Lima, 07 de octubre de 2026.- Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) protagonizaron este miércoles 7 de octubre enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los exteriores del campus ubicado en San Miguel. La movilización comenzó alrededor del mediodía y tuvo como principal reclamo el rechazo a los 18 procesos disciplinarios abiertos contra estudiantes por su participación en protestas ocurridas durante el primer semestre del año.

La jornada se desarrolló en el frontis de la universidad, en inmediaciones de la avenida Universitaria. Los manifestantes realizaron una toma de pista mientras efectivos policiales permanecían desplegados en los accesos y alrededores del campus. De acuerdo con reportes periodísticos, la presencia policial se había registrado desde horas de la mañana y durante la protesta se produjeron momentos de tensión entre los agentes y los estudiantes.

Denuncian uso de arma de reglamento

Uno de los episodios que generó mayor controversia quedó registrado en videos difundidos en redes sociales por el Frente de Egresados PUCP. En las imágenes aparece un suboficial de tercera identificado por el colectivo como S. Pérez R., perteneciente a la comisaría de Maranga, quien desenfunda su arma de reglamento frente a los manifestantes. El Frente de Egresados sostuvo que el efectivo habría amenazado con disparar y exigió garantías para los estudiantes.

Otro registro difundido durante la jornada muestra al mismo efectivo increpando a un estudiante que lo grababa y exigiéndole que se identifique. Hasta el cierre de esta información, los reportes consultados no registraban un pronunciamiento público de la PNP o del Ministerio del Interior sobre la actuación específica del suboficial denunciado.

La intervención policial también fue cuestionada públicamente por la senadora Mirtha Vásquez, quien pidió al Ministerio del Interior y a la PNP investigar los hechos y garantizar la integridad de los participantes. Su pronunciamiento se produjo mientras continuaban circulando las imágenes del incidente.

Los 18 procesos disciplinarios

El origen inmediato de la protesta está en los 18 procedimientos disciplinarios abiertos por la PUCP. Según información difundida este miércoles, nueve expedientes corresponden a una protesta realizada el 30 de marzo en la Facultad de Derecho durante un debate electoral interno, mientras que los otros nueve están relacionados con la toma del edificio Dintilhac, donde funcionan oficinas del Rectorado, ocurrida en mayo.

La ocupación del edificio Dintilhac se produjo entre el 13 y el 21 de mayo, en el contexto del conflicto generado por el nuevo sistema de pensiones y escalas anunciado por la universidad para los estudiantes que ingresaran desde 2027. La PUCP sostuvo entonces que la reforma buscaba reorganizar el esquema de escalas y becas.

El conflicto, sin embargo, tuvo posteriormente una nueva etapa. La universidad y representantes estudiantiles trabajaron en mecanismos de diálogo y justicia restaurativa. En agosto, el Rectorado informó que ese proceso buscaba reconstruir las relaciones afectadas por los acontecimientos de mayo, aunque precisó que las medidas restaurativas no reemplazaban los procedimientos disciplinarios.

Sanciones de hasta 25 semanas

En septiembre se conocieron las primeras sanciones contra estudiantes investigados por acciones anteriores a la toma del edificio Dintilhac. Según un reporte de Wayka, nueve estudiantes recibieron suspensiones que iban de nueve a 13 semanas, mientras que la acumulación de faltas elevó en algunos casos la sanción hasta 25 semanas. El mismo reporte señaló que todavía estaban pendientes los procedimientos correspondientes a los estudiantes vinculados directamente con la toma del Rectorado.

La existencia de los procesos disciplinarios no implica, por sí misma, que todos los estudiantes hayan sido sancionados. El régimen disciplinario de la PUCP establece procedimientos específicos para determinar las faltas y las eventuales sanciones, con respeto de los derechos fundamentales de los estudiantes.

Justicia restaurativa y sistema de pensiones

El 2 de octubre, cinco días antes de la nueva protesta, el Rectorado publicó el protocolo para implementar el proceso de justicia restaurativa relacionado con los hechos ocurridos en el edificio Dintilhac. La universidad explicó que se trata de un mecanismo voluntario, confidencial y complementario a los procedimientos disciplinarios, y que ambos procesos pueden desarrollarse de manera independiente.

