En el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, Apurímac, las comunidades campesinas han alzado su voz contra la presencia de la minera Southern Copper Corporation, denunciando que ni la empresa ni el…
Agricultura
Comunidades Campesinas Exigen Derogatoria de la Ley 32293 en Defensa de sus Tierras Ancestrales

Cusco, 6 de junio de 2025 – Más de 6,000 comunidades campesinas del Perú, representando a unos 2 millones de campesinos, han iniciado una movilización nacional para exigir la derogatoria de la Ley 32293, promulgada el 8 de abril de 2025, que permite la formalización de posesiones informales sobre tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015. Organizaciones como la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru II del Cusco (FARTAC) denuncian que esta norma vulnera los derechos territoriales de las comunidades, facilitando el despojo de sus tierras en favor de traficantes de terrenos y grandes empresas.
La Ley 32293, que modifica la Ley 24657, ha generado indignación por contradecir el artículo 89 de la Constitución, que protege la imprescriptibilidad de las tierras comunales, y por omitir la consulta previa exigida por el Convenio 169 de la OIT. Según AIDESEP y expertos de CEPES e IDL, la norma legaliza ocupaciones informales, exponiendo a las comunidades a la pérdida de sus territorios ancestrales y a nuevos conflictos sociales. “Esta ley es un ataque directo a nuestra identidad y sustento”, afirmó un líder de la FARTAC.
En respuesta, las comunidades campesinas, lideradas por organizaciones como la FARTAC, han tomado la iniciativa de impulsar la derogatoria de la Ley 32293. La congresista Margot Palacios apoya esta lucha con el Proyecto de Ley 11394, presentado para anular la norma y restaurar la soberanía de las comunidades sobre sus tierras. “Las comunidades son las protagonistas de esta lucha; nuestro proyecto es una herramienta para respaldar su justa demanda”, declaró Palacios.
Las organizaciones campesinas han anunciado marchas, asambleas y acciones legales a nivel nacional para presionar al Congreso por la aprobación del Proyecto de Ley 11394. El 5 de junio, un conversatorio virtual en Cusco, titulado “Derogatoria de todas las leyes Boluarte que perjudican al pueblo”, reunió a líderes campesinos para denunciar la inconstitucionalidad de la Ley 32293 y planificar estrategias de resistencia. “No permitiremos que nos arrebaten nuestras tierras”, enfatizó un representante de la FARTAC.

El impacto de la Ley 32293 va más allá de lo territorial, amenazando la identidad cultural y los medios de vida de las comunidades. La norma podría facilitar proyectos extractivos y especulación inmobiliaria, mientras criminaliza a líderes comunales que defienden sus territorios. AIDESEP ha propuesto demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, señalando la falta de consulta previa como una violación de los derechos fundamentales.
El Proyecto de Ley 11394, disponible en www.congreso.gob.pe y en https://goo.su/cZEYozJ, espera ser debatido en comisiones como la Agraria y la de Pueblos Andinos. Su aprobación depende del apoyo político y de la presión de las comunidades, que están decididas a proteger su patrimonio. Las organizaciones campesinas llaman a la ciudadanía a unirse a su causa, difundiendo información y participando en las movilizaciones.
La lucha por la derogatoria de la Ley 32293 es un clamor por justicia y dignidad. Con las comunidades campesinas al frente y el respaldo de aliados como la congresista Palacios, esta movilización busca revertir siglos de despojo y garantizar que las tierras comunales sigan siendo el corazón de la vida campesina en el Perú.
Actualidad
Denuncian prácticas antisindicales en empresa agroexportadora Hass Perú de La Libertad

