Roger Mariaca fue aprehendido junto a otros funcionarios del Ministerio Público en un operativo ejecutado por la Policía Boliviana. La Fiscalía denunció un “secuestro”, mientras el Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que desarticuló una presunta red vinculada al narcotráfico. La DEA habría proporcionado información y cooperación, pero La Paz niega que sus agentes hayan ejecutado directamente la detención.

Bolivia, 01 de octubre de 2026.- El fiscal general del Estado boliviano, Roger Mariaca, fue detenido durante un amplio operativo policial que terminó también con la aprehensión de otros funcionarios del Ministerio Público. La intervención se produjo apenas dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa y lo acusara de supuestamente aceptar sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a criminales a evadir la justicia. Mariaca negó esas acusaciones y denunció una presunta presión política de Washington.

La propia Fiscalía General denunció inicialmente que Mariaca había sido “secuestrado” y cuestionó la legalidad del procedimiento. También fueron intervenidas instalaciones del Ministerio Público y detenidos funcionarios que se encontraban en su interior. Según testimonios difundidos por la institución, algunos agentes ingresaron a las oficinas sin presentar, según los denunciantes, documentación formal de allanamiento.

¿Participó la DEA?

Este es uno de los puntos más controvertidos. El ministro boliviano de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que el operativo fue realizado por la Policía Boliviana, aunque reconoció cooperación de Estados Unidos y de otros países en las investigaciones contra el narcotráfico. La versión oficial, por tanto, no confirma que agentes de la DEA hayan detenido personalmente a Mariaca.

La cooperación estadounidense, sin embargo, sí aparece vinculada al caso. Informaciones publicadas por medios internacionales señalan que datos proporcionados por la DEA fueron utilizados en las investigaciones que precedieron al operativo. La detención se produjo, además, después de que Washington sancionara a Mariaca y a otros funcionarios bolivianos.

Cerimedo queda en el centro de la disputa

El caso adquiere una dimensión política adicional porque Mariaca estaba al frente de investigaciones contra Fernando Cerimedo, consultor político argentino relacionado con campañas de sectores de derecha latinoamericanos y con el presidente boliviano Rodrigo Paz.

La Fiscalía había informado que Cerimedo afrontaba varias investigaciones penales. Entre ellas figuran procesos por presunto enriquecimiento ilícito, tentativa de feminicidio, violencia familiar o doméstica y una investigación relacionada con tráfico de sustancias controladas y confabulación.

En septiembre, la Fiscalía amplió una de las investigaciones contra Cerimedo para incorporar presuntos delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas. El acusado permanece con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

La relación con Rodrigo Paz

La relación entre Cerimedo y Paz también ha sido objeto de controversia. El propio presidente boliviano reconoció que el argentino colaboró durante la campaña electoral y durante la etapa inicial de su Gobierno, aunque negó que hubiera tenido autorización para representar institucionalmente a la Presidencia o que existiera un contrato laboral con el Estado.

Hasta el momento, no existe evidencia pública verificable que permita afirmar que Paz haya ordenado la detención de Mariaca para eliminar las investigaciones contra Cerimedo. Esa hipótesis aparece en distintas interpretaciones políticas y publicaciones, pero debe diferenciarse de los hechos acreditados: Mariaca investigaba a Cerimedo y fue detenido en medio de una operación policial respaldada por cooperación internacional.

Washington había acusado a Mariaca

El conflicto se había intensificado el 29 de septiembre, cuando Estados Unidos anunció la revocación de la visa de Mariaca. Washington lo acusó de utilizar su posición para favorecer actividades vinculadas al narcotráfico. El fiscal respondió que continuaría con las investigaciones que correspondían al Ministerio Público boliviano y cuestionó la decisión estadounidense como una forma de injerencia.

La detención posterior profundizó las dudas sobre el alcance de la nueva cooperación de seguridad entre Bolivia y Estados Unidos bajo el Gobierno de Paz. La administración boliviana ha buscado recomponer las relaciones con Washington y fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Una crisis institucional abierta

El episodio deja una disputa institucional de alto impacto: por un lado, el Gobierno sostiene que desarticuló una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público; por otro, sectores políticos y funcionarios cuestionan el procedimiento empleado para detener al fiscal general y reclaman garantías de debido proceso.

El vicepresidente Edmand Lara también cuestionó la forma de la detención y deslizó dudas sobre una eventual participación de la DEA, aunque esa participación directa no ha sido confirmada oficialmente. El Gobierno, en cambio, insiste en que la operación fue ejecutada por la Policía Boliviana.

