Lima, 26 de septiembre de 2025. – La Confederación Nacional Agraria (CNA), gremio histórico de representación de los agricultores, exigió la inmediata renuncia del ministro de Agricultura, Ángel Manero, tras sus polémicas declaraciones en el Foro Perumin, donde afirmó que en momentos de escasez de agua “hay que darle agua a la minería, que más flujo de caja le da al país”, relegando a la agricultura al último plano.

El gremio calificó las palabras del titular de Agricultura como un “agravio directo a millones de campesinos y campesinas”, al sostener que el agua debe priorizarse para garantizar la alimentación de los peruanos y no para favorecer a la actividad minera. “Decir que la agricultura puede esperar es un insulto a la soberanía alimentaria del país”, señala el pronunciamiento.

La CNA demandó a la presidenta de la República y al Consejo de Ministros el cese inmediato de Manero, una rectificación pública del Gobierno que reafirme la prioridad de la seguridad hídrica para la agricultura y el consumo humano, así como la implementación de una política integral de gestión del agua que respete los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, invocaron a la ciudadanía a declarar al ministro como enemigo del pueblo peruano y a defender el derecho al agua y a la soberanía alimentaria.

La noche del 4 de septiembre de 2025, una explosión en la urbanización Las Quintanas de Trujillo, causada por 30 cartuchos de dinamita, dejó 11 heridos, viviendas destruidas y un vecindario sumido en el terror. Este atentado, el tercero de gran magnitud en la ciudad en lo que va del año, expone la alarmante incapacidad del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y su administración para frenar la escalada de violencia ligada al crimen organizado. Mientras las mafias de la minería ilegal y la extorsión operan con impunidad, los ciudadanos de Trujillo enfrentan un estado de indefensión que pone en entredicho las promesas de seguridad de Acuña y su partido, Alianza para el Progreso (APP).

La gestión de Acuña ha sido señalada por su falta de estrategia integral frente a la inseguridad. A pesar de los estados de emergencia declarados en Pataz y Virú, los atentados con explosivos se han vuelto recurrentes, extendiéndose incluso a zonas residenciales céntricas como Las Quintanas. Los vecinos, hartos de la inacción, protestaron airadamente, denunciando que las autoridades regionales y nacionales, encabezadas por Acuña y el ministro del Interior, Carlos Malaver, han priorizado discursos vacíos sobre medidas concretas. La captura de tres sospechosos tras el reciente atentado, aunque un avance, no compensa la ausencia de políticas preventivas que aborden las raíces del problema: el auge de la minería ilegal y las redes de extorsión que operan sin freno.

El pedido de Acuña de un estado de sitio y cadena perpetua para los responsables suena más a una reacción desesperada que a una solución estructurada. Durante su gestión, los recursos destinados a fortalecer el serenazgo, modernizar la infraestructura policial o implementar sistemas de inteligencia han sido insuficientes. En cambio, su administración ha invertido en proyectos de alto perfil mediático, mientras la población enfrenta explosiones semanales y un clima de zozobra. La promesa de bonos para los afectados de Las Quintanas, aunque necesaria, no sustituye la falta de un plan robusto para desmantelar las organizaciones criminales que, según la PNP, están detrás de estos ataques, como la banda «Los Pulpos».

La indignación ciudadana también apunta a la complicidad implícita de las autoridades locales, que han permitido que actividades sospechosas, como las reportadas en la vivienda atacada en Las Quintanas, pasen desapercibidas. Los vecinos señalan que la casa, propiedad de una empresaria minera, era escenario de fiestas ruidosas y movimientos inusuales, sin que las autoridades intervinieran. Esta omisión refleja la descoordinación entre el gobierno regional y los municipios, ambos bajo fuerte influencia de APP, que ha priorizado lealtades políticas sobre la seguridad ciudadana. La ciudadanía exige respuestas, pero la gestión de Acuña parece más enfocada en controlar el daño político que en proteger a la población.

Trujillo, otrora una ciudad vibrante, se encuentra hoy rehén de la violencia y la ineficacia gubernamental. La retórica de Acuña, quien califica estos actos como «terrorismo urbano», no basta para calmar a una población que clama por acción. Si el gobernador y sus aliados en APP no asumen la responsabilidad de implementar medidas efectivas —como mayor inversión en inteligencia policial, coordinación con las Fuerzas Armadas y un combate frontal contra la minería ilegal—, Trujillo seguirá siendo un polvorín. La pregunta que resuena en las calles es clara: ¿hasta cuándo seguirá La Libertad a merced del crimen, mientras sus líderes se limitan a promesas vacías?

El Congreso de la República del Perú aprobó hoy, 14 de agosto de 2025, en segunda votación, la nueva Ley Agraria, conocida como «Ley Chlimper 2.0», con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones. La norma, que reduce el Impuesto a la Renta de 29.5% a 15% para agroexportadoras con ventas superiores a S/ 8.4 millones hasta 2035, ha desatado críticas por sus potenciales efectos negativos en los trabajadores agrarios y los pequeños y medianos agricultores.

Organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) y Conveagro advierten que la ley profundiza la precariedad laboral y la desigualdad en el sector, favoreciendo principalmente a grandes empresas agroexportadoras nacionales y foráneas.

Los trabajadores agrarios enfrentan un panorama preocupante, ya que la ley perpetúa condiciones laborales precarias, como contratos temporales para el 94% de los empleados del sector, bajos salarios y aportes reducidos a EsSalud (4% frente al 9% estándar), según Fentagro. Además, se critica la debilitación de la fiscalización laboral de SUNAFIL, lo que podría agravar abusos en el sector.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima un costo fiscal de S/ 1,850 millones anuales, lo que limita la inversión en servicios públicos esenciales como salud y educación, afectando directamente a las comunidades rurales donde operan estos trabajadores.

Para los pequeños y medianos agricultores, que representan el 97% de las unidades productivas y proveen el 80% de los alimentos para el mercado interno, la ley supone una amenaza a su competitividad. Conveagro y otros gremios denuncian que la norma desvía programas de apoyo, como Agroideas y Agromercado, hacia grandes agroexportadoras, desplazando a la agricultura familiar. Esto genera una competencia desleal que podría profundizar las brechas económicas y sociales, aumentando el riesgo de conflictos sociales. Los gremios exigen una revisión técnica y participativa para garantizar una política agraria equitativa que priorice la sostenibilidad y la inclusión.