Tras una primera vuelta electoral ajustada, la candidata izquierdista Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el ex presidente Rafael Correa, se posiciona como una fuerte contendiente para la segunda vuelta presidencial en Ecuador, programada para el 13 de abril. Con el 92,96% de las actas escrutadas, González obtuvo el 43,87% de los votos, apenas 40,000 votos por detrás del actual presidente, Daniel Noboa, quien alcanzó el 44,25%. La estrecha diferencia ha generado un intenso debate sobre las estrategias que ambos candidatos deberán implementar para asegurar la victoria.

González ha denunciado inconsistencias en el proceso de escrutinio, especialmente en provincias clave como Esmeraldas, Manabí y Guayas, donde afirma que su movimiento tiene mayor fuerza. La candidata asegura que, de resolverse estas irregularidades, su ventaja sobre Noboa sería de al menos dos puntos porcentuales. Además, ha criticado al Consejo Nacional Electoral (CNE) por permitir que Noboa realizara campaña sin pedir licencia de su cargo, lo que considera una violación a la legislación electoral.

La estrategia de González para la segunda vuelta se centrará en consolidar el apoyo de su base correísta y atraer a los votantes del movimiento indígena, liderado por Leonidas Iza, quien obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta. Iza, con un discurso enfocado en la defensa de los derechos indígenas y la justicia social, podría ser un aliado clave para González, ya que su apoyo podría inclinar la balanza a su favor.

Por su parte, Noboa, quien se declaró ganador de la primera vuelta, deberá reforzar su imagen como un líder capaz de mantener la estabilidad económica y enfrentar la inseguridad, temas que han dominado la agenda política en Ecuador. Sin embargo, su cercanía con sectores empresariales y su manejo del poder durante la campaña podrían restarle apoyo entre los votantes más críticos.

La segunda vuelta promete ser un enfrentamiento polarizado entre dos visiones opuestas: el correísmo, que busca retomar el poder después de ocho años en la oposición, y el oficialismo, que apuesta por la continuidad. Con más de 13,7 millones de ecuatorianos llamados a las urnas, el resultado final dependerá de la capacidad de ambos candidatos para movilizar a sus bases y atraer a los indecisos.

En una decisión que ha sacudido a la comunidad internacional, el presidente Donald Trump ha ordenado el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), acusándola de ser un foco de corrupción, fraude y de actuar como pantalla de operaciones encubiertas poco claros. La medida, que entró en vigor hace unos días y afectará a la mayoría del personal de la agencia, tanto en el país como en el extranjero.

En un comunicado publicado en su plataforma Truth Social, Trump escribió: “¡CIÉRRENLA!”, refiriéndose a USAID como una organización “dirigida por lunáticos radicales” que ha desviado fondos públicos para financiar agendas contrarias a los intereses nacionales de Estados Unidos. El mandatario no proporcionó detalles específicos sobre las acusaciones, pero afirmó que la agencia ha estado involucrada en actividades que benefician a grupos extremistas y promueven ideologías radicales en el extranjero.

Según el comunicado de USAID, la medida afectará a todo el personal contratado directamente por la agencia, con excepción de aquellos designados para funciones esenciales, liderazgo central y programas específicos. Los empleados no esenciales asignados en el extranjero serán repatriados a Estados Unidos en un plazo de 30 días, con los gastos cubiertos por la agencia. Se estima que solo 290 de los más de 10,000 empleados de USAID permanecerán en sus puestos.

La decisión forma parte de un plan más amplio de la administración Trump para reducir el tamaño del gobierno federal y eliminar lo que considera “despilfarro y corrupción”. Elon Musk, aliado cercano de Trump y encargado de la Comisión de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha respaldado la medida, calificando a USAID como una “organización criminal” y denunciando el uso indebido de fondos públicos.

Las críticas a USAID no son nuevas. Durante años, la agencia ha sido acusada de financiar organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos con agendas políticas radicales, incluyendo algunos vinculados al terrorismo. En 2024, el Departamento de Justicia acusó a un ciudadano sirio de desviar más de 9 millones de dólares de ayuda humanitaria de USAID a una filial de Al Qaeda en Irak. Además, se ha revelado que la agencia canalizó millones de dólares a organizaciones vinculadas al magnate George Soros, conocido por promover agendas de izquierda en todo el mundo.

