Puno, 8 de julio 2026.- La creciente escasez de lluvias en las provincias altoandinas de Puno ha encendido las alarmas entre productores, gremios agrarios y especialistas, quienes advierten que la ganadería alpaquera enfrenta una de sus mayores amenazas en los últimos años. La disminución de las precipitaciones ha reducido la disponibilidad de bofedales, manantiales y pastizales naturales, afectando directamente la alimentación y supervivencia de miles de alpacas, actividad que constituye el principal sustento económico de numerosas comunidades campesinas.

Representantes de organizaciones de productores alpaqueros señalaron que la crisis climática está alterando el ciclo hídrico de las zonas ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar, donde la falta de agua ya provoca pérdidas en la producción de fibra, menor peso del ganado y una mayor mortalidad de crías. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Perú concentra alrededor del 87 % de la población mundial de alpacas, de las cuales más del 40 % se encuentran en la región Puno, considerada el principal centro de producción del país.

Frente a este panorama, gremios agrarios, técnicos y especialistas en recursos hídricos han propuesto la ejecución de un megaproyecto regional de siembra y cosecha de agua, que contemple la construcción de qochas, reservorios, zanjas de infiltración, recuperación de bofedales y reforestación con especies nativas. La iniciativa busca almacenar agua durante la temporada de lluvias para garantizar su disponibilidad en los meses de estiaje, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades frente a los efectos del cambio climático.

Los impulsores de la propuesta sostienen que la inversión en infraestructura natural resulta más rentable que atender de manera permanente las emergencias provocadas por sequías y heladas. Asimismo, solicitaron al Gobierno Central, al Gobierno Regional de Puno y a las municipalidades priorizar recursos para la implementación de un plan integral que involucre a las comunidades campesinas, universidades, organismos técnicos y programas de desarrollo rural, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la actividad alpaquera.

La preocupación también alcanza al sector exportador, debido a que la fibra de alpaca peruana representa uno de los productos textiles de mayor valor en los mercados internacionales. Los productores advirtieron que, de no ejecutarse medidas estructurales para garantizar la disponibilidad de agua en las zonas altoandinas, la producción podría verse seriamente afectada en los próximos años, comprometiendo la economía regional y la seguridad alimentaria de miles de familias que dependen directamente de la ganadería alpaquera.

Lima, 1 de julio 2026.- El Gobierno declarará, antes de la quincena de julio, el estado de emergencia en ocho regiones del país ante el peligro inminente de un Fenómeno El Niño Costero de magnitud moderada a fuerte, según anunciaron el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). La medida busca acelerar la ejecución de acciones preventivas, fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y reducir el impacto de un eventual escenario de lluvias extremas, inundaciones y deslizamientos durante los próximos meses.

Las regiones del norte concentran la mayor preocupación de las autoridades. En Tumbes, Piura y Lambayeque ya se ejecutan labores de descolmatación de ríos, limpieza de quebradas y reforzamiento de defensas ribereñas para disminuir el riesgo de desbordes. Estos trabajos buscan proteger a miles de familias, así como la infraestructura vial, agrícola y de servicios básicos, en una zona históricamente afectada por eventos climáticos asociados al calentamiento anómalo del mar.

En Cajamarca, el panorama también genera alerta. Las evaluaciones técnicas advierten que 35 distritos presentan un nivel de riesgo muy alto frente a huaicos e inundaciones, debido a su vulnerabilidad geográfica y a la posibilidad de precipitaciones intensas. Las autoridades regionales y locales han sido exhortadas a reforzar los planes de prevención, identificar zonas seguras y preparar mecanismos de evacuación para reducir los efectos de una posible emergencia.

De manera paralela, el Ejecutivo oficializó la prórroga por 60 días del estado de emergencia en 41 distritos de 11 regiones, con el propósito de continuar las intervenciones destinadas a mitigar los daños ocasionados por el reciente periodo de lluvias intensas. La ampliación permitirá mantener recursos extraordinarios para la rehabilitación de infraestructura, la atención de la población afectada y la ejecución de obras urgentes que reduzcan la exposición al riesgo.

El anuncio refleja que el país ingresa a una etapa decisiva de preparación frente a un fenómeno climático que podría tener importantes repercusiones económicas y sociales. Especialistas coinciden en que la eficacia de las medidas dependerá de la rapidez con la que se ejecuten las acciones preventivas y de la coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. En las próximas semanas, el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y meteorológicas será determinante para anticipar nuevos escenarios y proteger a la población más vulnerable.

Perú, 26 de mayo de 2026.- Miles de agricultores arroceros mantienen paralizado el país en el segundo día de un paro nacional indefinido que afecta nueve regiones. La causa es concreta: el precio del arroz en chacra se desplomó de S/ 1,500 a S/ 600 por tonelada en menos de un año, empujando a miles de familias agricultoras al borde de la quiebra.

La protesta fue convocada por la Confederación Nacional de Arroceros del Perú (Conarroz), liderada por Wilder Vásquez, con el respaldo de la plataforma Conveagro y gremios de bananeros, cañicultores y cafetaleros. En el terreno, los rostros visibles son Rogelio Silva, de la Federación de Agricultores Piura-Tumbes, y Macario Silva Vílchez, de la Junta del Sector Hidráulico del Medio y Bajo Piura, quienes advirtieron que no levantarán los bloqueos sin compromisos escritos del Ejecutivo.

Las demandas del sector son cinco: declaratoria de emergencia agropecuaria, suspensión temporal de importaciones de arroz durante la cosecha nacional, compra estatal de 180,000 toneladas del cereal peruano, créditos agrarios accesibles ante el alza de fertilizantes y combustibles, y combate efectivo al contrabando de arroz por la frontera de Tumbes. Todos estos puntos, según los gremios, fueron acordados en mesas de diálogo previas que el Midagri nunca cumplió.

La respuesta del Gobierno llegó tarde y sin sustancia. El ministro de Desarrollo Agrario, César Quispe, reconoció que la crisis es estructural y que las medidas del Ejecutivo solo podrán «paliar en algo» la situación. Como gesto concreto, el Midagri reportó la compra de 410 toneladas de arroz nacional — una cifra irrisoria frente al excedente de 350,000 toneladas acumulado en las cosechas de 2025 y 2026.

Ante la presión de dos días consecutivos de bloqueos, la Presidencia del Consejo de Ministros convocó para el miércoles 27 de mayo una reunión de alto nivel con gobernadores regionales y dirigentes arroceros. Sin embargo, la agenda del Consejo de Ministros de ese día no incluyó decretos de urgencia ni medidas vinculantes — solo un informe sectorial del Midagri, lo que revela la distancia entre el discurso oficial y la disposición real a resolver el conflicto.

El escenario más probable es que la reunión del 27 derive en un acta de compromisos parciales — compras estatales ampliadas, cronograma de créditos, mesa técnica permanente — que los gremios evaluarán como condición mínima para levantar los bloqueos de forma temporal. Los productores, sin embargo, son explícitos: no se trasladarán a Lima a negociar y exigen que cualquier mesa de diálogo funcione en Piura, en el corazón de la zona productora.

El problema de fondo no tiene solución en una reunión de emergencia. La sobreproducción, la competencia del arroz importado y el encarecimiento de insumos configuran una crisis estructural que ningún gobierno ha querido enfrentar con políticas de largo plazo. Sea quien sea el ganador de la segunda vuelta del domingo, heredará un campo en ebullición y una deuda pendiente con cientos de miles de agricultores que sostienen la seguridad alimentaria del país.