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Agricultura
La resistencia indígena de Huancané y su contribución a la lucha por la tierra
Fotografía MDP: Conmemoración 155 de la muerte del líder indígena Juan Bustamante

Entre 1866 y 1868, las tierras del altiplano peruano fueron escenario de una de las rebeliones más significativas en la historia del Perú: la sublevación liderada por Juan Bustamante. Esta lucha, que reflejó la resistencia de los pueblos originarios frente al poder colonial que aún se mantenía a través de los gamonales y terratenientes, se constituyó en un enfrentamiento por la restitución de las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas. La Batalla de Huancané, librada el 2 de enero de 1868, se convirtió en el campo de un enfrentamiento decisivo que, aunque resultó en la derrota de los insurgentes, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de los pueblos originarios, marcando un hito en la historia de las luchas campesinas por la tierra.

El contexto de la lucha por la tierra
A mediados del siglo XIX, los pueblos indígenas del Perú continuaban siendo víctimas del despojo sistemático de tierras, un legado dejado por el sistema colonial. Aunque el Perú había logrado su independencia en 1821, las estructuras de poder que mantenían a las comunidades originarias en un estado de explotación no desaparecieron. Los gamonales, terratenientes que controlaban vastas extensiones de tierra, mantenían intacto un sistema feudal que despojaba a los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales, consolidando un sistema agrario profundamente injusto. En este contexto, los pueblos originarios del altiplano peruano vivían una doble opresión: la herencia del dominio colonial y la explotación por parte de las nuevas élites republicanas.
Fue en este ambiente de creciente descontento social donde emergió la figura de Juan Bustamante, un líder indígena que, a pesar de sus orígenes, se convirtió en uno de los más grandes defensores de los derechos de las comunidades originarias. Nacido en la región de Puno, Bustamante experimentó desde joven las injusticias que sufrían las comunidades indígenas. Aunque su linaje estuvo vinculado al bando realista, como hijo de un coronel del ejército realista, Bustamante se rebeló contra el orden republicano y adoptó una causa que lo colocaría como uno de los principales símbolos de la resistencia indígena en el siglo XIX.
La rebelión de Juan Bustamante
En 1866, Bustamante organizó un levantamiento en Huancané, con el objetivo de recuperar las tierras que habían sido arrebatadas por los terratenientes. Bautizándose como Túpac Amaru III, evocó la figura de Túpac Amaru II, el líder indígena que había liderado la rebelión contra el poder colonial en el siglo XVIII. Bustamante, con su carisma y profundo conocimiento de las injusticias del sistema, logró movilizar a cientos de campesinos e indígenas que, bajo su liderazgo, se levantaron en armas para reclamar la restitución de sus tierras.
Aunque la rebelión comenzó con algunos éxitos, la insurgencia pronto se enfrentó a una feroz represión por parte del gobierno peruano, que percibía la sublevación como una amenaza a la estabilidad nacional. Las tropas del ejército peruano, apoyadas por Bolivia, intervinieron para sofocar la rebelión. El gobierno del dictador Mariano Melgarejo en Bolivia, que inicialmente mostró simpatía por la causa de Bustamante antes de dar el golpe al gobierno democráticamente elegido, terminó colaborando en la represión del gobierno peruano, enviando tropas bolivianas para aplastar el movimiento.
“Los antiguos dueños y poseedores de la América, los verdaderos propietarios y poseedores del imperio de los Incas, están hoy en la misma condición á que los habían sometido los usurpadores y bandoleros [v.g. los españoles] que se enseñorearon en estas ricas regiones por 300 años de dominación: en nada han mejorado desde que con sangre de esos mismos infelices se conquistó la soberanía americana: ellos derramaron su sangre por la redención; pero ellos permanecen aún en el calvario …”
Esta versión fue en parte la visión del indio de Juan Bustamante. Sus opiniones continuaban reflejando el liberalismo abstracto y moralizante de los próceres de la década de 1820, época en la que él había alcanzado la madurez. Bustamante buscaba hacer realidad la igualdad legal que las leyes de la República habían otorgado a los indios en las constituciones y códigos legales peruanos desde 1821.
La sublevación de Huancané: derrota y resistencia
El 2 de enero de 1868, las fuerzas de Bustamante se enfrentaron en la Batalla de Huancané a un ejército gubernamental mucho más numeroso y mejor armado. La ciudad de Huancané, que había sido tomada por los sublevados, fue el escenario de la confrontación final. Bustamante y sus seguidores, un ejército de campesinos e indígenas que carecían de formación militar y recursos, intentaron defender la ciudad desde posiciones estratégicas en las colinas circundantes, utilizando el terreno a su favor, como es típico en las tácticas de guerrilla. Sin embargo, las fuerzas del gobierno peruano, apoyadas por los refuerzos bolivianos, cercaron la ciudad y atacaron con artillería pesada, lo que inclinó la balanza a su favor.
La intervención de Bolivia fue crucial en este enfrentamiento. Aunque inicialmente el gobierno de Melgarejo había mostrado simpatía por la causa de Bustamante, el cambio de postura del presidente boliviano y su decisión de enviar tropas para apoyar al gobierno peruano significó un golpe devastador para los insurgentes. Las tropas bolivianas, junto con el ejército peruano, utilizaron tácticas de cerco y enfrentaron a los guerrilleros insurgentes con superioridad numérica y armamentística.

