Lima, 5 de agosto 2026.- El Ejecutivo oficializó este miércoles el Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI, mediante el cual declara en reorganización al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) por un plazo de 120 días calendario. La medida busca evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión de la entidad para proponer las reformas que correspondan.

La decisión ha generado un debate entre especialistas en gestión pública sobre la oportunidad del proceso, considerando que aún se encuentra pendiente la aprobación de la Política General de Gobierno 2026-2031, instrumento que establece las prioridades del Poder Ejecutivo y orienta el diseño de las políticas y acciones de los sectores.

Desde esa perspectiva, algunos analistas sostienen que una reorganización institucional alineada con la Política General de Gobierno facilitaría que las modificaciones organizacionales respondan a objetivos estratégicos previamente definidos. Otros consideran que un diagnóstico anticipado puede contribuir a identificar oportunidades de mejora que posteriormente se articulen con las prioridades gubernamentales.

Otro aspecto que ha sido materia de análisis es el alcance del proceso de reorganización. El decreto dispone la elaboración de un diagnóstico técnico interno, pero no establece mecanismos específicos para recoger aportes de los distintos actores vinculados al sector agrario durante esta etapa.

Diversos especialistas señalan que la participación de productores de la agricultura familiar, agricultores, organizaciones agrarias, juntas de usuarios de riego, cooperativas, agroexportadores, trabajadores agrarios, comerciantes y empresas de la cadena agroalimentaria podría enriquecer el diagnóstico, al incorporar la experiencia de quienes interactúan de manera permanente con los servicios que brinda el ministerio.

La reorganización del MIDAGRI representa una oportunidad para fortalecer la gestión institucional y adecuarla a los desafíos del desarrollo agrario. El principal reto será que las reformas logren combinar eficiencia administrativa, alineamiento con las políticas nacionales y una amplia participación de los actores del sector, con el propósito de consolidar una institución orientada a responder de manera más efectiva a las necesidades del agro peruano.

Taipéi, 31 de julio 2026.- Miles de personas se movilizaron el pasado 25 de julio en la avenida Ketagalan, frente a la Oficina Presidencial de Taipéi, en una de las mayores manifestaciones registradas este año en Taiwán. Convocada por el opositor Kuomintang (KMT) y respaldada por el Partido Popular de Taiwán (TPP), la protesta tuvo como eje principal el rechazo al manejo del gobierno frente a un grave escándalo de seguridad alimentaria relacionado con aceite de soja contaminado.

La movilización surgió tras revelarse que productos elaborados con aceite de la empresa Central Union Oil Corp. contenían concentraciones de benzo[a]pireno —un compuesto clasificado como carcinógeno— que alcanzaban hasta cuatro veces el límite legal. El caso afectó diversas marcas comercializadas entre abril y junio y provocó fuertes cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades sanitarias y la demora en las investigaciones oficiales.

Durante la protesta, los organizadores exigieron la renuncia del primer ministro Cho Jung-tai y reclamaron que el presidente Lai Ching-te ofreciera disculpas públicas por la gestión del caso. Los convocantes sostuvieron que el Ejecutivo reaccionó tarde ante una situación que comprometía la salud pública y acusaron al gobierno de minimizar la gravedad del problema.

Sin embargo, en paralelo a las manifestaciones comenzaron a circular en redes sociales y algunos medios internacionales versiones que presentaban la protesta como un levantamiento contra el aparente «gobierno proestadounidense» o como una expresión mayoritaria a favor de la reunificación con la República Popular China. La información disponible sobre la convocatoria y las declaraciones de sus organizadores no respalda esas interpretaciones, ya que el reclamo estuvo centrado en la crisis alimentaria y la responsabilidad política del Ejecutivo.

Si bien el Kuomintang mantiene una posición más favorable al diálogo con Pekín que el gobernante Partido Democrático Progresista (DPP), ello no implica que sus movilizaciones constituyan un respaldo a una anexión inmediata o a la unificación bajo el sistema político de la República Popular China. La competencia entre ambas fuerzas continúa desarrollándose principalmente dentro del marco democrático taiwanés.

Las encuestas más recientes muestran que la amplia mayoría de la población mantiene su preferencia por conservar el actual status quo entre Taiwán y China continental. Los estudios también reflejan un reducido respaldo a la unificación política bajo las condiciones planteadas por Pekín y un rechazo ampliamente mayoritario al modelo de «un país, dos sistemas», mientras la identidad taiwanesa continúa fortaleciéndose entre las nuevas generaciones.

En un escenario marcado por la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, las protestas de julio evidencian cómo una crisis doméstica puede convertirse rápidamente en objeto de disputa geopolítica e informativa. Los hechos documentados muestran una movilización impulsada por demandas de responsabilidad política y protección de la salud pública, mientras diversas narrativas internacionales intentan reinterpretar el episodio para respaldar agendas que no reflejan necesariamente el contenido real de las protestas.

Puno, 8 de julio 2026.- La creciente escasez de lluvias en las provincias altoandinas de Puno ha encendido las alarmas entre productores, gremios agrarios y especialistas, quienes advierten que la ganadería alpaquera enfrenta una de sus mayores amenazas en los últimos años. La disminución de las precipitaciones ha reducido la disponibilidad de bofedales, manantiales y pastizales naturales, afectando directamente la alimentación y supervivencia de miles de alpacas, actividad que constituye el principal sustento económico de numerosas comunidades campesinas.

Representantes de organizaciones de productores alpaqueros señalaron que la crisis climática está alterando el ciclo hídrico de las zonas ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar, donde la falta de agua ya provoca pérdidas en la producción de fibra, menor peso del ganado y una mayor mortalidad de crías. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Perú concentra alrededor del 87 % de la población mundial de alpacas, de las cuales más del 40 % se encuentran en la región Puno, considerada el principal centro de producción del país.

Frente a este panorama, gremios agrarios, técnicos y especialistas en recursos hídricos han propuesto la ejecución de un megaproyecto regional de siembra y cosecha de agua, que contemple la construcción de qochas, reservorios, zanjas de infiltración, recuperación de bofedales y reforestación con especies nativas. La iniciativa busca almacenar agua durante la temporada de lluvias para garantizar su disponibilidad en los meses de estiaje, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades frente a los efectos del cambio climático.

Los impulsores de la propuesta sostienen que la inversión en infraestructura natural resulta más rentable que atender de manera permanente las emergencias provocadas por sequías y heladas. Asimismo, solicitaron al Gobierno Central, al Gobierno Regional de Puno y a las municipalidades priorizar recursos para la implementación de un plan integral que involucre a las comunidades campesinas, universidades, organismos técnicos y programas de desarrollo rural, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la actividad alpaquera.

La preocupación también alcanza al sector exportador, debido a que la fibra de alpaca peruana representa uno de los productos textiles de mayor valor en los mercados internacionales. Los productores advirtieron que, de no ejecutarse medidas estructurales para garantizar la disponibilidad de agua en las zonas altoandinas, la producción podría verse seriamente afectada en los próximos años, comprometiendo la economía regional y la seguridad alimentaria de miles de familias que dependen directamente de la ganadería alpaquera.