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Agricultura
La resistencia indígena de Huancané y su contribución a la lucha por la tierra
Fotografía MDP: Conmemoración 155 de la muerte del líder indígena Juan Bustamante

Entre 1866 y 1868, las tierras del altiplano peruano fueron escenario de una de las rebeliones más significativas en la historia del Perú: la sublevación liderada por Juan Bustamante. Esta lucha, que reflejó la resistencia de los pueblos originarios frente al poder colonial que aún se mantenía a través de los gamonales y terratenientes, se constituyó en un enfrentamiento por la restitución de las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas. La Batalla de Huancané, librada el 2 de enero de 1868, se convirtió en el campo de un enfrentamiento decisivo que, aunque resultó en la derrota de los insurgentes, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de los pueblos originarios, marcando un hito en la historia de las luchas campesinas por la tierra.

El contexto de la lucha por la tierra
A mediados del siglo XIX, los pueblos indígenas del Perú continuaban siendo víctimas del despojo sistemático de tierras, un legado dejado por el sistema colonial. Aunque el Perú había logrado su independencia en 1821, las estructuras de poder que mantenían a las comunidades originarias en un estado de explotación no desaparecieron. Los gamonales, terratenientes que controlaban vastas extensiones de tierra, mantenían intacto un sistema feudal que despojaba a los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales, consolidando un sistema agrario profundamente injusto. En este contexto, los pueblos originarios del altiplano peruano vivían una doble opresión: la herencia del dominio colonial y la explotación por parte de las nuevas élites republicanas.
Fue en este ambiente de creciente descontento social donde emergió la figura de Juan Bustamante, un líder indígena que, a pesar de sus orígenes, se convirtió en uno de los más grandes defensores de los derechos de las comunidades originarias. Nacido en la región de Puno, Bustamante experimentó desde joven las injusticias que sufrían las comunidades indígenas. Aunque su linaje estuvo vinculado al bando realista, como hijo de un coronel del ejército realista, Bustamante se rebeló contra el orden republicano y adoptó una causa que lo colocaría como uno de los principales símbolos de la resistencia indígena en el siglo XIX.
La rebelión de Juan Bustamante
En 1866, Bustamante organizó un levantamiento en Huancané, con el objetivo de recuperar las tierras que habían sido arrebatadas por los terratenientes. Bautizándose como Túpac Amaru III, evocó la figura de Túpac Amaru II, el líder indígena que había liderado la rebelión contra el poder colonial en el siglo XVIII. Bustamante, con su carisma y profundo conocimiento de las injusticias del sistema, logró movilizar a cientos de campesinos e indígenas que, bajo su liderazgo, se levantaron en armas para reclamar la restitución de sus tierras.
Aunque la rebelión comenzó con algunos éxitos, la insurgencia pronto se enfrentó a una feroz represión por parte del gobierno peruano, que percibía la sublevación como una amenaza a la estabilidad nacional. Las tropas del ejército peruano, apoyadas por Bolivia, intervinieron para sofocar la rebelión. El gobierno del dictador Mariano Melgarejo en Bolivia, que inicialmente mostró simpatía por la causa de Bustamante antes de dar el golpe al gobierno democráticamente elegido, terminó colaborando en la represión del gobierno peruano, enviando tropas bolivianas para aplastar el movimiento.
“Los antiguos dueños y poseedores de la América, los verdaderos propietarios y poseedores del imperio de los Incas, están hoy en la misma condición á que los habían sometido los usurpadores y bandoleros [v.g. los españoles] que se enseñorearon en estas ricas regiones por 300 años de dominación: en nada han mejorado desde que con sangre de esos mismos infelices se conquistó la soberanía americana: ellos derramaron su sangre por la redención; pero ellos permanecen aún en el calvario …”
Esta versión fue en parte la visión del indio de Juan Bustamante. Sus opiniones continuaban reflejando el liberalismo abstracto y moralizante de los próceres de la década de 1820, época en la que él había alcanzado la madurez. Bustamante buscaba hacer realidad la igualdad legal que las leyes de la República habían otorgado a los indios en las constituciones y códigos legales peruanos desde 1821.
La sublevación de Huancané: derrota y resistencia
El 2 de enero de 1868, las fuerzas de Bustamante se enfrentaron en la Batalla de Huancané a un ejército gubernamental mucho más numeroso y mejor armado. La ciudad de Huancané, que había sido tomada por los sublevados, fue el escenario de la confrontación final. Bustamante y sus seguidores, un ejército de campesinos e indígenas que carecían de formación militar y recursos, intentaron defender la ciudad desde posiciones estratégicas en las colinas circundantes, utilizando el terreno a su favor, como es típico en las tácticas de guerrilla. Sin embargo, las fuerzas del gobierno peruano, apoyadas por los refuerzos bolivianos, cercaron la ciudad y atacaron con artillería pesada, lo que inclinó la balanza a su favor.
La intervención de Bolivia fue crucial en este enfrentamiento. Aunque inicialmente el gobierno de Melgarejo había mostrado simpatía por la causa de Bustamante, el cambio de postura del presidente boliviano y su decisión de enviar tropas para apoyar al gobierno peruano significó un golpe devastador para los insurgentes. Las tropas bolivianas, junto con el ejército peruano, utilizaron tácticas de cerco y enfrentaron a los guerrilleros insurgentes con superioridad numérica y armamentística.

