Quito – Mañana, más de 13.7 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente en la segunda vuelta de las elecciones de 2025, en una contienda polarizada entre el actual mandatario, Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional, ADN), y Luisa González (Revolución Ciudadana, RC). Las encuestas reflejan un empate técnico, mientras las propuestas de ambos candidatos ofrecen visiones contrastantes para enfrentar los desafíos del país, marcados por la inseguridad, la crisis económica y la polarización social.

Propuestas diferenciadas

Daniel Noboa, de 37 años, apuesta por consolidar su gestión iniciada en 2023. Su plan de gobierno centra la seguridad como prioridad, proponiendo la construcción de cárceles de máxima seguridad inspiradas en el modelo de El Salvador y el fortalecimiento de la presencia militar en zonas de alta criminalidad. En economía, promete estabilidad fiscal y atracción de inversión extranjera para generar empleo, manteniendo un enfoque de centroizquierda. También destaca la mejora del acceso universal a la salud, incluyendo infraestructura hospitalaria y atención en salud sexual y reproductiva. Sin embargo, críticos señalan que su «Plan Fénix» no ha logrado reducir significativamente la violencia, con 1.529 muertes violentas registradas en enero y febrero de 2025.

Luisa González, respaldada por el expresidente Rafael Correa, propone un retorno al modelo de izquierda progresista. Su plan enfatiza la redistribución de la riqueza mediante políticas fiscales progresivas y una mayor intervención del Estado en la economía. En seguridad, aboga por reformar las instituciones para garantizar derechos humanos y combatir la corrupción, aunque no detalla estrategias específicas contra el crimen organizado. González también promete fortalecer la infraestructura energética y recuperar la participación de Ecuador en organismos internacionales, criticando los apagones y la gestión de Noboa. Sus detractores cuestionan la viabilidad de sus propuestas y temen un regreso a prácticas autoritarias asociadas al correísmo.

Encuestas y sondeos

Las encuestas más recientes, realizadas por firmas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), muestran un escenario de máxima incertidumbre. Según Comunicaliza (2-3 de abril), Noboa lidera con un 50.3% frente al 49.7% de González, con un margen de error de ±1.42%. Telcodata reporta resultados similares, con Noboa en 49.8% y González en 50.2%. Por otro lado, Áltica Research (1 de abril) da a González un 51% contra el 49% de Noboa, mientras que MR (3 de abril) le otorga a González un 53.47% frente al 46.53% de Noboa. Todas estas mediciones están dentro del margen de error, confirmando un empate técnico.

La evolución de los indecisos, que han pasado del 12% al 9%, y el voto nulo (alrededor del 8%), serán clave. Noboa tiene ventaja entre hombres y sectores urbanos de clase media-alta, mientras González lidera entre mujeres, zonas rurales y provincias como Manabí. El voto indígena, representado por Pachakutik, podría inclinar la balanza, aunque su líder, Leonidas Iza, no ha respaldado oficialmente a ningún candidato.

Escenarios posibles

Si gana Daniel Noboa: Una victoria consolidaría su proyecto de «mano dura» contra el crimen y su apuesta por la inversión extranjera. Sin embargo, enfrentaría una Asamblea Nacional fragmentada, donde ADN no tiene mayoría absoluta, lo que podría complicar la aprobación de reformas. Su enfoque en seguridad podría intensificarse, pero el riesgo de no cumplir expectativas en reducir la violencia podría erosionar su apoyo. En economía, buscaría estabilidad, aunque persisten dudas sobre su capacidad para resolver la crisis energética.

Si gana Luisa González: Su triunfo marcaría el retorno del correísmo al poder, con un enfoque en políticas sociales y redistribución. Podría fortalecer programas sociales y la presencia estatal, pero enfrentaría resistencia de sectores empresariales y una Asamblea dividida, con Revolución Ciudadana lejos de los 77 escaños necesarios para la mayoría. La polarización podría agudizarse si no logra consensos, y su gestión estaría bajo escrutinio por posibles retrocesos democráticos. En seguridad, su falta de propuestas concretas genera incertidumbre.

