penitenciarios. Señaló directamente al general PNP Víctor Revoredo Farfán de haber ordenado un atentado contra ella. Las advertencias no fueron atendidas y el sábado, en pleno día, en el mercado de Caraz, un sicario la interceptó y disparó varias veces. Testigos confundieron los tiros con pirotecnia.

Detienen al presunto sicario

La Policía Nacional detuvo horas después al presunto autor material, el ciudadano venezolano Luis Iván Obispo Díaz, de aproximadamente 30 años, a quien se le incautó una pistola Glock calibre 9 × 19 mm reportada como robada en 2023 en Villa El Salvador. En las siguientes horas se sumaron la detención de un supuesto financista, de quien habría transportado al atacante, y de otro venezolano identificado como Ronal Toro Artila. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó varios detenidos.

La Fiscalía ya habla de sicariato

La investigación, inicialmente abierta como presunto feminicidio, fue recalificada como presunto sicariato, confirmó la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, que ordenó pericias y la revisión de cámaras de seguridad de la zona, incluidas las de un hotel cercano. El Ministerio del Interior envió un equipo especializado de la División de Homicidios a Áncash.

Una voz contra la corrupción

Aponte Polo conducía el espacio digital China Polo Dominical en YouTube, desde donde denunciaba presunta corrupción, crimen organizado, minería ilegal y obras cuestionadas de autoridades locales y regionales. En 2026 postulaba al Gobierno Regional por el movimiento Socios por Áncash. Previamente había sido excluida de una candidatura a diputada por omisión de sentencias condenatorias firmes en su hoja de vida. El móvil del crimen —si responde a sus denuncias periodísticas o a otros intereses— aún no está establecido oficialmente y es materia de investigación.

Lo que está en juego

A 15 días de las Elecciones Regionales del 4 de octubre, el asesinato de China Polo abre dos frentes: la búsqueda de los autores intelectuales que pagaron por el sicariato y la urgente revisión de la seguridad de los candidatos en campaña. Para Caraz, para Áncash y para el periodismo peruano, la pregunta es una sola: ¿quién mandó matar y por qué nadie protegió a quien lo denunció antes de morir?

Lima, 16 de septiembre de 2026.- El Pleno del Senado ratificó este miércoles a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) para el periodo 2026-2031, con 40 votos a favor y 12 en contra, una decisión que consolida el respaldo institucional a la política económica de corte capitalista y neoliberal que ha caracterizado al Perú en las últimas décadas. La resolución legislativa, confirmada oficialmente por el Congreso, cierra el procedimiento de ratificación iniciado por el Poder Ejecutivo y refuerza la continuidad de un modelo basado en la estabilidad macroeconómica, la autonomía del banco central y la confianza en los mercados.

El respaldo mayoritario y sus implicancias

La abrumadora mayoría a favor de Velarde —figura clave en la gestión monetaria peruana desde 2006— refleja el consenso político en torno a un modelo que prioriza la disciplina fiscal, la liberalización de mercados y la atracción de inversiones privadas. Senadores de bancadas como Ahora Nación, Partido Cívico Obras, Buen Gobierno, Renovación Popular y Fuerza Popular defendieron su continuidad, destacando su experiencia y la necesidad de mantener la macroeconomía y autonomía del BCR, aunque sin descuidar la fiscalización parlamentaria.

Jaime Delgado (Ahora Nación) y Roger Astucuri (Partido Cívico Obras) subrayaron que la ratificación de Velarde garantiza la estabilidad monetaria, mientras que los legisladores de Fuerza Popular, como José Arista y Patricia Juárez, respaldaron su permanencia como un pilar para el crecimiento económico.

La disidencia de Juntos por el Perú: ¿Un giro ideológico o una fractura interna?

Los 12 votos en contra provienen, según reportes periodísticos, de la bancada de Juntos por el Perú (JP), partido que en las elecciones de 2026 obtuvo 14 escaños en el Senado. Este resultado plantea una paradoja política: durante la campaña presidencial, su candidato, Roberto Sánchez, pasó de cuestionar abiertamente la permanencia de Velarde en la primera vuelta a defender su continuidad en la segunda vuelta, argumentando que era necesaria para preservar la estabilidad macroeconómica. Incluso, el 28 de mayo, Sánchez reveló que había coordinado con su equipo económico y con el expresidente Pedro Castillo la posibilidad de mantener a Velarde al frente del BCR.

Sin embargo, la votación en el Senado muestra una fractura dentro de JP. Senadores como Humberto Morales, Bernardo Quito y Wilfredo Verano criticaron duramente a Velarde durante el debate: Morales cuestionó sus vinculaciones con el sector privado, Quito puso en duda que la estabilidad dependiera de una sola persona, y Verano advirtió que la autonomía del BCR no debía confundirse con la permanencia indefinida de un funcionario.

La Comisión de Procedimientos Especiales, presidida por Hugo Ccahuana Aymachoque (JP), había recomendado previamente la ratificación con 9 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Aunque Ccahuana sustentó el informe, dejó en claro sus reparos personales sobre la necesidad de renovar los cuadros técnicos del BCR.

¿Qué dice la resolución?

El documento aprobado por el Senado sostiene que Velarde cumple con los requisitos legales y constitucionales, que no existe incompatibilidad para ejercer el cargo y que su trayectoria garantiza la conducción del BCR durante el próximo quinquenio. La resolución, sin embargo, no detalla nominalmente a los 12 senadores que votaron en contra, lo que deja pendiente una verificación periodística para identificar exactamente qué miembros de JP se opusieron y cuáles respaldaron la ratificación, pero sus aliados decidieron sacarse la careta y apoyar sin reparos a la política económica del gobierno actual.

Un respaldo con matices

La ratificación de Velarde evidencia el respaldo del Senado a la política económica neoliberal, pero también expone tensiones internas en Juntos por el Perú, donde una parte de la bancada parece alinearse con el discurso crítico de la campaña, mientras que otro sector —incluyendo a su líder, Roberto Sánchez— optó por priorizar la estabilidad institucional.

El siguiente paso será analizar el registro nominal de la votación, que permitirá medir, senador por senador, la coherencia entre las promesas de campaña y las decisiones tomadas en el hemiciclo.