Lima, 24 de julio 2026.- Las principales organizaciones de trabajadores del Estado endurecieron su posición contra el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF, al considerar que la norma emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desnaturaliza la Ley N.° 32563, que reconoce gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para el personal sujeto al régimen CAS. Además de emitir pronunciamientos públicos, los gremios dieron un paso legal al presentar una demanda constitucional de acción popular ante la Corte Superior de Justicia de Lima para solicitar la nulidad del reglamento.

De acuerdo con el cargo de presentación de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial, la Confederación Nacional de Trabajadores de Contrato Administrativo de Servicios (CNT CAS) interpuso la demanda constitucional contra el MEF el 22 de julio de 2026, bajo el expediente 01090-2026-0-1801-SP-DC-02, argumentando que el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF excede la potestad reglamentaria al establecer criterios que, según el gremio, limitan derechos ya reconocidos por el Congreso mediante la Ley N.° 32563.

En paralelo, la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú (CONFETEP) expresó su rechazo frontal al decreto supremo, señalando que el Ejecutivo únicamente tenía facultades para reglamentar los procedimientos de aplicación de la ley y no para crear gradualidades, restricciones o condiciones que modifiquen el contenido de los beneficios laborales. La organización sostuvo que «ningún reglamento puede estar por encima de una ley» y anunció que defenderá por todas las vías legales el respeto íntegro de los derechos conquistados por los trabajadores CAS.

El rechazo también fue respaldado por la Federación Nacional de Sindicatos de los Organismos Reguladores (FENASOR), que advirtió que cualquier intento de flexibilizar las garantías laborales o estigmatizar a los trabajadores públicos representa un retroceso para el empleo estatal. En un reciente comunicado, la federación recordó que los servidores CAS acceden mediante concursos públicos y afirmó que la solución pasa por fortalecer el empleo público y respetar la dignidad de los trabajadores, no por reducir sus derechos.

Por su parte, el Movimiento Nacional «CAS Nunca Más» vinculó la controversia sobre el decreto con el debate nacional sobre la estabilidad laboral en el Estado. En un pronunciamiento, rechazó los discursos que plantean despidos masivos y la eliminación de derechos laborales, advirtiendo que la precarización del empleo público afectaría a cientos de miles de trabajadores de los regímenes CAS, 276 y 728. Asimismo, convocó a la unidad sindical para enfrentar cualquier intento de recortar conquistas laborales.

Las organizaciones sindicales coinciden en que el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF introduce disposiciones que podrían reducir el alcance de las gratificaciones y de la CTS reconocidas por la Ley N.° 32563. Entre sus principales observaciones figuran la incorporación de mecanismos de aplicación gradual, criterios restrictivos y condicionamientos presupuestales que, según sostienen, vulneran el principio de jerarquía normativa y el derecho a la igualdad de beneficios entre trabajadores del Estado.

Mientras el Poder Judicial evalúa la admisión de la demanda de acción popular, los gremios anunciaron que mantendrán un estado de movilización permanente y no descartan impulsar nuevas medidas de protesta si el Ejecutivo no modifica el reglamento. Para las organizaciones de trabajadores, el proceso judicial marcará un precedente sobre los límites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo y sobre la protección efectiva de los derechos laborales reconocidos por el Congreso a favor de miles de servidores públicos bajo el régimen CAS.

Lima, 24 de julio de 2026.- A solo días de culminar su mandato interino, el presidente José María Balcázar estaría evaluando ejercer la facultad prevista en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución para otorgar el Derecho de Gracia Presidencial a favor del expresidente José Pedro Castillo Terrones. Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno señalan que el mandatario buscaría concretar la medida antes de la transferencia del poder, pese a los informes desfavorables emitidos por la Dirección de Gracias Presidenciales, cuya opinión no tiene carácter vinculante para la decisión final del jefe de Estado.

El eventual decreto se sustentaría en tres argumentos principales: la Opinión 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que concluyó que la privación de libertad de Castillo fue arbitraria y recomendó su inmediata liberación; el presunto exceso del plazo razonable de la etapa de instrucción del proceso penal, al haberse superado el tiempo legal previsto; y la necesidad de contribuir a la pacificación nacional frente a la persistente crisis política que atraviesa el país.

La posibilidad de conceder la gracia presidencial cobró mayor relevancia luego de conocerse el informe de la Dirección de Gracias Presidenciales, firmado el 20 de julio por su director, Jhoner Michael Quispe Romani, en el que se concluye que la solicitud presentada por el congresista Elías Varas no cumplía con los requisitos formales establecidos en el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, razón por la cual se recomendó no evaluar el pedido en esa vía administrativa.