A pesar de la valentía y la resistencia de los combatientes de Bustamante, la batalla resultó en una derrota decisiva. Muchos insurgentes cayeron en combate, y otros fueron capturados y sometidos a brutales castigos. Bustamante, aunque resistió hasta el final, fue finalmente apresado, lo que selló el destino de la rebelión que buscaba recuperar las tierras arrebatas por los colonizadores, transferida a los terratenientes y gamonales.
La derrota y sus consecuencias
La derrota en la Batalla de Huancané no solo significó el fin de la rebelión en esa región, sino también el comienzo de una represión brutal. Tras la batalla, Bustamante fue capturado y, junto con sus seguidores, enfrentó una serie de castigos crueles. Las autoridades peruanas, temerosas de que la rebelión se expandiera a otras regiones del país, ejecutaron a muchos de los insurgentes, mientras que los sobrevivientes fueron encarcelados o desterrados.
La represión también tuvo efectos devastadores sobre las comunidades indígenas que habían apoyado a Bustamante. Las tierras que los insurgentes habían intentado recuperar fueron nuevamente despojadas de los pueblos originarios, y los gamonales recuperaron el control total de las áreas circundantes. La batalla y su desenlace, aunque representaron una derrota para los pueblos indígenas, dejaron un legado profundo en la memoria colectiva de los pueblos originarios del altiplano peruano, quienes vieron en la figura de Bustamante un líder digno de seguir.
El legado de la sublevación de Huancané
Aunque la Batalla de Huancané resultó en una derrota para los insurgentes, la sublevación dejó una marca indeleble en la historia del Perú. La lucha de Bustamante y sus seguidores no solo representó la resistencia contra el despojo de tierras, sino también un acto simbólico de rebelión contra un sistema político y económico que mantenía a las comunidades originarias en una situación de esclavitud moderna.

La batalla y la figura de Bustamante se convirtieron en un faro para futuras generaciones de luchadores sociales, especialmente en el siglo XX, cuando el movimiento campesino y las demandas de justicia agraria se hicieron más visibles en el ámbito nacional.
La derrota de Bustamante no apagó la llama de la resistencia indígena. De hecho, la Batalla de Huancané inspiró a muchas otras luchas populares en el país, y figuras como José Carlos Mariátegui en la década de 1920 se referirían a esta rebelión como una de las bases de la lucha por los derechos de los pueblos originarios y la reforma agraria en el Perú.
Lamentablemente la historia oficial del Perú no hace referencia a este hecho importante de su pasado, acentuando la pérdida de memoria histórica de los peruanos y normalizando el despojo de las mejores tierras para la oligarquía nacional, incluso ahora el propio Estado se encarga de despojar para las grandes empresas agroindustriales y las transnacionales extractivistas, haciendo más vigente la necesidad de que los campesinos peruanos luchen por recuperar la tierra para promover la seguridad y soberanía alimentaria de la familia peruana.
Referencias Bibliográficas
- De la Fuente, J. (2004). Juan Bustamante: Un líder rebelde del siglo XIX. Lima: Editorial Cuzco.
- Hidalgo, J. (1993). La cuestión agraria en el Perú: del siglo XIX al siglo XX. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Mariátegui, J. C. (1928). Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. Lima: Editorial Amauta.
- Ramírez, E. (2011). El levantamiento de Juan Bustamante: Una mirada crítica desde la historia social. Puno: Universidad Nacional del Altiplano.
- Tapia, M. (1985). Gamonales y terratenientes: El sistema agrario en el Perú del siglo XIX. Lima: Fondo de Cultura Económica.
- Vargas, R. (2007). Resistencia indígena en el Perú: La sublevación de Huancané y otras rebeliones. Lima: Ediciones Mariposa.
Agricultura
Tambogrande se prepara para un paro masivo contra el proyecto minero El Algarrobo

