La Libertad, 12 de enero 2026.- Trabajadores de Hass Perú, empresa agroexportadora dedicada al cultivo de palta y arándanos en el departamento de La Libertad, han hecho pública una denuncia grave contra la compañía por presuntas prácticas antisindicales. El Sindicato de Trabajadores de Hass Perú (SINTRAHASSP), oficialmente registrado en diciembre de 2025 mediante la Resolución Subgerencial N° 000204-2025 del Gobierno Regional de La Libertad, acusa a la empresa de responder a su constitución con despidos de dirigentes y afiliados, hostigamiento laboral y deficiencias en medidas de seguridad que habrían provocado accidentes graves, incluyendo uno donde un trabajador perdió tres dedos de la mano.

Entre las exigencias del sindicato destacan la reposición inmediata de los despedidos —considerados nulos por constituir discriminación antisindical según la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y convenios de la OIT ratificados por Perú—, mejoras en el transporte al finalizar la jornada (con demoras excesivas en la movilidad), cese de presiones excesivas por parte de supervisores en la cosecha de arándano (con tolerancias mínimas de defectos que derivan en suspensiones), incremento de bonos en poda y cosecha, reducción de tareas excesivas y respeto pleno a la normativa de negociación colectiva.

La denuncia, que circula en redes sociales desde inicios de enero de 2026 y ha sido respaldada por economistas laborales como Fernando Cuadros Luque y Eduardo Zegarra, vincula estos hechos a un contexto más amplio de precarización en el sector agroexportador. Críticos señalan que la reciente Ley N° 32434 (conocida como Ley Chlimper 2.0, promulgada en 2025) reduce impuestos y aportes a EsSalud para las grandes empresas, lo que debilitaría la fiscalización laboral y facilitaría prácticas de este tipo en un rubro que concentra altos niveles de contratos temporales.

Ante las acusaciones, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó el 13 de enero de 2026 que su Intendencia Regional de La Libertad emitió una orden de inspección en la empresa, ubicada en Chao (Virú), para verificar las demandas laborales y presuntas irregularidades, incluyendo paralizaciones de actividades reportadas. La entidad ha enfatizado su rol en sancionar infracciones muy graves como actos contra la libertad sindical.

Este caso refleja tensiones persistentes en el sector agroindustrial peruano, donde el reconocimiento de sindicatos choca frecuentemente con estrategias empresariales de contención de costos. Mientras los trabajadores exigen respeto a derechos constitucionales y laborales, las autoridades competentes deberán determinar si se configuran violaciones que ameriten sanciones, reposiciones o medidas correctivas, en un escenario de creciente visibilidad de denuncias similares en la costa norte.

La drástica caída del precio del limón en Piura ha vuelto a golpear con fuerza a miles de pequeños y medianos agricultores, quienes hoy venden su principal producto por debajo de los costos de producción. Mientras los intermediarios continúan imponiendo precios en un mercado desordenado, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), ha limitado su rol a explicar la situación como un fenómeno “estacional”, sin asumir responsabilidades por la falta de planificación agrícola, ordenamiento de la oferta ni protección efectiva al productor.

Lejos de ser un problema exclusivamente climático o de mercado, la actual crisis evidencia una ausencia sostenida de políticas públicas orientadas a garantizar calidad, productividad y acceso a mercados. La falta de fertilizantes, semillas certificadas y asistencia técnica permanente ha deteriorado la calidad del limón piurano, reduciendo su competitividad y su demanda. Estas funciones recaen directamente en el MIDAGRI y sus organismos adscritos, cuya débil presencia en el campo ha dejado al agricultor expuesto a pérdidas económicas, endeudamiento y abandono de sus parcelas.

Sin mecanismos de regulación, precios de referencia ni estrategias para diversificar mercados o impulsar la agroindustria, el peso de la crisis recae nuevamente sobre el eslabón más vulnerable de la cadena: el productor. Organizaciones agrarias advierten que, de no adoptarse medidas urgentes y estructurales, la situación podría profundizar la precarización del agro regional. La defensa del limón no es solo una demanda sectorial, sino una exigencia para que el Estado cumpla su rol y evite que los pequeños agricultores sigan llevando la peor parte.

Puno, 11 de enero de 2026 .- Tres años después de la masacre de Juliaca, el documental Uyariy (que significa «escuchar» en quechua), dirigido por el cineasta peruano Javier Corcuera, se consolida en las salas del sur andino con funciones que llenan teatros y generan aplausos sostenidos al finalizar cada proyección. Estrenada comercialmente el 8 de enero de 2026 -un día antes del aniversario de los trágicos sucesos-, la obra recorre el altiplano puneño mediante testimonios conmovedores de familiares de víctimas, material de archivo y la música andina como eje central, con dirección musical de la soprano local Edith Ramos. El filme denuncia la impunidad y vincula la represión del 9 de enero de 2023 con un patrón histórico de violencia en el sur peruano a lo largo de 200 años.

El 9 de enero de 2023 se registró el día más letal del estallido social contra el gobierno de Dina Boluarte: en Juliaca, 18 civiles -incluyendo menores y un médico que auxiliaba heridos- perdieron la vida por acción de las fuerzas del orden, con más de 100 heridos. Ese episodio integró un saldo nacional de alrededor de 49 muertes en las protestas, concentradas en el sur andino. Uyariy da voz a madres, hermanos y sobrevivientes que reclaman justicia, utilizando cantos en quechua y aymara, sikuris y narraciones emotivas para preservar la memoria colectiva y evitar el olvido.

El lanzamiento comercial estuvo envuelto en controversia: la cadena Cineplanet retiró abruptamente la película de su cartelera el mismo día del estreno, pese a anuncios previos en sedes de Juliaca, Puno, Cusco y Arequipa. Inicialmente, solo quedó una función vespertina en Juliaca (a las 14:45 horas), lo que provocó denuncias de «censura encubierta» y «maltrato» por parte del director, los productores y la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de 2023. La decisión desató una ola masiva de reclamos en redes sociales, con cientos de usuarios exigiendo la reposición de funciones accesibles.

Ante la presión ciudadana, Cineplanet amplió parcialmente las proyecciones en el sur andino desde el 9 de enero, incorporando horarios más convenientes en Puno (como a las 17:10 y 19:20 horas), Juliaca y Cusco. Las salas se han llenado con asistencia masiva, donde el público responde con aplausos y arengas, convirtiendo cada función en un acto de conmemoración y resistencia. Otras cadenas como Cinemark, Cinépolis y UVK mantienen programaciones regulares en la región, facilitando el acceso a esta obra de clasificación M14 que advierte sobre contenido sensible de violencia.

Desde Puno, Uyariy se posiciona como un triunfo de la memoria sobre el silencio: un documental poético y político que mantiene viva la herida del altiplano y urge a no olvidar. En un contexto de impunidad persistente, las proyecciones locales representan un llamado colectivo a la justicia y la resistencia. Quienes estén en la zona aún pueden asistir a las funciones vigentes —verifiquen la cartelera actual en los sitios web de las cadenas— y contribuir a que estas voces sean escuchadas. La memoria no se borra: se escucha.