Lima, 1 de febrero de 2026.– Los fraudes digitales continúan en ascenso alarmante en el Perú, con la capital concentrando la mayor parte de las denuncias por ciberdelincuencia. Según datos de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, hasta septiembre de 2025 se registraron más de 31 mil denuncias por delitos informáticos, de las cuales el 68,88% (21.371 casos) correspondieron a fraude informático, incluyendo phishing, smishing y suplantación de identidad. Reportes de Kaspersky destacan un aumento sostenido en América Latina de amenazas como ladrones de contraseñas (35%) y spyware (64%) durante 2025, tendencia que se proyecta intensificándose en 2026 con el uso de inteligencia artificial para crear mensajes hiperpersonalizados y deepfakes. En Lima, las modalidades más frecuentes involucran suplantaciones de bancos como BCP, Interbank o BBVA vía WhatsApp y SMS, así como estafas con billeteras digitales Yape y Plin mediante códigos QR falsos (‘QRishing’) o aplicaciones fraudulentas que simulan pagos.

Las alertas más recurrentes incluyen mensajes de urgencia extrema —como “tu cuenta será bloqueada en 1 hora”, “retiro AFP inmediato” o falsas ofertas de empleo remoto con “depósito inicial”—, enlaces a sitios clonados con dominios sospechosos (.top, .xyz o con guiones extra), y solicitudes de pagos en criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias a desconocidos. Expertos advierten que el phishing bancario y las estafas con Yape falso —donde delincuentes envían capturas editadas o usan apps clonadas para engañar a comerciantes— se han sofisticado notablemente, aprovechando la confianza en transacciones móviles cotidianas en bodegas, taxis y comercios limeños. Kaspersky y la Policía Nacional reportan un incremento en intentos de robo de datos a través de estos canales, con proyecciones de mayor focalización en dispositivos móviles para 2026.

Las autoridades, incluyendo la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional, Indecopi y los bancos, instan a la población a verificar siempre las URLs oficiales escribiéndolas manualmente, nunca compartir códigos OTP, claves bancarias o CVV por mensajes, activar notificaciones en tiempo real en apps como Yape, usar tarjetas virtuales con límites bajos para compras en línea y denunciar sospechas inmediatamente al 942 439 245 o a través de canales oficiales. La educación digital y herramientas como VirusTotal se posicionan como defensas clave ante esta ola de ciberdelincuencia que afecta especialmente a los limeños en sus transacciones diarias.

La provincia de Talara, en Piura, se paralizó este viernes 30 de enero de 2026 con un paro provincial de 24 horas en rechazo al Decreto de Urgencia N.º 010-2025, que permite la reorganización patrimonial de Petroperú bajo la conducción de ProInversión. Manifestantes, incluyendo trabajadores de la refinería, pescadores artesanales y transportistas, denuncian que la norma abre la puerta a una privatización encubierta de activos clave como la Refinería de Talara.

Desde la medianoche, se registraron bloqueos en la carretera Costanera (Negritos y La Brea), tramos de la Panamericana Norte y puentes locales, con quema de llantas y obstáculos que afectaron el tránsito hacia Máncora y el litoral norte. Comercios, mercados y servicios cerraron masivamente, dejando la ciudad en un panorama de suspensión total de actividades. La Policía intervino para despejar vías, con tensiones, pero sin reportes de enfrentamientos graves.

La medida fue convocada por sindicatos de Petroperú, gremios de pescadores, transportistas y autoridades locales, tras semanas de protestas. La congresista Margot Palacios Huamán (Juntos por el Perú, candidata al Senado Nacional con el número 8 – JP8) impulsó la resistencia desde diciembre 2025, liderando marchas en Talara el 13 de enero y presentando una denuncia constitucional contra el presidente José Jerí Oré por riesgo a la soberanía energética.

El Decreto de Urgencia N.º 010-2025, publicado el 31 de diciembre de 2025, busca sanear las finanzas de Petroperú ante deudas y sobrecostos, promoviendo inversión privada sin privatización total, según el Gobierno. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y críticos lo tildan de inconstitucional, alertando sobre alzas en combustibles, pérdida de empleos y entrega del control estatal en una zona petrolera estratégica.

Hacia la tarde, partes de la Panamericana Norte se normalizaron, aunque la provincia permaneció mayormente paralizada. Los manifestantes exigen la derogatoria inmediata del decreto para defender la soberanía energética y el patrimonio nacional.

En el panorama electoral peruano de 2026, José Luna Gálvez emerge como un candidato presidencial por Podemos Perú que, lejos de representar un cambio genuino, encarna la persistencia de la corrupción enquistada en la política. Fundador de una universidad clausurada por irregularidades y señalado como el «brazo económico» en escándalos como Lava Jato, Luna enfrenta graves acusaciones de lavado de activos a través de transferencias sospechosas desde 2009, vinculadas a aportes ilícitos de Odebrecht y OAS en campañas pasadas. Su reciente levantamiento del secreto bancario por el Poder Judicial no es un mero trámite, sino una alerta roja sobre un patrón de opacidad financiera que lo descalifica éticamente para aspirar a la presidencia, donde la integridad debería ser innegociable.

Lo más alarmante es cómo Luna teje una red de influencias para eludir la justicia, amparado en su inmunidad parlamentaria que el Congreso, fragmentado y cómplice, se niega a levantar. Procesos como «Los Gángsters de la Política» lo acusan de organización criminal para inscribir irregularmente su partido, con pedidos fiscales de hasta 22 años de prisión por cohecho y enriquecimiento ilícito. Sus maniobras dilatorias -hábeas corpus, apelaciones y anulaciones temporales- revelan no solo astucia legal, sino un desprecio por el Estado de Derecho. Rodeado de figuras con antecedentes policiales y judiciales en proceso, Luna explota el voto de sectores vulnerables en Lima con promesas populistas de retiros de AFP y bonos, convenciendo a incautos mientras su hipocresía ideológica últimamente muta de derecha conservadora a tintes izquierdistas oportunistas.

Esta desesperación por pasar la valla electoral del 5% -con encuestas que lo ubican en un raquítico 2-3%- lo impulsa a alianzas pragmáticas sin principios, integrando desde evangélicos conservadores hasta remanentes oportunistas de Pedro Castillo. Pero su discurso anti-élite choca con su trayectoria: un empresario que canalizó fondos dudosos vía Telesup para blanquear activos y enriquecer su entorno. En un país azotado por la inestabilidad, elegir a alguien con tal bagaje judicial equivaldría a perpetuar el ciclo de corrupción que ha hundido a líderes como Alan García o Alberto Fujimori, socavando la confianza en las instituciones.

La medida judicial de enero 2026, que rastrea 16 años de movimientos financieros, podría ser el golpe definitivo que entierre su candidatura, exponiendo transferencias por cientos de miles de soles clasificadas como sospechosas por la UIF. Sin embargo, mientras no haya condena firme -retrasada por su fuero-, Luna sigue en carrera, victimizándose como «perseguido político». Esto no solo es descarado, sino peligroso: un presidente con tales sombras no garantizaría gobernabilidad, sino más bien un gobierno vulnerable a chantajes e imposiciones, dejando el país en manos de vicepresidentes como Cecilia García, sin la experiencia alguna en la gestión pública.

En suma, José Luna Gálvez no es un líder honesto, sino un político populista descalificado que prioriza su supervivencia sobre el bien común como buen aprista. Los peruanos merecen opciones transparentes, no oportunistas que explotan la ignorancia y la pobreza para ascender. Es hora de que el electorado despierte y rechace esta amenaza a la democracia, antes de que sea demasiado tarde.