El distrito de Tambogrande, en Piura, se alista para un paro macroregional este viernes 28 de marzo, en rechazo al proyecto minero El Algarrobo, cuya concesión fue otorgada recientemente a la empresa Buenaventura por ProInversión. Agricultores, ronderos y pobladores han unido fuerzas para defender la vocación agrícola del distrito, tras la entrega de la zona de Locuto a la minera. La huelga, respaldada por más de 10,000 ronderos, busca enviar un mensaje claro al gobierno: la minería no es bienvenida en esta región históricamente dedicada a la producción de mango, limón y otros cultivos emblemáticos.
Una oposición con raíces profundas
La resistencia al proyecto El Algarrobo no es un fenómeno reciente. En 2002, una consulta vecinal reveló que el 98% de los habitantes de Tambogrande rechazó la actividad minera en el valle de San Lorenzo, priorizando la agricultura como modelo de desarrollo. Alfredo Rengifo, alcalde del distrito, ha reafirmado esta postura, declarando que “el proyecto no va” y que la voluntad popular sigue intacta. Sin embargo, la firma del contrato entre Buenaventura y ProInversión ha reavivado el conflicto, generando acusaciones de imposición por parte del gobierno de Dina Boluarte.

Líderes y demandas al frente de la lucha
El Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Tambogrande, junto a las rondas campesinas y la Comunidad de San Juan Apóstol de Locuto, ha liderado las críticas. Gianfranco Mendoza Saavedra, presidente del Frente, exigió respeto a la decisión tomada hace más de 20 años y acusó al Ejecutivo de actuar dictatorialmente. Entre las demandas de la plataforma de lucha destacan la nulidad de las concesiones mineras en cabeceras de cuencas y el fin de la criminalización de la justicia comunal, temas que resonarán en las calles durante la marcha.
Denuncias de presión y condicionamiento
Enargio Maza, vicepresidente del Frente y representante de Locuto, denunció que el gobierno estaría condicionando obras de desarrollo esenciales para la comunidad a cambio de la aceptación del proyecto, una estrategia que ha encendido aún más los ánimos. Por su parte, Santos Castillo Montalbán, líder de la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas, calificó la suscripción del contrato como una “declaratoria de guerra” y anunció que la oposición se expresará tanto en protestas como en acciones legales.

El Algarrobo: un proyecto controvertido
El proyecto El Algarrobo, promovido por ProInversión, contempla la exploración y explotación polimetálica mediante una mina subterránea en la margen izquierda del río Piura, además de obras hidráulicas. Aunque el gobierno lo presenta como una oportunidad de inversión y progreso, para los pobladores de Tambogrande representa una amenaza a su modo de vida. Con una historia de resistencia y una comunidad movilizada, el futuro del proyecto pende de un hilo en medio de un conflicto que pone en juego el desarrollo sostenible de la región.
Agricultura
Fernando Cillóniz sentenciado a más de 4 años de prisión: un golpe político para su carrera política

