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Nuevo paro de transportistas frente a la inseguridad y inacción del Gobierno

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El paro de transportistas en Perú, que se inició el 10 de octubre y reunió a diversos sectores afectados por la extorsión, ha dejado en evidencia una de las mayores crisis de seguridad que atraviesa el país. La protesta, que inicialmente parecía tomar un respiro con la suspensión anunciada por Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ha escalado tras la cancelación del diálogo con el Congreso.

Ahora, la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú anunció este domingo la convocatoria a un paro nacional para el próximo 12 de noviembre a raíz de la crisis de seguridad que afronta el país. Mientras Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas, señaló que este lunes 14 de octubre no habrá ningún paro de transportistas, pero reiteró la intención de su gremio de convocar a un paro nacional con fecha aún por definir juntamente con otros gremios a nivel nacional, a la que se podrían unir otros sectores sociales descontentos en el país.

El reclamo central del sector transporte, que agrupa a conductores de buses, taxis, mototaxis, y pequeños comerciantes, gira en torno a la derogación de la Ley 32108 sobre crimen organizado y el archivamiento de la Ley de Terrorismo Urbano, que, según ellos, solo benefician a delincuentes. Estas leyes, afirman, han retrasado las investigaciones y allanamientos, favoreciendo la expansión del crimen organizado que asfixia a los sectores más vulnerables.

Pero detrás de esta convocatoria no solo hay una demanda jurídica. Se trata de una respuesta desesperada a la creciente inseguridad que enfrenta el país. El paro refleja la desesperación de ciudadanos que, sintiéndose desprotegidos, han decidido hacer frente a la delincuencia de manera activa, al tiempo que cuestionan la capacidad del gobierno de Dina Boluarte para garantizar lo más básico: la seguridad ciudadana.

Nuevo paro de transportistas amenaza paralizar Lima y Callao

La raíz del conflicto: la democratización del crimen organizado

Uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis es lo que varios expertos han calificado como la «democratización de la extorsión». Juan De la Puente, politólogo y abogado, analiza el fenómeno como un cambio cualitativo en la naturaleza del crimen organizado en el Perú. Ya no se trata únicamente de grandes bandas, sino de una miríada de pequeñas células delictivas que operan a nivel familiar y barrial. Este «emprendimiento delictivo» ha superado la capacidad del Estado para enfrentarlo de manera efectiva, sobrecargando al sistema de seguridad.

«La incapacidad del gobierno para desentrañar la naturaleza de estas redes criminales ha convertido al crimen en una especie de «pyme de la extorsión», que afecta directamente a transportistas, pequeños comerciantes y ciudadanos de a pie», señaló De la Puente en una reciente entrevista. Esto, sumado a economías ilegales como el contrabando y la minería informal, ha generado una sobrecarga para las fuerzas de seguridad.

Un Congreso que legisla para el crimen

La desconfianza en el Poder Legislativo es otro de los motores detrás de las protestas. Los gremios acusan al Congreso de aprobar leyes que favorecen a mafias y extorsionadores, con la excusa de mejorar la seguridad. Según Campos, “las medidas tomadas por el Congreso no solo son ineficaces, sino que facilitan el avance del crimen organizado”. La Ley 32108 y otras normativas recientes han sido duramente criticadas por su supuesta protección a los investigados, lo que refuerza la sensación de que las autoridades están más interesadas en blindar sus propios intereses que en proteger a la ciudadanía.

Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, fue categórica en su crítica al Congreso: «Vivimos en una organización criminal y el brazo legal está dado por el Congreso». Para Ledesma, la incapacidad del Ejecutivo y la complicidad del Legislativo son factores clave que explican el colapso de la seguridad en el país.

El Gobierno y el Congreso se muestran renuentes atender las demandas planteadas por los gremios de transportistas.

Una crisis sin salida inmediata

Aunque la movilización de los transportistas se perfila como un llamado urgente a la acción por parte del Estado, las perspectivas de una solución inmediata parecen lejanas. El diálogo entre el Ejecutivo y los gremios se ha roto, y las próximas movilizaciones prometen ser más intensas, con fechas clave en octubre y noviembre. En el norte del país, ciudades como Trujillo se preparan para una movilización el 22 de octubre, mientras que Lima y el resto del país se sumarán el 31 de octubre.