El senador republicano Marco Rubio, recientemente nombrado administrador en funciones de USAID, ha respaldado las acusaciones de Trump. Rubio afirmó que la agencia ha actuado como una “entidad no gubernamental independiente”, financiando programas contrarios a los intereses nacionales de Estados Unidos. “El nivel de insubordinación en USAID hace imposible una revisión seria”, declaró Rubio, quien también ha criticado a la agencia por su papel en la promoción de revoluciones de colores y golpes de Estado en América Latina y otras regiones.

La decisión de Trump ha generado fuertes críticas por parte de legisladores demócratas y organizaciones defensoras de derechos humanos. El senador Peter Welsh calificó las acusaciones de Trump y Musk como “infundadas” y “despreciables”, recordando que la empresa de Musk, Starlink, recibió millones de dólares de USAID para operar en Ucrania. “Era una buena organización cuando el dinero venía a él”, señaló Welsh.

Por su parte, organizaciones internacionales han expresado preocupación por el impacto que el cierre de USAID podría tener en programas de ayuda humanitaria y desarrollo en países vulnerables. Sin embargo, Trump ha asegurado que su administración priorizará la transparencia y el uso responsable de los fondos públicos.

El cierre de USAID marca un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos, alejándose de lo que Trump considera un “intervencionismo disfrazado de ayuda humanitaria”. Mientras algunos celebran la medida como un paso hacia la rendición de cuentas, otros temen que deje un vacío en la asistencia internacional y afecte a millones de personas que dependen de los programas de la agencia.

Lo que está claro es que, bajo la administración Trump, USAID ya no será la “punta de lanza” del intervencionismo estadounidense en el mundo. El tiempo dirá si esta decisión fortalece los intereses nacionales o si, por el contrario, debilita la influencia global de Estados Unidos.

El 9 de febrero del año en curso, los ecuatorianos vienen eligiendo a su próximo presidente en unas elecciones caracterizadas por la diversidad ideológica y propuestas programáticas contrastantes. Los cuatro candidatos con mayores opciones, según las encuestas, representan visiones políticas que van desde la derecha liberal hasta el indigenismo, pasando por el centro y la izquierda.

Daniel Noboa, actual presidente y candidato por Acción Democrática Nacional (ADN, derecha), lidera las encuestas con un 38 % de intención de voto. Su plan de gobierno se enfoca en la reactivación económica, la seguridad y el combate a la minería ilegal. Sin embargo, ha sido criticado por impulsar proyectos extractivos sin consultas adecuadas y por no abordar de manera integral la contaminación ambiental.

Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana (izquierda), ocupa el segundo lugar con un 32 %. Su propuesta incluye fortalecer el Ministerio del Ambiente, establecer impuestos ecológicos y combatir la minería ilegal. No obstante, su vinculación con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) genera escepticismo debido a los casos de violaciones a los derechos indígenas y ambientales durante ese período.

En tercer lugar se encuentra Andrea González, del Partido Sociedad Patriótica (centro), con un 4.3 %. Aunque tiene formación en ingeniería ambiental, sus propuestas, como la creación de una Agencia de Protección Ambiental y la protección de ecosistemas en peligro, carecen de detalles sobre su implementación.

Leonidas Iza, líder indígena del Movimiento Pachakutik (indigenismo), cierra con un 2.1 %. Su plan destaca por una moratoria a nuevas concesiones mineras, el respeto a las consultas populares y un enfoque postextractivista. A pesar de tener la propuesta ambiental más robusta, su baja intención de voto limita su impacto en la contienda.

Un análisis de más de 50 organizaciones ambientales evaluó las propuestas de los candidatos. Leonidas Iza obtuvo la calificación más alta (3.6), mientras que Daniel Noboa y Luisa González recibieron calificaciones «preocupantes» (0.9 y 1.6, respectivamente). Andrea González también obtuvo una puntuación baja (0.9).

Aunque el tema ambiental ha ganado relevancia en un país megadiverso como Ecuador, no ha sido central en la campaña. Los candidatos han priorizado temas como la seguridad y la economía, dejando en segundo plano la protección de la biodiversidad y los recursos naturales.

La inseguridad, uno de los principales temas de preocupación, ha dominado la agenda electoral. Sin embargo, expertos señalan que problemas como la minería ilegal y el narcotráfico están vinculados a la degradación ambiental, un vínculo que aún no es claro para muchos votantes.

Con una oferta electoral polarizada, los ecuatorianos decidirán entre continuar con un modelo extractivista o apostar por un cambio hacia políticas más sostenibles.