El caso Mariaca, por tanto, cruza tres expedientes sensibles: las acusaciones estadounidenses contra funcionarios bolivianos, las investigaciones por presuntos delitos atribuidos a Fernando Cerimedo y el acercamiento político y operativo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y Washington. La principal incógnita ahora será determinar judicialmente si las acusaciones contra Mariaca están sustentadas en pruebas suficientes y si el procedimiento de su detención respetó las garantías establecidas por la legislación boliviana.

Atenas, 29 de setiembre de 2026.- Las calles de Atenas y otras ciudades griegas vuelven a convertirse en escenario de movilizaciones sindicales y sociales contra las reformas impulsadas por el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis. Sin embargo, una precisión resulta clave: las fuentes actuales describen a su administración como de centroderecha o conservadora, no como un Gobierno de ultraderecha.

El conflicto se ha concentrado especialmente en el sector público. El 16 de septiembre, trabajadores estatales realizaron una paralización en Atenas y se movilizaron frente al Parlamento contra una propuesta de reforma constitucional que, según la central sindical ADEDY, podría debilitar las garantías laborales de los funcionarios públicos.

La organización sindical también reclama empleo permanente, mejores salarios y la defensa de la educación y la salud públicas. ADEDY anunció nuevas movilizaciones y convocó una jornada nacional de acción para el 1 de octubre, además de una posible huelga durante ese mes.

El conflicto trasciende los salarios

La disputa no se limita a las remuneraciones. Los sindicatos cuestionan modificaciones relacionadas con el empleo público y con la educación, mientras estudiantes también han salido a las calles para reclamar soluciones frente al elevado costo de la vivienda y las dificultades para acceder a residencias universitarias.

El Gobierno, por su parte, sostiene que su estrategia busca mantener la disciplina fiscal al mismo tiempo que aumenta los ingresos disponibles. En septiembre anunció un paquete económico de aproximadamente 3.500 millones de euros hasta 2030, equivalente al 1,5 % del PIB, con rebajas tributarias y aumentos de ingresos para distintos sectores.

Más ingresos, pero también presión sobre el Estado

Entre las medidas anunciadas figuran un pago anual de 400 euros para pensionistas y otro de 500 euros para trabajadores públicos desde 2027, además de reducciones tributarias para agricultores, familias con tres hijos, trabajadores independientes y empresas. El Ejecutivo también plantea elevar progresivamente el salario mínimo hasta 1.000 euros mensuales en 2028.

La contradicción que alimenta el conflicto es que estas medidas de alivio económico conviven con una agenda de reorganización y reforma del sector público. ADEDY sostiene que algunas de las modificaciones constitucionales podrían afectar las garantías de permanencia de los funcionarios y reclama que los servicios públicos continúen siendo universales y gratuitos.

Privatizaciones: qué está confirmado

En cuanto a la afirmación de que el Gobierno está preparando una ola de privatizaciones de servicios públicos, las fuentes revisadas para septiembre de 2026 no permiten sostenerla en esos términos. Lo que sí aparece documentado es una política de impulso a la inversión privada, reformas administrativas y participación de capital privado en sectores estratégicos. El Ejecutivo, además, mantiene como prioridad la reducción de la deuda y una política fiscal prudente.

El Gobierno asegura que Grecia atraviesa una etapa económica diferente a la crisis de la década pasada: estima un crecimiento cercano al 2 % y un superávit primario de alrededor del 4 % en 2026. Al mismo tiempo, el costo de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población, según sondeos citados por medios griegos.

La presión social crece antes de las elecciones

Mitsotakis descartó adelantar las elecciones y confirmó que los comicios generales se celebrarán en la primavera de 2027. Su Gobierno, que fue reelegido en 2023 con el 40,5 % de los votos, enfrenta actualmente un escenario político más complicado y un descenso del respaldo registrado por las encuestas citadas por Reuters.

El Ejecutivo intenta responder a la presión social con ayudas, rebajas tributarias y aumentos salariales. El 30 de septiembre, además, solicitó a la Unión Europea mayor flexibilidad fiscal para enfrentar la crisis del costo de vida y anunció nuevas medidas sobre combustibles y deudores con dificultades de pago.

Una nueva jornada de movilización

Así, Grecia llega a octubre con un frente abierto entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. No está acreditado que el país se encuentre actualmente “paralizado” por una protesta nacional, y Euronews advirtió recientemente que videos difundidos en redes bajo esa afirmación correspondían en realidad a una manifestación de febrero de 2025.

Lo que sí está documentado es una escalada de movilizaciones contra las reformas del sector público, los salarios y el costo de vida, con una jornada nacional anunciada para el 1 de octubre. El alcance de esa convocatoria permitirá determinar si las protestas adquieren una dimensión nacional comparable con las grandes huelgas que históricamente han marcado los conflictos sociales en Grecia.