Lo que está en juego no es solo la estabilidad de un gobierno que ya enfrenta múltiples crisis. Las protestas revelan un descontento profundo y transversal en la sociedad peruana, que ya no confía en las instituciones para ofrecer soluciones efectivas. La criminalización de la protesta, como lo sugiere el proyecto de «terrorismo urbano», solo ha exacerbado la tensión, lo que podría derivar en un ciclo de paros continuos que desgasten aún más la ya frágil estructura política del país.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, y con él, la expectativa de un cambio que detenga esta espiral de violencia e inseguridad que azota a Perú.

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Escándalos y pugnas internas sacuden el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña

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Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, enfrenta una de sus mayores crisis tras la revelación de una presunta red de prostitución en el Congreso. Según investigaciones, dicha red operaba con la complicidad de asesores y congresistas, intercambiando favores sexuales por votos en el Legislativo. El escándalo ha salpicado a varios parlamentarios de la agrupación, sumiendo al partido en un descrédito aún mayor.

La situación se agravó con el asesinato de Andrea Vidal Gómez, exasesora parlamentaria vinculada a la organización de estos encuentros ilícitos. Su muerte desató una ola de renuncias en APP, entre ellas la del alcalde de Magdalena, Francis Allison, y del candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, David Morales Cárdenas. La falta de una postura clara del partido ha incrementado las tensiones internas y debilitado su imagen pública.

Luego del escándalo de la red de prostitución renunció a APP el alcalde de Magdalena, Francis Allison

No es la primera vez que APP está en el ojo de la tormenta. En 2016, César Acuña fue excluido de la contienda presidencial por haber entregado dinero a ciudadanos en plena campaña, en un claro intento de compra de votos. Además, su universidad, la César Vallejo, ha estado envuelta en denuncias de plagio, incluido el de su propia tesis doctoral.

El Congreso también ha sido escenario de otros escándalos ligados a APP. En 2022, la congresista Heidy Juárez fue expulsada tras la filtración de audios donde César Acuña instruía a su bancada a apoyar proyectos de ley con fines electoralistas. Asimismo, el alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza, fue detenido por presunta compra irregular de vehículos para el municipio.

La alianza férrea con el régimen de Dina Boluarte que tiene denuncias por delitos de lesa humanidad

A pesar de las constantes controversias, APP ha logrado mantener una presencia significativa en el Congreso y en gobiernos regionales. Sin embargo, la falta de una identidad ideológica clara y la acumulación de denuncias podrían afectar su desempeño en las elecciones de 2026.

El partido de Acuña se encuentra en un punto de inflexión: o se renueva y enfrenta sus problemas de corrupción y transparencia, o corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío destinado a colapsar bajo el peso de sus propios escándalos.

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Sindicato de Trabajadores de Petroperú Rechaza Declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas

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El Sindicato de Trabajadores de Petroperú emitió hoy un comunicado en el que rechaza las declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), quien afirmó que «no se le dará ni un sol más a Petroperú este año». El pronunciamiento, expresa preocupación por las implicaciones de estas declaraciones y defiende la importancia estratégica de la empresa estatal.

En el comunicado, el sindicato destaca seis puntos clave. En primer lugar, recuerda que el Estado Peruano mantiene una deuda aproximada de seis mil millones de soles con Petroperú, lo que convierte el financiamiento en una obligación y no en una opción discrecional. Además, critica la denominación de Petroperú como «un barril sin fondo», calificándola de errónea y descontextualizada, y subraya que la empresa es un pilar fundamental para la seguridad energética del país.

El sindicato también enfatiza que el financiamiento a Petroperú debe ser visto como una inversión estratégica y no como un subsidio gratuito. Reducir este apoyo, argumentan, comprometería la competitividad y sostenibilidad de la empresa. Asimismo, instan al MEF a abordar el déficit fiscal de manera integral, sin sacrificar inversiones clave, y a revisar los gastos de otras entidades que podrían estar afectando al Estado.