Existe además una precisión importante sobre el sistema de pensiones que originó el conflicto. La PUCP informó inicialmente que el nuevo modelo entraría en vigencia para los ingresantes de 2027-1, con cuatro escalas de pensión y cuatro niveles de becas. Sin embargo, la información institucional vigente señala que su implementación fue posteriormente suspendida mediante un acta del Consejo Universitario del 25 de mayo de 2026, por lo que el sistema actual de nueve niveles continúa vigente.

PUCP marca distancia de los enfrentamientos

La universidad ha diferenciado el conflicto disciplinario interno de los hechos ocurridos durante la protesta en la vía pública. La institución rechazó los actos de violencia y cualquier conducta que pueda poner en riesgo la integridad de las personas, precisando que los enfrentamientos registrados este miércoles ocurrieron en los exteriores del campus.

Mientras tanto, las organizaciones estudiantiles mantienen su cuestionamiento a los procedimientos disciplinarios y reclaman que se respete el enfoque de justicia restaurativa acordado después de la toma de mayo. El episodio de este 7 de octubre añade ahora un nuevo frente al conflicto: el esclarecimiento de la actuación policial durante una movilización estudiantil y la determinación de las responsabilidades que correspondan.

Seis adolescentes cumplen internamiento preventivo por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años ocurrida dentro de un bus escolar. La defensa anuncia acciones contra adultos que estaban a cargo del traslado, mientras la Marina separó preventivamente a tres trabajadores y el Minedu asumió la conducción temporal del colegio.

Seis adolescentes fueron internados en Maranguita

El caso del Liceo Naval Almirante Guise ingresó a una nueva etapa judicial luego de que el Poder Judicial ordenara cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años. La medida fue dispuesta por el Tercer Juzgado de Familia de Lima mientras continúan las diligencias destinadas a determinar la participación individual de cada investigado. Los seis fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

Los hechos investigados habrían ocurrido el 15 de septiembre, cuando el estudiante regresaba en un bus escolar después de participar junto con sus compañeros en un campeonato de futsal. La víctima cursaba cuarto de secundaria y los diez adolescentes inicialmente intervenidos pertenecían a quinto de secundaria. Después de las primeras diligencias, cuatro recuperaron su libertad y seis quedaron sujetos al pedido de internamiento preventivo.

El internamiento preventivo no constituye una condena. La medida tiene carácter cautelar y deberá mantenerse dentro del proceso de responsabilidad penal adolescente mientras la Fiscalía reúne elementos para establecer qué ocurrió y cuál habría sido la conducta atribuible a cada menor. Por ello, la investigación debe diferenciar entre quienes eventualmente tuvieron participación directa, quienes pudieron tener otro grado de intervención y quienes no tuvieron responsabilidad.

La segunda línea de investigación: los adultos del bus

La defensa de la familia de la víctima ha planteado ahora una segunda línea de investigación: la actuación de los adultos que estaban dentro del vehículo durante el traslado. El abogado Jorge Petrozzi anunció que promoverá una denuncia penal contra docentes que se encontraban en el bus por una presunta omisión de funciones y de auxilio.

Este punto resulta relevante porque la eventual responsabilidad de los adultos no puede establecerse únicamente por el hecho de encontrarse en el vehículo. La Fiscalía tendrá que determinar qué función cumplía cada uno, cuál era su deber concreto de vigilancia, qué información pudo conocer durante el trayecto, cuándo pudo advertir la situación y qué acciones adoptó después de conocerla.

La propia información difundida durante las primeras diligencias confirmó que había adultos responsables del cuidado de los escolares dentro del vehículo. Ese aspecto deberá ser contrastado con las declaraciones de estudiantes, docentes, conductor y demás personas que participaron en el traslado.

Por eso, la eventual omisión de funciones y de auxilio constituye una hipótesis que deberá ser probada, no una responsabilidad ya establecida. Si las investigaciones encuentran evidencia de que existía un deber específico de protección y que este fue incumplido, corresponderá determinar las consecuencias penales, administrativas o civiles que correspondan.

Acoso previo y las alertas que ahora vuelven a escena

La investigación también deberá establecer si existieron episodios anteriores de hostigamiento o violencia contra el estudiante y, especialmente, si fueron comunicados a profesores, entrenadores o autoridades del colegio. La defensa sostiene que la agresión no habría sido un hecho aislado y que existieron antecedentes de acoso que no fueron atendidos oportunamente.

