La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó el 9 de septiembre de 2025 una modificación excepcional a la Ley Orgánica de Elecciones que amplía hasta el 30 de noviembre de 2025 el plazo para que nuevos militantes puedan afiliarse a partidos políticos y postular en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2026. La propuesta, respaldada por bancadas como Podemos Perú y Renovación Popular, busca incrementar la participación ciudadana y renovar los liderazgos políticos a nivel local.

El dictamen, que requiere aún la aprobación del Pleno del Congreso, permitiría postular a personas que se afilien después del plazo original del 16 de junio de 2025, siempre que no mantengan múltiples afiliaciones. La medida aplica exclusivamente para los comicios subnacionales, pues el plazo para las Elecciones Generales de abril de 2026 venció en julio de 2024.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han manifestado preocupación por posibles afectaciones al calendario electoral y a la seguridad jurídica del proceso. Ambos organismos exhortaron al Legislativo a garantizar la estabilidad de las normas electorales mientras se debate la iniciativa parlamentaria.

En un nuevo capítulo de las crecientes fricciones bilaterales, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú ha aprobado por mayoría una moción que declara «persona non grata» a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por sus recientes declaraciones en defensa del expresidente peruano Pedro Castillo. La iniciativa, impulsada por congresistas de Fuerza Popular y otros bloques conservadores, fue ratificada con 12 votos a favor y 6 en contra, y ahora espera la aprobación del Pleno del Congreso para su formalización. Este paso se produce en medio de la histórica crisis diplomática entre ambos países, exacerbada desde el fallido autogolpe de Castillo en diciembre de 2022.

La condena ya ha sido expresada de manera contundente por la congresista Margot Palacios, del partido de izquierda Juntos por el Perú y miembro del Bloque Socialista, quien, a pesar de su alineación ideológica con posiciones progresistas, ha calificado las intervenciones de Sheinbaum como una «inaceptable injerencia en la soberanía peruana». Palacios, conocida por su defensa de los derechos humanos y su origen en el campo popular, argumentó en sesión que el apoyo explícito de la mandataria mexicana a Castillo, a quien se refiere como «preso político», socava la institucionalidad democrática del Perú y podría alentar divisiones internas. «No podemos permitir que líderes extranjeros dicten nuestra justicia interna, independientemente de sus intenciones solidarias», declaró Palacios, marcando una inesperada postura crítica que resalta las fracturas incluso en el espectro de izquierda peruano.

Las declaraciones de Sheinbaum, realizadas el 29 de agosto durante una reunión en el Palacio Nacional con el abogado de Castillo, Guido Croxatto, han sido el detonante directo de esta medida. La presidenta mexicana expresó «profunda solidaridad» con el exmandatario, al que llamó «presidente legítimo» y víctima de «persecución política», instando a la ONU a intervenir en su defensa. Analistas internacionales advierten que, si el Pleno del Congreso ratifica la declaratoria —lo que se prevé inminente dada la mayoría conservadora—, podría escalar las tensiones diplomáticas, afectando foros regionales como la Alianza del Pacífico y profundizando el aislamiento de Perú en la escena latinoamericana. Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta oficial, aunque fuentes cercanas indican que se prepara una réplica en defensa de la Doctrina Estrada de no intervención.

La ex primera ministra Betssy Chávez, suspendida como congresista desde marzo de 2023 por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, enfrenta un impedimento formal para ser contratada en el Congreso de la República, tal como lo propuso el legislador Roberto Sánchez. Aunque la Fiscalía desistió de prolongar su prisión preventiva y el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación, la suspensión vigente genera una incompatibilidad constitucional que le prohíbe ejercer cualquier otra función pública. Según el artículo 92 de la Constitución Política del Perú, «el mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública», lo que incluye roles como asesora en el Parlamento. Esta medida, que dura mientras persista el proceso penal por rebelión y conspiración, representa un obstáculo insalvable para su reingreso laboral en el ámbito estatal.

Expertos en derecho constitucional coinciden en que la suspensión no equivale a una inhabilitación definitiva, pero sí activa mecanismos de restricción inmediata que impiden su contratación. El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, declaró que la propuesta de Sánchez es «ridícula e inválida» debido a esta incompatibilidad, argumentando que Chávez mantiene su condición de legisladora suspendida, lo que le veda asumir cargos públicos hasta su resolución judicial o reincorporación. Asimismo, el presidente del Congreso, José Jerí, confirmó que «legalmente no procede» la contratación, ya que no ha sido desaforada ni destituida formalmente. Analistas como el penalista Fernando Silva destacan que esta suspensión, aprobada con 66 votos en 2023, busca preservar la integridad del mandato congresal y evita conflictos éticos durante procesos penales graves, recordando que Chávez intentó disolver el mismo Congreso en 2022.

A pesar de que no existe aún una inhabilitación formal por 10 años —recomendada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en julio de 2025 y pendiente de votación en el Pleno el 1 de octubre—, su eventual aprobación agravaría el impedimento, prohibiéndole todo cargo público por una década. La propuesta de Sánchez, presentada el 5 de septiembre como requerimiento N° 10533 para contratarla como asesora de nivel 8 con un sueldo aproximado de S/10,000 mensuales, ha sido calificada de «provocación política» por bancadas opositoras como Fuerza Popular y Avanza País. Mientras el proceso penal continúa en libertad con comparecencia restringida, expertos advierten que forzar la contratación podría derivar en acciones de amparo o revisiones administrativas, pero el consenso institucional apunta a un rechazo definitivo, subrayando la prioridad de la accountability en casos de presunta traición al orden constitucional.