Lima, 4 de agosto 2026.- El Congreso de la República avanzó en la conformación de sus comisiones para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, luego de que las Juntas de Portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados aprobaran la distribución proporcional de sus integrantes entre las seis bancadas con representación parlamentaria. Los acuerdos, adoptados el 4 de agosto, deberán ser ratificados por los respectivos plenos antes de iniciar formalmente el trabajo legislativo.

La distribución se sustenta en la composición política surgida de las elecciones generales de 2026. En el Senado, Fuerza Popular cuenta con 22 de los 60 escaños, seguida por Juntos por el Perú con 14, Renovación Popular con 8, Partido del Buen Gobierno con 7, Partido Cívico Obras con 5 y Ahora Nación con 4. En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular posee 41 de los 130 curules, Juntos por el Perú 32, Partido del Buen Gobierno 18, Renovación Popular 15, Partido Cívico Obras 14 y Ahora Nación 10. Ninguna bancada alcanza mayoría absoluta, por lo que los acuerdos dependerán de negociaciones y alianzas entre grupos parlamentarios.

El Senado estará conformado por siete comisiones ordinarias, cada una integrada por 12 miembros con una distribución fija: cuatro representantes de Fuerza Popular, tres de Juntos por el Perú, dos de Renovación Popular y un representante de cada una de las otras tres bancadas. Entre ellas destacan Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Justicia y Derechos Humanos; y Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.

En la Cámara de Diputados se instalarán 16 comisiones ordinarias. Siete tendrán 26 integrantes, entre ellas Constitución, Economía, Justicia e Infraestructura; mientras que las nueve restantes estarán conformadas por 20 miembros, incluyendo Desarrollo Agrario, Energía y Minas, Salud, Trabajo, Producción y Ciencia e Innovación Tecnológica. También quedaron definidas las comisiones especiales, como Acusaciones Constitucionales y Ética Parlamentaria, esta última integrada por un representante de cada bancada.

Aunque la proporcionalidad de las comisiones ya fue acordada, aún falta definir la integración nominal de titulares y suplentes, así como la elección de presidentes, vicepresidentes y secretarios de cada grupo de trabajo. Estas designaciones representan la etapa de mayor negociación política, pues las presidencias de comisiones estratégicas como Constitución, Economía, Justicia y Fiscalización suelen concentrar la mayor influencia en la agenda legislativa.

La conformación de las comisiones marcará el equilibrio de poder dentro del primer Congreso bicameral instalado tras la reforma constitucional. Si bien Fuerza Popular parte como la primera fuerza parlamentaria, la ausencia de una mayoría absoluta obliga a construir consensos con otras bancadas para conducir las comisiones más relevantes y asegurar la viabilidad de las iniciativas legislativas durante el periodo 2026-2027.

Lima, 30 de julio 2026.- La excongresista Margot Palacios Huamán, una de las principales figuras de Juntos por el Perú (JP), hizo público este miércoles un pronunciamiento en el que exhorta a las fuerzas políticas democráticas representadas en el Congreso a no aprobar la Ley de delegación de facultades solicitada por el Gobierno de Keiko Fujimori, al considerar que contiene disposiciones que podrían afectar derechos fundamentales de la población y debilitar los mecanismos de control democrático.

En el documento, Palacios sostiene que el Perú necesita inversión, crecimiento económico y modernización del Estado, pero afirma que esos objetivos no pueden alcanzarse a costa de los trabajadores, las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas, el ambiente, los empresarios nacionales ni la soberanía del país. Por ello, pidió que el Congreso formule observaciones de fondo antes de otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Entre las principales preocupaciones expuestas, la exparlamentaria advierte que los literales 2.5 b), c) y d) permitirían modificar el marco normativo del desarrollo agrario, la mecanización, el acceso al crédito y la gestión de los recursos hídricos sin establecer salvaguardas expresas para la agricultura familiar, las comunidades campesinas y nativas, ni garantizar la prioridad del agua para el consumo humano y la producción de alimentos. Asimismo, cuestiona que los literales 2.5 f), h) y l) faciliten la aprobación de proyectos mineros y de hidrocarburos y simplifiquen procedimientos ambientales, lo que —según señala— podría incrementar los riesgos para los ecosistemas y las poblaciones que habitan en los territorios.