Este aspecto adquirió mayor relevancia después de que el ministro de Educación, José Antonio Chang, informara que el Liceo Naval registra 80 denuncias por distintos hechos de violencia durante los últimos dos años. Según la información difundida, 50 corresponderían a casos entre escolares y 30 involucrarían a personal de instituciones educativas.

El número, por sí solo, no demuestra que las autoridades conocieran la agresión investigada ni establece responsabilidad penal de funcionarios o docentes. Pero sí plantea una cuestión institucional que deberá ser esclarecida: qué hicieron las autoridades del colegio frente a las denuncias anteriores y si los mecanismos de prevención y protección funcionaron de manera efectiva.

El ministro también ha señalado que algunas denuncias de acoso y violencia sexual no habrían sido tratadas adecuadamente. Esa afirmación deberá ser contrastada con los expedientes y registros correspondientes para determinar qué casos fueron reportados, qué medidas se adoptaron y si existieron patrones que debieron activar mecanismos de protección.

Marina separa a tres trabajadores

Mientras avanzan las investigaciones, la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación preventiva de la directora del colegio, un docente y el entrenador de fútbol. La medida fue adoptada por la Dirección de Bienestar de la Marina y se mantiene mientras las autoridades competentes esclarecen los hechos.

La separación preventiva tampoco equivale a una declaración de responsabilidad. Se trata de una decisión institucional adoptada durante la investigación. La determinación definitiva dependerá de los resultados de las investigaciones fiscales, administrativas y, eventualmente, judiciales.

El Gobierno, además, oficializó la reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa y gobernanza del Liceo Naval Almirante Guise. El Ministerio de Educación asumirá la conducción del plantel hasta el 31 de diciembre de 2027, como parte de las medidas adoptadas después de la denuncia.

La investigación no puede terminar en Maranguita

El traslado de seis adolescentes a Maranguita representa el principal resultado judicial conocido hasta ahora, pero no resuelve todas las interrogantes del caso. La Fiscalía todavía debe determinar la responsabilidad individual de los investigados y establecer si existen elementos suficientes para formular las imputaciones correspondientes.

Al mismo tiempo, deberá esclarecerse la actuación de los adultos que estaban a cargo del grupo durante el viaje. La pregunta central ya no se limita a qué ocurrió dentro del bus, sino también a qué pudieron saber los responsables de la supervisión, cuándo pudieron saberlo y qué hicieron frente a una eventual situación de violencia.

La dimensión institucional también exige revisar las denuncias anteriores. Si se confirma que existieron alertas de violencia, acoso o conductas de naturaleza sexual que no recibieron una respuesta adecuada, será necesario determinar quiénes tenían competencia para intervenir y por qué las medidas adoptadas no evitaron nuevos episodios.

Protección de la víctima y reserva de los menores

La investigación debe desarrollarse con especial protección para el adolescente agraviado. La víctima declaró mediante los mecanismos especializados correspondientes y recibe asistencia dentro de los protocolos establecidos para estos casos. La difusión de su identidad está prohibida y puede generar consecuencias legales.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rechazó la exposición pública de la identidad del menor después de que la periodista Milagros Leiva mencionara su nombre durante una transmisión televisiva. El MIMP recordó que la protección de los menores víctimas de delitos sexuales alcanza también a información que permita identificarlos indirectamente.

La misma obligación de reserva alcanza a los adolescentes investigados. Por ello, Pulso27 no difundirá nombres, imágenes ni otros datos que permitan identificarlos.

Tres responsabilidades que todavía deben esclarecerse

El caso Liceo Naval presenta, hasta ahora, tres niveles de investigación que no deben confundirse. El primero corresponde a la presunta agresión sexual y a la responsabilidad individual de los adolescentes investigados. El segundo está relacionado con la eventual omisión de funciones o de auxilio por parte de adultos que tenían deberes de supervisión durante el traslado. El tercero comprende la respuesta institucional del colegio frente a posibles antecedentes de violencia y las medidas que correspondía adoptar.

Los seis adolescentes sometidos a internamiento preventivo deberán afrontar el proceso bajo las garantías del sistema de responsabilidad penal adolescente. La Fiscalía tendrá que establecer responsabilidades con pruebas y no sobre la base de acusaciones colectivas. Del mismo modo, cualquier eventual imputación contra adultos deberá sustentarse en la identificación de deberes concretos y en evidencia sobre su presunto incumplimiento.

