Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, ha convertido el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) en una plataforma de proselitismo político rumbo a las elecciones de 2026. La expansión de los Hospitales de la Solidaridad a nueve regiones del país, presentada como un logro de gestión, combina actos municipales con mítines partidarios, mientras contratos opacos y vínculos con militantes del partido levantan cuestionamientos.

En paralelo, la red de salud municipal de Lima enfrenta un deterioro severo, desmintiendo el discurso de “salud a costo social”. Desde 2023, López Aliaga ha llevado la marca Sisol a Arequipa, Ayacucho, Piura, Puno, Cusco, Tacna, Sullana, Tarapoto y Tumbes. Estas inauguraciones, como la de la Clínica Euroamericana en Arequipa (abril de 2025), incluyen a congresistas de Renovación Popular y símbolos partidarios, evidenciando una estrategia electoral.

Según Salud con Lupa, estas acciones buscan fortalecer la presencia del partido en regiones donde obtuvo menos del 10% de votos en 2021, utilizando recursos municipales para visibilidad política. La financiación de esta expansión carece de transparencia. Contratos como el de Manchay (S/21.000 mensuales por un local inconcluso) o los S/900.000 gastados en locales cerrados en Miraflores y Piura incumplen plazos de la Ley de Transparencia, según Ojo Público.

Además, el Consejo Directivo de Sisol, liderado por Luis Rubio (afiliado al partido desde 2024), incluye a 13 militantes de Renovación Popular, y la Municipalidad de Lima ha destinado S/7,2 millones a más de 30 afiliados para servicios administrativos y de salud desde 2023. En Lima, la red de Sisol, con 21 establecimientos y 1,5 millones de atenciones anuales, padece infraestructura deteriorada, falta de insumos y personal, y precios elevados, según la Defensoría del Pueblo (2023-2025). Usuarios en X denuncian esperas largas y tarifas comparables a clínicas privadas, mientras promesas como el Seguro Integral Municipal (SIM) siguen incumplidas.

La tercerización de servicios a privados sin concursos públicos, señalada por la Contraloría, refuerza la percepción de Sisol como un negocio más que un servicio público. El uso de Sisol como herramienta electoral pone en riesgo la gestión de López Aliaga, con posibles investigaciones de la Contraloría y el Ministerio Público por uso indebido de recursos. Mientras el alcalde recorre el país, la salud municipal en Lima languidece, dejando en duda si esta estrategia será premiada o castigada en las urnas de 2026.

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el 11 de septiembre de 2025, con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, el informe final que propone archivar la Denuncia Constitucional 509 presentada contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra.
La denuncia, formulada por el ex Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, acusaba a Boluarte y a seis exministros – Pedro Miguel Angulo Arana; Luis Alberto Otárola Peñaranda; César Augusto Cervantes Cárdenas; Jorge Luis Chávez Cresta; Víctor Eduardo Rojas Herrera; y Vicente Romero Fernández- de supuestos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, bajo la figura de omisión impropia con dolo eventual.

El informe detalla que estos hechos ocurrieron durante protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023, con un saldo oficial -según el contenido de la denuncia- de 49 personas fallecidas y 250 heridas. El documento fue sustentado por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En su exposición, sostuvo que no existen “elementos probatorios irrefutables” que permitan acreditar que los denunciados emplearon la estructura estatal con la intención de causar muertes o lesiones, ni un vínculo causal claro entre sus decisiones y los resultados dañosos.

Entre los críticos del informe, la congresista Margot Palacios manifestó que este habría sido elaborado de manera apresurada, con el propósito de impedir que el Ministerio Público profundice la investigación y sancione a Dina Boluarte y sus ministros de Estado. Otros legisladores también cuestionaron que la decisión del Congreso retrase cualquier posibilidad de judicialización hasta después del término del mandato presidencial actual.

Con esta votación, el Congreso archiva formalmente el camino parlamentario para acusar constitucionalmente a Boluarte por estos hechos, aunque el Ministerio Público puede continuar con sus investigaciones enviando eventualmente cargos si encuentra mérito.

El 10 de septiembre de 2025, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocuparon el campus universitario en protesta contra lo que califican como un proceso de “privatización” de la educación pública. La medida fue encabezada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y consejeros universitarios, quienes expresaron su rechazo a los nuevos cobros establecidos en el reglamento de admisión 2026-I, al incremento de las tasas para el examen de ingreso y a las restricciones que impiden postular a estudiantes inactivos o repitentes. Además, acusaron a la rectora Jeri Ramón de no atender sus demandas y de implementar medidas restrictivas sin diálogo previo.

Los manifestantes ingresaron por la puerta 2 tras derribar una reja metálica y cerraron los accesos, lo que obligó a suspender el examen de admisión programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Durante la toma se reportaron enfrentamientos con personal de seguridad, a quienes los estudiantes denunciaron por agresiones con objetos contundentes. En los alrededores, la Policía Nacional se mantuvo desplegada, aunque no se registraron incidentes mayores.

Al respecto, la congresista de la República Margot Palacios se pronunció a través de su página Facebook manifestando que «la educación no es un privilegio, es un derecho fundamental que debe ser defendido por toda la sociedad» y mostrando su respaldo pleno y firme a la lucha de la Federación Universitaria de San Marcos, de los maestros y de todos los alumnos que hoy se movilizaron de manera pacífica en el campus universitario.

En respuesta, la universidad emitió un comunicado anunciando la suspensión de clases presenciales hasta el 15 de septiembre por labores de “mantenimiento”. También informó medidas complementarias, como el incremento de raciones en el comedor universitario y la opción de pagar solo matrícula para quienes cursen una segunda carrera. No obstante, los estudiantes calificaron estas disposiciones como insuficientes y exigieron la instalación de una mesa de diálogo formal con las autoridades.