La situación legal de Pedro Castillo Terrones, expresidente de Perú, se agrava conforme avanza el proceso judicial en su contra. El lunes 9 de septiembre, el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa del exmandatario y sus coacusados, quienes habían solicitado el archivo de la acusación por considerar que los hechos no constituían delitos.

Esto significa que Castillo deberá enfrentar un juicio por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, vinculados al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El camino hacia el juicio

La decisión del juez Checkley Soria es categórica: Pedro Castillo será juzgado por los intentos de disolver el Congreso y reestructurar el sistema de justicia peruano mediante un autogolpe, un episodio que conmocionó al país y terminó con su destitución y arresto.

La acusación formal de la Fiscalía solicita una condena de 34 años de prisión para el expresidente, basándose en delitos como rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Esta decisión no admite apelación, lo que garantiza que el juicio avanzará en las próximas semanas.

Además de Castillo, el proceso involucra a otros altos funcionarios de su gobierno, incluyendo a la expremier Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta, el exministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez, y tres oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP): Jesús Venero, Eder Infanzón y Manuel Lozada. Todos ellos enfrentarán cargos por su presunta participación en el intento de golpe de Estado.

La defensa de Castillo argumentó que el delito de rebelión requiere el uso de armas y una alteración violenta del orden público, algo que, según ellos, no ocurrió el 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, el juez Checkley determinó que estos argumentos deben ser evaluados durante el juicio público, no a través de un recurso de sobreseimiento.

Delitos y penas solicitadas

La Fiscalía ha solicitado las siguientes penas para los acusados:

• Pedro Castillo Terrones: 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
• Betssy Chávez: 25 años de prisión por su rol en la ejecución del fallido golpe.
• Roberto Sánchez y Willy Huerta: Penas de hasta 25 años de prisión.
• Aníbal Torres: 15 años de prisión por conspiración.
• Los oficiales PNP Jesús Venero, Eder Infanzón y Manuel Lozada también enfrentan cargos por su participación en los hechos.

Próximos pasos en el proceso judicial

El 17 de septiembre está programada la participación de los testigos, y tras ello se fijará la fecha para el inicio formal del juicio contra Castillo y los demás implicados. Este es solo uno de los procesos que enfrenta el expresidente. Aparte de los cargos de rebelión y conspiración, Castillo también está siendo investigado por otros graves delitos, como organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

El juez Checkley dejó claro que las pruebas presentadas por la Fiscalía, así como los cuestionamientos de la defensa, deben ser debatidos en el juicio. De esta manera, el sistema judicial peruano se encamina a uno de los juicios más importantes y simbólicos de su historia reciente, marcado por las consecuencias de un gobierno que terminó de forma abrupta y polémica.

La caída de Castillo

El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo intentó disolver el Congreso de la República y anunció la reorganización del sistema judicial, acciones que fueron ampliamente rechazadas tanto por el poder legislativo como por la sociedad civil. Horas después, fue detenido y destituido de la presidencia por «incapacidad moral permanente», siendo reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.

Desde entonces, Castillo ha mantenido su inocencia y ha denunciado que su destitución fue parte de un complot en su contra. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía, que incluyen declaraciones de testigos y grabaciones de las reuniones previas al intento de golpe, complican su situación legal.

El impacto político

El juicio contra Pedro Castillo no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas. Los exministros y altos mandos policiales que lo acompañaron durante su gestión también están bajo la lupa, lo que ha generado una profunda división en la opinión pública peruana. Mientras que sus seguidores consideran que Castillo es víctima de una persecución política, sus detractores lo ven como un ejemplo de la fragilidad democrática que debe ser castigada.

Con el juicio a la vuelta de la esquina, el destino de Pedro Castillo y de los funcionarios que lo respaldaron en uno de los momentos más oscuros de la política peruana se definirá en los tribunales. El país sigue atento al desarrollo de un proceso que marcará un precedente en la lucha contra la corrupción y los intentos de subvertir el orden constitucional en Perú.