La Libertad, 12 de enero 2026.- Trabajadores de Hass Perú, empresa agroexportadora dedicada al cultivo de palta y arándanos en el departamento de La Libertad, han hecho pública una denuncia grave contra la compañía por presuntas prácticas antisindicales. El Sindicato de Trabajadores de Hass Perú (SINTRAHASSP), oficialmente registrado en diciembre de 2025 mediante la Resolución Subgerencial N° 000204-2025 del Gobierno Regional de La Libertad, acusa a la empresa de responder a su constitución con despidos de dirigentes y afiliados, hostigamiento laboral y deficiencias en medidas de seguridad que habrían provocado accidentes graves, incluyendo uno donde un trabajador perdió tres dedos de la mano.
Entre las exigencias del sindicato destacan la reposición inmediata de los despedidos —considerados nulos por constituir discriminación antisindical según la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y convenios de la OIT ratificados por Perú—, mejoras en el transporte al finalizar la jornada (con demoras excesivas en la movilidad), cese de presiones excesivas por parte de supervisores en la cosecha de arándano (con tolerancias mínimas de defectos que derivan en suspensiones), incremento de bonos en poda y cosecha, reducción de tareas excesivas y respeto pleno a la normativa de negociación colectiva.
La denuncia, que circula en redes sociales desde inicios de enero de 2026 y ha sido respaldada por economistas laborales como Fernando Cuadros Luque y Eduardo Zegarra, vincula estos hechos a un contexto más amplio de precarización en el sector agroexportador. Críticos señalan que la reciente Ley N° 32434 (conocida como Ley Chlimper 2.0, promulgada en 2025) reduce impuestos y aportes a EsSalud para las grandes empresas, lo que debilitaría la fiscalización laboral y facilitaría prácticas de este tipo en un rubro que concentra altos niveles de contratos temporales.
Ante las acusaciones, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó el 13 de enero de 2026 que su Intendencia Regional de La Libertad emitió una orden de inspección en la empresa, ubicada en Chao (Virú), para verificar las demandas laborales y presuntas irregularidades, incluyendo paralizaciones de actividades reportadas. La entidad ha enfatizado su rol en sancionar infracciones muy graves como actos contra la libertad sindical.
Este caso refleja tensiones persistentes en el sector agroindustrial peruano, donde el reconocimiento de sindicatos choca frecuentemente con estrategias empresariales de contención de costos. Mientras los trabajadores exigen respeto a derechos constitucionales y laborales, las autoridades competentes deberán determinar si se configuran violaciones que ameriten sanciones, reposiciones o medidas correctivas, en un escenario de creciente visibilidad de denuncias similares en la costa norte.
Actualidad
Crisis del limón en Piura: pequeños agricultores pagan el costo de la desorganización del Estado

La drástica caída del precio del limón en Piura ha vuelto a golpear con fuerza a miles de pequeños y medianos agricultores, quienes hoy venden su principal producto por debajo de los costos de producción. Mientras los intermediarios continúan imponiendo precios en un mercado desordenado, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), ha limitado su rol a explicar la situación como un fenómeno “estacional”, sin asumir responsabilidades por la falta de planificación agrícola, ordenamiento de la oferta ni protección efectiva al productor.
Lejos de ser un problema exclusivamente climático o de mercado, la actual crisis evidencia una ausencia sostenida de políticas públicas orientadas a garantizar calidad, productividad y acceso a mercados. La falta de fertilizantes, semillas certificadas y asistencia técnica permanente ha deteriorado la calidad del limón piurano, reduciendo su competitividad y su demanda. Estas funciones recaen directamente en el MIDAGRI y sus organismos adscritos, cuya débil presencia en el campo ha dejado al agricultor expuesto a pérdidas económicas, endeudamiento y abandono de sus parcelas.
Sin mecanismos de regulación, precios de referencia ni estrategias para diversificar mercados o impulsar la agroindustria, el peso de la crisis recae nuevamente sobre el eslabón más vulnerable de la cadena: el productor. Organizaciones agrarias advierten que, de no adoptarse medidas urgentes y estructurales, la situación podría profundizar la precarización del agro regional. La defensa del limón no es solo una demanda sectorial, sino una exigencia para que el Estado cumpla su rol y evite que los pequeños agricultores sigan llevando la peor parte.
Agricultura
Arequipa: Precios de vainita y cebolla registran incremento en la Plataforma Comercial de Río Seco

Arequipa, 10 de enero 2026.- En la Plataforma Comercial de Río Seco, ubicada en el distrito de Cerro Colorado (Arequipa), se observa un ajuste al alza en los precios de algunas hortalizas de consumo diario. Según información reportada por comerciantes y usuarios, el kilo de vainita alcanzó los 4 soles, mientras que la cebolla llegó hasta los 2 soles por kilo. Estos valores representan un incremento respecto a cotizaciones previas en mercados cercanos, donde la vainita se mantenía alrededor de 4.00 a 4.50 soles y la cebolla oscilaba entre 1.00 y 1.50 soles a inicios de enero de 2026.
El alza en estos productos se suma a la tendencia observada en otros centros de abasto de la región durante las primeras semanas del año. En el mercado Nueva Esperanza, por ejemplo, la vainita se cotiza en 4.50 soles el kilo, mientras que la cebolla se mantiene en niveles bajos (alrededor de 1.00 sol). Los comerciantes atribuyen las variaciones principalmente a factores estacionales, como la menor oferta por condiciones climáticas en las zonas productoras y la demanda sostenida de las familias arequipeñas.
La Plataforma de Río Seco continúa siendo uno de los principales puntos de abastecimiento mayorista y minorista en el Cono Norte de Arequipa. Las autoridades y los vendedores recomiendan a los consumidores verificar directamente en los puestos, ya que los precios pueden variar según la calidad del producto, el volumen de compra y el momento del día. Se espera que la situación se estabilice en las próximas semanas conforme evolucione la producción agrícola regional.
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