A pesar de la valentía y la resistencia de los combatientes de Bustamante, la batalla resultó en una derrota decisiva. Muchos insurgentes cayeron en combate, y otros fueron capturados y sometidos a brutales castigos. Bustamante, aunque resistió hasta el final, fue finalmente apresado, lo que selló el destino de la rebelión que buscaba recuperar las tierras arrebatas por los colonizadores, transferida a los terratenientes y gamonales.
La derrota y sus consecuencias
La derrota en la Batalla de Huancané no solo significó el fin de la rebelión en esa región, sino también el comienzo de una represión brutal. Tras la batalla, Bustamante fue capturado y, junto con sus seguidores, enfrentó una serie de castigos crueles. Las autoridades peruanas, temerosas de que la rebelión se expandiera a otras regiones del país, ejecutaron a muchos de los insurgentes, mientras que los sobrevivientes fueron encarcelados o desterrados.
La represión también tuvo efectos devastadores sobre las comunidades indígenas que habían apoyado a Bustamante. Las tierras que los insurgentes habían intentado recuperar fueron nuevamente despojadas de los pueblos originarios, y los gamonales recuperaron el control total de las áreas circundantes. La batalla y su desenlace, aunque representaron una derrota para los pueblos indígenas, dejaron un legado profundo en la memoria colectiva de los pueblos originarios del altiplano peruano, quienes vieron en la figura de Bustamante un líder digno de seguir.
El legado de la sublevación de Huancané
Aunque la Batalla de Huancané resultó en una derrota para los insurgentes, la sublevación dejó una marca indeleble en la historia del Perú. La lucha de Bustamante y sus seguidores no solo representó la resistencia contra el despojo de tierras, sino también un acto simbólico de rebelión contra un sistema político y económico que mantenía a las comunidades originarias en una situación de esclavitud moderna.

La batalla y la figura de Bustamante se convirtieron en un faro para futuras generaciones de luchadores sociales, especialmente en el siglo XX, cuando el movimiento campesino y las demandas de justicia agraria se hicieron más visibles en el ámbito nacional.
La derrota de Bustamante no apagó la llama de la resistencia indígena. De hecho, la Batalla de Huancané inspiró a muchas otras luchas populares en el país, y figuras como José Carlos Mariátegui en la década de 1920 se referirían a esta rebelión como una de las bases de la lucha por los derechos de los pueblos originarios y la reforma agraria en el Perú.
Lamentablemente la historia oficial del Perú no hace referencia a este hecho importante de su pasado, acentuando la pérdida de memoria histórica de los peruanos y normalizando el despojo de las mejores tierras para la oligarquía nacional, incluso ahora el propio Estado se encarga de despojar para las grandes empresas agroindustriales y las transnacionales extractivistas, haciendo más vigente la necesidad de que los campesinos peruanos luchen por recuperar la tierra para promover la seguridad y soberanía alimentaria de la familia peruana.
Referencias Bibliográficas
- De la Fuente, J. (2004). Juan Bustamante: Un líder rebelde del siglo XIX. Lima: Editorial Cuzco.
- Hidalgo, J. (1993). La cuestión agraria en el Perú: del siglo XIX al siglo XX. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Mariátegui, J. C. (1928). Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. Lima: Editorial Amauta.
- Ramírez, E. (2011). El levantamiento de Juan Bustamante: Una mirada crítica desde la historia social. Puno: Universidad Nacional del Altiplano.
- Tapia, M. (1985). Gamonales y terratenientes: El sistema agrario en el Perú del siglo XIX. Lima: Fondo de Cultura Económica.
- Vargas, R. (2007). Resistencia indígena en el Perú: La sublevación de Huancané y otras rebeliones. Lima: Ediciones Mariposa.
Agricultura
La inseguridad desborda la gestión de César Acuña en Trujillo

