Estados Unidos se encuentra sacudido por una ola de protestas en varias ciudades tras la operación militar del 3 de enero de 2026, en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas, trasladándolos a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo. El presidente Donald Trump justificó la acción como una medida de aplicación de la ley con apoyo militar contra un «narco-dictador», y afirmó que EE.UU. asumirá temporalmente el control de Venezuela para una «transición ordenada», con énfasis en recuperar y reconstruir sus vastas reservas petroleras —las mayores del mundo—. Trump ha señalado que los ingresos del petróleo beneficiarían a Venezuela, a empresas estadounidenses y al gobierno de EE.UU., lo que ha generado acusaciones de intervencionismo motivado por intereses energéticos.

Las manifestaciones, mayoritariamente pacíficas, estallaron inmediatamente tras el anuncio y continuaron durante el fin de semana del 3 al 5 de enero, extendiéndose a ciudades como Nueva York (incluyendo Times Square y frente a la Casa Blanca), Washington D.C., San Francisco, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles y Portland. Manifestantes, entre ellos activistas antibélicos de grupos como Code Pink y ANSWER Coalition, portaron pancartas con lemas como “No a la guerra por petróleo”, “Fuera EE.UU. de América Latina” y “No sangre por petróleo”, denunciando la operación como una agresión imperialista e ilegal que viola el derecho internacional. Aunque la mayoría de las protestas han sido no violentas, se reportaron bloqueos y tensiones menores con la policía en algunos puntos.

Este rechazo se entrelaza con el descontento por las políticas internas de Trump, como las deportaciones masivas de inmigrantes —incluyendo venezolanos— y el tiroteo fatal del 7 de enero en Minneapolis, donde un agente de ICE mató a Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense. Estos eventos han unido a comunidades latinas, progresistas y anti-guerra, que critican el uso de la fuerza tanto en el exterior como en el interior. Analistas destacan que la intervención en Venezuela, enmarcada en una campaña contra el narcotráfico y el control de recursos energéticos, ha intensificado las críticas a una agenda percibida como agresiva hacia Latinoamérica.

El costo político para Trump aumenta de cara a las elecciones de medio término de 2026. Encuestas preliminares muestran una división: alrededor del 33% aprueba la acción militar, pero el 65% expresa preocupación por una mayor implicación estadounidense en Venezuela, con fuerte oposición entre demócratas. Gobernadores y alcaldes en estados clave como California, Nueva York y Pensilvania han condenado la operación, y protestas continuas podrían erosionar el apoyo en distritos con alta población latina e inmigrante.

Desde Perú, donde la diáspora venezolana observa con emociones mixtas —entre celebraciones por el fin del régimen de Maduro y preocupación por la intervención—, estas movilizaciones reflejan un rechazo regional al uso de la fuerza para fines económicos. Organizaciones internacionales y aliados como Francia y España han criticado la acción como violatoria del derecho internacional. El futuro dependerá de si la administración Trump modera su enfoque o si las protestas se consolidan como un desafío significativo a su política exterior.

Lima, 6 de enero de 2026 – Miles de personas han tomado las calles en Venezuela y diversos países del mundo para exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas, calificada por simpatizantes chavistas y gobiernos aliados como un «secuestro violento» y una violación flagrante a la soberanía nacional.

En Venezuela, las movilizaciones han sido intensas y continuas, con concentraciones masivas en Caracas organizadas por el PSUV y líderes como Diosdado Cabello. Manifestantes, incluyendo colectivos y mujeres en apoyo a Cilia Flores, han coreado consignas como «¡Devuélvannos a nuestro presidente!» y «¡Los queremos de vuelta!», denunciando la intervención como un acto imperialista que busca apoderarse de los recursos petroleros del país.

A nivel internacional, las protestas se han extendido a ciudades como São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte en Brasil; Londres, donde más de mil personas se reunieron frente a Downing Street; Buenos Aires en Argentina; y otras urbes en México, Chile, Honduras y hasta Europa. Gobiernos como China, Rusia, Cuba e Irán han condenado la acción y demandado la liberación, mientras organizaciones antifascistas y sindicales han repudiado lo que llaman una agresión sin precedentes.

Maduro, trasladado a Nueva York, se declaró no culpable el lunes en un tribunal federal por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, afirmando ser «un hombre inocente y decente» y calificando su detención como un «secuestro». Insistió en que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela, en un contexto de alta polarización.

Estas manifestaciones contrastan con celebraciones en la diáspora venezolana en Miami, Bogotá y otras ciudades, pero destacan el rechazo masivo de sectores progubernamentales a la operación estadounidense, que ha generado debates en la ONU sobre su legalidad y ha profundizado la crisis política en la región.

Lima, 3 de enero de 2026.- La operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ha quedado expuesta como un acto impulsado por el control de las vastas reservas petroleras venezolanas. El presidente Donald Trump declaró abiertamente que EE.UU. asumirá temporalmente el gobierno de Venezuela y enviará a sus grandes compañías petroleras a invertir miles de millones para «reparar la infraestructura rota y hacer fluir el petróleo», confirmando las denuncias de una intervención colonialista disfrazada de operación judicial por cargos de narcoterrorismo.

En Perú, candidatos presidenciales de izquierda como Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Ronald Atencio (Venceremos) han condenado enérgicamente la agresión. Sánchez rechazó la «agresión militar e invasión a la soberanía del pueblo venezolano». Cerrón expresó «plena solidaridad» ante el «cobarde ataque bélico» y advirtió contra la complicidad en una «guerra imperialista». Atencio la calificó de «agresión genocida yanqui», enfatizando que no se puede permitir la violación a la autodeterminación de los pueblos.

Especial relevancia tienen las voces de Juntos por el Perú: su líder y candidato presidencial Roberto Sánchez, y la congresista Margot Palacios, figura femenina clave del partido. Palacios denunció una «salvaje agresión imperialista» destinada al saqueo del petróleo, alertando que «Trump viene por los recursos naturales de nuestros pueblos; si hoy no defendemos la soberanía de Venezuela, seremos los próximos», en una crítica directa al apetito extractivista estadounidense revelado por las propias palabras de Trump.

Estas condenas peruanas se suman a un rechazo internacional creciente, con gobiernos y líderes progresistas denunciando la violación al derecho internacional y el precedente peligroso de intervencionismo por recursos. Mientras la derecha peruana celebra la caída de Maduro, las posturas antiimperialistas de la izquierda cobran fuerza ante la evidencia de que la operación prioriza el dominio petrolero sobre cualquier pretensión de justicia.

Aunque el régimen chavista ha generado una profunda crisis humanitaria, la intervención estadounidense no busca democracia sino control económico, como lo admitió Trump al priorizar la explotación del oro negro venezolano. Las voces de Sánchez, Palacios, Cerrón, Atencio y otros líderes de izquierda peruana representan una defensa principista de la soberanía latinoamericana frente a este nuevo capítulo de colonialismo moderno.