Sin embargo, especialistas recuerdan que dicho informe constituye una opinión técnica y no limita la potestad constitucional del presidente de la República para conceder una gracia presidencial cuando considere que existen razones jurídicas, humanitarias o de interés nacional debidamente motivadas. De concretarse, el decreto supremo requeriría únicamente el refrendo del ministro de Justicia y su publicación en el diario oficial El Peruano para surtir efectos legales.

La eventual decisión también estaría respaldada por el debate jurídico generado en torno al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, así como por la discusión sobre el plazo razonable del proceso penal seguido contra el exmandatario. Ambos elementos han sido invocados por la defensa de Castillo y por diversos sectores políticos que cuestionan la prolongación de su detención.

No obstante, constitucionalistas advierten que una eventual gracia presidencial podría ser objeto de impugnaciones judiciales por parte de quienes consideren insuficiente su motivación o incompatible con los procesos penales en curso. Pese a ello, otros expertos sostienen que la facultad presidencial es discrecional y que el eventual control judicial recaería sobre la motivación del acto, mas no sobre la conveniencia política de la decisión.

En el Congreso, la presión sobre el Ejecutivo se ha intensificado durante los últimos días. Los congresistas Roberto Sánchez, Margot Palacios, Elías Varas, Jaime Quito y otros representantes del progresismo, la izquierda y del campo popular han exigido públicamente que el presidente Balcázar ejerza sus atribuciones antes del cambio de mando. Los legisladores sostienen que el informe de la Dirección de Gracias Presidenciales no tiene carácter vinculante y que el Estado debe atender las recomendaciones de la ONU, respetar el plazo razonable del proceso y poner fin a lo que califican como una detención arbitraria del expresidente.

La eventual liberación de Pedro Castillo marcaría uno de los actos políticos y jurídicos más trascendentes del gobierno de transición de José María Balcázar y tendría un fuerte impacto en el escenario nacional, a pocos días de la juramentación del nuevo gobierno encabezado por Keiko Fujimori. Mientras sus partidarios consideran que la medida contribuiría a la reconciliación del país, sus detractores sostienen que podría abrir un nuevo frente de confrontación institucional.

Lima, 21 de julio 2026.- El inicio del primer Congreso bicameral del Perú en más de tres décadas ha abierto una intensa etapa de negociaciones políticas para definir quiénes conducirán el Senado y la Cámara de Diputados durante el periodo 2026-2031. Aunque Fuerza Popular obtuvo la primera mayoría parlamentaria tras el triunfo presidencial de Keiko Fujimori, sus bancadas no alcanzan por sí solas los votos necesarios para controlar ambas Mesas Directivas, por lo que las alianzas serán determinantes.

Según la distribución oficial de escaños, Fuerza Popular cuenta con alrededor de 22 de los 60 senadores y 41 de los 130 diputados, cifras insuficientes para imponer una lista sin el respaldo de otras bancadas. En ese escenario, el Partido del Buen Gobierno (PBG), liderado por el excandidato presidencial Jorge Nieto, emerge como la fuerza bisagra del nuevo Parlamento al contar con siete senadores y dieciocho diputados, un bloque capaz de inclinar la balanza en cualquiera de las cámaras.

Las conversaciones políticas se intensifican a pocos días de la instalación definitiva del Congreso. Si bien Jorge Nieto mantuvo una posición independiente durante la segunda vuelta electoral y no respaldó públicamente a Keiko Fujimori, tras las elecciones se han producido acercamientos entre representantes de ambas agrupaciones. La coincidencia programática en temas como seguridad ciudadana, estabilidad económica y gobernabilidad ha convertido al PBG en un socio potencial para el fujimorismo.

La Junta Preparatoria, encargada de conducir el proceso de instalación del Parlamento bicameral, ya se encuentra en funciones bajo la presidencia del senador electo Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular, y la vicepresidencia de la diputada Cecilia Chacón. Además, participan representantes del Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular, reflejando desde el inicio la necesidad de consensos entre diversas fuerzas políticas.

La elección de las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de Diputados está prevista para el 27 de julio. Miguel Ángel Torres aparece como uno de los principales candidatos para presidir el Senado, mientras que en Diputados continúan las negociaciones para definir una lista de consenso. Paralelamente, Juntos por el Perú busca articular un bloque opositor con otras bancadas para impedir que Fuerza Popular concentre el control de ambos órganos legislativos.

Las próximas horas serán decisivas para el equilibrio político del nuevo Congreso. Más allá del número de curules, el respaldo o la neutralidad del Partido del Buen Gobierno podría definir quién conducirá el Parlamento en su primera legislatura y marcar el tono de la relación entre el Ejecutivo de Keiko Fujimori y el Legislativo durante los primeros meses de gobierno, en un escenario donde la gobernabilidad dependerá más de la negociación que de las mayorías absolutas.