Lima, 15 de junio de 2025 – Un sismo de magnitud 6.1 en la escala de Richter estremeció Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao esta mañana a las 11:35 a.m., dejando a su paso daños materiales, una persona fallecida y escenas de pánico en diversos puntos de la capital peruana, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y autoridades locales.

El epicentro se ubicó 30 km al suroeste del Callao, en el Océano Pacífico, a una profundidad de 49 km, con una intensidad de nivel IV en la escala de Mercalli. El movimiento, que se sintió con fuerza en distritos como La Perla, Bellavista, San Miguel, Miraflores, Los Olivos, Lince, La Victoria, Independencia, San Juan de Lurigancho y Comas, generó alarma entre la población, especialmente en edificios altos, donde la percepción fue más intensa.

El sismo dejó una trágica pérdida en Independencia, donde un hombre de 37 años falleció tras el colapso de una pared desde un cuarto piso. Además, se reportaron heridos leves por cortes y golpes durante las evacuaciones en varios distritos. Los daños materiales incluyen rajaduras en viviendas del Callao y Lima, fachadas y ventanas rotas, así como desprendimientos en la Costa Verde, lo que llevó al cierre preventivo de la Bajada Balta.

En el ámbito comercial, los techos de centros comerciales como Plaza Norte y estaciones del Metropolitano sufrieron daños, mientras que en mercados de Comas se reportaron pérdidas por la caída de objetos y mercancías. Un momento de tensión se vivió en el estadio Alberto Gallardo, cerca del río Rímac, donde una polvareda interrumpió el partido entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso.

A las 12:03 p.m., una réplica de magnitud 3.6, con epicentro a 39 km al suroeste del Callao, mantuvo en alerta a la población. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra descartó el riesgo de tsunami, tranquilizando a los residentes de las zonas costeras.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) instó a la población a mantener la calma, buscar refugio bajo muebles sólidos durante los sismos, evitar el uso de ascensores y preparar mochilas de emergencia. Las autoridades locales cerraron vías afectadas y continúan evaluando los daños en infraestructura. El IGP, por su parte, mantiene un monitoreo constante a través de su portal y su cuenta oficial en X (@Sismos_Peru_IGP).

Este sismo, el más fuerte sentido en Lima en los últimos años, ocurrió en el marco del Día del Padre, lo que amplificó el impacto emocional en un día de alta actividad social. Expertos del IGP han advertido sobre la posibilidad de sismos de mayor magnitud debido al «silencio sísmico» en la región, lo que subraya la importancia de la preparación. Se recomienda a la ciudadanía participar en simulacros, identificar rutas de evacuación y mantener kits de emergencia con agua, linterna, radio y documentos esenciales.

Las autoridades continúan recopilando información sobre los daños y exhortan a la población a seguir las indicaciones oficiales mientras se evalúa el impacto total del evento.

Lima, 15 de junio de 2025. El Congreso de la República, con el apoyo de bancadas como Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos, Somos Perú y Acción Popular, aprobó en la Comisión Permanente el Proyecto de Ley N.º 11058, impulsado por la congresista Lady Camones. Esta iniciativa, que modifica el artículo 5 de la Ley 1057, transforma los contratos CAS de duración indeterminada en contratos a plazo fijo de un año, renovables hasta por cinco años, sujetos a la disponibilidad presupuestal de cada entidad estatal.

Lejos de fortalecer los derechos laborales, la norma establece que los trabajadores CAS podrán acceder a Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones de navidad y 28 de julio solo por un año, con renovaciones anuales condicionadas a los recursos disponibles. Esto, según especialistas como el abogado laboralista César Puntriano, constituye una “pseudoformalización” que entrega beneficios parciales a cambio de eliminar la estabilidad laboral, un derecho ya conquistado para quienes tenían contratos indeterminados. “Es un cambio que facilita el despido arbitrario y otorga mayor discrecionalidad al empleador”, advirtió Puntriano.

A pesar de estas críticas, gremios como el Frente Nacional de Trabajadores CAS han respaldado la propuesta, celebrando la incorporación de beneficios sociales sin cuestionar la pérdida de estabilidad ni la legitimación de contratos temporales. Esta postura ha generado rechazo entre sectores sindicales de base, que acusan a las dirigencias de “irresponsabilidad política” y de alinearse con los intereses de SERVIR, entidad criticada por su ineficiencia y por funcionar como un instrumento de control burocrático al servicio del poder político.

La norma, que consolida un modelo de despido progresivo disfrazado de “modernización” del empleo público, aleja la posibilidad de eliminar el régimen CAS o lograr el nombramiento automático, demandas históricas del sector. Aunque el Ejecutivo aún puede observar la ley si se aprueba en el Pleno, la falta de presión sindical y popular podría condenar a miles de trabajadores a la incertidumbre de contratos temporales, que podrán ser despedidos sin justificación alguna en un plazo máximo de cinco años.

En Estados Unidos, la política migratoria del presidente Donald Trump, caracterizada por redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha desatado protestas que enfrentan una represión desproporcionada, afectando también a la comunidad peruana. Se estima que cerca de 320,000 peruanos viven en situación migratoria irregular en EE. UU., representando casi el 1% de la población total del país. Desde agosto de 2022 hasta enero de 2023, 12,048 peruanos fueron deportados por infracciones migratorias, y en 2025, 308 connacionales enfrentan órdenes de deportación, con 340 más a la espera de documentación para ser expulsados.

En California, epicentro de las manifestaciones, el despliegue de más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, ordenado por Trump sin autorización del gobernador Gavin Newsom, ha escalado las tensiones. En Los Ángeles, donde se arrestaron a 378 personas en pocos días, un peruano fue detenido durante protestas contra las redadas, que dejaron más de 40 migrantes arrestados tras enfrentamientos con agentes federales, quienes usaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. En San Diego, 74 peruanos fueron detenidos en operativos migratorios. Estas acciones han generado temor, con casos como el de un peruano arrestado en un Walmart pese a estar en proceso de asilo.

La narrativa oficial de Trump justifica las redadas como una medida contra la “invasión migratoria”, tildando a los manifestantes de “turbas insurrectas”. Sin embargo, testimonios como el de Daniel Valdez, un joven peruano buscando asilo, reflejan el clima de incertidumbre: “Puedes salir de tu casa y te pueden agarrar”.

Las tácticas de ICE, que incluyen agentes encubiertos en centros comerciales, han afectado la estabilidad emocional y económica de los migrantes. En Boston, negocios peruanos como el restaurante ‘Peruvian Taste’ reportan una caída del 50% en clientela por el miedo a salir.

Organizaciones de derechos humanos y expertos de la ONU critican estas medidas como violaciones a la libertad de expresión, alertando sobre un retroceso democrático. En Perú, la Cancillería, liderada por Elmer Schialer, monitorea la situación, ofreciendo asistencia consular y preparando la reintegración de los deportados, con un vuelo de 141 peruanos retornados previsto. Sin embargo, la comunidad peruana en EE. UU. vive bajo constante amenaza, con redadas que no solo afectan a indocumentados, sino también a quienes buscan protección legal.