La noche del 4 de septiembre de 2025, una explosión en la urbanización Las Quintanas de Trujillo, causada por 30 cartuchos de dinamita, dejó 11 heridos, viviendas destruidas y un vecindario sumido en el terror. Este atentado, el tercero de gran magnitud en la ciudad en lo que va del año, expone la alarmante incapacidad del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y su administración para frenar la escalada de violencia ligada al crimen organizado. Mientras las mafias de la minería ilegal y la extorsión operan con impunidad, los ciudadanos de Trujillo enfrentan un estado de indefensión que pone en entredicho las promesas de seguridad de Acuña y su partido, Alianza para el Progreso (APP).
La gestión de Acuña ha sido señalada por su falta de estrategia integral frente a la inseguridad. A pesar de los estados de emergencia declarados en Pataz y Virú, los atentados con explosivos se han vuelto recurrentes, extendiéndose incluso a zonas residenciales céntricas como Las Quintanas. Los vecinos, hartos de la inacción, protestaron airadamente, denunciando que las autoridades regionales y nacionales, encabezadas por Acuña y el ministro del Interior, Carlos Malaver, han priorizado discursos vacíos sobre medidas concretas. La captura de tres sospechosos tras el reciente atentado, aunque un avance, no compensa la ausencia de políticas preventivas que aborden las raíces del problema: el auge de la minería ilegal y las redes de extorsión que operan sin freno.
El pedido de Acuña de un estado de sitio y cadena perpetua para los responsables suena más a una reacción desesperada que a una solución estructurada. Durante su gestión, los recursos destinados a fortalecer el serenazgo, modernizar la infraestructura policial o implementar sistemas de inteligencia han sido insuficientes. En cambio, su administración ha invertido en proyectos de alto perfil mediático, mientras la población enfrenta explosiones semanales y un clima de zozobra. La promesa de bonos para los afectados de Las Quintanas, aunque necesaria, no sustituye la falta de un plan robusto para desmantelar las organizaciones criminales que, según la PNP, están detrás de estos ataques, como la banda «Los Pulpos».
La indignación ciudadana también apunta a la complicidad implícita de las autoridades locales, que han permitido que actividades sospechosas, como las reportadas en la vivienda atacada en Las Quintanas, pasen desapercibidas. Los vecinos señalan que la casa, propiedad de una empresaria minera, era escenario de fiestas ruidosas y movimientos inusuales, sin que las autoridades intervinieran. Esta omisión refleja la descoordinación entre el gobierno regional y los municipios, ambos bajo fuerte influencia de APP, que ha priorizado lealtades políticas sobre la seguridad ciudadana. La ciudadanía exige respuestas, pero la gestión de Acuña parece más enfocada en controlar el daño político que en proteger a la población.
Trujillo, otrora una ciudad vibrante, se encuentra hoy rehén de la violencia y la ineficacia gubernamental. La retórica de Acuña, quien califica estos actos como «terrorismo urbano», no basta para calmar a una población que clama por acción. Si el gobernador y sus aliados en APP no asumen la responsabilidad de implementar medidas efectivas —como mayor inversión en inteligencia policial, coordinación con las Fuerzas Armadas y un combate frontal contra la minería ilegal—, Trujillo seguirá siendo un polvorín. La pregunta que resuena en las calles es clara: ¿hasta cuándo seguirá La Libertad a merced del crimen, mientras sus líderes se limitan a promesas vacías?
Agricultura
Nueva Ley Agraria aprobada genera preocupación por sus impactos negativos en trabajadores y pequeños agricultores

