Lima, 17 de febrero de 2026.- En un nuevo capítulo de la crónica de inestabilidad política que sacude al Perú, el Congreso de la República aprobó este martes la censura contra el presidente interino José Enrique Jerí Oré, destituyéndolo de inmediato de la Presidencia de la República. La decisión se tomó en un pleno extraordinario con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, tras el debate de siete mociones acumuladas impulsadas por diversas bancadas. Jerí, quien asumió el cargo el 10 de octubre de 2025 tras la salida de Dina Boluarte, duró apenas cuatro meses en el poder, convirtiéndose en el octavo mandatario en menos de una década.

El detonante principal fue el escándalo conocido como «Chifagate», que reveló reuniones no registradas y clandestinas del entonces presidente del Congreso con empresarios chinos, como Zhihua Yang, en un restaurante chino de San Borja y fuera de Palacio de Gobierno. Estas encuentros generaron investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y corrupción. Jerí minimizó los hechos como «errores de forma» y versiones contradictorias agravaron la crisis. A ello se sumaron denuncias periodísticas sobre el ingreso nocturno de mujeres a Palacio –denominadas «visitadoras» en la prensa– algunas de las cuales obtuvieron contratos en entidades estatales con sueldos elevados, lo que levantó acusaciones de favoritismo, mal uso de recursos públicos y cuestionamientos éticos graves.

La sesión, conducida por el presidente encargado del Congreso Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), se desarrolló en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión debido a obras en el hemiciclo principal. Tras omitir el debate completo por cuestión previa (aprobada con amplia mayoría), el pleno declaró la vacancia del cargo de presidente del Congreso y, por sucesión constitucional, de la Presidencia de la República. Intentos de blindaje, como la cuestión de orden planteada por la congresista de Somos Perú Ana Zegarra para cambiar a vacancia (requiere más votos), fueron rechazados con 71 en contra y 34 a favor.

La censura prosperó gracias a un respaldo multipartidario amplio de izquierda, centro e incluso sectores de derecha desencantados: bloques como Perú Libre, Juntos por el Perú/Bloque Democrático Popular, Podemos Perú, Acción Popular, Renovación Popular y otros independientes aportaron la mayoría de los votos a favor. En contra se alinearon principalmente Fuerza Popular (bancada fujimorista, que blindó a Jerí hasta el final) y parte de Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú (partido del destituido). Las abstenciones fueron dispersas.

Con la destitución inmediata, el Congreso convocó para este miércoles 18 de febrero la elección del nuevo presidente del Legislativo, quien asumirá interinamente la Jefatura del Estado hasta el 28 de julio de 2026 o hasta que tome posesión el ganador de las elecciones generales de abril. Analistas coinciden en que este episodio profundiza la fragmentación política y complica el escenario electoral a solo semanas de los comicios, en medio de una ciudadanía cada vez más hastiada de la rotación constante en Palacio de Gobierno.

El candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, empezó a figurar en las últimas encuestas nacionales tras varias semanas sin presencia estadística. Su irrupción coincide con el despliegue de la llamada “Ruta Castillista”, con la que busca reconectar con el electorado rural que apoyó al expresidente Pedro Castillo.

Según mediciones recientes difundidas por encuestadoras referenciadas por medios conservadores y afines a sectores ultraliberales, Sánchez habría superado el 2 % de intención de voto, dejando atrás al grupo de 24 candidatos que permanecen por debajo de dicho umbral. Aunque su ascenso es leve, aparece como uno de los pocos postulantes del campo popular que empieza a ganar visibilidad en un escenario altamente fragmentado.

El repunte se atribuye a su creciente presencia territorial y a la estrategia de captación del voto castillista, que mantiene influencia en regiones andinas. Sin embargo, continúa lejos de los primeros lugares, liderados por candidatos de derecha que concentran entre el 10 % y 12 % de preferencia, mientras más del 40 % del electorado sigue indeciso.

El avance en encuestas se vio opacado por un incidente de salud. Durante su viaje nocturno hacia Caravelí (Arequipa), Sánchez sufrió una descompensación que obligó a su evacuación médica hacia Camaná, donde recibe atención especializada. Su equipo suspendió las actividades programadas mientras se monitorea su evolución.

A pesar del contratiempo, su aparición en las encuestas introduce un nuevo matiz en la competencia del sector progresista y popular. Con más de 30 candidaturas en carrera y un electorado disperso, su avance inicial podría anticipar un reordenamiento en las próximas semanas, siempre que su campaña logre sostenerse en medio de la saturación política y su propia recuperación física.

Buenos Aires, 16 de febrero de 2026.- El Senado argentino concedió media sanción a la Ley de Modernización Laboral, impulsada por el presidente Javier Milei, en una votación ajustada de 42 a favor y 30 en contra tras una maratónica sesión de más de 14 horas. Esta reforma, que modifica más de 50 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) vigente desde 1974, permite extender la jornada laboral diaria hasta 12 horas mediante un banco de horas compensatorio, habilita el pago de salarios en especie (como alimentos o alojamiento), reduce el cálculo de indemnizaciones por despido y limita el derecho a huelga en sectores esenciales. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca su aprobación definitiva antes del inicio de sesiones ordinarias el 1 de marzo.

Entre los cambios más cuestionados destacan la posibilidad de abonar remuneraciones en moneda extranjera o bienes en lugar de efectivo exclusivo, el fraccionamiento de vacaciones en cualquier época del año (sin obligación de concentrarlas en verano), la reducción del pago en licencias por enfermedad no laboral (hasta 50-75% en algunos casos) y la priorización de convenios colectivos por empresa sobre los sectoriales. El Gobierno defiende estas medidas como esenciales para atraer inversiones, bajar la litigiosidad laboral y fomentar empleo formal en un contexto de alta informalidad. Sin embargo, sindicatos y oposición las califican de regresivas, precarizadoras y un retroceso en derechos conquistados por generaciones de trabajadores argentinos.

La aprobación se produjo en medio de intensas protestas convocadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales obreras. Miles de manifestantes se concentraron frente al Congreso desde el 11 de febrero, con pancartas y consignas contra lo que denominan «esclavitud moderna». La movilización escaló a enfrentamientos violentos: grupos arrojaron piedras y bombas molotov, mientras la policía respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua. El saldo oficial reportó al menos 71 detenidos y varios heridos (incluyendo 12-15 agentes), según fuentes de Seguridad y reportes periodísticos de Infobae, El País y France 24.

Ante este panorama de alta conflictividad social, la CGT convocó de urgencia a su Consejo Directivo (reunión virtual el lunes 16 de febrero) para evaluar la convocatoria a un paro general nacional de 24 horas, posiblemente coincidiendo con el tratamiento del proyecto en Diputados. Líderes sindicales como Cristian Jerónimo afirmaron que «están dadas todas las condiciones» para una medida de fuerza masiva, con llamados a nuevas movilizaciones y posibles acciones judiciales por inconstitucionalidad. La central obrera advierte que la reforma beneficia a grandes empresas a costa de los trabajadores y prepara un plan de lucha para frenar su avance.

Desde Lima, esta crisis laboral en Argentina genera preocupación regional: reformas de este tipo podrían inspirar agendas similares en otros países sudamericanos, donde la protección de derechos laborales enfrenta presiones económicas. Organizaciones peruanas de defensa del trabajo observan con alerta cómo el argumento de «modernización» podría diluir conquistas históricas en materia de jornada, salarios dignos y libertad sindical, en un contexto de creciente desigualdad en la región.