La decisión de Estados Unidos de restringir el ingreso al país del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, provocó una respuesta frontal del funcionario, quien aseguró que la medida no modificará el rumbo de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, entre ellas las relacionadas con el consultor político argentino Fernando Cerimedo.

Mariaca rechazó las acusaciones formuladas desde Washington y sostuvo que continuará cumpliendo sus funciones pese a la decisión estadounidense. El fiscal dejó en claro que la investigación contra Cerimedo no será archivada ni paralizada como consecuencia de presiones externas.

“No retrocederé ni un centímetro”

En su respuesta, Mariaca defendió la autonomía de la Fiscalía boliviana y afirmó que las investigaciones deben avanzar hasta establecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

El fiscal sostuvo que “no retrocederé ni un centímetro” frente a las investigaciones que tiene bajo su responsabilidad. Su mensaje apunta directamente a mantener abierto el caso Cerimedo, que en los últimos meses adquirió una dimensión política internacional por las conexiones del consultor argentino con sectores de la derecha latinoamericana y operadores vinculados al entorno político de Donald Trump.

La posición de Mariaca coloca el conflicto en un terreno que trasciende la controversia migratoria. Para el fiscal, la restricción de su visa no modifica las obligaciones constitucionales y legales de la Fiscalía boliviana dentro de las investigaciones que tiene abiertas.

El caso Cerimedo entra en una nueva etapa

La Fiscalía boliviana investiga a Cerimedo en distintos expedientes. Entre ellos figura una causa relacionada con un presunto intento de feminicidio contra su expareja, además de investigaciones por presuntos delitos vinculados con legitimación de ganancias ilícitas y supuestos vínculos con actividades de narcotráfico.

Cerimedo ha adquirido notoriedad internacional por su participación en campañas políticas y estrategias de comunicación digital. También ha sido relacionado con operadores y empresas vinculados con el ecosistema político estadounidense próximo a Trump.

Estos antecedentes han convertido la investigación boliviana en un expediente de interés más allá de las fronteras del país. Sin embargo, la existencia de vínculos políticos o profesionales no constituye por sí misma prueba de responsabilidad penal, aspecto que deberá establecerse dentro de las investigaciones correspondientes.

Mariaca niega que la presión cambie el rumbo

Estados Unidos justificó oficialmente la restricción de la visa de Mariaca con acusaciones relacionadas con corrupción y presunta protección al narcotráfico. Washington no ha señalado públicamente que la investigación contra Cerimedo sea el motivo formal de la medida.

Mariaca, sin embargo, vinculó públicamente la decisión con el contexto de las investigaciones que impulsa la Fiscalía y dejó claro que estas continuarán. La diferencia entre ambas versiones resulta central para entender la controversia: mientras Washington sostiene una acusación contra el fiscal, Mariaca reivindica el trabajo de la institución que dirige.

El funcionario boliviano plantea así una cuestión institucional: hasta dónde pueden influir las medidas diplomáticas de un Estado extranjero sobre investigaciones que se desarrollan dentro de otro país.

“No impedirán que se conozca la verdad”

La respuesta del fiscal puede resumirse en una decisión: mantener las investigaciones abiertas y avanzar hasta esclarecer los hechos.

En ese contexto, el caso Cerimedo adquiere una dimensión adicional. Ya no se trata únicamente de determinar las eventuales responsabilidades del consultor argentino en las causas abiertas en Bolivia, sino también de observar cómo evoluciona una investigación que involucra a una figura con conexiones políticas internacionales mientras el fiscal encargado del expediente enfrenta una medida de Washington.

Mariaca sostiene que ninguna presión externa impedirá que la Fiscalía continúe con su trabajo. Su desafío ahora será demostrar, mediante actuaciones fiscales y evidencia verificable, cuáles son los hechos investigados, qué responsabilidades pueden establecerse y qué relación existe —si alguna— entre las distintas personas y estructuras mencionadas en los expedientes.

Una disputa que trasciende a Bolivia

La controversia coloca en el mismo escenario a Estados Unidos, Bolivia, Cerimedo y redes políticas y digitales de alcance internacional. La Fiscalía boliviana deberá avanzar con las investigaciones dentro del debido proceso, mientras Washington mantiene su propia interpretación sobre las actuaciones de Mariaca.

Por ahora, el fiscal ha optado por responder a la presión con la continuidad de las investigaciones. El desenlace dependerá de las pruebas que pueda reunir el Ministerio Público y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales bolivianas.

Más que la visa, el punto de fondo será determinar qué revelan finalmente los expedientes sobre Cerimedo y si las investigaciones bolivianas pueden establecer responsabilidades con evidencia suficiente. Mariaca ya fijó su posición: la decisión de Estados Unidos no detendrá el proceso para esclarecer los hechos.