En un nuevo capítulo de la crispada política peruana, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, ha desatado controversia al publicar un mensaje en redes sociales que muchos interpretan como una amenaza velada contra la congresista Margot Palacios Huamán. El comentario, compartido a través de Facebook y X, se produce en un contexto de creciente rivalidad entre facciones de izquierda, donde Cerrón parece ver a Palacios como una potencial amenaza para su hegemonía rumbo a las elecciones de 2026.

El mensaje de Cerrón surge como respuesta a una declaración de Palacios en Canal N, donde ella señaló que la oposición a la ley de detención preliminar tenía “nombre propio: Vladimir Cerrón”. Según la congresista, esta norma ha sido utilizada para perseguir a sectores populares, mientras deja intocables a los poderosos. Cerrón, lejos de desmentir, replicó con un tono que mezcla advertencia y sarcasmo: “Esta ley no encarcela a los poderosos, empresarios, banqueros, ni a sus operadores, sino al pueblo. Más adelante, cuando la persecución se amplíe, no se queje si le tocan la puerta”. Para muchos, estas palabras insinúan una intimidación directa hacia Palacios, quien ha emergido como una figura provinciana incómoda para Perú Libre tras su distanciamiento del partido.

El trasfondo de esta pugna parece estar en el temor de Cerrón a que Juntos por el Perú (JP), con Palacios como posible candidata junto a Antauro Humala, pueda desplazar a Perú Libre como la principal fuerza de izquierda popular en el espectro político. Analistas señalan que la mención de una supuesta alianza entre Palacios y Humala, un personaje polarizante con fuerte respaldo en sectores radicales, podría estar avivando las inseguridades de Cerrón, quien ya enfrenta cuestionamientos internos y externos por su comprobada alianza con sectores de la derecha peruana como Fuerza Popular, y sus aliados conservadores y fascistas. Así como su innegable cercanía con el régimen de Dina Boluarte a quien brindaría apoyo desde su Bancada en el Congreso.

Además, el rumor de que Palacios tendría el respaldo tácito de las poblaciones más excluidas, especialmente del ámbito rural andino y amazónico del país, añade más leña al fuego, sugiriendo un juego de alianzas y acuerdos próximos que podría marginar a Perú Libre en la carrera electoral. La referencia de Cerrón a las “masacres del sur” y a la detención de dirigentes en Ayacucho no es casual: busca posicionarse como defensor del pueblo frente a lo que considera una persecución estatal selectiva. Sin embargo, su advertencia final ha generado críticas de varios sectores, incluso del interior del propio partido del lápiz, que ven en sus palabras un intento de intimidación que cruza los límites del debate político.

Representantes de organizaciones del campo popular y algunas personalidades que apoyan a Palacios han pedido que se investigue si el mensaje constituye una amenaza directa, mientras que Palacios aún no ha respondido oficialmente, pero sus allegados aseguran que no merece respuesta alguna y que ella no se dejará amedrentar por alguien que perdió el norte hace mucho tiempo.

Este enfrentamiento no solo evidencia las fracturas dentro de la izquierda peruana, sino también el clima de polarización que se agudiza de cara a las elecciones de 2026. Mientras Cerrón juega sus cartas entre la victimización y el ataque, el mensaje parece haberle salido caro: en lugar de debilitar a Palacios, podría haberle dado una plataforma para consolidarse más en el sur del país como una figura de resistencia de las comunidades campesinas afectadas por el abuso de poder y la contaminación por los grandes proyectos extractivos. En un país donde las palabras pesan tanto como los actos, este episodio promete seguir dando de qué hablar en los próximos meses.

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, se encuentra en el centro de un nuevo capítulo de controversia judicial y política tras iniciar una huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento y el juicio que enfrenta por el presunto delito de rebelión, derivado de su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022. Esta medida de protesta ha llevado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a iniciar un proceso disciplinario en su contra, calificando su acción como una falta grave según el Código de Ejecución Penal. Como consecuencia, Castillo ha sido aislado en el penal de Barbadillo y se le han suspendido las visitas.

El INPE, en un comunicado oficial, explicó que la huelga de hambre constituye una violación de las normas penitenciarias y que el expresidente será sometido a un proceso administrativo cuyos resultados se darán a conocer en los próximos días. Aunque Castillo fue evaluado médicamente y su estado de salud fue reportado como estable, las autoridades han decidido aplicar medidas punitivas para mantener el orden en el sistema penitenciario. El INPE aseguró que estas acciones se toman respetando los derechos humanos, pero priorizando la disciplina en los centros de detención.

Por su parte, el abogado defensor de Castillo, Walter Ayala, ha defendido la huelga de hambre como un acto legítimo de protesta contra lo que considera una detención injusta. Ayala ha argumentado que el cargo de rebelión no debería aplicarse en este caso, respaldado por opiniones de expertos legales, incluso de sectores opuestos al expresidente. Además, la defensa ha presentado un hábeas corpus para solicitar la anulación de lo actuado en el juicio, alegando que el tribunal no es imparcial debido a la participación de la jueza Norma Carbajal, quien habría mostrado predisposición en contra de Castillo.

