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Dina Boluarte asiste a juramentación de Janet Tello como presidenta del Poder Judicial ¿Cuál es el mensaje?

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En una jornada marcada por la oficialización de la nueva presidencia del Poder Judicial, la doctora Janet Tello Gilardi asumió el cargo de presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sucediendo a Javier Arévalo Vela para el periodo 2025-2026. La ceremonia, que tuvo lugar a las 11:00 a.m. en el Palacio de Justicia, no solo fue significativa por la toma de posesión de la nueva autoridad judicial, sino también por la presencia de la presidenta Dina Boluarte, quien participó junto a otras figuras destacadas, como la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Presidenta Dina Boluarte, participó junto a otras figuras destacadas, como la fiscal de la Nación, Delia Espinoza

Janet Tello, quien se convierte en la segunda mujer en la historia del país en ocupar este cargo, hizo un enérgico llamado a la unidad dentro del Poder Judicial, instando a jueces y juezas a rechazar la instrumentalización de la justicia con fines políticos. «Los juicios a personajes políticos deben tener los mismos rigores que los de cualquier ciudadano», subrayó Tello, destacando la necesidad de una justicia imparcial y autónoma.

En una ceremonia que parecía señalar un tono institucional de trabajo conjunto, la presencia de Dina Boluarte en este acto no pasó desapercibida, especialmente dado el contexto político y judicial que atraviesa ella en el país. La mandataria, en su intervención, enfatizó que el Gobierno «trabaja con las manos limpias, sin corrupción» y se comprometió a seguir colaborando con el Poder Judicial para garantizar una justicia inclusiva, equitativa y moderna. Además, Boluarte instó a intensificar los esfuerzos para combatir la corrupción en todos los frentes, un mensaje que podría interpretarse como una respuesta directa a los recientes cuestionamientos sobre el sistema judicial y las tensiones políticas que involucran a altos funcionarios del gobierno y personajes de la oposición.

Sin embargo, la participación de Boluarte en este evento también ha suscitado dudas y especulaciones sobre las verdaderas intenciones detrás de su presencia en una ceremonia que, según algunos analistas, podría tener implicaciones políticas. En un contexto en el que el Ejecutivo y el Poder Judicial han sido frecuentemente mencionados en medio de tensiones por diversos casos de corrupción y juicios de alto perfil contra figuras políticas, la aparición de la presidenta en este acto podría interpretarse como un intento de alinear el gobierno con la imagen de una justicia «limpia» y libre de influencias externas, a pesar de las críticas que han surgido por la percepción de intervenciones políticas en el ámbito judicial de la presidenta y sus aliados tanto en el Congreso de la República, el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.

Palabras de Janet Tello durante la asunción como presidenta del Poder Judicial

Por otro lado, Janet Tello, quien asumió el liderazgo del Poder Judicial con la promesa de mantener la autonomía del sistema judicial frente a los intereses del Congreso y otros actores políticos, también dejó claro que no tolerará que la justicia sea utilizada como herramienta de persecución política. Sus palabras, pidiendo que los juicios sean tratados con la misma rigurosidad sin importar quién sea el imputado, parecieron ser un mensaje en defensa de la independencia de la institución judicial.

El acto también estuvo marcado por la juramentación de 33 nuevos presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, lo que refuerza el carácter institucional y renovador de este proceso. Sin embargo, con un país aún inmerso en un clima de polarización política, la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial será observada de cerca en los próximos meses, ya que las decisiones judiciales seguirán siendo una pieza clave en la estabilidad del gobierno de Dina Boluarte.

En resumen, la ceremonia de asunción de Janet Tello como presidenta del Poder Judicial y la presencia de Dina Boluarte reflejan, por un lado, el compromiso formal de ambos poderes del Estado con la lucha contra la corrupción y la mejora del sistema judicial. No obstante, la duda persiste sobre si esta colaboración será genuina y efectiva, o si estamos ante una estrategia política destinada a suavizar las tensiones entre ambos poderes, en un momento en que la autonomía del Poder Judicial sigue siendo un tema delicado y crucial para el futuro del país, fundamentalmente, por las denuncias de violaciones de derechos humanos de ciudadanos de las comunidades campesinas y nativas del Perú durante el presente régimen.

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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

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La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.

En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.

La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.

En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.

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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.

Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.

La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.

La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.

En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.

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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

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Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.

La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.

La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.

Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.

La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

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