En un contexto en el que el país conmemora el Día de los Derechos Humanos, el ministro de Educación, Morgan Quero, ha generado controversia al realizar declaraciones que han sido interpretadas como…
Educación
Dina Boluarte nombra al cuestionado Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, juramentó el 23 de agosto de 2025 a Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en una decisión que ha desatado fuertes críticas debido a los antecedentes del exfuncionario. Santiváñez, quien previamente ocupó el cargo de ministro del Interior, fue censurado por el Congreso en marzo de este año por su «manifiesta incapacidad» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana. Este nombramiento, realizado en el marco de una reorganización del Gabinete a menos de un año del fin de la gestión de Boluarte, ha sido calificado por sectores de la oposición como un acto de «reciclaje» de figuras cuestionadas, lo que pone en tela de juicio el compromiso del gobierno con la transparencia y la meritocracia.
El historial de Santiváñez genera preocupación entre analistas y congresistas, quienes advierten sobre las implicancias de designar a una figura censurada en un ministerio clave como el de Justicia. Durante su paso por el Ministerio del Interior, Santiváñez enfrentó críticas por su gestión ineficaz frente a la delincuencia y por decisiones controversiales que debilitaron la confianza pública. Tras su salida, asumió un cargo en la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, lo que ya había sido señalado como una maniobra para mantenerlo en la esfera gubernamental. La congresista Ruth Luque calificó el nombramiento como un reflejo de «impunidad» y cuestionó la idoneidad de Santiváñez para liderar una cartera tan sensible como la de Justicia y Derechos Humanos.
La designación de Santiváñez se suma a una serie de movimientos en el Gabinete de Boluarte que han generado críticas por la falta de renovación y el aparente reciclaje de figuras políticas. Mientras el gobierno defiende la experiencia de los nuevos ministros, la opinión pública y diversos sectores exigen mayor transparencia en los criterios de selección. Con el país enfrentando desafíos en materia de seguridad, derechos humanos y confianza institucional, el nombramiento de Santiváñez plantea interrogantes sobre la dirección del Ejecutivo en el tramo final de su mandato.
Actualidad
Expresidente Pedro Castillo retira confianza a Nicolás Bustamante y lo desautoriza como representante del partido «Todo con el Pueblo»

Lima, 08 de octubre de 2025 – Desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido, el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, emitió un contundente comunicado a través de su cuenta oficial en X, dirigido a los militantes y simpatizantes del Partido Político Todo con el Pueblo. En el mensaje, Castillo anunció la retirada definitiva de su confianza al señor Nicolás Bustamante Coronado, a quien había encomendado la coordinación e inscripción formal de la organización política.
Según el comunicado, Castillo fundó el Partido Todo con el Pueblo el 8 de febrero de 2024, con el objetivo de ser una herramienta al servicio del pueblo peruano, defendiendo sus derechos, dignidad y soberanía. Sin embargo, acusó a Bustamante de traicionar los principios de la organización al actuar con «silencio, soberbia y desobediencia» frente a la instrucción de convocar un Congreso Nacional Estatutario, un paso clave para consolidar la estructura democrática del partido.
«El señor Bustamante se atribuyó un poder que no le corresponde, olvidando que en el Partido no existen dueños ni caudillos, sino hombres y mujeres libres comprometidos con el Perú profundo», expresó Castillo, desautorizando cualquier acción, declaración o decisión que Bustamante realice en su nombre o en nombre del partido.El expresidente, quien se autodenomina «Presidente Constitucional del Perú», reafirmó su compromiso con las bases del partido y con el pueblo peruano, asegurando que la organización pertenece a quienes «luchan día a día en las calles, en las chacras, en las aulas y en los barrios». Además, señaló que su reclusión es un «encierro injusto» por defender al pueblo y enfrentar la corrupción.
Castillo cerró su mensaje con un llamado a la resistencia y la esperanza de que «más temprano que tarde, el Perú volverá a ser gobernado por su gente, y no por los poderosos de siempre», reiterando su lema: «Todo con el Pueblo, todo con la verdad y la lealtad».
El comunicado ha generado diversas reacciones en el ámbito político y entre los simpatizantes del expresidente, mientras se espera que las bases del partido definan los próximos pasos tras esta ruptura interna.
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Transportistas dan ultimátum de 10 días al Gobierno y al Congreso para atender sus demandas