El Poder Judicial ha condenado al exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, a cuatro años y dos meses de prisión suspendida por el delito de peculado doloso. Este fallo representa un duro golpe para su trayectoria política y complica su relación con el Partido Popular Cristiano (PPC), que recientemente lo consideraba como precandidato presidencial para las elecciones generales de 2026.
La sentencia está vinculada a la facilitación de la apropiación indebida de fondos públicos durante su gestión. Cillóniz fue hallado culpable de haber aprobado, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 0327-2017-GORE-ICA/GR, las ausencias injustificadas del exgerente general regional Carlos Ramón Noda entre 2015 y 2018. Noda, quien también recibió la misma pena, se ausentó para asistir a 11 eventos en representación del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, sin justificar dichas salidas ni descontarlas de su remuneración. Como consecuencia, se produjo la malversación de S/12.608,90, monto que ambos deberán reembolsar al Estado en un plazo de 10 días, bajo riesgo de sanciones más severas.
Además, Cillóniz cumplirá un periodo de prueba de dos años, durante el cual deberá acatar estrictas normas de conducta, como no cometer nuevos delitos contra la administración pública ni abandonar su residencia. Esta resolución no solo compromete su futuro político a corto plazo, sino que también deteriora su imagen pública, especialmente tras su reciente vínculo con empresas relacionadas a Odebrecht, una asociación que ya había suscitado controversia.

Impacto político y el futuro de Cillóniz
El PPC, que veía en Cillóniz una figura renovadora para las elecciones de 2026, reaccionó rápidamente tras conocerse su relación laboral con la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) y H2Olmos S.A., firmas vinculadas a Odebrecht. El 28 de febrero, el partido anunció la suspensión de su militancia y la cancelación de su precandidatura presidencial, argumentando que su nexo con la constructora brasileña, implicada en casos de corrupción a nivel internacional, era incompatible con los principios de la organización.
En una entrevista televisiva, Cillóniz intentó defenderse, asegurando que su papel como director independiente en dichas empresas comenzó hace un año y que no tuvo participación en actos corruptos. «Que se vayan los corruptos a la cárcel (…) Barata será el corrupto, esa es mi posición», declaró. No obstante, sus explicaciones no fueron suficientes para revertir la decisión del PPC ni mitigar el impacto de la sentencia en su carrera.
Un escenario político convulsionado
El caso de Cillóniz se suma a un contexto de creciente escrutinio judicial sobre figuras políticas en el Perú. En paralelo, el Poder Judicial aclaró que la absolución de Vladimir Cerrón en el caso ‘Aeródromo Wanka’ no afecta sus otros procesos judiciales en curso. Además, este jueves se llevará a cabo la audiencia de apelación contra la nulidad en el caso Cócteles de Keiko Fujimori.
Estos acontecimientos reflejan la intensidad de la lucha contra la corrupción en el país, un tema clave en la agenda política de cara a las próximas elecciones. Para Cillóniz, la combinación de su condena por peculado y su relación con Odebrecht representa un golpe devastador. Su futuro político, que alguna vez pareció prometedor, ahora enfrenta serios cuestionamientos.
Agricultura
Margot Palacios intensifica visitas a departamentos del sur en semana de representación

La congresista Margot Palacios Huamán, representante del campo popular peruano, ha incrementado sus recorridos por el interior del país, con recientes visitas a las provincias de Huancané y Carabaya, en el departamento de Puno, durante su semana de representación parlamentaria. Estas actividades, realizadas el 24 y 25 de marzo, curiosamente coinciden con la convocatoria a elecciones generales anunciada hoy por la presidenta Dina Boluarte para el 12 de abril de 2026, lo que ha avivado las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial de Palacios, respaldada por sectores populares de zonas andinas, amazónicas y barrios pobres de Lima y otras ciudades del país.
Visita a Huancané: apoyo a afectados por lluvias intensas

En Huancané, este martes 25 de marzo, Palacios se reunió con autoridades locales, incluyendo al alcalde provincial y los alcaldes distritales de Vilquechico, Rosaspata (Huancané), Conima (Moho) y Santa Lucía (Lampa). Además, dialogó con la población afectada por las recientes lluvias torrenciales, que han devastado viviendas y cultivos, dejando a numerosas familias en situación de extrema vulnerabilidad. Entre las demandas más urgentes, la comunidad solicitó una audiencia pública con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para gestionar la reconstrucción de las zonas afectadas.

