Nacionales
Partidos políticos se podrán inscribir con más de 531 mil adherentes

En aplicación del artículo 5 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y su modificación (Ley N° 31981), el Jurado Nacional de Elecciones estableció hoy que el número mínimo de adherentes que se requiere como requisito para la inscripción de partidos políticos, ante el Registro de Organizaciones Políticas, es de 531 412 adherentes, cifra que equivale al 3% del total de la votación registrada en la última elección general que alcanzó 17 millones 713 mil 716 electores.
En el caso de los movimientos regionales -de alcance regional o departamental-, el número mínimo de adherentes que se requiere como requisito para la inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas, de conformidad es de 5% en relación a la votación registrada en las últimas elecciones generales 2021.
Los números especificados varían ampliamente, reflejando la diversidad demográfica y electoral de Perú. Por ejemplo, en regiones como Lima Metropolitana se requieren 283,025 firmas, mientras que en Madre de Dios, el número es considerablemente menor, con solo 4,142 firmas necesarias. Estas cifras no solo reflejan la población electoral de cada región sino que también establecen un umbral de apoyo popular que los movimientos deben alcanzar para participar en el proceso democrático.

La fijación del número de firmas para Inscripción de partidos políticos y movimientos regionales es medida del JNE tiene como objetivo principal fortalecer la estructura democrática del país, asegurando que las organizaciones políticas cuenten con un respaldo mínimo antes de participar en elecciones, lo que contribuye a la legitimidad y estabilidad del sistema político peruano. Además, alinea a los movimientos regionales con los estándares nacionales, promoviendo una mayor equidad en el proceso electoral y fomentando la participación política a nivel local y nacional.
Este nuevo marco normativo no solo demuestra un esfuerzo por actualizar y adecuar los requisitos de participación política en consonancia con la realidad electoral actual, sino que también subraya la importancia de la representatividad y el apoyo ciudadano en la construcción de una democracia sólida y participativa en Perú.
En el caso de los movimientos regionales, la ley señala que éstos, se constituyen por iniciativa y decisión de sus fundadores y, luego de cumplidos los requisitos establecidos en la ley, se inscriben en el Registro de Organizaciones Políticas conforme al reglamento correspondiente.
Esto es, la presentación de la relación de adherentes en número no menor al cinco por ciento (5%) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, dentro de la circunscripción en la que el movimiento regional desarrolle sus actividades y pretenda presentar solicitudes de inscripción de fórmulas o listas de candidatos.
Dicha relación se presenta con la firma y el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de los adherentes. Los movimientos regionales cuentan con un plazo de dos años, contados a partir de la adquisición de formularios, para la recolección de firmas de adherentes y la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Fuente: Webs y redes de noticias
Actualidad
Sindicato de Trabajadores de Petroperú Rechaza Declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas

El Sindicato de Trabajadores de Petroperú emitió hoy un comunicado en el que rechaza las declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), quien afirmó que «no se le dará ni un sol más a Petroperú este año». El pronunciamiento, expresa preocupación por las implicaciones de estas declaraciones y defiende la importancia estratégica de la empresa estatal.
En el comunicado, el sindicato destaca seis puntos clave. En primer lugar, recuerda que el Estado Peruano mantiene una deuda aproximada de seis mil millones de soles con Petroperú, lo que convierte el financiamiento en una obligación y no en una opción discrecional. Además, critica la denominación de Petroperú como «un barril sin fondo», calificándola de errónea y descontextualizada, y subraya que la empresa es un pilar fundamental para la seguridad energética del país.

El sindicato también enfatiza que el financiamiento a Petroperú debe ser visto como una inversión estratégica y no como un subsidio gratuito. Reducir este apoyo, argumentan, comprometería la competitividad y sostenibilidad de la empresa. Asimismo, instan al MEF a abordar el déficit fiscal de manera integral, sin sacrificar inversiones clave, y a revisar los gastos de otras entidades que podrían estar afectando al Estado.
Finalmente, el comunicado exige que las decisiones sobre el financiamiento se basen en criterios técnicos y objetivos, y pide al gobierno establecer un plan de pago viable para saldar la deuda con Petroperú. El sindicato reitera su compromiso con una gestión responsable y transparente, orientada al desarrollo sostenible de la industria energética nacional.
Este pronunciamiento surge en un contexto de tensiones entre el gobierno y la empresa estatal, y refleja la preocupación de los trabajadores por el futuro de Petroperú y su papel en la economía peruana.
Actualidad
Colapso de puente en Chancay expone negligencia en diseño y mantenimiento de la infraestructura por parte del Gobierno