El Congreso de la República del Perú aprobó hoy, 14 de agosto de 2025, en segunda votación, la nueva Ley Agraria, conocida como «Ley Chlimper 2.0», con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones. La norma, que reduce el Impuesto a la Renta de 29.5% a 15% para agroexportadoras con ventas superiores a S/ 8.4 millones hasta 2035, ha desatado críticas por sus potenciales efectos negativos en los trabajadores agrarios y los pequeños y medianos agricultores.
Organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) y Conveagro advierten que la ley profundiza la precariedad laboral y la desigualdad en el sector, favoreciendo principalmente a grandes empresas agroexportadoras nacionales y foráneas.
Los trabajadores agrarios enfrentan un panorama preocupante, ya que la ley perpetúa condiciones laborales precarias, como contratos temporales para el 94% de los empleados del sector, bajos salarios y aportes reducidos a EsSalud (4% frente al 9% estándar), según Fentagro. Además, se critica la debilitación de la fiscalización laboral de SUNAFIL, lo que podría agravar abusos en el sector.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima un costo fiscal de S/ 1,850 millones anuales, lo que limita la inversión en servicios públicos esenciales como salud y educación, afectando directamente a las comunidades rurales donde operan estos trabajadores.
Para los pequeños y medianos agricultores, que representan el 97% de las unidades productivas y proveen el 80% de los alimentos para el mercado interno, la ley supone una amenaza a su competitividad. Conveagro y otros gremios denuncian que la norma desvía programas de apoyo, como Agroideas y Agromercado, hacia grandes agroexportadoras, desplazando a la agricultura familiar. Esto genera una competencia desleal que podría profundizar las brechas económicas y sociales, aumentando el riesgo de conflictos sociales. Los gremios exigen una revisión técnica y participativa para garantizar una política agraria equitativa que priorice la sostenibilidad y la inclusión.
Agricultura
Desde los Andes, Margot Palacios reafirma su compromiso con las grandes mayorías

En el corazón del distrito de Santiago de Pischa, en el centro poblado de Ccayarpachi, la congresista Margot Palacios fue recibida con flores, música y un profundo cariño por los comuneros, quienes ven en ella no solo a una autoridad, sino a una hija del pueblo que honra su palabra. Su visita, lejos de ser un acto protocolar, se convirtió en una muestra contundente de su compromiso inquebrantable con las comunidades andinas y las grandes mayorías.
En un contexto donde la política a menudo se desvía hacia intereses de poder, Palacios se distingue por su coherencia y su lucha arraigada en el socialismo andino-popular. Su presencia en las comunidades olvidadas reaviva la esperanza de un Estado más justo y humano, que priorice a las comunidades originarias, las mujeres campesinas, los jóvenes sin oportunidades y los agricultores que sostienen la vida desde la tierra.

“No he venido a prometer, sino a cumplir”, afirmó con convicción ante los pobladores, quienes reconocen en ella una lideresa que no ha cedido ante los poderes fácticos. Sus propuestas legislativas, enfocadas en la defensa de la tierra comunal, el agua como derecho y la autodeterminación de los pueblos, reflejan una vocación política que trasciende el escritorio y se construye en el camino, en las asambleas comunales y en la palabra cumplida.
El afecto del pueblo de Ccayarpachi, ganado con compromiso y consecuencia, es prueba de que Margot Palacios no ha abandonado a quienes representa. Su lucha, histórica y territorial, resuena en los rincones más profundos de la patria, donde las voces que exigen justicia, pan, tierra, educación y soberanía encuentran en ella una aliada incansable. Porque, como reza la sabiduría popular, el cariño del pueblo no se compra, se gana, y Margot Palacios lo ha conquistado con creces.
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