En un hito para el distrito más populoso del Callao, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N.º 10874, impulsado por la congresista ayacuchana Margot Palacios, que propone la creación de la Universidad Nacional de Ventanilla. Esta iniciativa, que beneficiará a más de 28 mil jóvenes que egresan anualmente del quinto de secundaria, despierta una renovada esperanza entre los pobladores, quienes ven en esta futura institución una oportunidad para acceder a educación superior de calidad sin alejarse de sus hogares. La noticia ha generado entusiasmo en las autoridades municipales y en las calles de Ventanilla, donde familias y estudiantes de nivel secundaria vislumbran un futuro con mayores posibilidades de desarrollo personal y profesional.

La aprobación del dictamen es un paso crucial, por lo que, la congresista Palacios ha instado al Pleno del Congreso a agendar cuanto antes el debate y votación de la ley. La creación de esta universidad no solo responde a una demanda histórica de la juventud ventanillense, sino que también promete impulsar el desarrollo económico y social de la región, ofreciendo carreras alineadas con las necesidades locales, como ingenierías, ciencias de la salud y administración. En un distrito donde la falta de acceso a la educación superior ha sido una barrera constante, esta iniciativa representa un faro de esperanza para miles de familias que sueñan con un mejor porvenir para sus hijos.

El distrito de Ventanilla, conocido por su espíritu de progreso, ha recibido la noticia con optimismo, pero también con expectativa. Estudiantes como María Quispe, de 17 años, expresan su emoción: “Siempre soñé con estudiar en una universidad, pero el costo y la distancia eran un problema. Ahora siento que sí puedo lograrlo”. La congresista Palacios, firme en su compromiso con la educación pública superior, ha reiterado su llamado a los legisladores para que prioricen este proyecto en el Pleno, asegurando que “la educación es el motor del cambio para nuestra juventud”. Con el apoyo ciudadano y de sus colegas, Ventanilla está más cerca de contar con una universidad que transforme vidas y fortalezca el tejido social del distrito.

Lima, 7 de noviembre de 2025 – La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó hoy, con 10 votos a favor y 3 en contra, el informe final que recomienda inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Pedro Castillo. La decisión se basa en su participación en el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver ilegalmente el Congreso e instaurar un «gobierno de excepción». El informe, sustentado por la congresista Lady Camones, será ahora evaluado por la Comisión Permanente antes de llegar al Pleno para su ratificación final.

El documento acusa a Castillo de infringir los artículos 38, 39 y 118 de la Constitución Política del Perú, al atentar contra el orden constitucional. Entre las pruebas presentadas se encuentra el mensaje televisado donde anunció la disolución del Parlamento, además de decretos supremos emitidos para legitimar su acción. La SAC, con una votación mayoritaria, determinó que el exmandatario actuó de manera deliberada para quebrar el Estado de derecho, un hecho que desencadenó su vacancia y posterior detención. Actualmente, Castillo cumple prisión preventiva mientras enfrenta procesos penales.

La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores políticos celebran el avance como un paso hacia la justicia, seguidores del expresidente cuestionan la celeridad del proceso. De concretarse la inhabilitación en el Pleno, Castillo no podrá ejercer cargos públicos ni postular a elecciones hasta 2035. El expediente también será remitido al Ministerio Público para reforzar las investigaciones penales en curso, marcando un hito en el cierre de la crisis política desatada en 2022.

Cusco, 5 de noviembre de 2025 | Dirigentes de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, denunciaron que el proyecto minero Crespo, operado por Apumayo S.A.C., pone en riesgo el glaciar Inti Curasma y el río Santo Tomás, fuentes de agua vital para más de 15,000 personas en distritos como Santo Tomás, Llusco y Quiñota. Acusan al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y al Ministerio de Cultura (MINCUL) de omitir funciones al aprobar el proyecto sin estudios suficientes sobre los impactos ambientales y culturales, según un informe del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). Los representantes exigen la nulidad de los permisos y la declaración de la zona como intangible, considerando el cerro Curasma un sitio sagrado.

El conflicto, que se intensifica desde febrero de 2025 con protestas y alertas comunitarias, refleja tensiones por la falta de consulta previa y antecedentes de contaminación, como el derrame de una poza de Apumayo en 2024. La empresa niega la presencia de glaciares activos y asegura cumplir con la normativa, mientras que el Estado ha promovido mesas de diálogo sin resultados concretos. Los dirigentes, han anunciado una movilización para el 11 de noviembre para presionar por una respuesta inmediata.

“Exhortamos al Estado a que no espere que se genere cualquier acontecimiento para que nos puedan escuchar”, declaró un representante de Ccollpa Ccasahui, comunidad afectada. La movilización busca visibilizar la amenaza a los recursos hídricos y culturales, en un contexto donde la minería representa el 60% de las exportaciones peruanas, pero enfrenta crecientes demandas por sostenibilidad. Las autoridades locales y el gobierno central aún no han emitido un pronunciamiento oficial tras la denuncia de hoy.