El dato de las 80 denuncias reportadas por el Ministerio de Educación agrega una dimensión institucional que no puede ser ignorada, aunque tampoco permite atribuir automáticamente responsabilidad por la agresión denunciada. El punto central será determinar qué denuncias existieron, cómo fueron tramitadas y si las autoridades cumplieron sus obligaciones de prevención y protección.

La reorganización del Liceo Naval bajo el Minedu y la separación preventiva de tres trabajadores muestran que el caso ya produjo consecuencias institucionales. Sin embargo, esas decisiones no sustituyen las investigaciones. La respuesta definitiva deberá establecer qué ocurrió dentro del bus, quiénes tuvieron participación, si algún adulto incumplió sus deberes de protección y si existieron fallas previas que permitieron que la violencia llegara a este punto.

El caso, por tanto, no termina con el ingreso de seis adolescentes a Maranguita. La investigación recién entra en una etapa decisiva: determinar responsabilidades individuales, proteger a la víctima, esclarecer la actuación de los adultos y revisar si el sistema de protección del colegio respondió —o no— frente a las señales de violencia que ya habían sido reportadas.

El ministro José Antonio Chang anunció que el Minedu retirará del currículo escolar lo que considera “ideología” y cuestionó la denominación de “guerra civil” para la violencia de 1980-2000. La CVR documentó también graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Lima, 16 de septiembre 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori abrió una nueva disputa sobre la enseñanza de la historia reciente del Perú al anunciar una revisión del currículo escolar y plantear que la violencia política de 1980-2000 sea enseñada sin interpretaciones que el Ejecutivo considere ideológicas. El ministro de Educación, José Antonio Chang, sostuvo el 14 de septiembre que se retirará “todo tipo de ideología” de la currícula.

Una revisión que alcanza a la historia reciente

La medida forma parte del Plan Nacional de Educación 2026-2031, presentado por Fujimori y Chang en Santa Anita. El Gobierno sostiene que el currículo debe concentrarse en conocimientos, datos, estadísticas y aprendizajes fundamentales, además de reforzar lectura, matemáticas, ciencias, educación cívica e inglés.

Pero la definición adquiere una dimensión política cuando Chang cuestiona la forma de enseñar la violencia de las décadas de 1980 y 1990. El ministro rechazó que se utilice el concepto de “guerra civil” y sostuvo que durante ese periodo hubo “terrorismo”, en referencia a la violencia ejercida por Sendero Luminoso y el MRTA.

La evidencia histórica incluye abusos del Estado

La posición anunciada por el Ejecutivo deberá contrastarse con el mandato y las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La CVR investigó el periodo 1980-2000 y concluyó que el Perú atravesó un conflicto armado interno en el que actuaron organizaciones subversivas y agentes estatales.

Su informe documentó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros graves abusos cometidos por agentes policiales y militares, además de los crímenes perpetrados por Sendero Luminoso y el MRTA. La propia creación de la CVR estableció como objetivo esclarecer responsabilidades de ambos lados.

Al respecto, la ex parlamentaria Margot Palacios cuestionó la postura del Gobierno de Keiko Fujimori, señalando que se debe condenar el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, pero al mismo tiempo deben mantenerse en la enseñanza básica los crímenes atribuidos a agentes del Estado durante los gobiernos de Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori. En su pronunciamiento, advierte que esta modificación formaría parte de un proceso de revisión de la memoria histórica sobre el conflicto armado interno y relaciona con recientes cambios legislativos sobre delitos de lesa humanidad atribuidos al gobierno fujimorista.

Aún no existe evidencia de un “borrado” curricular

Hasta ahora, el hecho comprobado es el anuncio político y ministerial de modificar el currículo. No se ha publicado todavía un nuevo currículo que permita determinar qué contenidos sobre las violaciones de derechos humanos serán eliminados, modificados o mantenidos. Por ello, presentar como hecho consumado que el Gobierno ya “borró” esos crímenes de los colegios excedería la evidencia disponible.

La controversia queda ahora centrada en el contenido concreto de la reforma: qué fuentes históricas utilizará el Minedu, cómo definirá los conceptos vinculados al periodo de violencia y qué lugar tendrán en las aulas las responsabilidades de las organizaciones subversivas y las violaciones cometidas por agentes estatales. Ese contenido aún está pendiente de conocerse.