Un país en vilo

Con una diferencia de menos de 17,000 votos en la primera vuelta (Noboa 44.17%, González 44%), Ecuador enfrenta una elección histórica. Observadores de la OEA y la Unión Europea han descartado irregularidades en el proceso, pero las acusaciones mutuas entre candidatos han elevado la tensión. La jornada de mañana no solo definirá al presidente para el período 2025-2029, sino también el rumbo de un país que busca soluciones urgentes a la violencia, el desempleo y la desconfianza política.

Lima y Callao despertaron hoy, 10 de abril de 2025, en un silencio inusual. Los motores de buses, combis, taxis y mototaxis, que suelen ser el pulso de la capital peruana, se apagaron en una protesta que resonó como un grito de auxilio. Más de 20,000 unidades de transporte público dejaron de circular, paralizando la ciudad en un paro convocado por las principales organizaciones de transportistas, hartas de los asesinatos, extorsiones y el terror que imponen las bandas criminales. Bajo el sol abrasador y entre nubes de gas lacrimógeno, miles de choferes y dirigentes alzaron su voz rumbo a lo que podría ser un paro nacional, mientras anunciaban una asamblea clave para decidir el próximo paso.

Desde la medianoche, el paro tomó forma. En Puente Nuevo, San Juan de Lurigancho, los transportistas de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), liderada por Martín Valeriano, se congregaron con pancartas que clamaban “No más sangre en el volante”. En el Óvalo La Perla, Callao, la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU), con Walter Carrera al frente, organizó bloqueos pacíficos que detuvieron el flujo de la avenida Faucett. La Asociación Nacional de Transportadores, bajo la batuta de Miguel Palomino, se sumó en puntos neurálgicos como la Plaza Dos de Mayo y el Puente Universitario en Los Olivos, donde las consignas resonaban: “Sin seguridad, no hay transporte”. Empresas icónicas como Etuchisa, Vipusa, El Rápido y Los Chinos apagaron sus unidades, dejando paraderos vacíos y a millones de limeños varados.

El corazón de la protesta latió en la avenida Abancay, frente al Congreso de la República. Allí convergieron los gremios, unidos por una causa común: detener la ola de violencia que ha cobrado la vida de al menos 15 choferes en lo que va del año. Valeriano, con su voz ronca por horas de arengas, denunció la inacción del gobierno: “Nos matan, nos extorsionan, y la presidenta Boluarte solo ofrece promesas vacías”. A su lado, Carrera relataba cómo los cobros de cupos, que oscilan entre 50 y 200 soles semanales, han convertido el volante en una sentencia de muerte. Palomino, por su parte, exigió un plan interinstitucional con resultados concretos: “No queremos más reuniones, queremos vivir”.

El impacto en la ciudad fue innegable. Paraderos abarrotados, caminatas interminables y tarifas infladas de transporte informal dibujaron el caos cotidiano de una Lima sin transporte. Mientras los ciudadanos soportaban las consecuencias, los transportistas defendían su lucha: “No queremos parar, pero es la única forma de ser escuchados”, decía un chofer de Etuchisa, con el cansancio reflejado en su rostro.

Al caer la tarde, los líderes de ANITRA, CTU y la Asociación Nacional de Transportadores se reunieron en un local de Breña para evaluar la jornada. Allí, frente a cientos de afiliados, anunciaron una decisión crucial: el paro de hoy, de 24 horas, no se extenderá al viernes 11 de abril. Sin embargo, la lucha está lejos de terminar. Con un aplauso unánime, convocaron a una asamblea nacional para mañana, donde participarán representantes de transporte urbano, interprovincial, mototaxistas y hasta gremios de regiones como Arequipa, Trujillo y Cusco. El objetivo es claro: definir la fecha de un paro nacional que promete estremecer al país si el gobierno no atiende sus demandas.

“Este es solo el comienzo”, advirtió Valeriano, mientras Carrera y Palomino asentían. Las organizaciones exigen la destitución del ministro del Interior, Julio Díaz, una declaratoria de emergencia en el sector transporte y un plan efectivo contra el crimen organizado. La asamblea de mañana será un termómetro de la indignación acumulada, y los transportistas no descartan medidas más drásticas si no hay respuestas.