Lima, 2 de octubre de 2025 – El paro convocado por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao y respaldado por más de 450 empresas se desarrolló de forma parcial, afectando principalmente el transporte convencional. Con el objetivo de exigir medidas contra la extorsión y la inseguridad que ha dejado 46 choferes asesinados este año, cerca de 20 mil vehículos suspendieron operaciones, generando congestión en paraderos y un alza de hasta 50% en las tarifas de las unidades que circularon. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reportaron que el 83% de la flota operó, calificando el paro como un «fracaso».
La jornada transcurrió con incidentes menores, como el pinchazo de llantas en al menos cinco buses y la obligatoriedad de bajar pasajeros en algunas rutas, según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que desplegó más de 10 mil agentes para mantener el orden. Los servicios del Metropolitano, corredores complementarios y el Metro de Lima funcionaron al 100%, mitigando el impacto en la movilidad. A pesar de la tensión, no se registraron heridos ni bloqueos significativos, y el 98% de los colegios operaron con normalidad, aunque EsSalud reprogramó citas médicas afectadas por la escasez de transporte.
Los gremios transportistas entregaron al Congreso una propuesta para crear una Unidad de Élite contra el crimen organizado y demandaron indemnizaciones para las familias de las víctimas, así como el uso de armas sin licencia para autodefensa. La presidenta Dina Boluarte llamó al diálogo, mientras el MTC evalúa declarar un estado de emergencia en el sector para implementar cámaras de seguridad. Los transportistas dieron un ultimátum de 10 días hábiles al Gobierno y al Congreso para atender sus demandas, amenazando con un nuevo paro el 3 de octubre o el 12 de noviembre si no hay avances concretos.
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Paro de 48 horas: Transportistas y Jóvenes Exigen Cambios Profundos en Perú

Lima, 27 de septiembre de 2025 – Un paro de 48 horas convocado por la Asociación Nacional de Conductores del Perú (ANCP) mantiene en vilo a la capital, con bloqueos parciales en distritos como San Juan de Lurigancho y concentraciones frente al Congreso. Los transportistas, golpeados por más de 40 asesinatos y extorsiones desde 2024, demandan reformas legales urgentes y la renuncia de ministros por la inseguridad galopante. A ellos se han sumado miles de jóvenes de la Generación Z, quienes protestan contra las AFP y la ausencia de un Estado protector, en una alianza que ha colapsado rutas clave y generado tensión en el centro de Lima.
Con una adhesión del 30% de las empresas de transporte, según la Confederación Nacional de Transportistas, el paro ha afectado principalmente Lima Norte y Sur, con caravanas de buses avanzando hacia el Congreso por avenidas como Abancay. En la Plaza San Martín, estudiantes y activistas corean consignas como “#YaBasta” junto a choferes, denunciando un sistema que los deja vulnerables ante la violencia. La Policía Nacional ha desplegado patrulleros, pero las críticas apuntan a su incapacidad para frenar las mafias extorsionadoras, que exigen hasta S/500 semanales por unidad.
El gobierno, a través del Ministerio de Transportes, prometió “diálogo”, pero sin medidas concretas, mientras en redes sociales el hashtag #ParoTransportistas suma apoyo para un posible paro indefinido. La convergencia de transportistas y jóvenes refleja un malestar generalizado que podría escalar si no hay respuestas. Analistas advierten que esta protesta, más allá de la inseguridad, canaliza demandas estructurales como la reforma de pensiones y la lucha contra la corrupción, en un país al borde del hartazgo social.
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