Castillo, por su parte, ha reiterado su inocencia y ha calificado el juicio como una “pantomima”. En una carta difundida en su cuenta de X, el exmandatario aseguró que su mensaje del 7 de diciembre de 2022, en el que anunció la disolución del Congreso, fue un “discurso político” y no un acto de rebelión. Sin embargo, este hecho llevó a su inmediata detención y a la declaración de vacancia presidencial por parte del Congreso. Castillo enfrenta una posible condena de hasta 34 años de prisión si es hallado culpable.

La situación de Castillo sigue generando divisiones en el ámbito político y social peruano. Mientras sus seguidores denuncian una persecución política, sus críticos sostienen que el proceso judicial es necesario para garantizar el Estado de derecho. Con el juicio en marcha y las medidas disciplinarias aplicadas, el futuro del expresidente sigue siendo incierto, en un contexto marcado por la polarización y la tensión institucional.

La congresista Margot Palacios Huamán, fiel a su compromiso con la región que la eligió, ha desarrollado una intensa labor fiscalizadora que demuestra su firme voluntad de transparentar la gestión pública en Ayacucho. Su participación en la Sesión Descentralizada de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República refleja su incansable trabajo por defender los intereses de la población ayacuchana, exigiendo respuestas claras sobre el destino de los recursos públicos y la calidad de las obras ejecutadas en la región, especialmente en sectores críticos como salud, educación, saneamiento y transportes.

Durante la Sesión Descentralizada de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, realizada en el Auditorio del Consejo Regional de Ayacucho, la congresista Margot Palacios Huamán cuestionó severamente la gestión del gobernador regional Wilfredo Oscorima debido a las múltiples irregularidades detectadas en obras públicas.

La parlamentaria expuso de manera contundente las deficiencias en proyectos emblemáticos, como el Hospital San Francisco, que se ha convertido en un «elefante blanco» al ser entregado sin presupuesto para su operatividad. El hospital carece de elementos básicos como un grupo electrógeno, combustible, caldero y bombas, además de no contar con especialistas para atender a la población del VRAE.

Un caso particularmente grave es el Centro de Convenciones CANAAN, cuyo presupuesto se incrementó inexplicablemente de 34 a 87 millones de soles, lo que evidencia serias deficiencias en la elaboración y supervisión del expediente técnico.

La sesión, dirigida por Juan Burgos Oliveros, presidente de la Comisión de Fiscalización, también abordó otras problemáticas regionales, como:

1) Expedientes técnicos de hospitales con múltiples deficiencias.
2) Pagos adicionales que superan varias veces los presupuestos originales.
3) El proyecto del hospital de Puquio, ubicado sobre un puquial.
4) Alta contaminación con minerales pesados en el sur de Ayacucho.
5) Duplicidad de proyectos de saneamiento.

En su defensa, el gobernador Oscorima, se atrincheró en la sede central del Gobierno Regional de Ayacucho, junto a sus principales funcionarios y asesores, participó virtualmente, insistiendo en que «no existen obras paralizadas, sino suspendidas» y se autodenominó «autor de la construcción estratégica de los hospitales de la región». Sin embargo, no pudo justificar satisfactoriamente las graves irregularidades señaladas tanto por la congresista Palacios y los consejeros regionales, basado en los informes de la Contraloría de la República.

La intervención de la Contraloría General de la República reveló limitaciones en su capacidad de sanción durante el control concurrente de obras, ya que solo puede actuar cuando estas han sido recepcionadas y liquidadas, situación que solo se ha dado en una única obra regional.

Esta sesión descentralizada ha puesto en evidencia la crítica situación de la gestión regional en Ayacucho, caracterizada por obras inconclusas, sobrecostos injustificados y serias deficiencias en la planificación y ejecución de proyectos de vital importancia para la población, que como siempre ocurre, se sancionarán luego que Oscorima deje el cargo.

Los consejeros regionales que dejaron de apoyar la gestión del gobernador regional Oscorima, han manifestado que los hechos expuestos durante esta sesión demandan una investigación exhaustiva y la inmediata intervención de los órganos de control correspondientes. La evidente incapacidad de gestión mostrada por el Gobierno Regional de Ayacucho, que ha resultado en obras inoperativas, sobrecostos injustificados y proyectos mal planificados, no deberían quedar impunes.

Por lo que, es imperativo que se establezcan las responsabilidades administrativas y penales que correspondan, y se implementen mecanismos de control más efectivos para prevenir que estos graves hechos, que afectan directamente a la población más vulnerable de Ayacucho, vuelvan a repetirse en futuras gestiones.