El pleno del Parlamento Europeo votó el 21 de enero de 2026 remitir el pacto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para evaluar su compatibilidad con los tratados europeos, especialmente en estándares ambientales, sanitarios y de protección agraria. La votación fue ajustadísima: 334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

Firmado apenas días antes (el 17 de enero en Paraguay tras más de 25 años de negociaciones), el acuerdo abre la puerta a mayores importaciones de carne, azúcar, soja y pollo de Mercosur, producidos con normas más laxas que las europeas, lo que genera temores de competencia desleal y perjuicio al campo local.
Miles de agricultores protestaron masivamente frente al Parlamento en Estrasburgo el día previo, con tractores bloqueando accesos y concentraciones de más de 5.000 personas. Al conocerse el resultado, estallaron celebraciones: bocinazos, abrazos, banderas ondeando y gritos de «¡La lucha no fue en vano!» en vídeos virales que recorren las redes.
Organizaciones como Copa-Cogeca, FNSEA y COAG calificaron el voto como una «victoria histórica» lograda por la movilización sostenida. Aunque la Comisión Europea lamentó la decisión y podría intentar una aplicación provisional, el Parlamento y varios países se oponen. La revisión del TJUE podría durar 18-24 meses, dando un respiro clave al sector. ¡El campo europeo festeja hoy una conquista ganada con esfuerzo!

Estados Unidos se encuentra sacudido por una ola de protestas en varias ciudades tras la operación militar del 3 de enero de 2026, en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas, trasladándolos a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo. El presidente Donald Trump justificó la acción como una medida de aplicación de la ley con apoyo militar contra un «narco-dictador», y afirmó que EE.UU. asumirá temporalmente el control de Venezuela para una «transición ordenada», con énfasis en recuperar y reconstruir sus vastas reservas petroleras —las mayores del mundo—. Trump ha señalado que los ingresos del petróleo beneficiarían a Venezuela, a empresas estadounidenses y al gobierno de EE.UU., lo que ha generado acusaciones de intervencionismo motivado por intereses energéticos.

Las manifestaciones, mayoritariamente pacíficas, estallaron inmediatamente tras el anuncio y continuaron durante el fin de semana del 3 al 5 de enero, extendiéndose a ciudades como Nueva York (incluyendo Times Square y frente a la Casa Blanca), Washington D.C., San Francisco, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles y Portland. Manifestantes, entre ellos activistas antibélicos de grupos como Code Pink y ANSWER Coalition, portaron pancartas con lemas como “No a la guerra por petróleo”, “Fuera EE.UU. de América Latina” y “No sangre por petróleo”, denunciando la operación como una agresión imperialista e ilegal que viola el derecho internacional. Aunque la mayoría de las protestas han sido no violentas, se reportaron bloqueos y tensiones menores con la policía en algunos puntos.

Este rechazo se entrelaza con el descontento por las políticas internas de Trump, como las deportaciones masivas de inmigrantes —incluyendo venezolanos— y el tiroteo fatal del 7 de enero en Minneapolis, donde un agente de ICE mató a Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense. Estos eventos han unido a comunidades latinas, progresistas y anti-guerra, que critican el uso de la fuerza tanto en el exterior como en el interior. Analistas destacan que la intervención en Venezuela, enmarcada en una campaña contra el narcotráfico y el control de recursos energéticos, ha intensificado las críticas a una agenda percibida como agresiva hacia Latinoamérica.

El costo político para Trump aumenta de cara a las elecciones de medio término de 2026. Encuestas preliminares muestran una división: alrededor del 33% aprueba la acción militar, pero el 65% expresa preocupación por una mayor implicación estadounidense en Venezuela, con fuerte oposición entre demócratas. Gobernadores y alcaldes en estados clave como California, Nueva York y Pensilvania han condenado la operación, y protestas continuas podrían erosionar el apoyo en distritos con alta población latina e inmigrante.

Desde Perú, donde la diáspora venezolana observa con emociones mixtas —entre celebraciones por el fin del régimen de Maduro y preocupación por la intervención—, estas movilizaciones reflejan un rechazo regional al uso de la fuerza para fines económicos. Organizaciones internacionales y aliados como Francia y España han criticado la acción como violatoria del derecho internacional. El futuro dependerá de si la administración Trump modera su enfoque o si las protestas se consolidan como un desafío significativo a su política exterior.

Lima, 6 de enero de 2026 – Miles de personas han tomado las calles en Venezuela y diversos países del mundo para exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas, calificada por simpatizantes chavistas y gobiernos aliados como un «secuestro violento» y una violación flagrante a la soberanía nacional.

En Venezuela, las movilizaciones han sido intensas y continuas, con concentraciones masivas en Caracas organizadas por el PSUV y líderes como Diosdado Cabello. Manifestantes, incluyendo colectivos y mujeres en apoyo a Cilia Flores, han coreado consignas como «¡Devuélvannos a nuestro presidente!» y «¡Los queremos de vuelta!», denunciando la intervención como un acto imperialista que busca apoderarse de los recursos petroleros del país.

A nivel internacional, las protestas se han extendido a ciudades como São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte en Brasil; Londres, donde más de mil personas se reunieron frente a Downing Street; Buenos Aires en Argentina; y otras urbes en México, Chile, Honduras y hasta Europa. Gobiernos como China, Rusia, Cuba e Irán han condenado la acción y demandado la liberación, mientras organizaciones antifascistas y sindicales han repudiado lo que llaman una agresión sin precedentes.

Maduro, trasladado a Nueva York, se declaró no culpable el lunes en un tribunal federal por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, afirmando ser «un hombre inocente y decente» y calificando su detención como un «secuestro». Insistió en que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela, en un contexto de alta polarización.

Estas manifestaciones contrastan con celebraciones en la diáspora venezolana en Miami, Bogotá y otras ciudades, pero destacan el rechazo masivo de sectores progubernamentales a la operación estadounidense, que ha generado debates en la ONU sobre su legalidad y ha profundizado la crisis política en la región.