El 10 de septiembre de 2025, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocuparon el campus universitario en protesta contra lo que califican como un proceso de “privatización” de la educación pública. La medida fue encabezada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y consejeros universitarios, quienes expresaron su rechazo a los nuevos cobros establecidos en el reglamento de admisión 2026-I, al incremento de las tasas para el examen de ingreso y a las restricciones que impiden postular a estudiantes inactivos o repitentes. Además, acusaron a la rectora Jeri Ramón de no atender sus demandas y de implementar medidas restrictivas sin diálogo previo.

Los manifestantes ingresaron por la puerta 2 tras derribar una reja metálica y cerraron los accesos, lo que obligó a suspender el examen de admisión programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Durante la toma se reportaron enfrentamientos con personal de seguridad, a quienes los estudiantes denunciaron por agresiones con objetos contundentes. En los alrededores, la Policía Nacional se mantuvo desplegada, aunque no se registraron incidentes mayores.

Al respecto, la congresista de la República Margot Palacios se pronunció a través de su página Facebook manifestando que «la educación no es un privilegio, es un derecho fundamental que debe ser defendido por toda la sociedad» y mostrando su respaldo pleno y firme a la lucha de la Federación Universitaria de San Marcos, de los maestros y de todos los alumnos que hoy se movilizaron de manera pacífica en el campus universitario.

En respuesta, la universidad emitió un comunicado anunciando la suspensión de clases presenciales hasta el 15 de septiembre por labores de “mantenimiento”. También informó medidas complementarias, como el incremento de raciones en el comedor universitario y la opción de pagar solo matrícula para quienes cursen una segunda carrera. No obstante, los estudiantes calificaron estas disposiciones como insuficientes y exigieron la instalación de una mesa de diálogo formal con las autoridades.

El dirigente social Nelson Palomino La Serna denunció que presuntamente se estarían cobrando cupos laborales para acceder a puestos en el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM). Según indicó en declaraciones a radio Studiovraem, una persona identificada como “María” estaría vinculada a estas prácticas y afirmó contar con audios que sustentarían sus señalamientos.

Por otro lado, el exsecretario de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae), Julián Pérez Mallqui, cuestionó la designación de Rogelio Huamani Carbajal como director ejecutivo del PROVRAEM. Aseguró que su nombramiento habría sido “apadrinado” y que la dirigencia actual de la Fepavrae tendría conocimiento de esa situación.

Asimismo, Pérez criticó el rol del sindicato de la entidad, al que acusó de mantener acuerdos con directivos designados. Ante ello, solicitó que la dirigencia de la Fepavrae convoque a una reunión con representantes de la cuenca del VRAEM para evaluar medidas frente a estas presuntas irregularidades.

En un nuevo capítulo de las crecientes fricciones bilaterales, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú ha aprobado por mayoría una moción que declara «persona non grata» a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por sus recientes declaraciones en defensa del expresidente peruano Pedro Castillo. La iniciativa, impulsada por congresistas de Fuerza Popular y otros bloques conservadores, fue ratificada con 12 votos a favor y 6 en contra, y ahora espera la aprobación del Pleno del Congreso para su formalización. Este paso se produce en medio de la histórica crisis diplomática entre ambos países, exacerbada desde el fallido autogolpe de Castillo en diciembre de 2022.

La condena ya ha sido expresada de manera contundente por la congresista Margot Palacios, del partido de izquierda Juntos por el Perú y miembro del Bloque Socialista, quien, a pesar de su alineación ideológica con posiciones progresistas, ha calificado las intervenciones de Sheinbaum como una «inaceptable injerencia en la soberanía peruana». Palacios, conocida por su defensa de los derechos humanos y su origen en el campo popular, argumentó en sesión que el apoyo explícito de la mandataria mexicana a Castillo, a quien se refiere como «preso político», socava la institucionalidad democrática del Perú y podría alentar divisiones internas. «No podemos permitir que líderes extranjeros dicten nuestra justicia interna, independientemente de sus intenciones solidarias», declaró Palacios, marcando una inesperada postura crítica que resalta las fracturas incluso en el espectro de izquierda peruano.

Las declaraciones de Sheinbaum, realizadas el 29 de agosto durante una reunión en el Palacio Nacional con el abogado de Castillo, Guido Croxatto, han sido el detonante directo de esta medida. La presidenta mexicana expresó «profunda solidaridad» con el exmandatario, al que llamó «presidente legítimo» y víctima de «persecución política», instando a la ONU a intervenir en su defensa. Analistas internacionales advierten que, si el Pleno del Congreso ratifica la declaratoria —lo que se prevé inminente dada la mayoría conservadora—, podría escalar las tensiones diplomáticas, afectando foros regionales como la Alianza del Pacífico y profundizando el aislamiento de Perú en la escena latinoamericana. Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta oficial, aunque fuentes cercanas indican que se prepara una réplica en defensa de la Doctrina Estrada de no intervención.