“Es un imperativo de justicia social que las autoridades escuchen estas voces y actúen con prontitud”, afirmó Palacios durante su visita, transmitida en vivo a través de redes sociales.
Problemas ambientales en Carabaya: denuncia contra MINSUR
El día anterior, lunes 24 de marzo, la congresista visitó la comunidad campesina de Ajoyani, en la provincia de Carabaya, donde abordó un problema distinto pero igualmente crítico: la contaminación ambiental causada por la minera MINSUR. Los pobladores denunciaron que las operaciones mineras han provocado la presencia de metales pesados como plomo y arsénico en el agua y el suelo, afectando gravemente su salud con un aumento de enfermedades respiratorias, dermatológicas y gastrointestinales. Un informe del Ministerio de Salud ya había confirmado la presencia de estos contaminantes en los habitantes, lo que ha generado indignación y exigencias de acción inmediata.

Durante su visita, Palacios criticó la inacción del gobierno de Dina Boluarte y la falta de medidas efectivas por parte de MINSUR, exigiendo estudios ambientales exhaustivos, planes de remediación y atención médica urgente para los afectados.
“El Estado y las empresas deben asumir su responsabilidad en la protección de los derechos humanos y ambientales”, señaló, anunciando la formación de una mesa de trabajo con instituciones competentes para buscar soluciones.

Contexto político y electoral
Las visitas de Palacios a Puno, un departamento que lidera la oposición al gobierno de Dina Boluarte —calificado por algunos sectores como “genocida y corrupto” tras las protestas de 2022 y 2023—, refuerzan su imagen como una figura cercana a las demandas de las poblaciones rurales y marginadas. Esto ha alimentado las especulaciones de que estaría en una precampaña presidencial de cara a las elecciones de 2026, con el respaldo de sectores populares, especialmente en zonas afectadas por actividades extractivas en el sur andino.
Incluso Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre —partido al que Palacios ya no pertenece—, advirtió sobre su ascenso en alguna ocasión, mencionando que ella “fue ilusionada por los caviares” para ser candidata presidencial, alternando entre críticas y reconocimientos.

Analistas políticos sugieren que estas visitas, si bien es cierto sin hacer proselitismo político, que también incluyeron recientes visitas a Ayacucho y Piura, buscan consolidar una base electoral en regiones históricamente olvidadas por el centralismo limeño. Sin embargo, Palacios no ha respondido a Cerrón ni a dicho nada sobre sus intenciones electorales, enfocándose por ahora en su labor de representación parlamentaria y en visibilizar las problemáticas comunales y periurbanas de su nación, que lo viene haciendo desde que asumió la responsabilidad congresal.
Reacciones y expectativas
Las actividades de la congresista han generado tanto apoyo como críticas. En redes sociales, bajo hashtags como “#EncuentroPopular” y “#Puno”, muchos de sus seguidores destacan su compromiso con las comunidades afectadas por la minería irresponsable, mientras que algunos de sus detractores, principalmente de sectores liberales y conservadores, cuestionan si estas visitas tienen un trasfondo electoralista.
En un contexto de creciente polarización y con las elecciones generales ya convocadas, Margot Palacios se posiciona como una figura clave en el tablero político peruano, especialmente en regiones del sur como Puno, donde la resistencia al gobierno central sigue marcando la pauta desde la caída del expresidente Pedro Castillo, quien contaba con un fuerte respaldo en la zona.

Mientras tanto, su ascenso político en el campo popular la coloca en el radar junto a otras figuras como el nacionalista Antauro Humala, el izquierdista Guillermo Bermejo y la socialdemócrata Verónica Mendoza, quienes también buscan captar el apoyo de las bases populares, cada uno desde su perspectiva peculiar.
Aunque aún no hay ninguna declaración oficial, el ritmo de sus visitas y su conexión genuina con las demandas sociales sugieren que Palacios podría estar preparando una candidatura presidencial que desafíe el “statu quo” en 2026, en un escenario político que promete ser tan super competitivo y fragmentado.