En un nuevo capítulo de las crecientes fricciones bilaterales, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú ha aprobado por mayoría una moción que declara «persona non grata» a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por sus recientes declaraciones en defensa del expresidente peruano Pedro Castillo. La iniciativa, impulsada por congresistas de Fuerza Popular y otros bloques conservadores, fue ratificada con 12 votos a favor y 6 en contra, y ahora espera la aprobación del Pleno del Congreso para su formalización. Este paso se produce en medio de la histórica crisis diplomática entre ambos países, exacerbada desde el fallido autogolpe de Castillo en diciembre de 2022.

La condena ya ha sido expresada de manera contundente por la congresista Margot Palacios, del partido de izquierda Juntos por el Perú y miembro del Bloque Socialista, quien, a pesar de su alineación ideológica con posiciones progresistas, ha calificado las intervenciones de Sheinbaum como una «inaceptable injerencia en la soberanía peruana». Palacios, conocida por su defensa de los derechos humanos y su origen en el campo popular, argumentó en sesión que el apoyo explícito de la mandataria mexicana a Castillo, a quien se refiere como «preso político», socava la institucionalidad democrática del Perú y podría alentar divisiones internas. «No podemos permitir que líderes extranjeros dicten nuestra justicia interna, independientemente de sus intenciones solidarias», declaró Palacios, marcando una inesperada postura crítica que resalta las fracturas incluso en el espectro de izquierda peruano.

Las declaraciones de Sheinbaum, realizadas el 29 de agosto durante una reunión en el Palacio Nacional con el abogado de Castillo, Guido Croxatto, han sido el detonante directo de esta medida. La presidenta mexicana expresó «profunda solidaridad» con el exmandatario, al que llamó «presidente legítimo» y víctima de «persecución política», instando a la ONU a intervenir en su defensa. Analistas internacionales advierten que, si el Pleno del Congreso ratifica la declaratoria —lo que se prevé inminente dada la mayoría conservadora—, podría escalar las tensiones diplomáticas, afectando foros regionales como la Alianza del Pacífico y profundizando el aislamiento de Perú en la escena latinoamericana. Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta oficial, aunque fuentes cercanas indican que se prepara una réplica en defensa de la Doctrina Estrada de no intervención.

Jeannette Alejandra Jara Román, candidata presidencial del Partido Comunista de Chile para las elecciones de 2025, emerge como una figura destacada tras su contundente victoria en las primarias de la coalición «Unidad por Chile», donde obtuvo el 60% de los votos. Su experiencia como abogada y exministra del Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric le otorga un perfil sólido, con un enfoque en políticas sociales y laborales que resuenan con sectores amplios de la población. Jara ha destacado por su capacidad de articular propuestas que combinan justicia social con viabilidad económica, promoviendo reformas como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, medidas que han fortalecido su imagen como una líder pragmática y comprometida con los trabajadores.

Una de las principales ventajas de Jara es su habilidad para tender puentes dentro de una coalición diversa, integrando al Partido Comunista con sectores progresistas y socialdemócratas. Su trayectoria en el gobierno de Boric, donde enfrentó desafíos como la implementación de la reforma de pensiones, le ha valido el reconocimiento por su capacidad de negociación y gestión en contextos complejos. Además, su discurso inclusivo y su énfasis en la equidad de género y los derechos de las minorías le han permitido conectar con votantes jóvenes y movimientos sociales, consolidándola como una candidata capaz de movilizar a un electorado desencantado con la política tradicional.

Finalmente, Jara representa un hito histórico como la primera candidata comunista respaldada por una amplia coalición de izquierda desde el retorno a la democracia en Chile. Su enfoque en políticas redistributivas y su compromiso con enfrentar la desigualdad estructural la posicionan como una opción atractiva para quienes buscan un cambio profundo en el modelo económico y social. Aunque enfrenta el desafío de superar prejuicios asociados al Partido Comunista, su experiencia y carisma podrían ser clave para consolidar su liderazgo en la carrera presidencial de 2025, marcando un nuevo capítulo en la política chilena.

La historia es clara: cada vez que un pueblo de América Latina intentó recuperar sus recursos y decidir su destino, Estados Unidos apareció con la excusa perfecta para invadir, derrocar gobiernos o imponer dictaduras. Detrás de los discursos sobre democracia y libertad, siempre hubo petróleo, minerales, tierras fértiles y control geopolítico. El imperio se vistió de salvador, pero lo que dejó fue hambre, represión y sangre. Sin embargo, los pueblos nunca permanecieron de brazos cruzados: resistieron con dignidad, organización y memoria.