Hoy, Lima y Callao fueron testigos del poder de los motores apagados y las voces unidas. Los transportistas, con ANITRA, CTU, la Asociación Nacional de Transportadores y empresas emblemáticas a la cabeza, no solo paralizaron la capital, sino que encendieron la chispa de una movilización que podría cambiar el rumbo del país. Mientras las calles recuperan su ritmo, la promesa de un paro nacional pende como una nube cargada, lista para desatarse. La asamblea de mañana decidirá si el silencio de los motores vuelve a gritar.

La jornada no estuvo exenta de tensión. En Ate y Puente Piedra, algunos manifestantes bloquearon carreteras con llantas incendiadas, mientras en el Centro de Lima la Policía Nacional respondió con gases lacrimógenos a los intentos de avanzar hacia Palacio de Gobierno. En San Martín de Porres, un grupo de choferes enfrentó a combis que intentaron romper el paro, dejando un saldo de vidrios rotos y heridos leves. Sin embargo, la mayoría de las acciones fueron pacíficas, marcadas por una solidaridad que cruzó fronteras entre gremios. Los mototaxistas, representados por la Federación de Mototaxistas del Perú, se unieron en distritos como Villa El Salvador y Ventanilla, reforzando el mensaje de unidad.

Lima – Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao han confirmado un paro total de actividades para este jueves 10 de abril, en una medida de fuerza que busca visibilizar la creciente ola de inseguridad que azota al sector. La protesta, que comenzará a las 00:00 horas y se extenderá por 24 horas, responde a los recientes asesinatos de choferes y las constantes extorsiones a manos de bandas criminales, situaciones que, según los transportistas, no han sido atendidas con eficacia por las autoridades.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), anunció que más de 460 empresas y aproximadamente 20,000 unidades de transporte público suspenderán sus operaciones. “No queremos más choferes muertos. El gobierno nos obliga a salir a las calles porque no vemos soluciones concretas”, declaró Valeriano en conferencia de prensa. El dirigente también exhortó a otros sectores, como comerciantes y estudiantes, a sumarse a la movilización pacífica que partirá desde diversos puntos de la capital rumbo al Congreso de la República.

La decisión de paralizar el transporte se intensificó tras los últimos incidentes violentos. El lunes 7 de abril, un conductor de la empresa Etuchisa fue asesinado en Los Olivos, y el martes 8, dos choferes de combis en el Callao fueron atacados a balazos: uno falleció y el otro quedó gravemente herido. Estos crímenes se suman a una lista de al menos 15 transportistas asesinados en lo que va del 2025, según reportes del gremio. Se espera que la paralización afecte significativamente la movilidad en Lima Metropolitana y el Callao, donde millones de personas dependen del transporte público diariamente. Empresas como Tumi, Sol de Oro y Etuchisa han confirmado su adhesión al paro, lo que podría dejar sin servicio a rutas clave en ambos distritos.

Exigen respuestas al gobierno

Los transportistas han expresado su frustración por lo que consideran una “falta de liderazgo” del gobierno de Dina Boluarte y del Ministerio del Interior. A pesar de promesas de mayor patrullaje y la creación de un grupo especial contra la extorsión, los gremios aseguran que los resultados son insuficientes. “Nos piden plazos y más plazos, pero mientras tanto nos siguen matando”, afirmó Valeriano.

El paro también incluye una marcha hacia el Congreso, donde los manifestantes exigirán leyes más duras contra el crimen organizado y una respuesta efectiva del Ejecutivo. La protesta se da en un contexto de creciente malestar social, con un incremento del 14% en las denuncias por extorsión en el primer trimestre de 2025, según el Sistema de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol).

Mientras tanto, la ciudadanía se prepara para un día de caos vial y largas esperas. “Es injusto que por la inseguridad tengamos que sufrir todos, pero entiendo a los transportistas. Nadie hace nada por ellos”, comentó Rosa Martínez, usuaria habitual de combis en Puente Piedra.
Con este paro, los transportistas buscan que su grito de auxilio sea escuchado, en un país donde la delincuencia parece ganar terreno. Las próximas horas serán clave para evaluar si el gobierno ofrece respuestas concretas o si la protesta escalará en los días siguientes.