Dos personas fallecieron y al menos 38 resultaron heridas tras el colapso del puente sobre el río Chancay, en el kilómetro 75 de la Panamericana Norte, un hecho que ha puesto en evidencia la falta de mantenimiento y el mal diseño de la infraestructura vial en el país. El accidente ocurrió alrededor de las 11:55 p.m. del último jueves, cuando un bus interprovincial de la empresa Cruz del Norte y un automóvil particular cayeron al río desde una altura considerable tras el derrumbe de la estructura.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, confirmó que los afectados fueron trasladados a los hospitales de Chancay y Huaral, y anunció la instalación de puentes modulares en un plazo de 8 a 15 días. Sin embargo, la medida ha sido calificada como tardía y reactiva, ya que el estado crítico del puente era conocido desde hace tiempo.
El puente, concesionado a la empresa Norvial, no habría recibido mantenimiento adecuado en los últimos meses. El primer ministro, Gustavo Adrianzén, declaró que desconoce si en noviembre se realizó algún tipo de mantenimiento a la estructura, lo que ha generado indignación entre la población y los congresistas.

La tragedia ha expuesto una vez más la precaria situación de las carreteras concesionadas en el Perú, especialmente en un contexto donde el Estado prioriza megaproyectos como el puerto de Chancay, de inversión china, mientras descuida la infraestructura básica que garantiza la seguridad de los ciudadanos.
Bomberos y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) trabajaron en conjunto para rescatar a los pasajeros atrapados dentro del bus, algunos de los cuales quedaron entre los fierros retorcidos. Brigadistas del Espacio de Emergencia y Desastres (EMED) también participaron en las labores de rescate, trasladando a los heridos a los hospitales de Chancay y Huaral para su atención inmediata.

Hasta el momento, se ha confirmado una lista de 35 heridos con distintas lesiones, todos pasajeros del bus que salió de Chimbote. El servicio de emergencia del Hospital de Chancay continúa brindando atención médica a las víctimas.
La tragedia de Chancay no solo ha dejado un saldo trágico de vidas perdidas y heridos, sino que ha puesto en evidencia la falta de planificación y supervisión del Estado en materia de infraestructura vial. La ciudadanía exige respuestas claras y acciones concretas para evitar que hechos como este se repitan.
Actualidad
Damnificados del derrame de petróleo en Talara se reúnen con la congresista Margot Palacios para solicitar apoyo en la solución de su problemática

En un firme acto de solidaridad con las comunidades afectadas por desastres ecológicos, la congresista Margot Palacios visitó a los pescadores y habitantes de Alto Talara, quienes continúan sufriendo las consecuencias del derrame de hidrocarburos ocurrido el 20 de diciembre de 2024 en el mar de Talara. Este incidente, provocado durante la carga de una embarcación desde los tanques de Petroperú, ha dejado graves secuelas que, hasta la fecha, no han sido remediadas. Tampoco se ha determinado la magnitud total del daño ni se ha brindado la compensación correspondiente a los afectados.

Durante su recorrido, la congresista manifestó su preocupación por la lentitud en la atención de esta crisis, enfatizando la urgencia de garantizar justicia tanto para el medio ambiente como para las víctimas. Adviertió que la demora en la respuesta podría ser aprovechada por sectores interesados en perjudicar a Petroperú, empresa pública que pertenece a todos los peruanos. En este sentido, instó a las autoridades competentes a actuar con rapidez para evitar que esta situación se extienda, tal como ocurrió con el desastre provocado por Repsol en el mar de Ventanilla.

Como representante del Congreso y defensora de los intereses nacionales, Margot Palacios se comprometió a impulsar las soluciones necesarias. Entre sus acciones, exigirá al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) un informe detallado sobre el impacto del derrame y solicitará al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) un censo exhaustivo de los damnificados para garantizar su atención y compensación adecuada.
La congresista reafirmó su compromiso inquebrantable con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas, asegurando que no descansará hasta alcanzar justicia y soluciones efectivas. «No permitiremos que la población siga abandonada ni que la contaminación quede impune. Continuaremos exigiendo acciones inmediatas y resultados concretos», enfatizó.
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