En Guatemala, en 1954, la CIA derrocó a Jacobo Árbenz porque se atrevió a tocar los intereses de la United Fruit Company, la todopoderosa bananera estadounidense. El pretexto fue el comunismo; la realidad, defender monopolios extranjeros. El resultado: más de tres décadas de guerra interna, masacres y más de 200 mil muertos, en su mayoría indígenas. Aun así, la resistencia guatemalteca nunca se rindió: las comunidades mayas, pese a la represión, mantuvieron vivas sus lenguas, su cultura y su organización comunal, y hoy siguen reclamando justicia y memoria frente al genocidio.

En Chile, en 1973, Nixon y Kissinger movieron los hilos para quebrar la democracia y apoyar el golpe contra Salvador Allende, quien había nacionalizado el cobre para los chilenos. La mentira fue otra vez la “amenaza roja”; la verdad, el temor a perder el control del mineral que alimentaba las industrias norteamericanas. El saldo: un Palacio de La Moneda bombardeado, miles de desaparecidos y una dictadura sangrienta. No obstante, desde el mismo 11 de septiembre, estudiantes, trabajadores y artistas chilenos levantaron la voz contra el régimen. Décadas después, Chile recuperó la democracia y hoy su pueblo sigue peleando por una nueva Constitución que rompa con el legado de Pinochet.

La misma receta se aplicó en Panamá en 1989, cuando se justificó la invasión con el argumento del narcotráfico para capturar a Noriega. Lo que estaba en juego no era la droga, sino el Canal de Panamá, arteria vital del comercio mundial. Miles de civiles panameños murieron en bombardeos que Washington nunca reconoció. Pero Panamá resistió: los movimientos sociales denunciaron la masacre y, años después, la soberanía sobre el Canal volvió a manos panameñas, fruto de la presión popular y la lucha diplomática.

En República Dominicana, en 1965, desembarcaron más de 40 mil marines con la excusa de “proteger a ciudadanos estadounidenses” y frenar un supuesto giro comunista, dejando cientos de muertos. Pero la resistencia no se apagó: miles de dominicanos, armados con lo poco que tenían, defendieron su capital durante días frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, dejando un símbolo imborrable de dignidad.

En Cuba, la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961 demostró la firmeza de un pueblo que derrotó en apenas 72 horas a mercenarios entrenados por la CIA, consolidando una revolución que, pese al bloqueo, se mantiene en pie más de sesenta años.

En Centroamérica, durante los años 80, la CIA financió guerras sucias y escuadrones de la muerte en Nicaragua, El Salvador y Honduras, pero las comunidades campesinas, obreras y estudiantiles resistieron con organización popular; y en Nicaragua, incluso, triunfó una revolución que sigue siendo referente regional.

El guion se repitió en otros continentes. En Irán, en 1953, la CIA tumbó a Mohammad Mossadegh por nacionalizar el petróleo, pero la resistencia iraní sembró las bases de futuras rebeliones contra el control extranjero. En el Congo, en 1961, el asesinato de Patrice Lumumba buscó frenar la independencia africana, pero su figura se convirtió en bandera de lucha panafricana.

En Afganistán, en 2001, se invadió bajo el pretexto del terrorismo, pero el pueblo afgano resistió dos décadas de ocupación hasta forzar la retirada de Estados Unidos en 2021. En Irak, en 2003, la mentira de las armas de destrucción masiva dejó cientos de miles de muertos, pero también una resistencia que nunca permitió la completa pacificación imperial.

En Libia, en 2011, la caída de Gadafi sumió al país en el caos, pero también emergieron movimientos que luchan por recuperar la soberanía petrolera. Y en Palestina, pese al bloqueo y las bombas sobre Gaza, la resistencia de su pueblo sigue siendo un símbolo mundial de dignidad frente a la ocupación, financiada por miles de millones de dólares de Washington.

Cada continente guarda una herida abierta marcada por la misma mano: la del imperio que no tolera que los pueblos sean dueños de sus recursos y de su destino. Pero también cada pueblo guarda su historia de lucha, de dignidad y de resistencia. En América Latina y el Caribe, como en Medio Oriente o África, las consecuencias se cuentan en dictaduras, masacres, pobreza y desplazamientos; pero la memoria de los caídos y la fuerza de las comunidades mantienen viva la certeza de que la soberanía no se concede, se conquista y se defiende.