Lima, 13 de junio de 2025 – La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció ayer la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, anulando su destitución de mayo de 2024 por supuestas faltas graves. La controversial decisión ha desatado una ola de críticas, alimentando la percepción de un sistema judicial permeable a intereses políticos y cuestionando la lucha contra la corrupción en el país.

La JNJ justificó su resolución argumentando irregularidades en el proceso disciplinario que destituyó a Benavides, ordenando retrotraer el caso a una etapa previa. Sin embargo, críticos señalan que esta medida carece de transparencia y revive el fantasma de la politización del Ministerio Público. Benavides, destituida por interferir en una investigación contra su hermana, Enma Benavides, y acusada de delitos como cohecho pasivo, regresa a un cargo clave en medio de denuncias que erosionan su credibilidad.

La reposición implica que Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, debería ceder su puesto, generando incertidumbre institucional. Analistas advierten que este cambio abrupto podría paralizar investigaciones sensibles y profundizar la crisis de confianza en el sistema judicial. “Es un retroceso alarmante que beneficia a sectores que buscan impunidad”, señaló la excongresista Indira Huilca en redes sociales.

Durante su gestión, Benavides contó con el respaldo de partidos como Fuerza Popular y Renovación Popular, lo que refuerza las sospechas de una maniobra orquestada para consolidar poder. La sociedad civil y medios independientes han expresado su rechazo, calificando la decisión como un golpe a la independencia del Ministerio Público. En X, usuarios han descrito el fallo como un “desastre jurídico” que amenaza la estabilidad del país.

La JNJ, por su parte, defiende la legalidad de su resolución, mientras el abogado de Benavides, Jorge del Castillo, insiste en que se respetaron sus derechos. No obstante, las acusaciones de dolo y abuso de autoridad que pesan sobre la exfiscal dificultan justificar su retorno. La ciudadanía exige claridad y teme que este episodio marque un nuevo capítulo de impunidad en el Perú.

El caso Benavides reabre el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia para garantizar su autonomía. Mientras tanto, el país observa con preocupación cómo una decisión de la JNJ podría desestabilizar una institución crucial en tiempos de crisis, dejando en entredicho los avances en la lucha contra la corrupción.

Lima, 10 de junio de 2025. Desde su celda en el penal de Barbadillo, el expresidente Pedro Castillo emitió un pronunciamiento político en el que convoca a “la más amplia unidad política y social” de cara a las elecciones generales del 2026. El mensaje, difundido a través de sus redes sociales, hace un llamado a los sectores populares, organizaciones sociales, y ciudadanos independientes a organizarse para disputar el poder político desde una agenda transformadora.

En el documento, Castillo plantea siete ejes principales, entre ellos: la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, el fortalecimiento de los derechos sociales, la reforma del sistema de justicia y la liberación de los denominados “presos políticos”. Asimismo, insiste en que su mandato presidencial fue interrumpido de forma ilegítima y que aún cuenta con respaldo popular.

“Llamamos a organizarnos y movilizarnos para impedir que los mismos de siempre sigan dirigiendo los destinos del país. ¡El pueblo tiene la palabra!”, señala Castillo.

Castillo fue visitado por Margot Palacios en Barbadillo

El pronunciamiento ocurre, coincidentemente cuando la congresista Margot Palacios, legisladora no agrupada, pero militante de Juntos por el Perú (JP) desde 2024, realizó varias visitas en las últimas semanas, acompañado de otros congresistas, aparentemente con diferentes motivos. Palacios goza del respaldo de un sector importante de los movimientos populares del interior del país y es una figura activa en la articulación de sectores de izquierda que buscan una alternativa distinta frente al actual modelo político y económico.

Aunque no se han revelado detalles de los encuentros, fuentes cercanas señalan que la visita no habría dejado de abordar la necesidad de coordinar esfuerzos con miras al 2026. La congresista habría ratificado su respaldo a una agenda popular y constituyente.

Castillo mantiene respaldo amplio

A pesar de estar en prisión preventiva desde diciembre de 2022 por su fallido intento de disolución del Congreso, Pedro Castillo conserva una base sólida de apoyo, especialmente entre ex militantes de Perú Libre y sectores del magisterio nacional, que lo consideran un referente de la izquierda, al triunfar con Perú Libre.

Su llamado se produce en un contexto de fragmentación de la izquierda limeña, pero también de intentos por rearticular un frente común con figuras del movimiento popular peruano. Analistas advierten que, aunque la participación directa de Castillo en el proceso electoral es improbable, su figura podría influir en la definición de candidaturas y alianzas.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski intentó salir del país rumbo a Estados Unidos la noche del sábado 7 de junio, a través del Aeropuerto Jorge Chávez. Fue detenido por las autoridades migratorias debido a una alerta vigente en su contra por investigaciones judiciales relacionadas con lavado de activos y presuntos aportes irregulares a su campaña de 2016.

El Ministerio Público confirmó que Kuczynski fue interceptado y que los fiscales Carlos Puma y Leidi Gálvez levantaron un acta del intento de fuga. La acción fue frustrada gracias a la alerta migratoria que impedía su salida del país sin autorización judicial previa.

Una audiencia judicial ha sido programada para el lunes 9 de junio, donde se evaluará un pedido formal de impedimento de salida del país. El caso ha reactivado el debate sobre la impunidad y la necesidad de fortalecer el control judicial sobre exautoridades.

Kuczynski enfrenta investigaciones por presunto lavado de activos vinculados al financiamiento de su partido y posibles conexiones con empresas involucradas en corrupción, como Odebrecht. Estos procesos forman parte del escándalo que ha afectado a gran parte de la clase política peruana.

El intento de salida ha sido criticado por analistas como una maniobra desesperada para eludir la justicia. La opinión pública ha expresado su rechazo, calificando la acción como una falta grave de respeto a las instituciones democráticas del país.

El expresidente, de 86 años, había sido recientemente internado por problemas cardíacos, y su entorno alega que el viaje era por motivos médicos. Sin embargo, esta versión ha generado escepticismo ante la falta de permiso legal y el contexto judicial que lo rodea.

La ciudadanía y organizaciones civiles han convocado movilizaciones para exigir sanciones ejemplares. Este nuevo episodio agrava la crisis de credibilidad que arrastra Kuczynski desde su renuncia en 2018, marcando otro capítulo en los escándalos de corrupción que sacuden al Perú.