Finalmente, el comunicado exige que las decisiones sobre el financiamiento se basen en criterios técnicos y objetivos, y pide al gobierno establecer un plan de pago viable para saldar la deuda con Petroperú. El sindicato reitera su compromiso con una gestión responsable y transparente, orientada al desarrollo sostenible de la industria energética nacional.

Este pronunciamiento surge en un contexto de tensiones entre el gobierno y la empresa estatal, y refleja la preocupación de los trabajadores por el futuro de Petroperú y su papel en la economía peruana.

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Telefónica del Perú busca declararse en quiebra para evitar deuda millonaria con el Estado peruano

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En un giro estratégico que ha generado polémica, Telefónica del Perú S.A.A. anunció su decisión de acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809). La medida busca reestructurar sus pasivos y garantizar la continuidad del servicio a más de 13 millones de usuarios en el país. Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que este movimiento podría estar orientado a eludir deudas con el Estado peruano.

Telefónica del Perú ha arrastrado problemas financieros durante más de dos décadas, en gran parte debido a controversias fiscales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa mantiene litigios por miles de millones de soles en impuestos no pagados, los cuales han sido objeto de apelaciones y prolongados procesos judiciales.

Además de las deudas fiscales, la compañía ha enfrentado un entorno de mercado adverso, con una competencia cada vez más fuerte en el sector de telecomunicaciones. A esto se suman decisiones administrativas cuestionables y un alto costo financiero derivado de préstamos previos, que han puesto en riesgo su liquidez operativa.

Nota colgada en su página web principal el viernes 14 de febrero de 2025

Telefónica del Perú forma parte de la multinacional española Telefónica S.A., una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. En el país, compite con empresas como Claro (América Móvil), Entel y Bitel, que han ganado terreno en el mercado con ofertas más agresivas y estrategias de expansión en sectores clave como internet móvil y fibra óptica.

Medidas adoptadas por Telefónica del Perú

Obtención de crédito mercantil: Se aprobó un préstamo de hasta S/ 1,549 millones otorgado por Telefónica Hispanoamérica S.A., con una tasa de interés del 29.13 %. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir necesidades operativas de caja en los próximos meses.

Convocatoria a Junta de Accionistas: Se programó una reunión de la Junta General de Accionistas y la Junta Especial de Accionistas de Clase B para el 17 de marzo de 2025 en la sede de la empresa en Surquillo. En la agenda figuran la aprobación de la gestión social, la revisión de estados financieros, la designación de auditores y la modificación del estatuto social.

Asesoría especializada: La empresa contrató a Kroll Advisory Ltd., consultora financiera que dirigirá el proceso concursal. Además, un miembro de su equipo asumirá el rol de Chief Restructuring Officer (CRO), supervisando la reestructuración de la compañía.

La aparente reestructuración no solamente afectará a sus clientes sino al propio Estado peruano si deja de pagar las deudas no cobradas hasta el momento

Diversos analistas han señalado que la decisión de Telefónica del Perú de acogerse al proceso concursal podría estar motivada por una estrategia para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Estado peruano. Este tipo de maniobras han sido utilizadas anteriormente por otras empresas monopólicas y transnacionales que, tras declararse en insolvencia, cambian de denominación y reestructuran su modelo de negocio sin asumir sus compromisos financieros con los gobiernos donde operan.

En el caso de Telefónica, existen precedentes en otros países de América Latina donde la empresa ha recurrido a tácticas similares para renegociar o postergar el pago de sus pasivos fiscales. En Perú, el impacto de esta medida podría afectar la recaudación tributaria y generar incertidumbre sobre la continuidad del servicio, pese a las garantías ofrecidas por la empresa.

Telefónica del Perú insiste en que este proceso permitirá una reorganización financiera responsable y sostenible. No obstante, algunos políticos y el propio Estado, a través de las entidades regulatorias, deberán estar atentos a cualquier intento de evasión fiscal o abuso del sistema concursal.

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