La revelación de una reunión no oficial, fuera de agenda y realizada bajo condiciones de evidente secretismo ha vuelto a colocar en el centro del debate público el comportamiento de un funcionario de primer nivel del Estado. José Jerí Oré, en ejercicio del más alto cargo de manera interina, sostuvo un encuentro privado que no fue informado por canales institucionales y que solo salió a la luz gracias a una investigación periodística, no por un acto de transparencia gubernamental.

El encuentro se produjo de noche, fuera de Palacio de Gobierno, con un empresario chino, y sin registro en la agenda oficial. Las imágenes difundidas muestran a Jerí ingresando encapuchado, sin comitiva visible y utilizando un vehículo oficial, pese a que posteriormente se calificó la cita como “no oficial”. La forma en que se desarrolló la reunión -lugar privado, ausencia de registros y medidas para evitar ser reconocido- refuerza la percepción de un proceder deliberadamente opaco.

Tras la difusión del caso, la versión oficial señaló que la reunión estuvo vinculada a coordinaciones por el Día de la Amistad Perú-China. Sin embargo, la explicación deja más preguntas que respuestas. Si se trataba de una actividad institucional, ¿por qué no se canalizó a través de la Cancillería?, ¿por qué no se realizó en un espacio oficial?, ¿por qué no quedó constancia documental?, ¿y por qué el interlocutor fue un empresario y no un representante diplomático formal?

El problema central no es solo con quién se reunió el funcionario, sino cómo ejerció el poder. En democracia, la transparencia no es opcional ni depende del carácter interino del cargo. La ausencia de registros y la informalidad en el manejo de una reunión de este nivel configuran un patrón de secretismo incompatible con la función pública, más aún cuando se emplean recursos del Estado.

Este episodio también expone una evidente asimetría política. Prácticas similares durante el gobierno de Pedro Castillo desencadenaron pedidos de vacancia, investigaciones y una condena política casi inmediata. Hoy, hechos comparables parecen relativizarse. La institucionalidad, sin embargo, no admite excepciones: el poder debe explicarse siempre, y cuando no lo hace, es legítimo que el periodismo y la ciudadanía exijan respuestas.

La drástica caída del precio del limón en Piura ha vuelto a golpear con fuerza a miles de pequeños y medianos agricultores, quienes hoy venden su principal producto por debajo de los costos de producción. Mientras los intermediarios continúan imponiendo precios en un mercado desordenado, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), ha limitado su rol a explicar la situación como un fenómeno “estacional”, sin asumir responsabilidades por la falta de planificación agrícola, ordenamiento de la oferta ni protección efectiva al productor.

Lejos de ser un problema exclusivamente climático o de mercado, la actual crisis evidencia una ausencia sostenida de políticas públicas orientadas a garantizar calidad, productividad y acceso a mercados. La falta de fertilizantes, semillas certificadas y asistencia técnica permanente ha deteriorado la calidad del limón piurano, reduciendo su competitividad y su demanda. Estas funciones recaen directamente en el MIDAGRI y sus organismos adscritos, cuya débil presencia en el campo ha dejado al agricultor expuesto a pérdidas económicas, endeudamiento y abandono de sus parcelas.

Sin mecanismos de regulación, precios de referencia ni estrategias para diversificar mercados o impulsar la agroindustria, el peso de la crisis recae nuevamente sobre el eslabón más vulnerable de la cadena: el productor. Organizaciones agrarias advierten que, de no adoptarse medidas urgentes y estructurales, la situación podría profundizar la precarización del agro regional. La defensa del limón no es solo una demanda sectorial, sino una exigencia para que el Estado cumpla su rol y evite que los pequeños agricultores sigan llevando la peor parte.

Lima, 11 de enero de 2026 – En medio de la creciente presión mediática y política, el candidato presidencial por Ahora Nación, Alfonso López Chau, confirmó públicamente que en juventud militó en el Partido Aprista Peruano (APRA) y que fue privado de libertad durante el gobierno nacionalista de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) por oponerse al régimen revolucionario.

El destape se produjo tras las declaraciones del excongresista Edgar Villanueva, quien fue apartado de la lista senatorial del partido y reveló en RPP que López Chau cumplió prisión por varios meses en penales como Lurigancho. Villanueva cuestionó la omisión de este antecedente en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que desató un intenso debate sobre transparencia en la campaña rumbo a las Elecciones Generales 2026.

A través de un comunicado oficial del equipo de prensa de Ahora Nación y en declaraciones a medios como El Comercio, Gestión y La República, López Chau precisó que su detención -ocurrida cuando tenía alrededor de 20 años- fue de naturaleza política. Como militante de la JAP del APRA y seguidor de Víctor Raúl Haya de la Torre, se opuso al gobierno velasquista, que incluía la reforma agraria, enfrentamiento con partidos políticos feudalistas y control estatal sobre la sociedad y la economía. El candidato fue beneficiado con la amnistía general otorgada por el propio régimen mediante el decreto ley 18692 de diciembre de 1970, aplicada a varios presos.

El Poder Judicial confirmó en documentos emitidos en 2025 que no registra sentencias condenatorias ni antecedentes penales contra López Chau, por lo que expertos electorales -como José Tello y Enzo Elguera- coincidieron en que no existía obligación legal de consignar el episodio en su postulación. No obstante, analistas y columnistas han señalado que, por criterios de transparencia ética, el aspirante debió incluir voluntariamente esta información en su ficha pública, especialmente al aspirar a la Presidencia de la República.

El caso ha reabierto la discusión sobre el pasado político de los candidatos y las tensiones históricas entre el APRA y el velasquismo. Mientras algunos destacan la detención como un acto de resistencia democrática contra una dictadura, otros critican el supuesto silencio inicial. López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería y exdirector del Banco Central de Reserva durante el gobierno aprista del extinto Alan García Pérez, mantiene su candidatura vigente por Ahora Nación entre los 32 postulantes habilitados hasta la fecha.