El pronunciamiento también expresa preocupación por los cambios planteados en materia laboral. Palacios sostiene que los literales 2.3 c), d), e) y g) podrían flexibilizar el régimen de despidos, permitir acuerdos individuales sobre beneficios laborales como la CTS, gratificaciones, vacaciones y horas extras, establecer bonos de productividad sin carácter remunerativo y reducir el número de feriados nacionales, aspectos que considera podrían afectar derechos laborales consolidados.

Otro de los puntos cuestionados es la Primera Disposición Complementaria Final, que exceptúa a los futuros decretos legislativos de mecanismos como la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio. A juicio de la excongresista, cuando se legisla sobre materias que involucran derechos fundamentales corresponde fortalecer, y no restringir, la transparencia y la participación ciudadana en la elaboración de las normas.

Finalmente, Margot Palacios convocó a organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, gremios profesionales, empresarios nacionales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y movilizados en defensa de la democracia, los recursos naturales y la soberanía nacional. «El Perú necesita crecimiento económico, pero con justicia social, respeto irrestricto a los derechos del pueblo y un desarrollo que ponga en el centro a las personas, no la concentración del poder», concluye el pronunciamiento.

Lima, 25 de julio 2026.- Las principales fuerzas políticas de oposición al fujimorismo presentaron este sábado listas unitarias para disputar las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, con el objetivo de garantizar una conducción plural del nuevo Congreso bicameral e impedir que la derecha encabezada por Fuerza Popular concentre el control de ambas cámaras durante el periodo legislativo 2026-2027.

En la Cámara de Diputados, la alianza integrada por Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación inscribió como candidato a la presidencia a Óscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno), acompañado por Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) en la primera vicepresidencia, Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) en la segunda vicepresidencia y José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras) en la tercera vicepresidencia. De acuerdo con la actual correlación de fuerzas, este bloque reuniría alrededor de 74 votos, suficientes para alcanzar la mayoría frente a los aproximadamente 56 votos que sumarían Fuerza Popular y Renovación Popular.

En el Senado también quedó conformado un bloque democrático integrado por Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación, que postula a Daniel Hugo Barragán Coloma (Partido Cívico Obras) a la presidencia de la Cámara Alta. Lo acompañan Jaime Quito Sarmiento (Juntos por el Perú) como primer vicepresidente, Jaime Delgado (Ahora Nación) como segundo vicepresidente y Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno) como tercera vicepresidenta. Frente a ellos compite la lista conformada por Fuerza Popular y Renovación Popular, encabezada por Miguel Ángel Torres Morales, junto con Alejandro Muñante, Nilza Chacón Trujillo y Estanislao Mancha Pineda.

La conformación de estas candidaturas refleja la decisión de las fuerzas democráticas de la social democracia y el progresismo de actuar de manera coordinada para preservar el equilibrio de poderes en el Parlamento. Sus representantes sostienen que el resultado electoral otorgó una representación diversa a la ciudadanía y que ninguna organización política debe ejercer un control hegemónico sobre la agenda legislativa ni sobre los órganos de dirección del Congreso.

La disputa adquiere especial relevancia porque el fujimorismo busca recuperar un amplio margen de conducción parlamentaria, mientras que las bancadas opositoras sostienen que la Mesa Directiva debe responder al carácter plural del nuevo Congreso. Para estos sectores, la unidad parlamentaria constituye un mecanismo para fortalecer la fiscalización, promover el debate democrático y evitar la concentración del poder político en una sola fuerza.

La elección de las Mesas Directivas también tiene un fuerte contenido simbólico para diversos sectores ciudadanos que recuerdan que el fujimorismo mantiene como referente político el gobierno de Alberto Fujimori, cuyo régimen fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos, autoritarismo y casos de corrupción. En ese contexto, las agrupaciones opositoras consideran que la conducción del Congreso debe estar orientada por principios democráticos, respeto al Estado de derecho y defensa de la institucionalidad.

Las elecciones de este domingo 26 de julio definirán quiénes presidirán la Cámara de Diputados y el Senado durante el primer año del nuevo Congreso bicameral. El resultado marcará el inicio de una etapa política clave para el equilibrio de poderes y para la capacidad de las fuerzas democráticas de ejercer un contrapeso frente a la derecha fujimorista en el Parlamento peruano.