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Estados Unidos fracasa en su lucha antidrogas y congela el financiamiento de un programa fallido en Perú

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La reciente decisión del gobierno de Donald Trump de suspender el financiamiento al Perú para la lucha contra las drogas y el desarrollo alternativo ha puesto en evidencia los límites de una política que, a pesar de décadas de implementación, no ha logrado cumplir sus objetivos. Con un monto pactado de 630 millones de dólares hasta 2030 por parte de USAID, la medida de reevaluación anunciada por Trump afecta programas que, según datos oficiales, han mostrado resultados ambiguos en términos de impacto real.

Desde 1981, cuando se firmó el convenio bilateral entre Perú y Estados Unidos durante los gobiernos de Belaúnde Terry y Ronald Reagan, la estrategia de lucha contra las drogas ha priorizado la erradicación de cultivos ilícitos, pero no ha abordado las raíces estructurales del problema. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), a pesar de la inversión, las hectáreas de cultivos de hoja de coca han vuelto a incrementarse en las últimas dos décadas, alcanzando cifras alarmantes: de 34,000 hectáreas en el año 2000 a más de 80,000 en 2022.

Se ha reducido el cultivo de la hoja de coca sin considerar las prácticas ancestrales de consumo, sin reducir la producción del PBC

Por otro lado, informes independientes cuestionan el uso de los fondos dirigidos al desarrollo alternativo. Aunque USAID reportó haber ayudado a más de 77,000 familias a diversificar cultivos como cacao y café en 2021, las comunidades en las principales cuencas cocaleras como el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) continúan sumidas en la pobreza, sin acceso a infraestructura básica ni programas sostenibles de industrialización agrícola. Según cifras de Devida, el 80% de las familias cocaleras en esta región aún no cuenta con alternativas viables para abandonar la economía ilícita.

Adicionalmente, la instalación de bases militares estadounidenses en zonas estratégicas, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, ha sido criticada por organizaciones locales que señalan que esta estrategia busca más intereses geopolíticos que beneficios para las comunidades. «No vemos hospitales ni colegios; vemos helicópteros y patrullas que nada aportan a nuestra economía», afirma un líder comunal del VRAEM.

Los productos alternativos como el cacao no son más rentables que el cultivo de la hoja de coca por la demanda de los derivados como el PBC

La suspensión actual del financiamiento, presentada como una «reevaluación estratégica», refleja una política que prioriza los intereses de seguridad de Estados Unidos sobre las necesidades locales del Perú. La falta de inversión en industrialización agrícola y la ausencia de resultados significativos en la reducción del narcotráfico ponen en entredicho la efectividad de esta alianza histórica.

En un contexto global donde el consumo de drogas sigue en aumento, el fracaso de estas políticas no solo afecta al Perú, sino también a los mismos objetivos declarados por Estados Unidos. ¿Es esta reevaluación una oportunidad para replantear la cooperación o simplemente un pretexto para exigir mayores concesiones?

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