Lima, 13 de octubre de 2025.– En un contexto de crisis política y creciente malestar ciudadano hacia el Gobierno, un grupo de gobernadores regionales, varios de ellos investigados por corrupción y ligados a partidos de derecha, emitió un pronunciamiento en apoyo al presidente José Enrique Jeri Oré. En el documento, los firmantes respaldan la convocatoria a un “Pacto por la gobernabilidad democrática y la paz social”, abogando por la unidad entre fuerzas políticas y sociales, pese a las serias críticas que enfrentan por su propia gestión.

El comunicado, publicado este lunes, busca transmitir una imagen de diálogo y estabilidad; sin embargo, diversos analistas lo interpretan como un intento de blindaje político entre las autoridades regionales y el Ejecutivo. Entre los firmantes destacan los gobernadores de Lambayeque, Ayacucho, Callao, Pasco y Amazonas, muchos de los cuales están involucrados en procesos judiciales por delitos como corrupción, colusión y malversación de fondos. Según expertos, este respaldo tendría como objetivo garantizar impunidad frente a posibles investigaciones y preservar cuotas de poder en un escenario de reconfiguración política.

El pronunciamiento apela a la “unidad nacional” y al “fortalecimiento del Estado descentralizado”, pero elude cualquier autocrítica sobre los casos de corrupción y la deficiente gestión presupuestal en las regiones. En un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones, el documento ha generado rechazo entre sectores populares y organizaciones sociales, que lo consideran un pacto entre élites regionales para sostener un gobierno debilitado y proteger sus propios intereses políticos y económicos.

Lima, 12 de octubre de 2025 – Aldo Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, fue confrontado por una multitud enardecida en la Plaza San Martín de Lima tras su encuentro con el presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno. La reunión, ocurrida el mismo día, fue vista por muchos como un acto de traición, dado que Mariños había liderado una «Marcha del Sacrificio» de 45 días desde Pataz hasta Lima para exigir obras de infraestructura, salud y seguridad, demandas que no habían sido atendidas por anteriores gobiernos. Pero el movimiento popular que crece en Perú busca cambios estructurales que denotan en mensajes y discursos durante sus movilizaciones. Como se puede apreciar en el link: https://x.com/RPPNoticias/status/1977571808464298271

La multitud, compuesta por simpatizantes de partidos progresistas y de izquierda, además de ciudadanos comunes, lo acusó de «vendido» y «oportunista,» durante su presentación en la Plaza San Martín, donde aparentemente pretendía dar informe de la reunión sostenida con el presidente interino de Perú, reflejando la profunda desconfianza hacia la clase política peruana, un sentimiento exacerbado por la reciente vacancia de la expresidenta Dina Boluarte y la asunción de Jerí, respaldado por los mismos parlamentarios y partidos de la derecha que mantuvieron en el gobierno a Boluarte.

El incidente se produjo horas después de que Jerí invitara públicamente a Mariños a dialogar en Palacio, un gesto que el presidente calificó como una apertura al diálogo constructivo. Sin embargo, para muchos peruanos, esta reunión simbolizó un compromiso con un Congreso y un Ejecutivo percibidos como corruptos y ineficientes, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones gubernamentales es extremadamente baja, especialmente por las muertes producidas en el 2022 y 2023, cuyos deudos aún claman justicia.

El alcalde provincial de Pataz, en la región La Libertad, Aldo Carlos Mariños, llegó a Lima para sostener una reunión con el presidente interino José Jerí Oré. El encuentro tuvo como objetivo abordar temas vinculados al desarrollo local, la seguridad en la zona minera y los proyectos de infraestructura pendientes en la provincia. La reunión se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la participación de representantes del Ejecutivo y asesores municipales.

Sin embargo, el acercamiento generó críticas entre sectores del movimiento social y popular de la sierra norte y centro del país, quienes esperaban que las autoridades locales mantuvieran una posición más distante frente a un gobierno que consideran transitorio y sin respaldo popular. Algunos dirigentes señalaron que la cita con Jerí podría interpretarse como un gesto de aval político a un régimen que, según indican, no pretende impulsar ningún cambio estructural en beneficio del país profundo, porque además responde a los intereses de los que dirigen el Congreso de la República, aliados de Dina Boluarte.

Por su parte, fuentes cercanas al alcalde defendieron la reunión, argumentando que su participación responde solamente a la necesidad de gestionar recursos y proyectos urgentes para la provincia de Pataz, afectada por problemas de conectividad vial y conflictos mineros. Afirmaron además que el diálogo con el Ejecutivo no implica renunciar a las demandas históricas del pueblo liberteño, sino buscar soluciones concretas para su provincia en el marco institucional.