El Congreso de la República de Perú ha rechazado la apelación que presento el expresidente Pedro Castillo, en contra de una resolución administrativa que en primera instancia le negó la pensión vitalicia de 15,600 soles mensuales que corresponde a los expresidentes constitucionales del país.

En febrero de 2023, el Congreso aprobó acusar a Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, corrupción y tráfico de influencias. De acuerdo con la ley que regula la pensión vitalicia, este derecho se suspende cuando el beneficiario es acusado constitucionalmente.

Al respecto, el abogado defensor de Castillo, Walter Ayala, anunció que presentará una acción de amparo ante una Sala Constitucional del Poder Judicial en contra de esta resolución.

Esta decisión del Congreso ha generado un debate sobre su constitucionalidad y el respeto a los derechos fundamentales. Por un lado, la Constitución Política de Perú establece que los expresidentes tienen derecho a una pensión vitalicia, sin hacer excepciones explícitas. Sin embargo, la ley que regula esta pensión contempla la suspensión del beneficio en caso de acusaciones constitucionales.

Desde una perspectiva de vulneración de derechos, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que las pensiones son un derecho adquirido que no puede ser vulnerado arbitrariamente por los Estados.

Finalmente será el Poder Judicial quien deberá evaluar si la suspensión de la pensión a Castillo se ajusta a los principios constitucionales y a los estándares internacionales de derechos humanos.

Es importante destacar que esta situación se produce en un contexto de polarización política en Perú, lo que puede influir en las decisiones de las autoridades. Por lo tanto, será fundamental que el Poder Judicial actúe con imparcialidad y apegado a la ley para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.

LA VENGANZA DE LA DERECHA

Lo cierto es, que la negativa del Congreso a otorgar la pensión vitalicia a Pedro Castillo ha sido interpretada por algunos sectores como una represalia política contra el exmandatario. Prueba de ellos son los informes presentados por diversos organismos internacionales los cuales reiteraron su preocupación ante los ataques viscerales de la derecha contra el gobierno de Castillo.

Un Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

Expresaba su preocupación por «la sucesión de hechos que revelaron una falta de voluntad política para permitir que el expresidente Castillo ejerciera su mandato con normalidad». Señalando que estuvo sometido a una «campaña de desestabilización desde su llegada al poder».

Por su parte las Declaraciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA, señalaba que «los intentos de desestabilización del gobierno democráticamente electo del presidente Castillo comenzaron desde el mismo día de su investidura», según declaraciones de su jefe de misión, Gerardo Ichalalá.

Un Informe anual de la ONG Human Rights Watch, anunciaba que «desde que asumió el cargo en julio de 2021, el presidente Castillo enfrentó intentos de desestabilización de su gobierno por parte de actores que cuestionaron su legitimidad».

Desde EE.UU., Artículo de The New York Times, enunciaba que «los legisladores de oposición, junto con sectores de la élite económica y los medios de comunicación, libraron una campaña implacable para sabotear la presidencia de Castillo desde el principio».

Declaraciones de analistas y expertos:

Analistas políticos como Gonzalo Banda, de la Universidad del Pacífico, afirmaba que «hubo una campaña sistemática para deslegitimar a Castillo desde antes de que asumiera el cargo, lo que dificultó su gestión».

Lo cierto de todo es que Pedro Castillo enfrentó una fuerte oposición y acciones desestabilizadoras desde el inicio de su mandato, lo que eventualmente llevó a su destitución por parte del Congreso en diciembre de 2022. La negativa a otorgarle la pensión vitalicia a Castillo, no es otra cosa que la continuación de sus acciones desestabilizadoras de una clase política fascista, que obedeciendo a las élites económicas tradicionales libraron una despiadada campaña hacia los sectores populares y sus legítimos representantes.

A pesar de los intentos desestabilizadores, el pueblo peruano permaneció firme en su respaldo a Castillo, viendo en él la posibilidad de un cambio profundo que beneficiara a los históricamente excluidos. Sin embargo, las fuerzas conservadoras no estaban dispuestas a aceptar un gobierno que desafiara sus intereses.

La negativa a otorgar la pensión vitalicia a Castillo es un acto de revancha política, un castigo ejemplar para aquel que osó desafiar su statu quo, representando los anhelos de las grandes mayorías nacionales.

Esta decisión no sólo viola los derechos constitucionales de Castillo, sino que constituye una afrenta a la voluntad popular que lo eligió como presidente. Es un mensaje intimidatorio para aquellos sectores populares que buscan cambios estructurales en favor de la justicia social.
Las fuerzas democráticas y progresistas deben permanecer alertas ante estos ataques contra quienes representan los intereses de las grandes mayorías. El odio de clase de la derecha no debe prevalecer sobre los derechos y la voluntad soberana del pueblo peruano.

En momentos como este, más que nunca, es necesaria la movilización popular en defensa de la democracia y la justicia social. No permitamos que los sectores reaccionarios impongan su agenda retrógrada y excluyente.

La lucha por una sociedad más justa e igualitaria, continúa.